Tras la desmovilizaciòn del Bloque Catatumbo de las Auc surgieron nuevos grupos armados ilegales. Foto SemanaEl 10 de diciembre de 2004, 1.425 hombres pertenecientes al Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) entregaron sus armas en la finca Brisas de Sardinata del corregimiento Campo Dos, en Tibú, Norte de Santander.

Ese día, ante el entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, el jefe paramilitar y miembro del Estado Mayor de las Auc, Salvatore Mancuso, desmovilizó unos hombres y mujeres que, hasta ese momento, solo sabían hacer una cosa: la guerra.

En el acto de dejación de armas del Bloque Catatumbo se les anunció a los desmovilizados que aquellos que tuvieran cuentas pendientes con la justicia debían quedarse; los demás, que eran la gran mayoría, podían regresar a sus casas hasta que el gobierno nacional definiera qué iba a hacer con ellos.

Diez años después de ese evento solo permanecen detenidos 79 desmovilizados que entregaron sus armas y fueron postulados a la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, para ser juzgados por sus crímenes bajo normas de justicia transicional, que tiene entre sus beneficios una pena alternativa de 8 años de prisión.

“En Justicia y Paz, actualmente tenemos 96 postulados del Bloque Catatumbo, pero la realidad es que en la cárcel solo hay 79. El resto, o murió o se voló en algún momento del proceso, como sucedió con Armando Alberto Pérez Betancourt, alias ‘Camilo’, y Carlos Andrés Palencia González, alias ‘Visaje’, segundo al mando del Frente Fronteras en Cúcuta y su área metropolitana”, contó un investigador de la Fiscalía que pidió la reserva de su nombre.

Alias ‘Visaje’ fue capturado en Madrid, España, el 8 de noviembre de 2013 y presentado ante la opinión pública como uno de los jefes de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’ y el ‘Clan Úsuga’. Al país ibérico había llegado un mes antes huyendo de las autoridades.

Por su parte, alias ‘Camilo’ fue detenido en Panamá el 29 de agosto de este año, donde se había refugiado para huir de las autoridades que no sólo lo buscaba para que respondiera por los cientos de crímenes perpetrados cuando estuvo en el Bloque Catatumbo sino por sus acciones posteriores, ligadas al narcotráfico. (Ver: Este es ‘Camilo’, responsable de crímenes atroces en Norte de Santander)

De esos 79 detenidos, siete están en riesgo de ser excluidos de Justicia y Paz por haberse negado a colaborar como se lo ordenaba la ley. “Si bien son siete los que ya están a en esa situación, hay otros ocho que, en los próximos días, podrían iniciar ese proceso de exclusión porque se negaron a colaborar con la justicia o siguieron delinquiendo desde la cárcel”, agregó la fuente de la Fiscalía.

Según Tyrone Rodríguez, coordinador en Cúcuta del centro de servicios de la ACR, de 1.299 desmovilizados que se tienen registrados en este departamento, por lo menos 1.155 están en el proceso de reintegración.

Hasta mayo pasado por lo menos 144 personas que en el pasado pertenecieron a las guerrillas de las Farc, Eln, Epl y a las Auc, habían sido certificadas como personas reintegradas, es decir, que “están en la capacidad de autosostenerse en materia sicosocialy económica”, precisó Rodríguez.

No obstante, 555 desmovilizados han desarrollado acciones de servicio social, entre las que se destaca la limpieza que hicieron del río Pamplonita durante 80 horas, que contó con la participación de 250 hombres y mujeres en proceso de reintegración. “Estas personas no solo vinieron de diferentes partes del departamento, sino también de algunas poblaciones venezolanas donde se han asentado con sus familias”, agregó.

De ‘Águilas’, ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’
Pero, ¿qué explica los problemas que han afrontado los exparamilitares en esta región del país? Detrás de esta realidad se esconden varios problemas que surgieron días después de la desmovilización. De un lado, las debilidades en esa época del gobierno nacional para atender a quienes dejaron las armas; y de otro, la oferta “laboral” que significó la irrupción de las llamadas bandas criminales, que surgieron meses después de la desmovilización del Bloque Catatumbo de las Auc.

Y es que apenas los paramilitares del Bloque Catatumbo se desmovilizaron, varios de sus exmiembros se reagruparon en la banda criminal que se conoció como ‘Águilas Negras’, liderada por Juan Carlos Rojas Mora, alias ‘Jorge Gato’. Esta organización tuvo una hegemonía armada en la región entre el 2005 y el 2007, cuando apareció en escena la banda criminal que ya operaba en el occidente del país: ‘Los Rastrojos’.

Con el asesinato de alias ‘Jorge Gato’, en diciembre de 2007, las ‘Águilas Negras’ perdieron poder y las zonas en las que ejercían influencia fueron copadas, poco a poco, por ‘Los Rastrojos’, que llegaron como guardia personal de Wilber Varela, alias ‘Jabón’ y líder del cartel del Norte del Valle, quien huyó hacia Venezuela para esconderse de las autoridades y huirle a la guerra que libraba con Diego Montoya y su ejército privado, conocido como ‘Los Machos’.

‘Los Rastrojos’, con su alto poder corruptivo y rápido crecimiento en número de hombres, lograron dominar las actividades del narcotráfico hasta el 2011, cuando aparecen en la región las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidos como ‘Los Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’.

Luego de la fuga de Carlos Andrés Palencia González, alias ‘Visaje’, ocurrida el 10 de noviembre de 2010 en el aeropuerto Los Garzones de Montería, las autoridades señalaron a paramilitares que hacían parte de Justicia y Paz, recluidos en la cárcel de Cúcuta, de coordinar la huida de este hombre para que, desde las calles, reagrupara a varios de los hombres que le habían servido cuando era jefe del Bloque Catatumbo y le arrebatara la hegemonía a ‘Los Rastrojos’.

Esta teoría cogió fuerza cuando el martes 29 de mayo de 2011 tuvo lugar una masacre en el corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, antiguo bastión paramilitar, tristemente célebre por haber albergado los hornos donde los hombres de Mancuso incineraron a sus víctimas. Ese día cinco personas fueron asesinadas. De todas se dijo que pertenecían a ‘Los Rastrojos’.

La investigación posterior a esa matanza permitió relacionar a Moreire Enrique Ladeus Hernández, alias ‘More’, miembro de ‘Los Urabeños’ en Cúcuta, al punto de comprobarse que la casa donde se hospedaron los sicarios, llegados del Valle del Cauca, Antioquia y Córdoba, aparecía arrendada a su nombre.

A los detenidos, a los cuales les incautaron las armas utilizadas en la masacre, se les halló un listado de nombres de los empleados de una cooperativa de vigilantes informales llamada La Colmena, que se presume iban a ser asesinados. Todas estas personas, según información entregada por las autoridades en su momento, tenían nexos o pertenecían a ‘Los Rastrojos’.

Posteriormente se dieron varias acciones armadas que revelaban una cruenta guerra por el dominio de Cúcuta y su área metropolitana entre ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’. En cerca de ocho se perpetraron cuatro masacres en las que perdieron la vida 23 personas, de uno y otro bando.

Desde entonces, han aparecido otras bandas criminales que se han querido hacer un espacio aprovechando esa confrontación. Uno de esos nuevos grupos fue bautizado por su creador, Óscar Alejandro Sandoval Argüello, alias ‘Candado’, como ‘Autodefensas Nortesantandereanas Nueva Generación’.

Riesgo para los desmovilizados
Según estadísticas entregadas por la Policía Metropolitana de Cúcuta, desde el 2005 y hasta el pasado 23 de julio habían sido detenidos en la capital del departamento 1.315 hombres vinculados con alguna banda criminal, siendo el 2013 el año en que más miembros de esos grupos armados ilegales fueron capturados: 286 en total, de ellos 125 pertenecientes a ‘Los Rastrojos’ y 161 a ‘Los Urabeños’. En lo corrido del 2014 han sido capturados 42 personas de esas estructuras ilegales, sindicadas del delito de extorsión.

Un investigador de la Policía sostuvo que, si bien en los últimos 9 años han sido capturados 1.315 miembros de bandas criminales, muchos de los cuales hicieron parte del Bloque Catatumbo y sus frentes Fronteras, Tibú y El Tarra, “hay que tener en cuenta que muchos de esos desmovilizados también han sido asesinados”.

Un año después de la desmovilización, el 20 de diciembre de 2005, La Opinión publicó el asesinato de José Norvey Viana Oviedo, reconocido paramilitar que operó en Pamplona junto a Albeiro Valderrama Machado, alias ‘Piedras Blancas’, uno de los comandantes paramilitares más sanguinario que tuvo el departamento.

Ese día, a la 1 y 30 de la mañana, tres hombres, vestidos con prendas de la Policía, llegaron hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde Viana permanecía recluido por un atentado sufrido 9 días antes y que le había dejado 2 tiros en el pecho. Simulando un cambio de guardia, los falsos agentes se acercaron hasta el uniformado que prestaba vigilancia a la habitación donde estaba Viana y, una vez cerca, lo encañonaron, le quitaron su arma de dotación y un celular.

Una vez doblegado el guardia, los tres hombres se dirigieron a la cama donde el exparamilitar dormía. A Viana le clavaron una puñalada en la parte posterior del cuello y dos más, una en cada costado del pecho. Luego lo remataron con un tiro en el pecho.

Con su muerte, este exmiembro de las Auc se convirtió, en apenas un año, en el desmovilizado número 39 en ser asesinado en este departamento. Desde entonces, las cifras oficiales no dan cuenta de cuántos desmovilizados más del Bloque Catatumbo han perdido la vida de manera violenta, aunque el investigador de la Policía apuntó a que “podrían ser más de 250”.

Voces críticas
El proceso de reintegración de los desmovilizados del Bloque Catatumbo de las Auc es calificado como “un fracaso en la región” por Wilfredo Cañizares, director ejecutivo de la Fundación Progresar, organización no gubernamental que adelanta trabajos de investigación en derechos humanos en esta región del país.

A su juicio, fueron varios las circunstancias que jugaron en contra de este proceso, entre los que destacó la falta de apoyo de la institucionalidad y de las empresas, sobre todo para combatir la criminalidad y la ilegalidad; y el aislamiento de la regional de la ACR de la institucionalidad, de las organizaciones y de la sociedad.

