Legislación Archives | VerdadAbierta.com https://verdadabierta.com/category/justicia-y-paz-1/procesos-judiciales-justicia-y-paz/ Periodismo a profundidad sobre conflicto armado en Colombia. Tue, 30 Apr 2024 12:26:41 +0000 es-CO hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.2 “El Estado nos incumplió”: exguerrilleros presos https://verdadabierta.com/el-estado-nos-incumplio-exguerrilleros-presos/ https://verdadabierta.com/el-estado-nos-incumplio-exguerrilleros-presos/#respond Wed, 21 Jan 2015 18:01:01 +0000 Exmiembros de grupos subversivos postulados a la Ley de Justicia y Paz sienten que el gobierno y las altas cortes les cambiaron las reglas de juego y piden seguridad jurídica ante una eventual desmovilización colectiva de las Farc. VerdadAbierta.com entrevistó a varios de ellos en la cárcel de Chiquinquirá. Desmovilizados del Epl, el Eln y […]

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Exmiembros de grupos subversivos postulados a la Ley de Justicia y Paz sienten que el gobierno y las altas cortes les cambiaron las reglas de juego y piden seguridad jurídica ante una eventual desmovilización colectiva de las Farc. VerdadAbierta.com entrevistó a varios de ellos en la cárcel de Chiquinquirá.

Desmovilizados del Epl, el Eln y las Farc presos en la cárcel de Chinquinquirá. Foto: VerdadAbierta.com.

Marlio Mora Morales fue reclutado a los 12 años por la guerrilla de las Farc en el departamento del Huila y durante siete años fue un combatiente raso hasta que en mayo de 2003, a sus 19 años de edad, se escapó y se entregó a las autoridades. Mora le dio al Ejército información clave sobre el frente subversivo al que perteneció e ingresó al Programa de Reincorporación a la vida Civil del Ministerio del Interior, que en ese entonces se hacía cargo de los desmovilizados, comenzó a estudiar y contactó a su familia.

Dos años después de su deserción fue condenado por delitos cometidos siendo mayor de edad y lo enviaron a la cárcel. Allí conoció la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, que ofrece una pena alternativa de máximo ocho años de prisión a los desmovilizados que colaboraren con la justicia y reparen a sus víctimas. Para complementarla, el gobierno nacional expidió en 2008 un decreto que le permitía a los exguerrilleros detenidos acogerse a esa norma de justicia transicional. Ante ello, Marlio no dudó en pedir su postulación.

Según le explicaron funcionarios de gobierno, los ocho años empezarían a contarse desde el momento que ingresó al centro carcelario. En 2008 el desmovilizado inició el proceso en Justicia y Paz, y comenzó a confesar sus acciones en la insurgencia, pero el proceso fue tan lento que a inicios de 2014 Marlio aún no había tenido una audiencia con un magistrado de control de garantías para que le impusieran medida de aseguramiento.

Mientras la justicia transicional seguía inmóvil, el excombatiente cumplió su condena en la justicia ordinaria y un juez ordenó su libertad. A las pocas semanas de haber retornado a su hogar, le notificaron que debía presentarse ante un magistrado de Justicia y Paz para que le imputaran un homicidio que él mismo había confesado. A finales de 2014, durante casi dos meses, pidió permiso en su trabajo y asistió a la audiencia donde le impusieron medida de aseguramiento y nuevamente lo enviaron a la cárcel.

Aunque ha pasado nueve años tras las rejas, un año más de lo que indica Justicia y Paz, ahora tiene la incertidumbre de cuándo saldrá libre, pues recientes sentencias de las altas cortes desvirtúan lo que le prometieron a Mora en 2005. Según la nueva jurisprudencia, los beneficios de la norma transicional rigen desde el momento de la postulación, lo que indica que este exguerrillero solo podrá solicitar su libertad en el 2016.

El caso de Marlio no es el único que muestra cómo el cambio normativo y la lentitud en la justicia transicional afectan a los desmovilizados, especialmente a los exguerrilleros que se postularon estando privados de la libertad con la esperanza de obtener beneficios que les permitieran salir de prisión prontamente.

“El gobierno no nos cumplió lo que prometió. En nuestro caso queda claro el abismo entre lo que se legisla y la interpretación de los magistrados. Lo único que han hecho es dilatar el proceso y cambiar la reglas de juego”, expresó Juan David Herrera, un exguerrillero de las Farc.

Otro excombatiente, Felix Quintero, aseguró que “ya nos arrepentimos de nuestros hechos y pedimos perdón a las víctimas. No me preocupa lo que pase con nosotros, si no, el mensaje negativo y de desconfianza que esto envía a los actores del conflicto que aún hoy están alzados en armas”.

Para el Secretario de las Farc, los guerrilleros que están en Justicia y Paz son unos traidores. Por eso, estos desmovilizados no esperan tener una representación en La Habana, donde transcurren las negociaciones entre el grupo subversivo y el gobierno, pero sí recomiendan que no pierdan de vista la seguridad jurídica que necesita un proceso de desmovilización exitoso.

Exguerrilleros de Justicia y Paz 

En 2008, el entonces ministro de Justicia Carlos Holguín Sardi anunció la expedición del Decreto 1059 que permitía que exguerrilleros que estuvieran privados de la libertad solicitaran su postulación a la Ley de Justicia y Paz. Si contaban la verdad sobre su accionar en el grupo armado y confesaban los crímenes que cometieron, recibirían el beneficio de una pena alternativa de ochos años de prisión, tal como se le aplica a los exparamilitares.

El decreto fue,  entre otras cosas, una respuesta a un trabajo previo que la fundación Manos por la Paz Internacional, liderada por la ciudadana holandesa Liduine Zumpolle, realizó en varias cárceles de Colombia. Con Manos por la Paz simbolicamente se desmovilizaron mas de 1000 guerrilleros en un solo año, animados por una veeduría internacional. Actualmente la organización apoya amás de 600 exguerrilleros recluidos en las cárceles del país que estan dispuestos a colaborar con la justicia. Esta organización ha venido denunciando las irregularidades que se han presentado a lo largo del camino.

“El gobierno hizo una gran campaña en la cárceles para convencernos de sumarnos a Justicia y Paz, nos decían que solo estaríamos ocho años en cárcel”, contó el exguerrillero Mauricio Vargas. Para que un desmovilizado acceda efectivamente a los beneficios de la justicia transicional debe tener el aval del Ministerio de Interior.

Mientras unos guerrilleros fueron postulados en cuestión de meses, con otros se demoraron hasta cuatro años para recibir respuesta. Esta es una denuncia que también han hecho, reiteradamente, exparamilitares que estaban recluidos en las cárceles antes de la desmovilización colectiva de las Auc bajo los acuerdos con el gobierno nacional. (Ver: Postulaciones a Justicia y Paz a cámara lenta)

El problema con la fecha de la postulación son las más recientes decisiones de las altas cortes, pues sin importar el tipo de desmovilización, individual o colectiva, los ocho años de condena contarán desde el momento en que el Ministerio del Interior dio ese aval. “Esto implica que no nos cuentan los años previos que estuvimos en la cárcel, pero, además, tampoco tienen en cuenta los años que estuvimos esperando la postulación. Estamos pagando los platos rotos de la ineficiencia de las entidades”, dijo Juan David Herrera.

En la cárcel de Chiquinquirá, donde se encuentran la mayoría de los exguerrilleros postulados a Justicia y Paz, todos conocen el caso de Eugenio Niño Niño, un antiguo miembro de la guerrilla del Epl, quien está en la cárcel desde el 2000. Aunque desde en 2008 pidió ser incluido en la justicia transicional, solo hasta finales de 2010 recibió la aprobación, pero tal decisión le trajo graves inconvenientes.

