Los paras de Norte de Santander asesinaron a varios funcionarios de la Fiscalía, el CTI y la Defensoría por negarse a colaborar con ellos en su plan para tomarse ese departamento.
Durante la incursión paramilitar a Norte de Santander, varios funcionarios que se negaron a colaborar con las autodefensas fueron víctimas de persecuciones, hostigamientos y amenazas. A aquellos que no pudieron doblegar, los tildaban de ser simpatizantes de la guerrilla.
En audiencia de legalización de cargos a Mancuso, ‘El Iguano’ y otros miembros del Frente Fronteras, la Fiscalía narró la manera en que los paramilitares asesinaron a dos fiscales, dos investigadores del CTI, un defensor del pueblo y un corregidor.
VerdadAbierta.com cuenta la historia de estos seis funcionarios que murieron cuando intentaron contener de alguna manera el avance paramilitar. Estas personas fueron asesinadas por hombres del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, que era comandado por Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’ y por el extraditado jefe paramilitar, Salvatore Mancuso.
Las víctimas fueron los fiscales especializados Maria del Rosario Silva y Carlos Alberto Pinto, los investigadores del CTI, Jesús David Corzo Mendoza y Milton Eduardo Márquez, el defensor del pueblo, Ángel Iván Villamizar Luciani y el corregidor del municipio de Las Mercedes, Marco Antonio Quintero Chaparro.
Durante las audiencias de Justicia y Paz la Fiscalía reconstruyó estos crímenes para recuperar la memoria de las víctimas inocentes.
Los fiscales victimizados
La tarde del sábado 28 de julio de 2001, , la fiscal especializada de Cúcuta María del Rosario Silva, fue atacada por un grupo de paramilitares mientras salía de la clínica San José en compañía de su esposo y de sus dos hijos de tres y seis años.
Mientras se movilizaba en la camioneta que le fue asignada por la Fiscalía, cinco miembros del Frente Fronteras identificados como Rosember Valverde, alias ‘Mascota’, Jaime de Jesús Sánchez, alias ‘JorgeMeneco’, Orlando Bocanegra, alias ‘El Viejo Bocanegra’, Argemiro Montaño, alias ‘Pinky’ y Luis Bayona, alias ‘Teletubis’, se acercaron en un taxi y empezaron a dispararle hasta causar la muerte de la Fiscal Silva. En el hechotambién resultaron heridos el hijo y el esposo de la fiscal, quienes tuvieron que abandonar Cúcuta y desplazarse por temor a nuevos ataques.
En audiencia ante Justicia y Paz ‘El Iguano’ aseguró que recibió la información de un narcotraficante de la zona conocido como Hugo Beltrán, quien le aseguró que la fiscal Silva tenía relaciones con la guerrilla.
“No se recibió ningún tipo de pago del narcotraficante. Se procedió porque supuestamente la fiscal participaba en una persecución en contra de la organización de las autodefensas”, narró ‘El Iguano’ quien agregó que según el narco Beltran, la Fiscal había archivado investigaciones contra la subversión y solo venía adelantando procesos en contra de los paramilitares.
Para la Fiscalía y los magistrados de Justicia y Paz, este señalamiento es absurdo ya que la fiscal Silva no se encargaba de procesos en contra de grupos armados ilegales sino de investigaciones relacionadas con el tema del narcotráfico. Por eso la principal hipótesis que se tiene sobre su muerte es que el narcotraficante usó a los paramilitares para quitarse de encima las investigaciones que adelantaba en su contra la fiscal.
“La Fiscal Silva no tenia competencia en investigaciones en contra de guerrilleros o paras”, aseguró el fiscal encargado del caso.