Cañizares aseguró que en el 2013 la oficina regional de la ACR en este departamento no sabía dónde estaban casi 700 excombatientes. “Unos han sido otra vez capturados y otros han sido asesinados”, dijo este defensor de derechos humanos.

Con respecto a los proyectos productivos que algunos de los reintegrados quisieron montar enla región arrocera de este departamento, el director de la Fundación Progresar aseveró que también fracasaron, básicamente porque tuvieron problemas con las tierras. “En un par de casos no pudieron seguir, a pesar de desembolsar la plata, porque eran tierras de narcotraficantes y la oficina (ACR) no tuvo ningún control de eso”, sostuvo Cañizares.

Sus quejas también estuvieron dirigidas a la falta de compromiso empresarial en Norte de Santander con el proceso de reintegración. “Hace como dos años acompañamos a la oficina (ACR) a una convocatoria con la Cámara de Comercio, con los empresarios, y los citamos a todos a un auditorio de 600 personas para discutir y socializar la estrategia empresarial frente a los desmovilizados. Sólo llegamos 6 personas y los únicosempresarios fueron los presidentes de Asociación de Exportadores de Carbón y Fedecacao”, dijo el directivo de Progresar.

Con respecto a lo que han significado las amenazas de los grupos armados ilegales surgidos después de la desmovilización del Bloque Catatumbo, Cañizares resaltó el riesgo que generó ese rearme para los que abandonaron esa estructura armada de las Auc: “Tenemos muchos casos de mandos medios que ayudamos a salir del país porque llegaban por ellos a la casa a proponerles negocios y los que no aceptaban eran intimidados. Estos hombres no tuvieron apoyo de la oficina (ACR)”.

Este defensor de derechos humanos aseguró que muchos desmovilizados se rearmaron o están en zonas complejas, al parecer prestando algún servicio ilegal. “Los que no volvieron a las armas en el pleno sentido, están ubicados en sectores estratégicos donde saben que está la ilegalidad. Hay un grupo de más de 100 desmovilizados que gira alrededor de nuevas bandas y del contrabando. A veces encuentras un desmovilizado con una moto de 10 millones de pesos, que no hace nada, y te ¿preguntas de dónde sacó la plata?”, concluyó Cañizares.

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Fueron cientos de crímenes los que cometió el Bloque Cacique Nutibara en Medellín. Foto SemanaUn nuevo obstáculo deberá sortear el proceso judicial que se adelanta en Justicia y Paz contra siete postulados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la temida máquina de guerra que dirigiera Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y cuyos crímenes, por lo menos ante la justicia transicional, aún permanecen en la impunidad.

Hace una semana dos de los tres magistrados que integran la Sala de Justicia y Paz de Medellín, Rubén Darío Pinilla Cogollo y María Consuelo Rincón Jaramillo, se declararon impedidos para continuar con el juzgamiento de estos desmovilizados, tras alegar que ya emitieron un juicio que compromete su criterio sobre la continuidad de estos dentro del proceso de Justicia y Paz.

El problema es que esta dilatación está afectando a las víctimas porque ante tanto tropiezo jurídico los anhelos de justicia, verdad y reparación entre sus cientos de víctimas continuarán siendo eso: anhelos.

“Ya las víctimas perdieron todo interés en ese proceso, ya ni asisten a las audiencias porque sienten que es una pérdida de tiempo”, señala el abogado Óscar Correa, apoderado del Instituto Popular de Capacitación (IPC), organización no gubernamental que se presentó como víctima en el proceso que se adelanta en Justicia y Paz contra alias ‘Don Berna’ ante los ataques que padeció a finales de la década del noventa y comienzos del dos mil.

Decisiones, paso a paso
La cronología de este proceso muestra que entre el 4 y 5 de septiembre de 2013, los magistrados Pinilla Cogollo y Rincón Jaramillo decidieron excluir de los beneficios de la justicia transicional a Juan Fernando Chica, Edilberto de Jesús Cañas, Néstor Eduardo Cardona, Édgar Alexander Erazo Guzmán, Mauro Alexander Mejía Ocampo, Juan Mauricio Ospina Bolívar y Wander Ley Viasus Torres, los únicos postulados del Cacique Nutibara ante Justicia y Paz. 

Entre las razones esgrimidas en aquel momento figuran que los mencionados postulados nunca confesaron la verdad y cuando lo hicieron, fue de manera parcial; que no entregaron bienes para reparar a las víctimas, y que muchos de los exintegrantes de este grupo paramilitar seguían delinquiendo.

Los magistrados de la Sala de Justicia y Paz señalaron también que la desmovilización del Cacique Nutibara fue ficticia por cuanto se conocieron denuncias, a lo largo del proceso transicional, de reclutamiento de jóvenes en barrios periféricos días antes del evento de dejación de armas, que tuvo lugar en la ciudad de Medellín el 25 de noviembre de 2003.

En dicha decisión también se solicitó investigar al hoy senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares, ya sea por acción u omisión y por concertarse con ellos no solo como gobernador de Antioquia sino después como presidente de la República. Los togados sustentaron su decisión en testimonios y versiones de varios exparamilitares quienes relacionaron directamente a personas muy allegadas a este líder político, como Pedro Juan Moreno, Mauricio Santoyo y Jorge Noguera, con estructuras paramilitares. (Ver: Sala de Justicia y Paz pedirá Investigar al ex presidente Uribe por paramilitarismo y Magistrados ordenan indagar sobre espinosas verdades)

Allí también se pidió investigar a la exfiscal Viviane Morales, así como a los generales en retiro Óscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina, Martín Orlando Carreño (ya fallecido) e Iván Ramírez. Asimismo, se pedía a la Fiscalía General de la Nación investigar a varios funcionarios judiciales, entre ellos, a varios fiscales de Justicia y Paz, incluido al encargado de reconstruir la historia del Bloque Cacique Nutibara de las Auc.

Pero ladecisión fue anulada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia proferida el pasado 23 de julio. Según la Alta Corte, los magistrados se extralimitaron en sus funciones, entre otros, por no tener la potestad para excluir a los postulados pues esta facultad solo la tiene la Fiscalía General de la Nación, “razón por la cual estos operadores jurídicos (los magistrados) no pueden expulsar de oficio a los postulados, pues siempre deberá mediar petición de la Fiscalía. Proceder de forma contraria, como lo hizo la Sala, comporta afectar de manera trascendental la estructura procesal diseñada por el legislador”, advirtió la Corte. (Ver: Corte Suprema de Justicia tumbó investigación contra senador Álvaro Uribe)

Esta decisión implicó el regreso de los postulados a Justicia y Paz y el cese de todas las investigaciones solicitadas por los magistrados, incluidas las del expresidente Álvaro Uribe, así como la continuación de las audiencias conocidas como legalización de cargos, es decir, el momento en que la Fiscalía solicita ante los magistrados que sean legalizados los delitos confesados por los exparamilitares.

Pero cuando se pensaba que reanudaría el proceso, los mismos magistrados que un año atrás excluyeron a los exmiembros del Cacique Nutibara se declararon impedidos para continuar con este proceso pues argumentan que tendrán que juzgar a los mismos postulados sobre los cuales ya emitieron un concepto que se mantiene hasta el día de hoy y analizar las mismas pruebas que ya rechazaron en su momento luego de valorarlas exhaustivamente.

“La Sala excluyó oficiosamente a los postulados, examinó y valoró in extenso y a fondo las pruebas allegadas a la actuación y con fundamento en ellas se pronunció sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte de los postulados, para concluir que no los cumplían (…) la imparcialidad que debe garantizarse en este caso está seriamente afectada por la opinión o criterio anticipado asumido por los suscritos Magistrados, el cual es sustancial y relevante y afecta el debido proceso de los postulados”, señalaron Rubén Darío Pinilla Cogollo y María Consuelo Rincón Jaramillo en su anuncio.

Aclarado el embrollo jurídico, la pregunta entonces es ¿qué implicaciones tiene todo esto? La primera y más evidente es que el propio Tribunal Superior de Medellín deberá resolver en los próximos meses si acepta o no el impedimento planteado por los magistrados Pinilla Cogollo y Jaramillo Rincón. De no aceptar, será la Corte Suprema de Justicia quien dirima esta situación.

En todo caso, la preocupación principal es por el tiempo. Y no es para menos. Varios de los postulados ya cumplieron los ochos años de reclusión planteados por la Ley de Justicia y Paz y comenzaron a solicitar su libertad, sin que se vea en el horizonte cercano la posibilidad de dictarles sentencia por parte de la justicia transicional.

Fue así como el pasado 2 de septiembre Wander Ley Viasus Torres, uno de los siete postulados del Cacique Nutibara en cuestión, solicitó ante un magistrado con función de garantías de Justicia y Paz de Medellín sustitución de medida carcelaria; es decir, libertad condicional, la cual le fue concedida. El 8 del mismo mes hizo lo propio Mauro Alexander Mejía Ocampo; el 9 de septiembre fue el turno para Juan Fernando Chica y al día siguiente para Juan Mauricio Ospina Bolívar. En todos los casos la libertad fue concedida.

Y ante la salida de los exparamilitares, las cientos de víctimas que dejaron las acciones militares del Bloque Cacique Nutibara en Medellín y el área metropolitana sienten que se están quedando sin las verdades sobre sus parientes y se está tejiendo, poco a poco, manto de impunidad que acabarábeneficiando a quienes auspiciaron, financiaron y promovieron el paramilitarismo en la capital antioqueña y municipios vecinos.