Resulta que mientras en la justicia ordinaria cumplió las tres quintas partes de su pena y un juez de Tunja ordenó su libertad, en la justicia transicional una magistrada se la negó argumentando que, a pesar de que lleva más de 14 años en la cárcel, solo se tendrá en cuenta el tiempo que ha estado tras las rejas después de su postulación, de manera que aún le quedan cuatro años más en la cárcel para poder solicitar su libertad. En suma, no se observa ningún beneficio jurídico.

Un proceso que avanza a otro ritmo 
Además de la demora en las postulaciones, los reclusos también se quejan del lento proceso judicial. Por ejemplo, Juan David Herrera solo ha sido llamado una vez a una versión libre durante los seis años que lleva en Justicia y Paz. Y aunque muchos están cerca de cumplir los ocho años privados de la libertad, solo hasta finales de 2014 fueron a su primera audiencia con un magistrado de control de garantías para que les impusieran medida de aseguramiento, lo que revela la demora del proceso. (Lea: Los guerrilleros de Justicia y Paz)

Los guerrilleros son una minoría en el proceso de Justicia y Paz, representan cerca del 10 por ciento, y lo cierto es que se dio prioridad a los postulados de los grupos paramilitares. Solo hasta el año pasado se diseñó un plan de trabajo para sacar adelante los procesos contra los desmovilizados de grupos insurgentes. (Lea: ¿Mega juicio de las Farc en Justicia y Paz?)

A diferencia de gran parte de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), los exguerrilleros no tienen recursos económicos para pagar un abogado de confianza y, por tanto, deben acudir a los defensores públicos. “Tenemos un mismo abogado a veces para 50 personas, lo conocemos el mismo día de las versiones y cuando estamos en el juicio nunca se pronuncia para defendernos”, aseguró uno de los postulados.

El exguerrillero Félix Quintero aseguró que “tenemos muchos reclamos y hacemos lo que podemos, hemos puesto tutelas y hasta una demanda ante la Corte Interamericana, pero sentimos que no tenemos un acompañamiento jurídico serio y ese puede ser el origen de muchos de nuestros problemas”.

Nuevas reglas de juego
Juan David Herrera, desmovilizado de las Farc. Foto: VerdadAbierta.com.

Pese a que la Ley de Justicia y Paz entra en su noveno año de aplicación, fue hasta finales del año pasado, a raíz del gran número de solitudes de libertad que llegaron ante los magistrados de Justicia y Paz, que la Corte Suprema aclaró cómo iba a ser descontada la pena para los postulados a esas normas transicionales.

Originalmente, La Ley 975 de 2005 daba unos parámetros para medir el tiempo que los desmovilizados debían estar privados de la libertad. En principio, se hizo una diferencia entre los que se desmovilizaron estando libres, cuya pena contaban desde que entraban a la cárcel, y los que ya estaban en prisión, a quienes les empezaban a descontar el tiempo solo desde que fueron postulados. Estas fueron las condiciones que les ofrecieron a los exguerrilleros en la cárceles.

En 2012, el Congreso reformó la Ley de Justicia y Paz y previendo que muchos postulados iban a cumplir ocho años en la cárcel sin tener una condena, creó la figura de la sustitución de medida de aseguramiento, con la cual quedaban libres, pero seguían vinculados al proceso. Sin embargo, no cambió el momento de inicio de la pena.

Fue en enero de 2014, a través de la Sentencia C-015, que la Corte Constitucional precisó que no debía existir una diferencia en la forma cómo se cuenta la pena: “En todos los eventos el término en cuestión empieza a descontarse desde su postulación por el Gobierno Nacional a la Ley de Justicia y Paz, en la medida en que éste último acto constituye condición esencial para ingresar a la justicia transicional, pues sin él, así se haya producido la desmovilización, no hay posibilidad de acceder a dicha jurisdicción”.

Sin embargo, en marzo de 2014, en la sentencia condenatoria contra Orlando Villa Zapata, alias ‘La Mona’, jefe del bloque Vencedores de Arauca de las Auc, surgió una contradicción entre las altas cortes. En esta decisión la Corte Suprema de Justicia estableció que “la pena alternativa empieza a contar desde el momento en que el postulado está privado de la libertad en establecimiento carcelario bajo la dirección del Inpec”. Pero esa es la excepción. De ahí en adelante todos los fallos de la Corte Suprema se han respaldado en lo dicho por la Corte Constitucional.

El tema ha sido objeto de debate entre los magistrados. Así quedó evidenciado en la sentencia que le negó la libertad a Dagoberto Duque, un exguerrillero del Eln que se desmovilizó voluntariamente. En esa decisión, el magistrado José Leonidas Bustos presentó un salvamento de voto, argumentando que “constituye un obstáculo a la política pública orientada a la reincorporación de miembros de grupos armados organizados ilegales, particularmente de quienes estando en libertad deciden dejar las armas, pues pese a su voluntad de desmovilizarse y estar dispuestos a satisfacer todas las exigencias legales, se verían compelidos a permanecer privados de la libertad por un tiempo indefinido, que al margen de cuánto sea, no contará para acumular el máximo de 8 años de encarcelamiento -periodo al cual aspiran no exceder legítimamente, con base en la ley-“.

Bustos agregó que esa “inseguridad jurídica causada por la Corte, estimula al individuo a no acogerse al llamado a desmovilizarse, emitido por el Gobierno Nacional a través de todos los medios masivos de comunicación”.

El limbo de los no postulados
El decreto que permitió que guerrilleros se postularan a Justicia y Paz solo tuvo un año de vigencia, por eso los desmovilizados que han sido capturados o que se desmovilizaron después de 2008 no tienen opción de vincularse al proceso de Justicia y Paz para obtener beneficios jurídicos.

En la mayoría de los casosestas personas inician un proceso de reinserción, pero en algún momento son llamados a responder ante la justicia. “Lo que pasa casi siempre es que fueron mencionados por algunos de sus excompañeros en Justicia y Paz y tienen que responder ante la justicia ordinaria”, aseguró un abogado que lleva algunos de estos casos.

Estos exguerrilleros han pedido ser escuchados en Justicia y Paz y acceder a una pena alternativa, pero según dicen los mismos desmovilizados, funcionarios judiciales les han dicho que no tienen más opciones a esperar que tal vez el Marco Jurídico para la Paz los tenga en cuenta, por lo pronto tendrán que seguir purgando sus condenas.

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Los retos de la Ley de Justicia y Paz en su noveno año https://verdadabierta.com/los-retos-de-la-ley-de-justicia-y-paz-en-su-noveno-ano/ https://verdadabierta.com/los-retos-de-la-ley-de-justicia-y-paz-en-su-noveno-ano/#respond Wed, 07 Jan 2015 14:19:26 +0000 El año pasado quedaron en libertad los primeros exparamilitares y guerrilleros postulados a las normas de justicia transicional, se profirió el mayor número de sentencias y fueron excluidos algunos narcotraficantes ‘colados’ en las listas de desmovilizados de las Auc, pero aún queda mucho por hacer. Audiencia del tribunal que condenó a alias ‘Diego Vecino’ y […]

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El año pasado quedaron en libertad los primeros exparamilitares y guerrilleros postulados a las normas de justicia transicional, se profirió el mayor número de sentencias y fueron excluidos algunos narcotraficantes ‘colados’ en las listas de desmovilizados de las Auc, pero aún queda mucho por hacer.

0-tribunal justicia pazAudiencia del tribunal que condenó a alias ‘Diego Vecino’ y alias ‘Juancho Dique’, exjefes del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc. Foto: archivo Semana.

En 2014 se cumplieron ocho años de la aplicación de la ley 975 de 2005, más conocida como la Ley de Justicia y Paz. Es exactamente el mismo número de años a los que pueden ser condenados los desmovilizados que estén postulados a los beneficios de esa norma, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la verdad y la reparación.

