Un magistrado de garantías tomó la decisión luego de que tres fiscales de Justicia y Paz de Cali imputaran 325 hechos criminales. En mes y medio la justicia sacó cientos de crímenes de la impunidad.
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Este es el juicio más grande que se está realizando en Justicia y Paz. Tras la imputación, el proceso de surtir las etapas de formulación de cargos, legalización de cargos e incidente de reparación, para que la Sala de Conocimiento dicte sentencia sobre estos 325 casos. Foto: Semana. – Arrancó el juicio más grande contra ‘paras’ en Justicia y Paz –Las autodefensas que antecedieron al Bloque Calima – Los hermanos Castaño y el Bloque Calima – El recorrido sangriento del Bloque Calima por Cauca – El paso del Bloque Calima por Huila – La cuota de ‘HH’ en el exterminio del Bloque Metro – El diciembre de terror que vivió Barragán, Valle del Cauca – El día más largo en la historia de Barragán – La toma paramilitar en El Toro – La alianza que aterrorizó a Cajibío |
En largas sesiones de imputación de cargos en la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Cundinamarca, las fiscalías 18, 40 y 53 se turnaron para imputarles diferentes crímenes de guerra y lesa humanidad a 89 excombatientes del Bloque Calima de las Auc.
Al culminar 24 sesiones de audiencia pública, en las que la Fiscalía expuso las pruebas que tiene para procesar a los exparamilitares, el magistrado dijo que el procedimiento fue legal y dictó la medida de aseguramiento por un total de 17 delitos. La gran mayoría de ellos estaban archivados desde hace más de ocho años porque cuando fueron cometidos la justicia no pudo procesar a los responsables.
Los delitos por los que fueron imputados los excombatientes del Bloque Calima son concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos, daño en bien ajeno, incendio, secuestro simple, secuestro extorsivo, aborto sin consentimiento, cohecho, hurto agravado y calificado, irrespeto de cadáver y repesaría.
Los postulados con rango jerárquico como Elkin Casarrubia Posada, alias ‘El Cura’, ex jefe militar y segundo al mando; Martín de Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’, ex jefe de urbanos en Cauca; Juan Mauricio Aristizábal, alias ‘El Fino’, ex jefe financiero, y los mandos medios, fueron imputados como autores mediatos en los crímenes que cometieron los hombres bajo su mando. En cambio, los ex paramilitares rasos como patrulleros y urbanos, fueron imputados como coautores o autores en los delitos que realizaron.
Esta es la primera vez que la justicia transicional procesa a un número tan grande de ex combatientes al mismo tiempo. Desde la cárcel de Palmira y a través de video conferencia fueron imputados 83 desmovilizados y los seis restantes fueron llevados al estrado judicial en Bogotá.
En los primeros días de audiencia los tres representantes del ente investigador reconstruyeron cómo fue la historia del Bloque Calima. También les imputaron a cada uno de los postulados el delito de concierto para delinquir agravado, salvo a tres que anteriormente habían sido imputados en Justicia y Paz.
Este delito, tras reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, incluye los delitos de porte ilegal de armas y uso de elementos privativos de la Fuerza Pública.
En el mes siguiente, los fiscales se turnaron para presentar ante el magistrado de control de garantías sus casos correspondientes e imputarles cargos a los postulados responsables de los mismos. De este modo, durante cuatro días, la Fiscalía 53 reconstruyó cómo fue la masacre de Barragán y le imputó cargos a los exparamilitares que participaron en ella.
Durante dos semanas la Fiscalía 18 relató cómo fue el accionar delictivo del Bloque Calima en los municipios de Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Jamundí y sus alrededores, en donde imputó 93 hechos criminales, en su gran mayoría casos de asesinatos selectivos. Las víctimas de estos hechos fueron parte de la ‘limpieza social’ y de la supuesta guerra antisubversiva que libraron los paramilitares entre los límites de Cauca y Valle del Cauca.
Por último, entre el 7 y 11 de mayo, la Fiscalía 40 imputó 85 hechos que cometieron los hombres del Bloque Calima entre el centro y sur del departamento de Cauca. En las zonas rurales los paramilitares realizaron varias tomas y masacres, en las que sometieron a su régimen de terror a los pobladores de comunidades como El Toro, El Dinde, El Carmelo, La Pedregosa, La Laguna, El Carmen, entre otras.