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Corone (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo. Foto: archivo particular.El capturado excoronel del Ejército Jorge Eliécer Plazas Acevedo, conocido en el mundo del paramilitarismo como ‘Don Diego’, no solo tiene a cuestas responsabilidades penales en el crimen del humorista y periodista Jaime Garzón, y en la muerte de los investigadores del Cinep, Mario Calderón y su esposa Elsa Alvarado. Su paso por la Brigada 17 del Ejército, en el Urabá antioqueño, también dejó algunas huellas que ha sido destacadas por exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Su impronta más pronunciada está relacionada con la Operación Génesis, ejecutada por tropas especiales de esa guarnición militar a finales de febrero de 1997 contra supuestas posiciones de la guerrilla de las Farc en una tupida zona selvática del departamento de Chocó, la cual fue adelantada de manera conjunta con hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba de Urabá (Accu), quienes, además, les sirvieron de guías. (Ver: Doce paramilitares fueron guías del Ejército en la Operación Génesis: ‘el Alemán’)

En esa operación fue asesinado salvajemente el campesino Marino López Mena por un comando paramilitar. Por ese hecho, el 24 de agosto de 2012, fue condenado a 25 años de cárcel el exgeneral Rito Alejo Del Río, comandante en esa época de la Brigada 17 y superior jerárquico de Plazas Acevedo, quien para esa época era el Jefe de Inteligencia de esa unidad militar, conocida como B2. (Ver: El crimen que envió a la cárcel al ‘Pacificador del Urabá)

Además de ese cruento crimen, la operación Génesis generó uno de los mayores desplazamientos de población civil para esa época. Se calcula que por lo menos 4 mil personas salieron despavoridas de las regiones del Cacarica, Truandó, Salaquí, Jiguamiandó y Curvaradó, huyendo de los bombardeos de la aviación del Ejército y de las presiones por tierra de las tropas especiales y de los paramilitares de las Accu.

El abandono de esas tierras también produjo uno de los procesos de despojo más sofisticados de que se tenga noticia en el que participaron comisionistas, inversionistas y empresarios, respaldados por los paramilitares para desarrollar en ellas un ambicioso proyecto de siembra de palma de aceite. Por este caso ya hay algunas condenas. (Ver: “Palmicultores se asociaron para delinquir”: Juez)

En la Operación Génesis
Uno de los exjefes paramilitares que ha detallado las relaciones con Plazas Acevedo es Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien en diferentes momentos en los últimos siete años y ante diversas autoridades judiciales, ha hecho referencia a una reunión sostenida con Plazas Acevedo para discutir los pormenores de una gran operación militar contra facciones del Frente 57 de las Farc asentadas en la región del asentadas enel Bajo Atrato chocoano.

En ese encuentro, dado al parecer a comienzos de 1997, estuvo ‘El Alemán’ junto con sus compañeros de Accu, Elmer Cárdenas y Carlos Ardila, en la sede de la Brigada 17, con sede en Carepa, Urabá antioqueño. Allí, el oficial les explicó detalles de la operación que se realizarían por tierra y aire, con la participación de los batallones Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrillas 35, y que atacarían facciones de la subversión en las zonas selváticas de Salaquí, Cacarica y Truandó y les habló de la necesidad de tener guías, dado que era un terreno selvático y necesitaban hombres con experiencia.

Una vez consultado el asunto con Carlos Castaño, jefe de las Accu para esa época, se dispuso de doce paramilitares para que se integraran a las fuerzas especiales del Ejército que iban a desarrollar la operación Génesis. La misión de reclutarlos le fue encomendada a un experimentado paramilitar llamado Julio Cesar Arce Graciano, alias ‘ZC’, quien seleccionó once hombres y con ellos se presentó a la sede de la Brigada 17, con sede en Carepa, Antioquia, y se puso a las órdenes del coronel Plazas Acevedo.

Todos los guías fueron incluidos en los equipos de militares que fueron transportados por aire y que viajaron hasta la zona del Salaquí el 24 de febrero de 1997, dando así inicio a la Operación Génesis. De acuerdo con la Orden de Operaciones N. 004, el objetivo era atacar las zonas conocidas como Tamboral, La Loma de Salaquí, Playa Bonita, Regadero, Caño Seco, Bocas de Guineo, Teguerré, Puente América, La Nueva y Clavellino.

Pero los compromisos con el Jefe de Inteligencia de la Brigada 17 no sólo implicaban el uso de guías paramilitares. De acuerdo con Rendón Herrera, con este oficial también se acordó que las tropas no entorpecieran el avance que llevaban las Accu hacia las mismas zonas donde se estaba realizando la Operación Génesis. Por estos hechos, el Estado colombiano fue declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Ver: Estado no protegió a comunidades durante Operación Génesis)

Y es que justo el mismo día que el Ejército comenzó a penetrar la zona, las Accu iniciaron la que ellos llamaron la ‘Operación Cacarica’, una fase de su avance hacia el sur del Urabá chocoano a través del cual se pretendía hacer presencia en un amplio sector del Bajo Atrato, santuario del Frente 57 de las Farc. (Ver: El contubernio entre Rito Alejo del Rio y los paramilitares)

Hacia Mapiripán
Plazas Acevedo también ha sido nombrado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. En audiencia de versión libre realizada ante fiscales de Justicia y Paz el 15 de enero de 2007 en Medellín, aseveró que para perpetrar las masacres de Mapiripan y La Cooperativa, Meta, en julio de 1997, contaron con su ayuda. (Ver: Mancuso señaló a general Del Río y a Víctor Carranza)

Según Mancuso, esa operación paramilitar fue organizada por Carlos Castaño, Carlos Mauricio García, alias ‘Doblecero’, y el coronel Plazas Acevedo. El comando armado del que se dispuso salió en dos grupos, desde Necoclí y Apartadó, y se trataba de hombres expertos en la guerra que enfrentarían en esa lejana región del suroriente del país a facciones guerrilleras de las Farc, pero acabaron masacrando a la población civil con el argumento de que, según inteligencia militar, eran “auxiliadores” de la insurgencia. Allí perdieron la vida por lo menos 49 personas.

“Un día que estoy donde Carlos le pregunto cómo hizo usted para mover esa gente hasta allá y me dijo: ‘fueron dos aviones que contratamos, eso hubo que hablar con la Fuerza Aérea para que no molestaran a esa gente, hubo que cuadrar aeropuerto, hubo que cuadrar a todos, para que la gente saliera y llegara sin problemas allá. Yo me reuní con el coronel Plazas y con el coronel Lino Sánchez para planificar la situación’”, evocó Mancuso ante los fiscales.

De Urabá a Bogotá
Otro paramilitar que ha hecho alusión a Plazas Acevedo es Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. Según este exjefe paramilitar, el entonces Jefe de Inteligencia de la Brigada 17 le colaboró a los sicarios de la banda La Terraza de Medellín en la comisión del crimen de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado, perpetrado el 19 de mayo de 1997 en su apartamento del barrio Chapinero de Bogotá. (Ver: DAS e inteligencia militar fueron cómplices de los Castaño: ‘Don Berna’)

En versión libre rendida ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz los días 13 y 14 de febrero de 2012, desde su sitio de reclusión en una prisión de Estados Unidos, alias ‘Don Berna’ aseguró que los dos investigadores fueron asesinados porque Plazas Acevedo les suministró información sobre la supuesta militancia de ellos en un grupo guerrillero.

“Esta es una información que le llega a Carlos (Castaño) por inteligencia Militar, concretamente la pasa un coronel Plazas del Ejercito le decían ‘Don Diego’, que era el seudónimo”, relató Murillo Bejarano, y agregó: “él pasaba la información de que los esposos Alvarado hacen parte de la estructura del Eln y son los que manejan la parte Política y social”.

Una decisión llama la atención en el caso de Plazas Acevedo: su traslado, a comienzos de 1998, a la Brigada 13 del Ejército, con sede en Bogotá, una vez su mando superior, el general Del Río, fue nombrado comandante de esa guarnición. En esa unidad militar también se desempeñó como Jefe de Inteligencia, dependiendo nuevamente y de manera directa de Del Río, y al parecer no perdió sus supuestos nexos con grupos armados ilegales, fortalecidos en Urabá.

Por lo menos así lo dejó claro otro exparamilitar, Jesús Emiro Pereira Rivera, alias ‘Alonso’ o ‘Huevoepisca’, quien se desmovilizó con el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz declaró que la llegada a la capital de la República de facciones de ese grupo armado fue apoyada por Plazas Acevedo.

“Fue Rito que nos recomendó el coronel Plazas”, dijo. “Cómo éramos nuevos (en Bogotá), Rito Alejo me presentó”, precisó Pereira, quien aclaró, de paso, que conoció al exgeneral del Ejército a través de los entonces jefes paramilitares Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y de Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’.

Alias ‘Alonso’ o ‘Huevoepisca’ acusó a al excoronel Plazas de la desaparición de uno de sus hombres, el paramilitar José Huber Coca Ceballos, alias ‘Camilo Coca’, quien operó por varios años en el Urabá antioqueño en el Bloque Bananero de las Auc bajo el mando de Hebert Veloza García y luego pasó al Bloque Centauros, donde se convirtió en el enlace con Plazas para intercambiar información de inteligencia, razón por la cual se reunían con frecuencia en la sede de la Brigada 13 y en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, donde los paramilitares montaron una de sus bases de operación.

Los problemas entre ellos surgieron supuestamente porque al parecerel oficial usaba la información de inteligencia para coordinar secuestros y lucrarse personalmente. Justamente por uno de esos plagios y posterior asesinato, el del industrial Benjamín Khoudari, fue detenido y condenado a 40 años de cárcel. También fue encontrado responsable del secuestro de empresario Wilson Martínez, por el que fue condenado a 27 años de prisión. Por ambos hechos fue detenido y recluido en la Escuela de Artillería en 2003, de donde se fugó en 2003.

La orden de captura en su contra por el homicidio de Garzón fue emitida en octubre de 2012, un mes después de que un magistrado con funciones de control de garantías de Justicia y Paz en Medellín solicitara a la Fiscalía investigar los posibles nexos entre miembros del Ejército, la banda La Terraza de Medellín y grupos paramilitares, para organizar y ejecutar el asesinato del reconocido periodista. 

“Es claro también que ante la información que se ha obtenido de vínculos de miembros de las Fuerzas Armadas con algunos de los hechos que se han imputado es obvio, señor Fiscal, que deben compulsarse esas copias lo más pronto posible, si no se han hecho, a las autoridades competentes para que se inicien las correspondientes investigaciones en contra los funcionarios públicos en este caso miembros de las Fuerzas Armadas para que respondan si tienen que responder y aclaren su situación ante estos hechos”, dijo el magistrado en esa ocasión. (Ver: Ordenan capturar a coronel Plazas A. por asesinato de Jaime Garzón)

La semana pasada la Fiscalía General de la Nación había proferido una orden de captura internacional contra el excoronel Plazas Acevedo y había extendido la solicitud a la Interpol para que lo incluyera en la circular roja por el asesinato de Garzón.