Dado que para algunos postulados ya se cumplió el tiempo de reclusión consagrado en la ley, magistrados y fiscales de Justicia y Paz aceleraron el paso para valorar los aportes de exparamilitares y exguerrilleros, y obtener el máximo de sentencias posibles, lo que ha significado la libertad para algunos, pero para otros su exclusión del proceso transicional y la pérdida de beneficios jurídicos.

La Corte Suprema de Justicia, a su vez, aclaró en algunas decisiones en qué circunstancias se puede tener en cuenta el delito de narcotráfico como factor clave en la financiación de la guerra y en qué casos no, razón por la cual fueron excluidos varios desmovilizados que fueron catalogados como ‘narcos puros’. Este alto tribunal también tomó decisiones importantes sobre la reparación a las víctimas.

VerdadAbierta.com hace un recuento de los sucesos y decisiones más importantes de 2014 en este tema, a partir de los cuales se vislumbran los retos de la Ley de Justicia y Paz en su noveno año de aplicación, que apenas comienza.

Condenas cumplidas
El año pasado, más de 160 desmovilizados postulados a los beneficios de la justicia transicional cumplieron los ocho años de detención, pero no han quedado en libertad de manera masiva, como se llegó a pensar en su momento.

De acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración (Acr), no son más de diez postulados los que hoy están efectivamente fuera de los centros de reclusión. Entre ellos John Jairo Álvarez Manco, alias ‘El Mono’; Jesús Donaldo Bastón, alias ‘Parabólico’; y José de Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’. (Ver: Justicia y Paz comienza a dejar en libertad a ex paramilitares)

En octubre de este año, la Acr dio a conocer el programa de reintegración que diseñó exclusivamente para los postulados de Justicia y Paz, quienes tendrán que acudir de forma obligatoria ocho horas a la semana durante cuatro años a los centros de formación dispuestos para ellos. De no hacerlo, los jueces serán informados y podrían revocar no solo la decisión de la libertad, sino determinar la pérdida de beneficios y condenarlos a penas que llegan a los 40 años de prisión.

El 2015 será entonces un año para poner a prueba la capacidad de Acr y la pertinencia de las políticas de reintegración que se diseñaron para atender a quienes obtengan su libertad. (Reintegración de exparamilitares que salgan libres durará cuatro años)

Las decisiones que se tomaron durante el 2014 sobre la libertad de los exparamilitares y guerrilleros evidenciaron que no bastará con cumplir ocho años de condena para quedar en libertad.

Hay casos como el de Édgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, a quien no solo le negaron la libertad sino que le quitaron los beneficios de la rebaja de pena, es decir que prácticamente lo expulsaron de Justicia y Paz, por no haber pedido perdón público a sus víctimas (El enredo en la libertad de ‘Don Antonio’)

El mismo camino parece que transitará Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’, a quien un magistrado le negó la libertad por no haber contado aún toda la verdad sobre sus crímenes. Aún queda por resolverse si será excluido del proceso, asunto que podría resolverse este año. (Por qué Ramón Isaza no quedará aún en libertad)

La Corte Suprema de Justicia aclaró que el tiempo de la condena solo empezará a contar desde el momento en que el gobierno postuló a los excombatientes para que hicieran parte de la justicia transicional, no desde la desmovilización. Esta decisión afecta sobre todo a quienes se desmovilizaron estando en la cárcel y esperaron varios años tras las rejas hasta que el gobierno aprobó su postulación.

El récord de las sentencias
carcel-guardianMuchos desmovilizados pronto cumplirán en prisión el tiempo máximo al que pueden ser condenados en Justicia y Paz, pero aún no les han dictado sentencia por sus crímenes. Foto: archivo Semana.

La mayoría de los exparamilitares que están a punto de recobrar la libertad no han sido condenados. Solo once sentencias han sido ratificadas por la Corte Suprema de Justicia, fallos que, además, son parciales, es decir que no recogen la totalidad de los delitos que cometieron los acusados. Sin embargo, 2014 fue el año en el que más sentencias se profirieron.

Para agilizar el proceso, la Fiscalía General de la Nación propuso, desde comienzos de 2013, priorizar los casos de 16 exjefes paramilitares y guerrilleros que deben responder por todos los crímenes que cometieron sus subalternos. El objetivo es obtener igual número de macrosentencias para que así los demás desmovilizados se puedan acoger a ellas, de manera que sin cumplir todo el proceso judicial acepten los cargos que ya hacen parte de esa decisión. (Ver: Así será la priorización en Justicia y Paz)

No obstante, el proceso se ha demorado más de lo esperado, pues la Fiscalía calculaba que las 16 macrosentencias estuvieran preparadas para junio de 2014. A diciembre de ese año se profirieron solo dos sentencias que usaron esta metodología: una contra LuisEduardo Cifuentes alias, ‘El Águila’, exjefe paramilitar del Bloque Cundinamarca (Corte Suprema de Justicia resolverá sentencia contra alias ‘El Águila’) y la otra contra Salvatore Mancuso. (Las verdades de la nueva condena contra Mancuso).

La sentencia contra Mancuso tiene una importancia histórica, no solo porque condenó al máximo jefe paramilitar que está postulado a la ley de Justicia y Paz, sino porque logró procesarlo a él y a 11 de sus subalternos por 1.426 hechos delictivos, cometidos por cuatro bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en ocho departamentos del país.

A la par del proceso de priorización, los magistrados de Justicia y Paz siguieron con otros procesos contra importantes exparamilitares y profirieron decisiones que develan verdades importantes sobre la criminalidad en el país.

Uno de esos casos en la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín contra varios exintegrantes del Bloque Héroes de Tolová. En ella se sindica a Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, de la conformación de bandas criminales en Córdoba luego de su desmovilización, las que dirigió desde la cárcel antes de su extradición a Estados Unidos, lo que pone en entredicho su continuidad en el proceso de Justicia y Paz, asunto que también deberá resolverse este año.

Otra decisión, esta vez contra exmiembros del Bloque Elmer Cárdenas devela cómo ocurrieron las incursiones armadas de Riosucio, Chocó, y la masacre de la Horqueta, en Cundinamarca, donde hubo una activa participación de sectores de la Fuerza Pública, según lo confesaron los postulados. Asunto que guarda similitudes con lo consignado en la sentencia contra Mancuso, donde quedó clara la participación de miembros del Ejército y funcionarios judiciales en la llegada y expansión del Bloque Catatumbo en Norte de Santander.

Otra decisión importante fue la tomada contra Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’, en la que se revela el genocidio cometido bajo su responsabilidad contra los movimientos políticos de izquierda en el sur del Cesar.

Se estima que nuevas sentencias, que se deberán proferir este año, den cuenta del accionar de grupos paramilitares en diversas regiones del país y revelen hasta dónde llegaron estas facciones armadas ilegales en su aparente afán de combatir a la guerrilla, quiénes fueron sus auspiciadores y qué actividades económicas, tanto de carácter legal como ilegal, llegaron a controlar.

Reconocidos delitos de género
La Fiscalía y los magistrados han intentado darle una mayor connotación a la violencia basada en género. Por esa razón, a este tipo de crímenes se les dio prelación en las macrosentencias (junto al desplazamiento, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores y el secuestro), no por la cantidad de víctimas reportadas sino por el impacto que causó en la vida de las mujeres y de sus comunidades.

En varias sentencias de Justicia y Paz se afirma que este tipo de violencia fue sistemática por parte de varios grupos armados y lo destacable en ellas es que los testimonios de las víctimas han sido incluidos en ellas. La más reveladora es la proferida contra Mancuso, en la que se identificaron 175 casos, que contienen prácticas macabras como la esterilización y el aborto forzado.

Se espera que a mediados del próximo año se conozca una de las sentencias más importantes sobre el tema, esta vez contra el exjefe paramilitar Hernán Giraldo, quien delinquió en la Sierra Nevada de Santa Martay cometió todo tipo de crímenes contra las mujeres de la región, incluidas menores de edad.