A esta afirmación ‘El Iguano’ respondió que “los que financiaban a las autodefensas como ganaderos, comerciantes o empresarios también les daban información sobre supuestos simpatizantes de la guerrilla y con base a eso se actuaba. No se trataba de órdenes sino de sugerencias pues al final yo tomaba las decisiones. Lo que pasó es que muchas de estas personas que nos sugerían muertes nos utilizaron para sus intereses particulares y para quitarse enemigos de encima. Posiblemente Hugo Beltrán consideraba que la Fiscal era un problema para sus intereses y por eso nos utilizó”, aseguró ‘El Iguano’ ante Justicia y Paz.
Luego de este episodio ningún miembro de la Fiscalía quiso aceptar el cargo dejado por la fiscal Silva por temor a las posibles represarías de los paramilitares, el único que decidió asumir el despacho de Cúcuta fue el abogado Carlos Arturo Pinto Bohorquez.
Cuatro meses después del asesinato de la fiscal Silva, la historia se repetiría. En las horas de la mañana del primero de noviembre de 2001, el Fiscal Pinto Bohorquez se dirigía en su camioneta hacia el Palacio de Justicia, cuando una moto con dos hombres armados lo interceptaron, le dispararon y lo asesinaron.
Álvaro Carepeñata, alias ‘Javier Chito’ y ‘Jorge Maneco’ fueron los enviados por ‘El Iguano’ para asesinar al Fiscal especializado, quien había sido declarado objetivo militar ya que según ellos, al igual que Silva, era un fiscal sesgado que solo adelantaba procesos en contra de miembros de las autodefensas y no de la guerrilla.
Este abogado egresado de la Universidad Nacional se desempeñó como Juez Municipal del circuito, fue Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados CTI y Fuerza Militares.
Según la información de la Fiscalía, el Fiscal Pinto fue asesinado por represarías de las autodefensas por sus investigaciones. Por este hecho ya fue condenado en Justicia y Paz, alias ‘El Iguano’.
Igualmente, en agosto de 2012, el Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar $947 millones de pesos a los familiares del fiscal Pinto Bohórquez por no brindar las medidas de protección a favor de la víctima. De acuerdo con información de prensa al ver que su vida corría peligro, el Fiscal solicitó un esquema de seguridad mayor o un traslado a Bucaramanga, pero esta petición no fue contestada la Fiscalía.
Para el ente investigador, llama la atención que luego de la muerte de los dos fiscales, el cargo quedó en manos de Ana Maria Flórez, quien fue condenada por la Corte Suprema de Justicia en 2007 a doce años y tres meses de prisión por sus nexos con los paramilitares. Actualmente se encuentra prófuga de la justicia en el exterior.
El defensor del pueblo asesinado
Ángel Iván Villamizar Luciani fue designado como defensor Regional en Norte de Santander el 18 de abril de 1997, cargo que ocupó hasta septiembre de 1999 cuando por las amenazas de los paramilitares, tuvo que desplazarse con su familia a Bogotá.
El defensor Villamizar se caracterizó por sus continuas denuncias sobre las masacres y las violaciones de derechos humanos que cometían las autodefensas en la región del Catatumbo, razón por la que se convirtió en objetivo de los paras.
Según la Fiscalía, Carlos Castaño inició una persecución en contra del defensor señalandolo de ser simpatizante de la guerrilla. Con esta excusa Castaño le ordenó a ‘El Iguano’ que amenazara al defensor para que renunciará a su cargo, y en caso de que no lo hiciera, que atentara contra su vida.
De acuerdo con las declaraciones de ‘El Iguano’, él llamó al defensor Villamizar y lo amenazó, le dijo que renunciara a su cargo y que abandonará Cúcuta si no quería represarías.
Luego de su traslado a Bogotá, Villamizar Luciani ocupó el cargo en la Defensoría Regional de Bogotá hasta el 27 de agosto del año 2000 cuando regresó a Cúcuta para ser rector de la Universidad Libre. Villamizar pensaba equivicadamente que la persecusión paramilitar ya había terminado.