Con su captura en San Martín, Meta, después de varios años de fuga, no solo se podrá conocer una versión más concreta de la muerte del humorista y periodista Jaime Garzón y de los esposos Mario Calderón y Elsa Alvarado, sino de sus nexos con hombres de las Accu en el Urabá antioqueño y del papel que pudo haber jugado su jefe por varios años, Rito Alejo Del Río, al lado del proyecto contrainsurgente que promovió Carlos Castaño y que tanta sangre derramó en el país.

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El 3 de enero de 2000, como todos los días desde hacía seis años, Manuel Antonio Santos salió a las 6 de la mañana de su casa a vender galletas en los buses intermunicipales de El Carmen de Bolívar. Los panes dulces y melcochudos de El Carmen llamados chepacorinas o galletas carmeras tienen fama regional. Las galletas de limón también son apetecidas por los pasajeros que viajan en buses y busetas por las vías que de Cartagena o Barranquilla conducen a Sincelejo. Y son muchos los jóvenes de esa población que derivan su sustento de venderlas. En inmediaciones del municipio de Calamar, la población vecina a la capital sucreña, el bus en que iba se detuvo y dos miembros del Bloque ‘Héroes de los Montes de María’ lo hicieron bajar, lo amarraron, lo subieron a una camioneta y desde entonces nadie lo volvió a ver.

Tenía 21 años, y como él, una docena de vendedores informales fueron asesinados o desaparecidos en sólo un mes. Según testimonios de ex paramilitares, esta masacre fue una retaliación por la supuesta complicidad de los galleteros con las Farc en el atentado en que murió Cástulo López Romero, hermano de la empresaria del chace, Enilse López, conocida como ‘La Gata’.

El desmovilizado Manuel Castellanos Morales, alias ‘El Chino’ dijo en una audiencia del proceso de Justicia y Paz que luego del atentado contra López, ocurrido el 14 de septiembre de 1999, un supuesto ex guerrillero de las Farc acusó a un vendedor de galletas de haber puesto la bomba. Según ‘El Chino’, Alfonso Terán, alias ‘Bollera’, un jefe paramilitar del Bloque Héroes de los Montes de María, dio la orden de asesinar indiscriminadamente a los vendedores que ofrecían sus productos en la carretera.

“Mañe”, como era conocido Manuel Santos, fue el primero en morir. Aleida Isabel Santos, madre del joven, no ha parado de buscar su cuerpo desde entonces. Cuenta que cuando vio que su hijo no regresaba a la casa, salió a buscarlo y pasó días enteros en compañía de ‘Capulina’, el “recogemuertos” de El Carmen, observando los cadáveres que iban río abajo a ver si reconocía a Manuel.

La señora Santos recuerda que su hijo era vendedor de galletas carmeras desde la adolescencia y que se había ganado una beca para estudiar economía en Sincelejo. “Llevaba año y medio ahorrando. Le faltaban 100 mil pesos para irse a estudiar, estaba trabajando para completar la plata y poder viajar a cumplir su sueño de volverse economista”, cuenta la madre de “Mañe”.

El Carmen de Bolívar queda sobre la vía y la mayoría de empresas de buses que cubren esa ruta paran en este sector para recoger o dejar pasajeros. A lado y lado de este punto de la vía creció una comunidad de vendedores que viven en humildes casas de madera y que corren a ofrecer chepacorinas y otros productos cada vez que para uno de los buses. Otros, como lo hacía Manuel, se suben a los vehículos para vender y se bajan en el pueblo vecino de Calamar.

La carretera en El Carmen siempre ha sido una zona concurrida con decenas de carros y buses que parquean a los dos lados de la vía o que hacen la fila en la estación de gasolina del pueblo. Según Jesús, un vendedor de galletas que tuvo que huir ante las amenazas de los paramilitares, para la época de los crímenes era normal ver camionetas lujosas sin placas desde las cuales grababan a los galleteros para identificarlos y asesinarlos.

Durante los primeros meses del año 2000 siguieron los asesinatos y desapariciones. Al igual que Manuel, varios vendedores fueron abordados en los buses mientras ofrecían sus productos y terminaron desaparecidos. La última víctima fue Teresa Contreras, una vendedora de aguacates. Le dispararon cuatro tiros en plena carretera, frente a decenas de personas.

Luego de los crímenes, 78 familias de vendedores se marcharon de El Carmen a Sucre y otros municipios. La mayoría volvió después de la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María en 2005, algunos para recuperar su oficio vendiendo chepacorinas y otros comenzaron con un nuevo negocio: el mototaxismo.

La masacre de vendedores ocurrió en medio del momento más crudo de la guerra en los Montes de María. Los paramilitares cometieron decenas de masacres como la de El Salado y mataron a centenares de personas señalándolas de ser auxiliadoras de la guerrilla. En el año 2000 fueron asesinados 761 personas en El Carmen de Bolívar y fueron desplazadas cerca de 23 mil personas. Para la época este era el segundo municipio más violento del país.

La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía acusó a Salvatore Mancuso de ser el responsable de estos crímenes. La Fiscalía ha registrado más de 10 mil víctimas de asesinato y desaparición forzada dentro de esto proceso, cometidos por varios bloques paramilitares bajo sus órdenes, como el Montes de María y el del Catatumbo.

Puntualmente en el caso de los vendedores de El Carmen, Manuel Castellanos, alias ‘El Chino’ y Luis Alfredo Argel, alias ‘Manoetrinche’ han aceptado la responsabilidad material de los hechos. Alfonso Terán, alias ‘Bollera’, quien supuestamente ordenó los asesinatos después del atentado contra el hermano de Enilce López, está desaparecido y se presume que fue asesinado antes de la desmovilización del bloque.

La señora Santos ya tiene la certeza de que su hijo fue asesinado, pero sigue en la búsqueda de su cuerpo. Guarda en una carpeta los documentos que ha podido recoger, relacionados con la muerte de Manuel, incluida la declaración de ‘El Chino’ Castellanos, pero ella y el resto de familiares de víctimas de esta masacre insisten en que tienen temor de seguir averiguando por otros posibles responsables de los crímenes. Aunque la situación de seguridad es mucho mejor que en 2000, el miedo volvió a la región por las amenazas a líderes de restitución y según las víctimas, quedan varios herederos de los paramilitares con poder.

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Por cuenta del proceso de Justicia y Paz hoy se sabe que uno de los principales impulsores y financiadores del Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), estructura que operó en el Nordeste, Oriente antioqueño y Medellín, fue el ganadero y comerciante antioqueño Luis Alberto Villegas Uribe, conocido con el alias de ‘Tubo’, al parecer por recomendación de Pedro Juan Moreno Villa, en ese entonces secretario de gobierno departamental (1995-1997).

De acuerdo con testimonios de Hebert Velosa García, alias ‘HH’, Villegas Uribe terminó siendo uno de los principales financiadores del proyecto paramilitar una vez comenzó a penetrar en el Nordeste antioqueño, donde tenía sus inversiones. Este reconocido ganadero fue asesinado el 5 de diciembre de 2004 en el corregimiento San José del Nus de San Roque, Antioquia, por orden de Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, crimen que ya reconoció ante jueces y fiscales. (Ver: ‘Julián Bolívaradmitió asesinato)

Villegas Uribe fue cercano a las familias más poderosas del departamento, entre ellas la del hoy electo senador Álvaro Uribe Vélez, con quien celebró negocios de compra venta de tierras en la región del Nordeste. Varias de sus andanzas fueron reveladas por VerdadAbierta.com. (Ver: Revelaciones del caso Villegas)

La verdad sobre la relación entre Moreno Villa, Villegas Uribe y el Bloque Metro de las Accu ha surgido poco a poco en tribunales de Justicia y Paz. El punto de partida es una supuesta reunión que sostuvieron Moreno Villa y Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, encargado de las finanzas de las Accu en Antioquia a mediados de los años noventa y señalado de mantener estrechos vínculos con políticos, empresarios y militares.

Sin embargo, llegar a esta verdad será bastante complejo, pues como se recordará Moreno Villa falleció en un extraño accidente cuando el helicóptero en que viajaba se precipitara a tierra el 24 de febrero de 2006 en jurisdicción del municipio de Mutatá, Urabá antioqueño. Además, se desconoce el paradero de alias ‘Lucas’, quien se fugó de la cárcel Bellavista de Medellín el 26 de septiembre de 1998 y en noviembre de 2003 se desmovilizó con el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Las autoridades judiciales apenas comienzan a dimensionar la importancia que tuvo este hombre dentro de la organización de los hermanos Castaño Gil, pieza clave en la expansión de las Accu y en la estructuración de sus finanzas.

La reunión
Los pormenores de ese encuentro, que hasta ahora ha permanecido oculto en la historia del paramilitarismo en Antioquia, fueron narrados por alias ‘HH’, quien desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, a donde fue extraditado en mayo de 2008, manifestó a magistrados de Justicia y Paz de Medellín haber participado en él.

Según este exjefe paramilitar, Soto Toro era el encargado de las finanzas y las relaciones públicas de las Accu, labor que le implicaba entablar relaciones con importantes políticos, empresarios y militares de la ciudad y del departamento. Su oficina estaba ubicada en un parqueadero en el centro de la ciudad, muy cerca del centro administrativo La Alpujarra, donde están las sedes de la Gobernación, la Alcaldía y los despachos judiciales.

“Si se quería montar un grupo de autodefensas en el país, había que buscar era a (alias) ‘Lucas’. Era la persona que hablaba con estas personalidades y, si era necesario, después él mismo organizaba una reunión con Carlos y Vicente Castaño”, relató alias ‘HH’, lo que deja entrever el peso que tenía Soto Toro en la organización de los hermanos Castaño Gil.