Con relación a ese tema, en 2014 fue excluido del proceso de Justicia y Paz, Marco Tulio Pérez Guzmán, alias ‘El Oso’, excomandante del Frente Golfo de Morrosquillo del Bloque Héroes Montes de María de las Auc, por negarse a reconocer su responsabilidad en nueve delitos de género que le imputó la Fiscalía. (Ver: ¿Víctimas de violencia sexual de alias ‘El Oso’ se quedarán sin escuchar la verdad?)

La exclusión de algunos ‘narcos’
‘El Mellizo’ Mejía y ‘El Tuso’ Sierra, narcotraficantes que se colaron en el proceso de Justicia y Paz como jefes paramilitares. Fotos: archivo Semana.

La Corte Suprema de Justicia aclaró que los postulados que hayan traficado estupefacientes para financiar su grupo armado pueden ser juzgados por narcotráfico en la justicia transicional. “En Justicia y Paz es posible abordar cualquier conducta punible, siempre que haya sido cometida durante y en ocasión de la pertenencia al grupo”, aseguró la magistrada María del Rosario González Muñoz.

Así quedó establecido en decisión en segunda instancia proferida por la Sala de Casaciòn Penal de la Corte Suprema de Justicia que favoreció a Rodrigo Pérez Alzare, alias ‘Julián Bolívar’, quien según la Fiscalía, financió al Bloque Central Bolívar a través del negocio del narcotráfico, pero cuyas actividades fueron consideradas como propias del grupo armado y no con fines de enriquecimiento personal. (Ver: Exparamilitares podrán ser juzgados por narcotráfico en Justicia y Paz)

Al mismo tiempo, la Corte pidió que se depurara Justicia y Paz de “narcotraficantes puros”, es decir aquellos que utilizaron los grupos paramilitares para beneficiarse personalmente de sus negocios ilícitos o los que se colaron en las listas de desmovilizados para obtener una rebaja de pena. Con esos argumentos fueron excluidos Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’; Juan Carlo ‘El Tuso’ Sierra y se ratificó la salida de Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo Lindo’.

Este año, una magistrada de Justicia y Paz también decidió expulsar a alias Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien fue el jefe máximo del Bloque Central Bolívar, argumentado que el paramilitar reconoció ante la Justicia de Estados Unidos que delinquió después de la fecha de la desmovilización, una de la causales de exclusión de Justicia y Paz. (Ver: Macaco no va más en Justicia y Paz)

La Fiscalía está haciendo un barrido de los procesos de estos exparamilitares en la justicia ordinaria y en 2015 se espera que se pida la exclusión de todos aquellos que sean condenados por un hecho ocurrido luego de haber dejado las armas. (Ver: Exclusiones de Justicia y Paz: unos adentro y otros afuera)

La reparación a las víctimas
En las primeras sentencias de Justicia y Paz los montos de indemnización para reparar a las víctimas fueron tasados por los magistrados. Pero a finales de 2012, el Congreso de la República reformó la ley de Justicia y Paz y encargó de esta tarea a la Unidad de Víctimas. En su momento, los congresistas argumentaron que el dinero entregado por exparamilitares y exguerrilleros no era suficiente para reparar a las víctimas y que los recursos de la Nación no alcanzaban.

La Unidad de Víctimas tiene unos montos definidos por la Ley 1448, conocida como la Ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras, que son mucho menores a los establecidos por los jueces. Por esa razón, la Defensoría del Pueblo demandó la reforma.

Este año la Corte Suprema se pronunció al respecto y les devolvió esa facultad a los jueces. Pero, en términos prácticos, esta decisión no implica mayores cambios para las víctimas. Pues la Ley que las cobija dice en su artículo 10 que cuando un el Estado es condenado de forma subsidiaria, es decir que no es el condenado principal, solo debe responder hasta los topes ya fijados.

De manera que este año quedó claro que aunque en las sentencias aparezca que van a reparar a las víctimas con unas cifras que pueden variar entre los 50 a 150 millones de pesos, en la práctica les entregaran lo que la Unidad de Víctimas tiene estandarizados. Por ejemplo, si ocurrió un asesinato, la reparación es de cerca de 24 millones de pesos por familia, pero si se trata de un delito de género, como la violencia sexual, es de 17 millones.

Acelerador al proceso contra los guerrilleros
Alias ‘Karina’ y alias ‘Martín Sombra’, exjefes guerrilleros de las Farc postulados al proceso de Justicia y Paz. Fotos: archivo Semana.

Los guerrilleros representan cerca de un 10 por ciento de los postulados de Justicia y Paz y en parte por esos sus proceso habían sido relegados en años anteriores y solo los grandes jefes como Nelly Ávila Moreno, más conocida como ‘Karina’, y Ely Mejía Mendoza, alias ‘Martín Sombra’, habían logrado avances en los tribunales.

Este año la Fiscalía decidió acelerar el proceso contra los exguerrilleros y planteó un segundo esquema de priorización, en el que no solo están incluidos desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz, sino guerrilleros activos. (Víctimas de Farc y Eln, nueva prioridad en Justicia y Paz)

En 2015 se acumulará el proceso judicial de cerca de 140 guerrilleros de las Farc que están postulados a la Ley de Justicia y Paz, en lo que se espera sea el juicio más grande que hasta ahora se haya hecho en contra de este guerrilla.

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Exclusiones de Justicia y Paz: unos adentro y otros afuera https://verdadabierta.com/exclusiones-de-justicia-y-paz-unos-adentro-y-otros-afuera/ https://verdadabierta.com/exclusiones-de-justicia-y-paz-unos-adentro-y-otros-afuera/#respond Fri, 14 Nov 2014 16:28:39 +0000 A pesar de que la Fiscalía dijo hace dos años que 354 exparamilitares y exguerrilleros debían ser expulsados del proceso de justicia transicional, solo 44 han corrido esa suerte. Sin embargo, ahora que están a punto de recobrar su libertad pueden ser más los excluidos. Los postulados no hayan cumplido con las obligaciones que les […]

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A pesar de que la Fiscalía dijo hace dos años que 354 exparamilitares y exguerrilleros debían ser expulsados del proceso de justicia transicional, solo 44 han corrido esa suerte. Sin embargo, ahora que están a punto de recobrar su libertad pueden ser más los excluidos.

620 exclusionesLos postulados no hayan cumplido con las obligaciones que les impusó la sentencia, como pedir perdón a sus víctimas, pueden ser excluidos.

Hace ocho años, desde que entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz, el gobierno pidió que más de cinco mil desmovilizados, en su mayoría exparamilitares, que cometieron crímenes de lesa humanidad como homicidios, masacres, desplazamientos masivos y torturas, entre otros delitos, fueran aceptados en el proceso de justicia transicional. Hoy solo siguen allí 2.670 excombatientes.

Un poco menos del 40 por ciento perdieron los beneficios porque nunca se notificaron, es decir, que no presentaron ante las autoridades. Algunos fueron capturados y hoy responden ante la justicia ordinaria y otros tantos siguen prófugos.

Los exmilitantes que efectivamente fueron a la cárcel se comprometieron a decir la verdad, reparar a las víctimas y no cometer crímenes luego de su desmovilización, a cambio de una pena alternativa de ocho años de prisión. A finales de 2012, el Fiscal General, Eduardo Montealegre, aseguró que pediría la exclusión de 354 de ellos por no haber cumplido los compromisos. (Ver: ¿Qué tan lejos están 354 ‘paras’ de ser expulsados de Justicia y Paz?)