La noche del 22 de febrero de 2001, Villamizar Luciani salía de las instalaciones de la institución educativa acompañado por su grupo de seguridad. A la altura del barrio Ceiba de Cúcuta fue interceptado por un campero negro en el que iban Juan Ramón de las Aguas, alias ‘Chaca’, Jimmy Viloria Velázquez, alias ‘Jairo Sicario’, Jaime de Jesús Sánchez, alias Meneco, Argemiro Montaño, alias ‘Menco’, Andres Robledo Rivas, alias ‘El Gringo’, Julian Hernando Silva, alias ‘Tubería’, Raúl Mira Vélez, alias ‘El Paisa’ y un hombre conocido con el alias de ‘El Flaco’.
Los ochos hombres procedieron a disparar en contra del rector y sus escoltas hasta darle muerte.
El 15 de julio de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, condenó a 34 años de prisión a Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano”. De igual forma condenó al patrullero de la Policía Nacional, Jhonny Mauricio Muñoz Osorio a 36 años de prisión. Muñoz Osorio también fue destituido por la Procuraduría al comprobar que el agente de la policía participó en la planeación del asesinato.
En sentencia de 2010 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, el alto tribunal ratificó la condena de ‘El Iguano’ y anuló la decisión entorno a Muñoz Osorio por problemas en el proceso. (Ver sentencia)
Los dos investigadores asesinados por capturar al ‘Iguano’
Jesús David Corzo Mendoza y Milton Eduardo Marquez fueron dos de los investigadores del CTI que capturaron al ‘El Iguano’ el 11 de noviembre de 2000, fecha para la que el ex jefe paramilitar ya tenía varias órdenes de captura.
‘El Iguano’ escapó de la cárcel días después y según la información de la Fiscalía, tomó venganza en contra de los investigadores que lo capturaron.
El 20 de septiembre de 2001 Jesús David Corzo se movilizaba por el barrio Blanco de Cúcuta en las horas de la noche. Estando acompañado por su madre, su carro fue interceptado por otro vehículo en el que iban ‘Javier Chito’ y ‘Jorge Menco’, miembros del frente Fronteras, quienes les dispararon.
El carro de Jesús David Corzo se estrelló contra un local comercial donde falleció. Su madre fue llevaba al hospital y pudo ser estabilizada. De acuerdo con las conclusiones a las que llegó la Fiscalía este fue el inicio de la venganza de ‘El Iguano’.
Dos años después, la madrugada del 24 de marzo de 2003 un taxi explotó en una calle de Cúcuta y se prendió en llamas. Cuando las autoridades llegaron al lugar encontraron el cuerpo de Milton Eduardo Márquez dentro del baúl del vehículo incinerado.
La orden de estos asesinatos la dio alias ‘El Iguano’, pero por línea de mando también deberá responder Salvatore Mancuso, quien fuera el jefe máximo del Bloque Catatumbo.
El corregidor que evitó una masacre
Marco Antonio Quintero Chaparro fue nombrado como corregidor del municipio de Las Mercedes en el Norte de Santander en 1998, fecha desde cuando se encargó de manejar los temas de seguridad de la zona.
En 2000, cuando las autodefensas del Frente Fronteras planeaban incursionar al municipio para perpetrar una masacre llamaron a Quintero para pedirle que fuera cómplice de sus planes. El entonces corregidor, contrario a la solicitud de los paramilitares, decidió dar aviso al Ejército para que evitaran la masacre, lo cual desencadenó un enfrentamiento en el que resultó herido uno de los miembros del grupo ilegal.
El 5 de diciembre de 2000 José Lenin Vázquez, alias ‘Socavón’, uno de los comandantes urbanos del Frente Fronteras en el municipio de Sardinata, citó a Quintero Chaparro en un lugar conocido como La Piscina. Luego de recriminarle que los hubiera delatado y de acusarlo de ser colaborador de la guerrilla y del Ejército, se lo llevaron secuestrado a la Virgen de Sardinata donde lo asesinaron.
Por el temor a las represalias, la familia de la víctima tuvo que desplazarse de Las Mercedes.