“Cuando yo estaba en Medellín, a veces lo acompañaba a reuniones. Casi siempre eran en un negocio de compraventa de carros que había frente a la IV Brigada (del Ejército)”, continúo el extradito jefe paramilitar, quien recordó que para mediados del año 1996, él y alias ‘Lucas’ sostuvieron una reunión en Medellín con el entonces secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa, en un establecimiento público del Centro Comercial Obelisco, contiguo a la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Según ‘HH’, la reunión fue corta y privada, pues Moreno Villa llegó sin sus escoltas al encuentro. Allí, ‘Lucas’ le pidió al fallecido político que hablara con los hermanos Alberto y Guillermo Villegas Uribe para que le ayudaran con la conformación de un grupo paramilitar en los corregimientos Cristales y San José del Nus de San Roque, así como en los municipios de Santo Domingo, Maceo y Cisneros, región del Nordeste antioqueño. Dicha estructura es la génesis de lo que se conocería después como el Bloque Metro de las Accu.

“En ese momento se estaban montando los grupos paramilitares en Antioquia. ‘Lucas’ estaba organizando la entrada de la gente para Cristales, San José del Nus, San Roque y Santo Domingo. Por esa razón, le pidió una cita a Pedro Juan Moreno para que le ayudara a concretar una reunión con los hermanos Alberto y Guillermo Villegas. Ellos eran muy cercanos a (Álvaro) Uribe, tenían fincas para esos lados, incluso uno de ellos tenía una estación de gasolina en San José del Nus. (Pedro Juan) Moreno dijo que sí, que iba a hablar con ellos”, declaró ‘HH’ y agregó: “Ya para la reunión entre ‘Lucas’ y los hermanos Villegas yo no asistí porque me había desplazado para los lados de Tolú, Barranquilla, a montar grupos por allá”.

El eslabón perdido
Versiones entregadas a fiscales de Justicia y Paz por parte de varios desmovilizados de las Auc han señalado el papel fundamental que jugó Alberto Villegas Uribe en la creación del Bloque Metro de las Accu, cuya base principal estuvo precisamente en el corregimiento Cristales de San Roque. De allí, donde además funcionó un importante centro de entrenamiento bajo el mando de Carlos Mauricio García, alias ‘Rodrigo Doblecero’, el Bloque Metro inició su expansión por todo el Nordeste de Antioquia, hasta llegar al Oriente del departamento y de ahí a Medellín.

Villegas Uribe terminaría contribuyendo al exterminio del Bloque Metro, estructura a la que le declararon la guerra varios bloques de las Auc. En 2003 se presentó ante el entonces comandante del Bloque Central Bolívar, Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, ofreciendo información sobre la ubicación de los combatientes del bloque que ayudó a crear a cambio de beneficios económicos. Y sería el propio ‘Julián Bolívar quien ordenaría su muerte, tras considerar que Villegas se había convertido en una piedra en el zapato para esta organización.

Sin embargo, pese a la información que hoy posee la justicia sobre el papel que tuvo de este ganadero y comerciante en la conformación de grupos paramilitares en Antioquia, la pregunta que siempre queda rondando en el aire es si el expresidente Álvaro Uribe Vélez, amigo personal de Villegas y gobernador de Antioquia para los años en que nació el Bloque Metro, tuvo conocimiento de estos hechos.

El episodio de la reunión sostenida entre alias ‘HH’, alias‘Lucas’ y el exsecretario de Gobierno Pedro Juan Moreno parece alimentar aún más las suspicacias de quienes creen que era imposible que todo esto sucediera a espaldas del exmandatario. “(alias) ‘Lucas’ mantenía como seis beepers. Para ese tiempo se usaban los beepers. Y él tenía uno para sus amigos narcos, para los militares, para (Carlos) Castaño, para Vicente. Y decía que tenía uno para la Gobernación, no sé con quien hablaba. Pero él decía que uno era para la Gobernación”, dijo alias ‘HH’ durante su versión ante magistrados de Justicia y Paz de Medellín.

Lo que queda en evidencia, tras escuchar el testimonio de alias ‘HH’ es que la justicia dará un paso significativo en esta dirección cuando logre escuchar a Soto Toro, el hombre fuerte de las finanzas de las Accu. Su importancia en esta organización paramilitar quedó en evidencia cuando el propio Carlos Castaño ordenaría sacar, a como diera lugar, a alias ‘Lucas’ de la cárcel Bellavista. La fuga se concretó el 29 de septiembre de 1998, cuando Soto Toro salió por la puerta principal del penal mostrando una boleta de libertad falsa.

Alias ‘Lucas’ fue recluido en este centro penitenciario el 30 de abril de ese mismo año, luego que investigadores del CTI realizaran un allanamiento a un parqueadero conocido como Padilla, que a la postre resultó ser el corazón financiero de las Accu. Testimonios de varios desmovilizados, entre ellos Rodrigo Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’, señalaron que luego de su fuga, alias ‘Lucas’ se refugió en el Urabá antioqueño, donde trabajó al lado de Vicente Castaño.

El 17 de febrero de 2004, su abogada le solicitó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín cesara todo procedimiento en su contra, señalando que su cliente se había acogido a la Ley 782 de 2002, entre otras razones porque se había desmovilizado en Medellín como integrante del bloque Cacique Nutibara de las Auc el 25 de noviembre de 2003. La solicitud fue aceptada y a la fecha no pesa requerimiento judicial alguno contra el exparamilitar; tampoco se conoce su paradero.

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Norman Rodolfo Alzate, secuestrado por las Farc.El 8 de febrero del año 2005 una facción del Frente 5 de las Farc secuestró al ingeniero forestal Norman Rodolfo Alzate Cano en la vereda Arenas Bajas, municipio de Apartadó, Urabá antioqueño. Este sábado se cumplirán 3.285 días sin que su familia tenga noticias de él. El último contacto fue una llamada telefónica que hizo el profesional a su familia 24 horas antes del plagio.

Al respecto, solo se sabe que ese día, a eso de las 7 de la mañana, hombres fuertemente armados que se identificaron como integrantes de las Farc llegaron a la finca El Porvenir, a escasos 20 minutos del casco urbano de Apartadó, donde se encontraba el ingeniero forestal junto con José, el dueño de  la parcela.

En ese predio Norman Rodolfo iba a desarrollar un proyecto de reforestación y para ello se había desplazado al Urabá antioqueño. Aún no es claro qué motivó el secuestro por parte de este frente subversivo, lo cierto es que ambos fueron llevados a la fuerza a zona montañosa de Apartadó. Luego de interrogarlos, los guerrilleros dejaron en libertad a José, un hombre de 83 años, quien dio aviso a las autoridades.

Y han pasado 107 meses desde entonces y nadie ha dado razón del ingeniero. Ni la Fiscalía Quinta Especializada, que inició la investigación del caso, ni la Fiscalía 44 de la Unidad de Justicia y Paz, que actualmente documenta los crímenes cometidos por el Bloque José María Córdova de las Farc y que versiona a los guerrilleros desmovilizados Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’, y Denis Daniel Sierra Martínez, alias ‘Samir’, quienes tampoco han logrado desentrañar la suerte del ingeniero forestal.

“Norman trabajo 14 años en Cornare (Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare) y desarrolló múltiples proyectos en sus objetivos de investigar y proteger los bosques; además, era profesor de la Universidad Católica de Oriente, donde compartió sus conocimientos y su afán por recolectar y multiplicar las semillas de las distintas especies, pero como es un civil cualquiera, nadie corre a investigar qué pasó con él, todo queda en silencio, más fácil se tiende a la impunidad”, dice Gloria Jaramillo, su esposa.

Secuestro: un flagelo
Esta familia no es la única afectada por este flagelo. Según Amparo Mejía, vocera de la organización Madres de la Candelaria Línea Fundadora, solo en Antioquia hay 12 casos de civiles que fueron secuestrados por las Farc sin que hasta el momento se tenga razón de ellos.

“Hay casos como el de doña Dolly, a quien las Farc le secuestraron la hija hace 16 años y nadie da razón de ella. Y como ella hay otras madres que están esperando razones de sus hijos estudiantes o sus esposos médicos, vigilantes, profesionales”, declara Mejía, quien añade que “eso solo en Antioquia, pero en Bogotá estamos articulados con una fundación que agrupa casos como estos, que pueden llegar a cientos en todo el país”.

De acuerdo con un informe elaborado por la Fundación País Libre, en la que se consiga la evolución del secuestro entre los años 2003 y 2012, en dicho periodo fueron secuestrados en Colombia un total de 6.880 personas. De ellas, unos 2.360 casos fueron atribuidos a la delincuencia común, siendo el principal autor de este flagelo, seguido por las Farc, con 1.700 casos.

El mismo informe estima, basado en informaciones suministradas por el Ministerio de Defensa, que del total de las víctimas de secuestro, 3.307 personas fueron liberadas por sus captores (48%), fueron rescatadas por acciones de la Fuerza Pública unas 1.595 (23%), permanecen en cautiverio 1.083 (16%), unas 495 fueron liberadas por sus captores tras la presión ejercida por las autoridades nacionales (7%), murieron en cautiverio 247 (4%) y se fugaron de sus victimarios152 (2%).

El informe no precisa cuántas de las personas que aún permanecen plagiadas están en poder de las Farc. Sin embargo, País Libre señala que para el año 2012 fueron secuestradas en Colombia unas 305 personas. En 180 de los casos la autoría se atribuyó a delincuencia común, mientras que 77 casos se sindicó al grupo guerrillero y, para la fecha del informe, del total de víctimas 44 permanecían en cautiverio.

Lo preocupante es que en el caso de los secuestrados por la guerrilla, indagar por la suerte de estas personas es una labor más que titánica pues en no pocas ocasiones quienes tenían informaciones relevantes ya están muertas.

Ante los procesos que se adelantan en los tribunales de Justicia y Paz, la esposa del ingeniero forestal secuestrado siente que allí no encontrará las respuestas que busca: “aquí no va pasar nada, pero también siento que tengo que venir, para reclamar la dignidad de tantas víctimas”.

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“De las personas que aún quedan con vida soy la única que conoce las verdaderas razones por las cuales su hermano fue asesinado. Los sé porque fui por más de 10 años el desahogo de mis hermanos Fidel y Carlos, fui el paño de lágrimas de los dos. Varios de los hechos relacionados en este episodio ya se conocen, pero los detalles solo los conozco yo. Es mi deber dárselos a conocer a usted. Quisiera dárselos de manera personal, pero como las circunstancias lo hacen ahora casi imposible, lo haré en un sobre cerrado dirigido a usted”.