Para que una exclusión sea efectiva, la Fiscalía debe hacer la solicitud y exponer sus argumentos ante los magistrados de Justicia y Paz, los abogados de los postulados tienen oportunidad de contra-argumentar y la segunda y última instancia la resuelve la Corte Suprema de Justicia. Este proceso estaba proyectado para que se demorara pocos meses según su complejidad, pero casos como el del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, lleva más de un año sin resolverse.

Una vez fuera de la justicia transicional las investigaciones por lasacciones en la guerra pasan a manos de la justicia ordinaria, donde los desmovilizados podrían enfrentar penas de hasta 40 años, de acuerdo con la gravedad de los delitos.  

Lo cierto es que hasta ahora solo 44 desmovilizados han sido excluidos; 35 de ellos salieron porque se negaron a colaborar y no se presentaron a las versiones libres programadas por la Fiscalía y el resto por no decir la verdad o porque existen condenas contra ellos por hechos que ocurrieron después de la desmovilización.

Tres narcotraficantes también fueron excluidos, luego de que la Corte Suprema pidió que no se tuvieran en cuenta a los ‘narcos puros’ que se colaron en las filas paramilitares para lograr una rebaja de pena. (Ver: Corte Suprema depura Justicia y Paz de “narcos puros”)

Ad portas de la libertad

620 excluidosEstos son los exjefes paramilitares que están a la espera de un fallo. De izquierda a derecha: Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’; Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’.

Ahora que están próximos a salir de la cárcel viene otra depuración por dos vías. Por un lado, la Fiscalía está encargada de certificar que no existan otros procesos en contra de los postulados, por eso el Fiscal General ordenó a todas las direcciones de esta institución que revisen con lupa si aquellos que están solicitando la libertad tienen investigaciones en su contra.

“No es que los queramos sacar, como muchos dicen. La dinámica es que les pedimos a otras direcciones que nos notifiquen si hay investigaciones sobre un postulado, y si yo como fiscal tengo una investigación quieta y esta persona está a punto de salir, entonces se reactiva”, dijo un alto funcionario de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía.

Por otro lado, quienes ya tienen una condena en Justicia y Paz, que representan cerca del diez por ciento, deben haber cumplido al pie de la letra las exigencias del fallo, o un juez les puede quitar los beneficios. Ya se conocen casos como el de Édgar Ignacio Flórez, alias ‘Don Antonio’, quien fue excluido días antes de lograr la libertad por no pedir perdón a sus víctimas tal y como lo exigieron los magistrados.

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La libertad de los paras https://verdadabierta.com/la-libertad-de-los-paras-semana/ https://verdadabierta.com/la-libertad-de-los-paras-semana/#respond Sun, 27 Jul 2014 08:42:16 +0000 En los próximos meses saldrán de la cárcel al menos 15 jefes de las AUC. Las víctimas y los mismos paras tienen miedo de dar ese paso. El Estado tiene que asegurarles la vida a todos. Por Semana. Entre 2003 y 2006 cerca de 30.000 paramilitares se desmovilizaron. Los que han cumplido con los requisitos […]

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En los próximos meses saldrán de la cárcel al menos 15 jefes de las AUC. Las víctimas y los mismos paras tienen miedo de dar ese paso. El Estado tiene que asegurarles la vida a todos. Por Semana.

libertad-paraEntre 2003 y 2006 cerca de 30.000 paramilitares se desmovilizaron. Los que han cumplido con los requisitos del proceso de Justicia y Paz, están a punto de recobrar la libertad. Foto: archivo Semana.Hace unos meses, con ilusión y algo de miedo, salió a las calles de Medellín el primer exparamilitar que transitó por Justicia y Paz. John Jairo Álvarez Manco es un hombre joven, que el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reclutó en Urabá cuando apenas cumplía 16 años. Creció con un fusil al hombro, mató, amenazó, desplazó, secuestró, boleteó y le tocó responder por decenas de delitos. Toda su vida recibió órdenes y ahora sobrevive en el Valle de Aburrá gracias a algunas ayudas gubernamentales. Pero más de una vez ha vuelto a la cárcel de Itagüí. No porque se haya portado mal sino por pedir un plato de comida, una ayuda para la dormida y los gastos.

Como Álvarez, en los próximos meses 161 desmovilizados de las AUC van a recobrar uno a uno su libertad, al cumplir sus ocho años de pena alternativa, si los magistrados de Justicia y Paz consideran que han contribuido suficientemente a la verdad y la reparación de las víctimas y a la entrega de bienes, entre otras condiciones. Algo que demasiadas veces se cumplió a medias, en un proceso que terminó siendo tortuoso, incompleto y eterno. Sin embargo, una vez libres, los exparas deberán continuar probando, por un periodo que depende del estado de sus procesos, que van a terminar cumpliendo satisfactoriamente con esos requisitos. El de ahora, si se quiere, es un examen parcial. Para que la pena alternativa quede en firme, aún deberán pasar el final.

Según explicó un funcionario judicial, “se van a examinar los requerimientos, pero si ya pasaron por todas las etapas de Justicia y Paz, en general cumplen con los requisitos y van a salir”. Pues como dijo el fiscal Eduardo Montealegre “el Estado no puede hacerle ‘conejo’ a los paramilitares”.

La salida de los paras a la calle le plantea serios retos al Estado colombiano. Las Farc desde La Habana tendrán un ojo pendiente de la suerte que corran sus antiguos enemigos. La credibilidad del gobierno estará en juego. Y, si se llega a un pacto de fin del conflicto con las guerrillas, es obvio que cómo se configure el posconflicto y la construcción de la paz en el país va a depender, en parte, de la suerte que corran y el papel que jueguen rasos, mandos medios y pesos pesados del paramilitarismo como Ernesto Baez, Julián Bolívar, el Alemán, Diego Vecino, Pirata, Juancho Prada, Guillermo Torres, Juancho Dique, Mono Leche, Ramón Isaza, o el Pájaro.

Las preocupaciones de los paras
Si se miran las cosas desde el punto de vista de los propios exparas, dos preguntas rondan en los pabellones de Justicia y Paz en las cárceles: “¿Y ahora, qué va ser de mí?” y “¿Cuánto iré a durar afuera?”. Para todos, la gran preocupación es, de lejos, la seguridad. Saben que afuera muchos no los esperan con los brazos abiertos: parapolíticos, uniformados, narcotraficantes, excompañeros y un largo etcétera de cómplices del paramilitarismo.

Como dijo uno de los desmovilizados más poderosos de las AUC, que habló con la condición de guardar su anonimato: “El peligro es con los militares, la Policía, el DAS, la Sijín, todos los que participaron en homicidios con nosotros. El Estado nos usó, mencionamos a coroneles que ahora son generales, empresarios que nos dieron plata. Hoy son nuestros enemigos”.

Con las confesionesde Justicia y Paz, la Fiscalía compulsó 14.202 copias a jueces ordinarios para que investigaran, pero el paquidérmico sistema judicial solo actuó en los casos más grandes. En los pueblos donde muchos piensan volver siguen a menudo el policía, el registrador, el notario, el personero que fueron sus cómplices y ellos, en algunos casos, denunciaron.

Según dijo Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, que comandó 1.700 hombres del Bloque Centauros en los Llanos, “el Estado hasta el momento no nos ha indicado cuales son las garantías para nuestra seguridad”. Un abogado que conoce el proceso, reveló que “desconfían en el esquema de seguridad que les pueda ofrecer el Estado, pues lo ven como un actor del conflicto”.

Que el Estado logre garantizarles un retorno seguro a la vida civil es esencial. El asesinato de un desmovilizado de Justicia y Paz puede tener un impacto muy negativo en los diálogos de La Habana, donde las Farc encaran con comprensible incertidumbresu eventual futuro en la legalidad.

“La única alternativa sería contratar seguridad privada, pero muy pocos pueden pagar eso y es ilegal”, dijo el mismo expara, expresando algo que comparten algunos de sus compañeros.