El postulado que más imputaciones recibió fue ‘El Cura’, quien como segundo jefe del Bloque Calima, debe responder por líena de mando en todos los crímenes que realizaron sus subordinados, quienes cumplieron con las directrices que él y alias ‘HH’ les impartieron cuando estaban en pie de guerra. Otros postulados tan sólo fueron procesados por la masacre de Barragán o por pocos crímenes que cometieron en Cauca.
Esta audiencia de imputación de cargos no fue objeto de apelaciones u objetos de reposición, puesto que ninguna de las partes intervinientes en el proceso estuvo en desacuerdo con las decisiones tomadas por el magistrado y la Fiscalía.
La Procuraduría señaló que, a raíz de la labor realizada por la Fiscalía y las confesiones de los postulados en versión libre, “con creces se satisfacen los requisitos de legalidad formal y material. Se satisfacen los elementos estructurales y dogmáticos de todos los injustos penales materia de esta medida de aseguramiento”.
La Defensoría del Pueblo, que tiene la representación de la mayoría de las víctimas de estos 325 hechos, destacó el resultado de la audiencia y le pidió a la Fiscalía que haga lo posible por contactar a las pocas víctimas que no han sido localizadas hasta el momento.
“Nos sentimos satisfechos en cuanto se ha hecho un gran aporte al principio de verdad. Sin embargo, debo manifestar que en algunas partes se pudo apreciar falta de entrevistas a algunas víctimas. Resalto la labor de ustedes, que ha sido una investigación muy responsable, pero desafortunadamente somos seres humanos, y tenemos que logar la satisfacción plena de las víctimas”, señaló el funcionario de la Defensoría.
En cambio, para la defensa de los postulados, esta medida de aseguramiento tiene otro valor. “Considero que la medida de aseguramiento, más que una medida restrictiva, es una distinción, y es la primera. Y mucho más en este caso, en donde la Fiscalía ha destacado en casi el 99 por ciento de los casos, que con el aporte de los postulados se logró cumplir con el requisito de justicia y verdad, pues casi el 99 de los procesos que se les han imputado tenían medida inhibitoria. Para la defensa y los postulados es una distinción, es el primer logro, porque significa que estamos cumpliendo y significa que vamos bien”, señaló la defensa.
Por último, el magistrado de control de garantías aceptó dos peticiones que le hizo la Fiscalía. La primera fue que ordenara la suspensión de 14 procesos que lleva la justicia ordinaria contra los postulados en hechos que fueron imputados en Justicia y Paz. Y la segunda, fue que se le pida a la Registraduría que emita los registros civiles de defunción de once personas que los paramilitares asesinaron y desparecieron en el río Cauca.
Con la finalización de esta audiencia, el Bloque Calima es el grupo que más postulados tiene con imputación de cargos en Justicia y Paz. Este resultado es muy diferente al de hace un par de años, cuando por falta de postulados,sólo habían sido procesados cinco exparamilitares.
Luego de ser aceptadas más de cien peticiones de postulación individuales de exmiembros del Bloque Calima por parte del Ministerio del Interior y de Justicia, la Fiscalía 18 de Justicia y Paz empezó a escuchar sus confesiones, que pasaron de ser las de un puñado de 20 hombres, a más de 130. En vista de que el trabajo era demasiado para un sólo despacho, fueron trasladadas a Cali las fiscalías 40 y 53.
El caso Lugo
El ex paramilitar Armando Lugo, quien fue uno de los hombres encargados de conseguir armamento y servir de puente con miembros de la Fuerza Pública, le pidió al magistrado que medie para que las autoridades del Inpec definan como su centro de reclusión el Pabellón de Justicia y Paz de Palmira y no la cárcel de máxima seguridad de Popayán.
Según contó el postulado, desde hace meses fue trasladado a Popayán, en donde comparte patio con personas y ex miembros de la Fuerza Pública que han sido capturados por las declaraciones que rindió a la justicia, y siente que su vida está corriendo peligro.
La defensa señaló que en varias ocasiones los tres fiscales de Justicia y Paz, diferentes procuradores e incluso la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, han pedido que se dé el trasladado del exparamilitar para garantizarle las mínimas condiciones de seguridad, pero se han encontrado con un “muro muy grande” en el Inpec que no escucha estas razones.
Por tanto, considera que la vida de su apoderado está en riesgo permanente y se estarían coartando los derechos de las víctimas en procesos en donde es testigo en contra de militares y policías en la justicia ordinaria. “El Inpec recibe los oficios y los archiva o los olvida”, concluyó el defensor.