Las palabras son del desaparecido jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), Vicente Castaño Gil, alias ‘El Profe”, y hacen parte de una corta misiva dirigida en enero de 2007 al presidente de la desaparecida Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), Eduardo Pizarro Leóngomez, en alusión a su hermano, Carlos Pizarro Leóngomez, ex jefe del grupo guerrillero M-19, asesinado el 26 de abril de 1990 por hombres al servicio de Carlos Castaño Gil.

Dicha comunicación aparece contenida en uno de los 158 documentos almacenados en una memoria USB entregada recientemente por Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, a la Fiscalía 13 de Justicia y Paz y que asegura perteneció al mayor de los hermanos Castaño Gil.

Tras un minucioso análisis pericial, la Fiscalía señaló que todo apunta a que los documentos allí almacenados corresponden en efecto a textos escritos por alias ‘El Profe’ sobre diversos temas del acontecer nacional, directrices dirigidas a los negociadores del Estado Mayor Negociador, relatos históricos sobre el surgimiento del movimiento de Autodefensas, el desarrollo del proceso de paz entre las Auc y el Gobierno Nacional y, en especial, los tropiezos y dificultades del mismo. (Documento historia ACCU)

También aparecen varias misivas dirigidas en el año 2006 al entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, firmadas por Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’ así como diferentes correos electrónicos enviados entre ‘Báez’ y Salvatore Mancuso, y entre ambos a una cuenta de correo electrónica que perteneció a Vicente Castaño.

De acuerdo con Roldán Pérez, estando recluido en la cárcel de Máxima y Mediana seguridad de Itagüí fue abordado por el Comisionado de Paz, quien le pidió que contactara a Castaño Gil, por aquel entonces prófugo de la justicia, para entablar con él un diálogo epistolar que apuntara a su sometimiento a la ley. “Así fue como comenzaron estos correos entre Vicente, ‘Ernesto Báez’ y Mancuso”, expresó alias ‘Monoleche.

Deseo de entregarse

Entre los archivos que más llamaron la atención del Ente Investigador figura, precisamente, una carta enviada por Castaño Gil en septiembre de 2006, al parecer, a Restrepo, en la que desde la clandestinidad manifestó su inconformidad por el cambio en las reglas del juego de la negociación.

“Ahora que las Autodefensas cumplimos a cabalidad con todos los compromisos pactados con el Gobierno Nacional, incluidos el desarme, la desmovilización y la desactivación de todas nuestras estructuras militares, me veo en la necesidad de denunciar el incumplimiento del Gobierno Nacional en materias tan decisivas para nuestro futuro como la inseguridad jurídica”, dice en un sus apartes la misiva.

Y continúa la carta: “la mayoría de los compañeros del Estado Mayor Negociador fueron capturados mucho antes de que saliera la Ley de Justicia y Paz. No se respetaron los salvoconductos que impedían la captura. Un mes después de la captura no se han expedido los decretos reglamentarios de las leyes 782 y 975. El acogimiento a la Ley de Justicia y Paz lo hicimos en circunstancias y condiciones muy diferentes a las de hoy”.

Se refiere Castaño Gil a la detención por orden del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, de los máximos jefes paramilitares ocurrido a mediados de agosto de 2006, quienes fueron recluidos en un centro especial del municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño. Varias semanas después fueron distribuidos en varias cárceles del país y en mayo de 2008 extraditados a Estados Unidos.

En su relato recriminatorio, Vicente le recuerda a su destinatario que el entonces ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, se comprometió a construir o adecuar cuatro centros de reclusión especiales para los postulados a la Ley de Justicia y Paz y asevera que “con la detención de los principales líderes del proceso de paz se le asestó un golpe mortal al proyecto Villa Esperanza (casa finca ubicada en Copacabana, Antioquia, donde los voceros de las Autodefensas se instalaron por un tiempo), que se había convertido en un excelente escenario de reconciliación”.

En lamisma comunicación, Vicente Castaño dejó clara su voluntad de someterse a los requerimientos de la justicia si le cumplían una serie de exigencias, entre otras, la expedición de los decretos reglamentarios a la Ley 975; garantizarle a los miembros de las Autodefensas la condición de delincuentes políticos; continuar con el proyecto Villa Esperanza; y permitirle a los paramilitares recluidos en cárceles y centros penitenciarios seguir liderando proyectos productivos y programas de erradicación de cultivos ilícitos.

“Para efecto de convenir lo anterior, solicitó una reunión con el Alto Comisionado de Paz, con presencia de la Iglesia católica a través de monseñor Julio Cesar Vidal, el viceministro de Justicia, el director de un medio de comunicación relevante y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de OEA a través del jefe de Misión. De llegar a un acuerdo, éste debe ser suscrito por todas las partes con aval de la iglesia y la OEA. Las condiciones de mi entrega, conducción y sitio de reclusión serían convenidas con el Alto Comisionado”.

La estrategia

Otro de los documentos que llama la atención de los investigadores judiciales por su contenido es un correo electrónico enviado desde la cuenta virtual de Vicente Castaño a Salvatore Mancuso y alias ‘Ernesto Baéz’, también en el año 2006, en el que les pide que, pese a las dificultades y los llamados “incumplimientos del Gobierno Nacional”, las Autodefensas deben continuar con las negociaciones de paz.

Sin embargo, les reclama por no haber planteado una mejor estrategia de negociación y les propone recuperar la vocería del proceso y recordarle al Estado que en Santa Fe de Ralito, Córdoba, se hicieron unos acuerdos que, según Castaño Gil, para ese entonces no se estaban cumpliendo.

“El Congreso nos otorgó unas prebendas que no se pueden dejar perder, y si no se recuperan todas, por lo menos se pueden recuperar algunas, como la sedición, que no fue declarada inconstitucional por la Corte (Constitucional)”, manifestó en su mensaje el máximo jefe paramilitar, en la que añade: “ustedes están miopes con el grupo de garantes. Si conseguimos el grupo de garantes, tendremos quién nos defienda, quién hable por nosotros, ese grupo es casi infinito mientras exista un proceso jurídico en contra nuestra, de alguna forma, lo ligaríamos al proceso”.

En el mismo correo, ‘El Profe’ les pide a Mancuso y a Báez retomar las labores de cabildeo: “Yo sé que ustedes están maniatados pero, ¿dónde están los amigos? Alguien nos tiene que quedar. Digámosle que se pronuncien, que nos cambiaron las reglas de juego. Si no nosquedan amigos, busquemos una agencia de lobby internacional. Cuando se acaba la fe y los amigos queda la plata que hace el oficio de los dos (…) no necesitamos correr, sea como sea, íbamos un año para la cárcel y aún no se ha cumplido”.

Esos “amigos” a los que pudiera refererirse alias ‘El Profe’ podrían ser senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes y muy probablemente periodistas y columnistas afines a su proyecto. Cabe recordar que para esa época ya era pública la influencia que las Auc tenían en el Congreso. Según declaró a medios de prensa en el año 2005, “tenemos más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje”.

Y en lo que parece ser un emotivo mensaje dirigido a alias ‘Ernesto Báez’, Vicente le pide que en el inicio de sus diligencias de versión libre “ratifique que usted no fue miembro activo de la parte en armas. En su versión libre sea bien aseverante (sic) que la traición del Gobierno abrió las puertas de una nueva violencia en armas. Qué lástima que yo no sea una víctima suya y me tenga que perder el primer palco. No se vaya dejar poner las esposas como Mancuso. A él le tocó la peor parte, con él se están dando un banquete”.

También llama la atención del Ente Investigador una serie de documentos relacionados con proyectos solidarios y productivos adelantados por Vicente Castaño en diversas regiones del país y sobre los cuales apenas se inició su averiguación. Sobre algunos de ellos se sabe que hacen referencia a Colombia Sin Hambre, organización creada por alias ‘El Profe’ con fines humanitarios.

Otros, por su parte, dan clara cuenta de la construcción de una represa en la Alta Guajira, en asocio con Gervasio Valdeblánquez, un influyente hombre de negocios guajiro señalado por las autoridades de ser uno de los protagonistas de la bonanza marimbera y que hoy tiene cuentas pendientes con la justicia.

Para la Fiscalía, como para el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, lo contenido en la USB constituye material valioso para la construcción de la memoria histórica.

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El nombre de Jairo Guachetá es tan poco conocido como el de las Autodefensas Campesinas de Ortega. Sin embargo, es el primer ex combatiente de ese grupo de autodefensas que está respondiendo ante las autoridades de la justicia transicional por los crímenes que cometieron cuando tomaron las armas.

Esta autodefensa, que se conformó en la década del setenta a raíz de los constantes ataques de las guerrillas a las comunidades indígena y afro del corregimiento caucano de Ortega,  en el municipio de Cajibío, se desmovilizó el 8 de diciembre de 2003. Pero sólo hasta hace pocos meses sus e xintegrantes empezaron a ponerse al día con el proceso de Justicia y Paz, al que fueron postulados por el gobierno.

Guachetá, quien está próximo a cumplir 64 años de edad, ha explicado en dos versiones libres ante la Fiscalía 40 de Justicia y Paz, cómo se conformó ese grupo armado ilegal y cómo operó (Ver: El detonante de las Autodefensas de Ortega). Una de las características que diferenciaron a su grupo, del resto de facciones de autodefensas o paramilitares del país, según él, es que no buscaron confrontación con la guerrilla ni conquistaron nuevos territorios.

Bajo esa lógica, el desmovilizado explicó en su más reciente versión libre que sólo participó en un asesinato, pese a haber estadovinculado a las Autodefensas Campesinas de Ortega durante varios años. De acuerdo con su testimonio, los miembros de ese grupo sólo tomaban las armas para defender sus territorios de las incursiones de la guerrilla. “El objetivo era resguardar a las veredas que pertenecían al corregimiento de Ortega. Nosotros no salimos a buscarlos a El Tambo, Morales u otros sitios”, agregó.

El desmovilizado también explicó que los enfrentamientos se daban de manera esporádica. Según él, después de una incursión, pasaban varios años para que la guerrilla volviera a atacarlos, y durante ese tiempo, los combatientes se dedicaban a trabajar en sus fincas. En sus áreas de influencia operaban el Frente 8 de las Farc y varias columnas del Eln.