Entre algunos expertos hay otros temores. Hay quienes no descartan que las denominadas bandas criminales puedan atentar contra algunos desmovilizados para impulsar el rearme. Otros señalan que se han presentado casos en los que exparamilitares son extorsionados bajo la modalidad: “Me da plata o digo que me está reclutando y se acaban todos sus beneficios”. Si se prueba que han vuelto a delinquir o, al final del proceso, si no cumplen con los requisitos, los desmovilizados podrían perder su pena alternativa de cinco a ocho años y enfrentarían condenas de 40 o 50 años.

Víctimas: entre miedo y perdón
En Colombia hay millones de víctimas de las AUC y la pesadilla de cruzarse con sus victimarios es real.

Un líder de víctimas en los Montes de María, una de las regiones más golpeadas por la barbarie paramilitar dijo que “ellos no merecen salir porque no han dicho el ciento por ciento de la verdad. Aquí se acabaron muchas vidas, yo los perdono, pero la mayoría de las víctimas están resentidas. Pero las víctimas no les van a hacer nada, antes ellas son las que les tienen miedo, porque no creen que hayan dejado de ser malos”.

En muchas regiones el conflicto continúa. La MAPP-OEA, que lleva años siguiendo Justicia y Paz, identificó cinco zonas de especial atención: Córdoba – Bajo Cauca, Medellín, Urabá, Magdalena Medio y Cesar. Ahí se cruzan todos los retos de la reconciliación: retorno de exparas, reclamantes de tierras, víctimas, presencia de bandas criminales y, en algunos casos, coca y minería ilegal.

También hay gente como Jenny Castañeda (ver recuadro). Los paras de Ramón Isaza asesinaron a su madre en Puerto Triunfo pero ella dice: “Le apuesto a la paz, soy optimista. Vamos a necesitarlos para que nos entreguen las verdades, todos tenemos que poner de nuestra parte para llegar a un diálogo”.

Los temores de las víctimas son fundados y lo único que puede convencerlas de que las cosas pueden cambiar es no solo que los beneficiarios de Justicia y Paz no vuelvan a las andadas sino que, una vez libres, continúen colaborando y contribuyan a la construcción de la paz en las comunidades que afectaron.

El reto del rearme
Además de la seguridad y de las garantías a las víctimas, el Estado enfrenta el reto de diseñar planes que permitan reintegrar efectivamente a la vida civil a docenas de desmovilizados que en sus pasados judiciales cargan con decenas de delitos horribles y frente a los cuales empresarios y comunidades tienen grandes prevenciones. Un perfil que difícilmente encaja con el mercado laboral.

Algunos piensan trabajar la tierra. Otros probablemente tienen dinero y hectáreas escondidos. Y unos pocos aprovecharon para estudiar.Uber Bánquez, alias Juancho Dique, que aterrorizó los Montes de María, no sabía ni leer ni escribir cuando entregó sus armas. Ahora es agrónomo y está terminando Derecho. Una carrera que 20 postulados estudian, así como hay otros que quieren ser profesores, psicólogos, pastores evangélicos, chefs de cocina y hasta peluqueros.

Pero son una minoría. Casi todos coinciden con lo que dice Pirabán: “Como era de esperarse, no tuvimos una resocialización acorde con nuestra problemática. Venimos del conflicto armado y necesitamos una orientación especializada”.

Algunos se quejan de que la obligación de seguir asistiendo a diligencias judiciales puede ser un obstáculo laboral. “La primera semana el jefe me da permiso para irme, la segunda me mira feo y la tercera ya me dice mijo, quédese por allá”, dice uno de ellos. Por eso, algunos expertos sugieren que el Estado debe pensar en mecanismos para hacer frente a estos inconvenientes.

Todos estos factores atentan contra la posibilidad de que los desmovilizados no se rearmen. Uno de ellos advirtió que “todo puede degenerar, algunos de nosotros podemos reincidir, no nos va a quedar otro camino. En mi región ha habido cinco desmovilizaciones y no pasa nada, los hombres siguen armados. El Estado no está preparado, se improvisa sobre lo improvisado, hay una evasión permanente de su responsabilidad. Recogen los fierros y creen que ya está, con eso hay paz”.

Para María Camila Moreno, directora del ICTJ (Centro Internacional para la Justicia Transicional), “si el Estado no responde de manera eficaz, el riesgo de la reincidencia va a ser muy alto, si no hay opción, se van a ir a las bacrim. Aunque algunas instituciones han hecho el trabajo, la coordinación en estos temas es precaria”. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz indica que 24 por ciento de los desmovilizados de la guerrilla y del paramilitarismo reincide.

Alejandro Éder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, sostiene que su entidad está preparada para la salida de los paramilitares y que, hasta ahora, la tasa de reincidencia en Colombia no es alta. “Que ocho de cada diez desmovilizados hayan permanecido en la legalidad es positivo. A nivel mundial la tasa de reincidencia está alrededor del 30 por ciento y en el sistema penitenciario (colombiano) es del 70 por ciento”, dice.

Añadió que “tenemos una ruta preparada para los que van a salir. Hay componentes similares con los de la mayoría de desmovilizados, solo que va a ser más intensivo. La ACR está preparada para atenderlos, estamos coordinando con diversas entidades desde hace varios meses. De todos modos hay que comprender es que es un proceso muy complejo, tarda muchos años, hay que tener paciencia y perseverancia”.

Es un hecho que las preocupaciones que expresan los paramilitares deben ser encaradas por el Estado. De su respuesta depende en parte cómo afronten las guerrillas su eventual desmovilización. Pero los exparas corren con una importante dosis de responsabilidad. Un verdadero cierre del conflicto demanda que hagan una contribución mucho más contundente de lo que hasta ahora ha sido la norma en Justicia y Paz. Las víctimas esperan mayor verdad, compromisos de fondo en materia de reparación y entrega de bienes y serias garantías de que lo que pasó no volverá a ocurrirles. En una carta que enviaron al alto comisionado de paz y a las Farc, varios jefes desmovilizados se comprometen en esa dirección (ver recuadro).

Todos estos antiguos paras salen a la calle en medio de una trascendental negociación con la guerrilla, un gigantesco proceso de reparación a las víctimas y de restitución de tierras y en medio de un conflicto que aún no termina. Los Isaza, Hasbún, Alemán o Julián Bolívar y sus compañeros pueden terminar convirtiéndose en parte del problema o parte de la solución. Eso depende tanto de qué garantías les dé el Estado para volver a la vida civil, como de su conducta en esa nuevasituación.

La valentía del perdón
Jenny Castañeda es líder de las víctimas de Puerto Triunfo, región asolada por los paras de Ramón Isaza. Los quiere vivos y en libertad para que sigan contando verdades.

“Mi madre era líder de Puerto Triunfo y los paramilitares del bloque Magdalena Medio de Ramón Isaza la mataron el 17 de septiembre de 2001 en la Hacienda Nápoles. Ella solo tenía 37 años, yo 20 y me tocó hacerme cargo de mis dos hermanos, además tenía un bebé recién nacido. La vida me cambió de un solo guarapazo, en mi corazón solo había odio, sed de venganza, yo estaba dispuesta a morir por mi mamá.

Pero se me volteó la torta y Dios me puso a perdonar. Me dio un cáncer y pensé en lo que había hecho. Se me apareció mi madre en un sueño, me dijo que Isaza me iba a buscar para pedirme perdón y que de parte de ella le diera un abrazo, un beso y le dijera que ella ya lo había perdonado.

Acá nadie se atrevía a hablar de este proceso, nadie iba a los tribunales. Yo fui a todo lado, con la foto de mi mamá. Los perseguía, les preguntaba. Lo más duro es pedir perdón y si uno es capaz de perdonar, siente un alivio muy grande, una paz enorme.

Yo perdoné al que asesinó a mi mamá, le miré la cara, los ojos, lo abracé. Después fui con mi abuela y ella también se abrazó con él y dijo que lo perdonaba de corazón.

En Puerto Triunfo los paramilitares vivieron, se criaron, se entrenaron, pero ya se rompió el temor y la gente reclama. Ahora los vamos a necesitar acá, vivos, para que nos entreguen las verdades, acá hay mucha gente que todavía no tiene una tumba para ir a llorar.

Tenemos que poner de nuestra parte las victimas para llegar a un diálogo, si seguimos en la misma guerra nunca va a haber paz ni verdad. Hay que trabajar con víctimas y victimarios, yo le apuesto a la paz al 100 por ciento.

El 7 de enero se hizo el primer evento donde ellos les pidieron perdón a todas sus víctimas. Hicieron unas camándulas y repartieron un disco con vídeos y canciones compuestas por Oliverio Isaza, alias Terror. En la carátula del CD hay una frase muy bonita para todos, víctimas y victimarios: “Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz”.

La carta de los paras
Seis de los principales exjefes paramilitares presos en Colombia apoyan el proceso de paz con las Farc y que se les abran “espacios democráticos” a sus antiguos enemigos.

Seis de los más importantes excomandantes de las AUC presos en la cárcel de Itagüí enviaron al alto gobierno y a las Farc una carta con mensajes políticos de hondo calado.

Dicen que las elecciones dejaron “democráticamente convalidados” los diálogos de La Habana y manifiestan su “voluntad de contribuir con la paz del país”.

La carta la firman Ernesto Báez, Julián Bolívar, el Alemán, Botalón, Raúl Hasbun y el Iguano, que comandaron algunos de los bloques paras más importantes. El año pasado mandaron una primera misiva a Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz. Luego de ello, este los visitó en la cárcel de Itagüí y, producto de esa visita, los antiguos paras le enviaron a él, a Humberto de la Calle y a Iván Márquez este nuevo mensaje a fines de junio.

Declaran “curadas las heridas y extinguidos los sentimientos de venganza” que los enfrentaron a otros actores del conflicto. Repentino mensaje de reconciliación a la guerrilla en el que solo cabe preguntarse con qué ánimo habrá sido recibido en La Habana.

Dicen que respetarán los acuerdos en Cuba “en el entendido de que la apertura de espacios democráticos para quienes fueron nuestros enemigos, es una opción justificada y legitimada por los superiores intereses de la paz”. Toda una paradoja –y una señal– que los más encarnizados enemigos de las Farc respalden su participación en política.

Piden al gobierno que les permita “desarrollar una agenda de trabajo social” con las comunidades y las víctimas. Ofrecen su “concurso” para “intervenir” a las bacrim, indispensable para “erradicar los rezagos de violencia política”. Y se dicen dispuestos a compartir con los demás “exactores” del conflicto iniciativas de paz y reconciliación.

No faltará quien considere esta carta como una muestra de oportunismo de parte de quienes aterrorizaron regiones de Colombia, para ganar estatus político ahora que van a quedar libres. Sin embargo, si se piensa en términos de un eventual final del conflicto con la guerrilla lo que los exjefes paramilitares están diciendo, de hecho, es que quieren ser partícipes del cierre definitivo de la confrontación que desangró al país. Aún les falta mucho en materia de contribución a la verdad y reparación a las víctimas, pero si están hablando en serio van a tener que salir de Itagüí a demostrarlo.

Justicia y Paz en cifras
Nueve años después de ser promulgada, la ley que permitió la desmovilización de los grupos paramilitares arroja estos resultados.

161 exparamilitares ya cumplieron la condena y pueden solicitar su libertad

400.000 horas de testimonios en audiencias de versión libre

77.000 víctimas participaron en el proceso

43.000 delitos confesados

4.000 víctimas desaparecidas exhumadas

Artículo publicado en la revista Semana, edición 1682.

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Víctimas de Farc y Eln, nueva prioridad en Justicia y Paz https://verdadabierta.com/victimas-de-farc-y-eln-nueva-prioridad-en-justicia-y-paz/ https://verdadabierta.com/victimas-de-farc-y-eln-nueva-prioridad-en-justicia-y-paz/#respond Thu, 13 Mar 2014 04:18:00 +0000 En la segunda etapa de aceleración de los procesos de Justicia y Paz, la Fiscalía decidió priorizar los casos, según las víctimas. Para dejar sentadas las afectaciones a las víctimas de las guerrillas, será prioritario esclarecer los más de cien mil delitos que han cometido y sentenciar a los jefes máximos. Después, en las negociaciones, […]

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En la segunda etapa de aceleración de los procesos de Justicia y Paz, la Fiscalía decidió priorizar los casos, según las víctimas. Para dejar sentadas las afectaciones a las víctimas de las guerrillas, será prioritario esclarecer los más de cien mil delitos que han cometido y sentenciar a los jefes máximos. Después, en las negociaciones, se sabrá cómo se ejecutarán esas sentencias. VerdadAbierta.com presenta un gráfico interactivo con la nueva estrategia del ente acusador.

tribunaljusticiaypazprior300Hace varios días la Fiscalía General de la Nación presentó lo que será la segunda etapa del proceso para darle prioridad a algunas audiencias que lleva la Unidad de Justicia y Paz contra los ex paramilitares y ex guerrilleros postulados a los beneficios que les dio la ley de justicia transicional a cambio de que colaboren con la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas y de que no cometan más delitos, ni victimicen más a los colombianos.

La idea de la “priorización” busca acelerar las investigaciones y juicios que se llevan contra los ex combatientes de las autodefensas y la guerrilla.

Lo novedoso de esta segunda etapa es que la prioridad se está fijando no según los jefes y mandos medios postulados por el gobierno a Justicia y Paz, sino que que lo que se está priorizando son los 201.844 delitos cometidos por 14 estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y todos los bloques y frentes de las Farc y el Eln. Así, según la Fiscalía, podrán definir y reconocer las afectaciones sufridas por las víctimas de estos grupos armados.

En el caso de la Farc, ninguno de los comandantes de bloque ha sido postulado a Justicia y Paz, y ni siquiera en La Habana, donde llevan a cabo las negociaciones de paz, se ha acordado entre esta guerrilla y el gobierno Santos si los jefes guerrilleros serán procesados por la justicia transicional. En el caso del Eln, ni siquiera han empezado formalmente las conversaciones de paz.

Así que sin sus confesiones, pero con la participación de algunos de los ex combatientes rasos y mandos medios, la información previa de las autoridades y las denuncias de las víctimas, la Fiscalía espera que las diligencias terminen con sentencias en contra de los máximos jefes guerrilleros de cada grupo incluyendo a varios de los negociadores de La Habana, como ‘Iván Márquez’. La idea es que estas sentencias puedan ser ejecutoriadas o no, según lo que se acuerde en las negociaciones, pero que de todos modos la justicia reconozca las víctimas.

En el caso de los paramilitares, se han priorizado bloques o grupos que no tienen jefes postulados, como el Bloque Metro, cuyo jefe Carlos García, alias ‘Doblecero’ fue asesinado; o jefes de frentes que aún no han sido postulados a Justicia y Paz, como el del Frente Capital, Henry de Jesús López, alias ‘Mi Sangre’, hoy recluido en una cárcel de Argentina por el delito de narcotráfico, y a la espera de que se defina su situación ante una posible extradición a Estados Unidos.

Sumando las de los comandantes guerrilleros y las de los ex paramilitares, la Fiscalía espera que sean 16 las sentencias que salgan de estos procesos, a las cuales se podrán acoger sus subalternos.

En el caso de los grupos de autodefensa, la Fiscalía tuvo en cuenta los bloques que habían desaparecido antes del proceso de desmovilización paramilitar entre los años 2003 y 2006. Entre estos están el Frente Capital y el Bloque Metro.