Pero esa rutina se rompió en 1987, cuando los jefes de las Autodefensas Campesinas de Ortega decidieron acabar con la vida de Marco Yandé. Este campesino fue muerto por orden de Humberto Pechené, quien lo tildó como miliciano e informante de la guerrilla. En versión libre, Guachetá declaró que esta víctima fue señalada como responsable de la aparición de un listado de personas que fueron amenazadas de muerte supuestamente por las Farc.

Yandé fue asesinado en su casa, situada en un resguardo indígena del municipio de Morales. Hasta ese sitio fueron cinco hombres, entre ellos Guachetá, y acabaron con la vida de este indígena con un tiro por la espalda. El desmovilizado aceptó responsabilidad en este asesinato porque prestó guardia para que Desiderio Silva lo matara. La justicia ordinaria lo condenó por este crimen. Los demás victimarios están muertos.

Este asesinato es el único crimen que Jairo Guachetá reconoce en su vida como autodefensa. Sostuvo que no cometió ni participó en otros delitos que hubieran realizado sus compañeros de las Autodefensas Campesinas de Ortega. Este excombatiente se alejó del aparato militar del grupo a raíz de un accidente que le amputó gran parte de su mano derecha, pero siguió vinculado en la parte logística y como vocero. Abandonó definitivamente a esas autodefensas en el año 2000, cuando se desplazó a Popayán por una masacre que perpetró la guerrilla.

En su última versión libre también relató que “el grupo nunca adquirió bienes por medio de la guerra y no hubo enriquecimiento ilícito de nada”. Para él, durante el tiempo que estuvo vinculado a las Autodefensas de Ortega, esa organización no obtuvo ingresos por medio de extorsiones a narcotraficantes o mineros, porque en esa región no se dieron esas actividades económicas. Explicó que se sostenían con los aportes voluntarios de la comunidad y de bazares que hacían para recolectar fondos.

Sobre presuntos nexos con la Fuerza Pública, este desmovilizado contó que una ocasión el grupo de Ortega recibió entrenamiento militar por parte de algunos soldados a principios de los años ochenta. Guachetá, quien no recordó la fecha de esa supuesta instrucción y no participó en ella porque estaba por fuera de la región, dijo que se realizó en una cancha de fútbol de la vereda La Diana. Según lo que le contaron sus excompañeros, “el Ejército estuvo ocho días; dicen que les daban entrenamiento con los mismos fusiles de los soldados”.

Respecto a tratos con la Policía, recordó que en una ocasión los miembros del grupo recuperaron un ganado robado y retuvieron a dos supuestos ladrones, quienes, según él, no fueron torturados y se los entregaron al inspector de policía para que los judicializara.

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El nombre de las Autodefensas Campesinas de Ortega no es muy conocido. Sin embargo sus orígenes, que se remontan a décadas atrás, se parecen a los de otros grupos armados del país.

Desde finales de los años 60, los campesinos del corregimiento de Ortega en el noroccidente del municipio caucano de Cajibío, padecieron la violencia política y los ataques de diferentes grupos guerrilleros que incursionaban en sus territorios. Pero una incursión de las Farc en 1977, que cobró la vida de dos líderes de la comunidad, llevó a sus habitantes a empuñar las armas.

En esa ocasión, los guerrilleros asesinaron a Leonidas Becoche y a Manuel de Jesús Quina, quienes eran apreciados e importantes para la comunidad. Becoche fue un líder político de corte liberal, y Quina era uno de los comerciantes más importantes de la región. Ante esas muertes y el estado de indefensión de la comunidad -la autoridad más cercana estaba a 12 horas por trocha-, varios familiares de las víctimas decidieron organizar a algunos habitantes para defenderse de futuros ataques de la subversión.

Parte de esa historia desconocida fue revelada por Jairo Guachetá, uno de los 169 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Ortega que se desmovilizó en 2003, durante su primera versión libre ante la Fiscalía 40 de Justicia y Paz, el pasado 9 de julio. Guachetá, quien es el primer desmovilizado de Ortega que comparece ante Justicia y Paz, también fue uno de los primeros campesinos que conformaron ese grupo de autodefensas.

Ese ex combatiente, queestá próximo a cumplir 64 años de edad y dice tener confusión con algunas fechas, explicó que tras el asesinato de Becoche, algunos hermanos y primos salieron armados a perseguir a la guerrilla “porque mataron de una manera muy horrible al concejal”. Por esa acción la familia Becoche fue amenazada.

De acuerdo por lo contado por Guachetá, en 1978 las Farc prepararon otra incursión a Ortega con un grupo de 15 guerrilleros, pero fueron descubiertos por una mujer mientras se alojaban en una finca en la vereda La Diana. Esa mujer alertó a Gilberto Becoche, hermano del fallecido Leonidas, quien convocó a varios campesinos que estaban armados con escopetas, para emboscar a la guerrilla. Los campesinos atacaron a los guerrilleros en la madrugada, asesinando a dos de ellos y provocando la huida del resto.

Después de eso, Gilberto Becoche convocó a una Asamblea General en donde participaron alrededor de 600 personas de diferentes veredas, para convencerlas de que debían organizarse porque la guerrilla los quería “acabar”. Guachetá, quien participó en esa reunión, le dijo a la Fiscalía que la propuesta de Becoche fue aceptada y que en ese momento escogieron a 60 hombres, entre ellos a él, para conformar al grupo que iba a defender a la comunidad.

Según el desmovilizado, en la reunión también se definió que el líder del grupo sería Gilberto Becoche y que estaría secundado por Eduardo Becoche, Ángel María Guachetá y Obdulio Flor. Durante algunos fines de semana, Gilberto y otros habitantes que prestaron servicio militar, fueron los encargados de entrenar a los 60 combatientes en una cancha de fútbol.

Guachetá explicó que este grupo de autodefensas, que inicialmente era conocido como El Grupo, se diferenció de los demás grupos paramilitares del país porque se dedicó a defender sus territorios, no buscó confrontación por fuera de ellos y sólo tomaba las armas cuando se percataban de un posible ataque de la guerrilla. Según él, después de un combate, pasaban varios años sin que hubiera enfrentamientos, y durante ese tiempo los combatientes se dedicaban a trabajar sus tierras normalmente. Como ejemplo, citó que después de la emboscada de 1978, el siguiente enfrentamiento ocurrió en 1982, y el próximo sucedió cuatro años después.

Sobre el combate de 1982, el desmovilizado contó que en esa ocasión se enfrentaron a las Farc y al ELN. Luego de seis horas de hostilidades lograron repelerlos y causaron la baja de cuatro guerrilleros. Cuando un grupo del Ejército entró a la zona para realizar el levantamiento de los cadáveres de los subversivos, uno de los oficiales, según Guachetá, los alentó a seguir con su lucha, y les dijo que debían denominarse como Autodefensas Campesinas, porque eran un grupo de campesinos que estaba defendiendo sus tierras. Además, les advirtió que no fueran a torcer el rumbo y que no cayeran en la extorsión y el secuestro. 

A partir de ese momento dejaron llamarse El Grupo y se bautizaron como las Autodefensas Campesinas de Ortega. Respecto a posibles vínculos con la Fuerza Pública, Guachetá dijo que no tenía información sobre ellos, pero aclaró que Gilberto Becoche tuvo contacto con miembros del Ejército, y que en una ocasión les dieron cursos de enfermería. El desmovilizado negó cualquier otro tipo de apoyo como combates conjuntos, entrenamientos o suministro de armas. Sin embargo, Becoche fue asesinado tiempo después por las Farc, y los demás líderes fundacionales del grupo armado murieron de viejos.

Guachetá le explicó a la Fiscalía que El Grupo se armó inicialmente con las escopetas que cada campesino tenía en sus fincas y posteriormente adquirieron 20 escopetas hechizas que le compraron a señor que trabajada con metales en Piendamó. Agregó que usaron camuflados y fusiles que le quitaron en diferentes ocasiones a la guerrilla, y que les compraban munición a algunos comerciantes ambulantes que transitaban por sus territorios.

La vida en medio de las balas se acabó para este ex combatiente en 1986. En ese año, sufrió un accidente en el que perdió gran parte de su mano derecha cuando deshilachaba cabuya con una máquina. Por su discapacidad física, Gilberto Becoche lo nombró como vocero del grupo y tenía la función convocar a los combatientes a diferentes reuniones. Guachetá abandonó Ortega en octubre de 2000, cuando las Farc incursionaron en la región, asesinaron a 14 personas, quemaron varias casas y se desplazaron 96 familias.

Producto de esa arremetida, las Autodefensas Campesinas de Ortega, que ya estaban bajo el mando de Rubinder Becoche, buscó apoyo del Bloque Calima, que arribó al norte de Cauca en mayo de ese año. Con el beneplácito de los Castaño y de ‘HH’, los paramilitares del Bloque Calima entrenaron parte de la tropa de Ortega en la finca la Mosquitera y los surtieron con nuevo material de guerra.

Después de esa capacitación, parte de la tropa del Bloque Calima escoltó al grupo de Ortega hasta su territorio, y en el camino asesinaron a las personas que ‘Los Indios’ -como apodaron a los de Ortega- les señalaron como milicianos o simpatizantes de la subversión. En esa ocasión dejaron muerte, terror, desplazados, hurtos y destrucción en cuatro localidades del municipio de Cajibío. La Fiscalía 40 de Justicia y Paz documentó esos crímenes y en mayo del año pasado les imputó cargos a varios desmovilizados del Bloque Calima ante un magistrado de control de garantías del Tribunal de Bogotá.

Guachetá  dijo no tener conocimiento sobre estos hechos porque se radicó en Popayán y perdió contacto con el grupo de autodefensas. Volvió a ser llamado por sus antiguos compañeros de guerra en 2003, cuando decidieron negociar su desmovilización con el gobierno de Álvaro Uribe, porque “se cansaron de combatir por más de 30 años”.

El 7 de diciembre de 2003, las negociaciones finalizaron con la entrega de armas de 169 combatientes, quienes se desmovilizaron en la vereda El Edén, del corregimiento de Ortega, Cajibío. Pese a que ese día los hombres bajo el mando de Rubinder y Lisardo Becoche dejaron la guerra, ninguno de ellos fue postulado para que respondiera ante el proceso de justicia transicional.

Sólo el pasado 9 julio, casi diez años después de la desmovilización, uno de los desmovilizados empezó a contar la historia de ese grupo y su pasado delictivo ante la Fiscalía de Justicia y Paz, porque pidió su postulación al proceso a raíz de una condena que le dictó la justicia ordinaria por un homicidio -que dice que no cometió porque cuando sucedió tenía herida su mano útil-, y quería aprovechar la oportunidad para confesar toda la verdad.

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Arturo Torres Pineda alias ‘Don Carlos’ fue el jefe paramilitar del Frente Libertadores del Río Magdalena que tuvo su base en el corregimiento de Monterrey, en Simití, entre 1998 y 2006.‘Don Carlos’ no es un alias tan conocido como el de ‘Macaco’, ‘Ernesto Báez’ o ‘Julián Bolívar’, los más nombrados jefes del Bloque Central Bolívar -Bcb-, un grupo paramilitar que tuvo sus orígenes a finales de los años 90 en el sur de Bolívar y que con financiación del narcotráfico se extendió durante la siguiente década a otros siete departamentos (Lea: Los tentáculos del Bloque Central Bolívar). En el sur de Bolívar, los paramilitares tuvieron tres frentes y de quienes fueron su jefes, sólo sobrevive uno, Arturo TorresPineda, alias ‘Don Carlos’. Era vigilante y se convirtió en la sombra de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, en los corregimientos de San Blas y Monterrey, en Simití, donde imperaron los asesinatos y desplazamientos entre 1998 y 2006.

Según la Fiscalía 34 de Justicia y Paz, alias ‘Don Carlos’ ha aportados algunas claves para reconstruir los crímenes cometidos por los paramilitares en el sur de Bolívar.  En su versión libre, contó cómo se unió al grupo del extraditado ‘Macaco’ hasta que ascendió a  jefe del Frente Libertadores del Río Magdalena, cuya base él mismo instaló en el corregimiento de Monterrey, en Simití. A ese pueblo llegó dando bala con un grupo de por lo menos 20 paramilitares y, apenas se afianzó, comenzó a reclutar jóvenes, entre ellos a varios que habían combatido con la guerrilla del Eln.  

Según su relato ante la Fiscalía,  Torres Pineda nació en Antioquia y antes de unirse a los paramilitares trabajó en las plantaciones de banano en la región antioqueña del Urabá, prestó servicio militar en el Batallón Tenerife de la IX Brigada y de regreso a Medellín, trabajó como vigilante y constructor. “A finales de 1997 me contacté con una prima que trabajaba con Carlos Mario Jiménez. (…) Me dijo que tenía un trabajo en Caucasia, que si quería trabajar, que era para ir a manejar a 20 hombres que tenía en Barro Blanco (corregimiento de Tarazá, Antioquia)”, dijo.

Torres contó que, entre finales de 1997 y principios de 1998, llegó a una finca en el municipio de El Jardín, Antioquia, donde lo recibió Héctor Edilson Duque Ceballos alias ‘Monoteto’, un hombre de confianza de alias ‘Macaco’. Éste lo encargó de un grupo de paramilitares en el corregimiento de Barro Blanco. Desde entonces, comenzó a llamarse ‘Don Carlos’.

El ex paramilitar recordó que de Barro Blanco se movilizó con su grupo hasta Piamonte (corregimiento del municipio de Cáceres, en Antioquia), donde permanecieron por un tiempo por orden de ‘Monoteto’. “Me dijo que él y el ‘patro’, o sea ‘Macaco’, iban a comprar unas tierras en esta zona y que la función de nosotros era cuidar esas tierras porque iban a ser puras fincas de ganado”, contó en la versión libre.  En agosto de 1998, alias ‘Monoteto’ le dijo que preparara a sus hombres porque se movilizarían hasta el sur de Bolívar. Un mes después ‘Don Carlos’ llegó a Simití, donde las Auc ya tenían una base paramilitar.

“Nos fuimos para un sitio que se llama Puerto Mosquito. De ahí nos recogió una chalupa y nos pasó por el río Magdalena. Llegamos a Cerro Burgos y de ahí a un lugar conocido como La Base, eso queda más allá de Simití, yendo para Santa Rosa como a 15 kilómetros pero a orillas de la ciénaga”, contó alias ‘Don Carlos’. Ya en la zona entró en contacto con quienes para entonces eran los jefes paramilitares en el sur de Bolívar, entre ellos, Jhon Francis Arrieta alias ‘Gustavo Alarcón’, quien estuvo allí entre julio de 2000 y finales de 2002, y William Armando Mendoza alias ‘Peruano’, quien fue  jefe militar en la región.

Según el ex paramilitar, sumando los hombres de los diferentes grupos de las Auc en la región, apenas llegaron a los 70 integrantes. Su misión, dijo, era combatir la Compañía Mariscal Sucre y el Frente Héroes de Santa Rosa, del Eln, y al Frente 24 y 37 de las Farc. “Duramos varios meses planeando la entrada a Monterrey (corregimiento de Simití) para noviembre de ese año (1998)”, recordó el ex paramilitar.

El primer intento de toma del pueblo fue, sin embargo, fallido por los combates que sostuvieron con el Eln. “Había mucha guerrilla. Nos tocó retroceder. Se apoderaron de los equipos que teníamos ahí; nos llegaron a las trincheras y por radio escuchamos que nos iban a coger de improviso”, dijo. Planearon la siguiente incursión para enero de 1999, cuando alcanzarían el doble de paramilitares, entre 120 y 130 hombres y dos bases y tuvieron éxito.

Después de tomarse Monterrey, los paramilitares siguieron su recorrido por el corregimiento de Paraíso. “En medio de los combates llegaron allá. El caserío estaba desocupado. Gran parte de la población civil se había ido porque sabíamos que íbamos para allá. La guerrilla minó gran parte de las casas. Ya ubicados en los cerros duramos como veinte días en combates con la guerrilla”, dijo.

En su relato, ‘Don Carlos’ le dijo a la Fiscalía que las tropas siempre volvían a Monterrey donde él tenía su sede. La ruta paramilitar siguió por el municipio de Santa Rosa y más tarde a San Pablo. A los guerrilleros que capturaban vivos no los asesinaban si estos se sumaban a las filas de las Auc. Los combates se intensificaron en 2000 y 2001 cuando el Bloque Central Bolívar se había multiplicado hacia otras regiones del país.

Para la época en el sur de Bolívar había tres bloques: el Frente Vencedores del Sur con presencia en San Blas, Tiquisio, Morales, Río Viejo, Arenal, Regidor, Simití, Santa Rosa, Pueblo Nuevo, Buena Vista, Canelo, San Juan de Rio Grande y Río Amarillo a cargo de alias ‘Cinco Cinco’. El Frente Combatientes de San Lucas con presencia en Barranco de Loba, San Martín de Loba, Hatillo de Loba, El Peñón, Altos de Rosario y Coco Tiquisio a cargo de alias ‘Sagún’. Y el Frente Libertadores del Río Magdalena en Monterrey, Paraíso, Vallecito, Cañaveral Bajo, Piñal, San Luis, Ahuyama, Santo Domingo, Pozo Azul, Aguas Lindas, San Pablo y Cantagallo, a cargo de ‘Don Carlos’.

Los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros en el sur de Bolívar provocaron el desplazamiento de decenas de personas en estos estos pueblos. Los campesinos abandonaron sus tierras por miedo a que fueran tildados de pertenecer a uno de los dos bandos. Según el antiguo Registro Único de Población Desplazada, Rupd, entre 1997 y agosto de 2010 de San Blas salieron expulsadas 8.720 personas; de San Pablo lo fueron 25.993.

Las cifras de desplazamiento coinciden con las de la Unidad de Restitución de Tierras en Santander. San Pablo y Simití son precisamente los pueblos con más reclamantes de tierras en esta región, con 129 y 117 solicitudes. En el sur de Bolívar, las víctimas están pidiendo la restitución de casi 50 mil hectáreas que tuvieron que abandonar o que les fueron despojadas durante el conflicto armado.

El ex guerrillero que se convirtió en ‘para’
La historia de Alonso Pabón Correa conocido en el sur de Bolívar con el alias de  ‘Alemán’ refleja la estrategia que utilizaron los paramilitares en varias regiones del país: sumar a sus filas a guerrilleros que, derrotados en combate, les sirvieran de guía e informantes en la región. Correa fue un guerrillero que durante la ola de violencia paramilitar fue reclutado por alias ‘Don Carlos’ en el sur de Bolívar. Su testimonio también ha sido clave para reconstruir los crímenes de las Auc en esta región.

En una versión libre, Correa le contó a la Fiscalía que se unió a la guerrilla siendo menor, a los 17 años, en el corregimiento de San Blas. “Ver a la guerrilla allá era como ver a la Policía. Se veía por todos lados”, dijo. Eso fue en 1997 y durante tres años hizo parte de la Compañía Mariscal Sucre del Eln hasta que tras pisar una mina antipersona pidió el retiro del grupo ilegal.

Con 21 años, en 2001 Torres se fue a trabajar en fincas como raspachín de coca. En diciembre de ese año, un grupo de paramilitares llegó hasta el lugar donde él y otros nueve hombres dormían. Los amarraron y los llevaron hasta el corregimiento de Monterrey donde estaban alias ‘Peruano’ y ‘Don Carlos’. “A mí me preguntaron que si me quedaba con ellos ‘trabajando’ y a cambio me perdonaban la vida. En ese momento yo les dije: me quedo”, le relató Torres a la Fiscalía.

En su narración, Torres quien en la ilegalidad era conocido como ‘Alemán’ contó que alias ‘Peruano’ y ‘Don Carlos’ le preguntaron que si conocía los campamentos de la guerrilla y el camino para llegar Antioquia. Él les contó y de ahí en adelante, como muchos otros ex guerrilleros, fue guía de este grupo paramilitar. Las Auc llegaron a tener 2.000 integrantes en el sur de Bolívar para cuando se desmovilizaron el 31 de mayo de 2006 en el corregimiento de Buena Vista del municipio de Santa Rosa del Sur.

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