Aunque anteriormente ya se habían incluido grupos guerrilleros dentro del proceso de Justicia y Paz, como el caso de ‘Martín Sombra’ y ‘Karina’,  esta es la primera vez que la Fiscalía busca esclarecer todos los delitos cometidos por esas organizaciones ilegales que aún siguen delinquiendo. Según el fiscal Leonardo Cabana, de la Unidad de Justicia y Paz, estos juicios contra las Farc permitirán que en las sentencias aparezcan condenados los máximos comandantes de las Farc. Y según si se llegan o no a acuerdos en las negociaciones de paz, y dependiendo del tipo de procedimiento que se pacte para que los victimarios respondan por sus víctimas, estas sentencias se ejecutarán o no en el marco de justicia transicional o en la justicia ordinaria.

Cabana añadió que para documentar todos los casos de la guerrilla el organismo cuenta con una amplia base de datos que ha sido alimentada con los reportes de las autoridades, las versiones de los 520 guerrilleros que se postularon al proceso y los relatos de las víctimas. Esos hechos empezarán a revelarse en agosto, cuando se fijen las fechas de la realización de los juicios.

Los delitos
Los integrantes de las 14 macro-estructuras que empezarán a ser juzgados en el segundo semestre de este año deberán responder por los delitos de homicidio, desplazamiento, desaparición, reclutamiento ilícito, secuestros y violencia basada en género. La Fiscalía le atribuye 3.289 secuestros a las Farc y 1.331 al Eln.

Por otra parte, por primera vez se tendrán en cuenta en los juicios todos los homicidios cometidos por cada organización. En la etapa anterior los asesinatos no eran considerados como uno de los patrones criminales principales a tener en cuenta en cada grupo, junto con desplazamiento o reclutamiento forzado, sino que cada fiscal elegía algunos crímenes de connotación.

Antes, estos hechos eran seleccionados según el criterio del delegado de la Fiscalía de acuerdo a algunos factores, como el impacto del crimen dentro de la comunidad, si la víctima era periodista, indígena o un funcionario de alto rango. Ahora tendrán que reconstruir todos los homicidios de ese bloque o grupo.

Las reconstrucciones
El hecho de darle prioridad a los homicidios dentro de Justicia y Paz tuvo como una de las causas los reclamos de las víctimas. Cabana explicó que priorizaron los asesinatos del Bloque Metro -la estructura con más asesinatos que serán llevados a juicio, 19.958- por la cantidad de familiares de víctimas de este grupo armado que están buscando respuesta sobre el por qué de los crímenes contra sus seres queridos.

El Bloque Metro delinquió en Antioquia entre los años 1997 y 2004, cuando fue asesinado su comandante Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Doble Cero’. Hoy la Fiscalía cuenta con 20 postulados que pertenecieron a ese grupo y se desmovilizaron en otras facciones de las Auc, sus testimonios serán esenciales para saber la verdad sobre los asesinatos, los 3.479 desplazamientos y 1.841 desapariciones cometidas.

El otro grupo que será llevado a Justicia y Paz será el Frente Capital, aunque hizo parte del Bloque Centauros -también incluido en este proceso- la Fiscalía pretende reconstruir las afectaciones causadas por este grupo en la capital del país entre el 2000 y 2004.

El fiscal Cabana indicó que el comandante de este grupo, Henry López Londoño, alias ‘Mi Sangre’, ya comunicó su disposición de participar en el proceso de Justicia y Paz a través de su abogado. Cabana señaló que se espera el avance de las diligencias de extradición para proceder luego a la postulación de López. Este grupo es señalado de cometer 356 homicidios y 109 desapariciones.

De igual forma, entre los nuevos grupos aparece Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, quien será enjuiciado por los delitos cometidos por la ‘Casa Castaño’. Roldán fue jefe de seguridad de Vicente, Carlos y Fidel Castaño desde los años 80. La Fiscalía espera esclarecer los crímenes que ordenaron directamente los Castaño en el Urabá y en distintas zonas del país, como el asesinato de Jaime Garzón y el secuestro de Piedad Córdoba.

Libertad
Un factor que será tenido en cuenta en esta etapa será priorizar los juicios contra aquellos que pueden estar próximos a quedar en libertad, para que así tengan sentencia alternativa antes de que salgan. Así por ejemplo, se priorizó a Jorge Humberto Victoria Oliveros, alias ‘Raúl’, quien en unos meses podrá solicitar su libertad cuando se cumplan los ocho años de estar recluido en prisión, la misma cantidad de tiempo de la pena máxima en Justicia y Paz.

‘Raúl’ será procesado como comandante del Bloque Centauros, la estructura con más postulados en esta etapa de priorización (410) y a la que se le atribuyen 17.232 delitos ocurridos en Meta, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Guaviare, Cundinamarca y Bogotá.

Cabana advirtió que aún falta conocer la decisión que tome el tribunal o la Corte al respecto, pues al igual que Victoria, otros postulados podrían recobrar su libertad pero presentarse a los juicios bajo condiciones especiales, como el seguimiento a través del brazalete electrónico. Otra posibilidad es que la justicia determine que siga recluido en prisión hasta que se dicte una sentencia.

El reto ahora para la Fiscalía, y la justicia en general, es que al ampliar el número de casos priorizados, y la gama de delitos, no se vuelva a la situación anterior que hacía prever que los procesos irían a tomar casi un centenar de años; y en cambio sí se consiga responderle mejor a la mayor cantidad de víctimas posible.

 

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“Estamos intentando desatascar los procesos”: Hinestrosa https://verdadabierta.com/estamos-intentando-desatascar-los-procesos-hinestrosa/ https://verdadabierta.com/estamos-intentando-desatascar-los-procesos-hinestrosa/#respond Fri, 31 Jan 2014 17:43:17 +0000 En entrevista con VerdadAbierta.com, el jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía dijo, entre muchos temas, que aun cuando ‘Juancho Prada’ y otros 71 paramilitares quedarán libres antes de junio,  aún sin condena, tendrán que seguir colaborando con la justicia o perderán sus beneficios.Por Daniel Suárez Pérez de VerdadAbierta.com Foto: Archivo […]

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En entrevista con VerdadAbierta.com, el jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía dijo, entre muchos temas, que aun cuando ‘Juancho Prada’ y otros 71 paramilitares quedarán libres antes de junio,  aún sin condena, tendrán que seguir colaborando con la justicia o perderán sus beneficios.
Por Daniel Suárez Pérez de VerdadAbierta.com

hinestrosaFoto: Archivo SemanaEl 2014 es un año decisivo para el proceso de Justicia y Paz: 400 ex paramilitares y guerrilleros postulados al proceso de Justicia y Paz van a salir en libertad luego de haber cumplido ocho años en la cárcel. Ocho años es la máxima pena alternativa que les puede imponer la justicia, si determina que han contribuido con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y no han vuelto a delinquir.

Para acelerar los procesos que venían avanzando tan lento que estaban perdiendo su carácter de justicia transicional, se reformó la ley, permitiéndole a la Fiscalía establecer grandes patrones de criminalidad y de victimización, y con estos como guía, investigar casos prioritarios de los que tuvieran la mayor responsabilidad de las atrocidades cometidas. Ya no se va como había ordenado la Corte Suprema de Justicia en fallos anteriores, esclareciendo y juzgando cada uno de los más de 30.000 crímenes documentados, sino se establece cómo se dio un tipo de delito, cuáles fueron las víctimas y cómo se afectaron, con varios ejemplos, y con ello se puede dictar sentencia.

Bajo la orientación del fiscal general, Eduardo Montealegre, y la dirección de Juan Pablo Hinestrosa, coordinador de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, la entidad reorganizó sus prioridades y estableció 16 macro-procesos de jefes paramilitares y guerrilleros, que develaran la verdad del bloque o frente que condujeran, establecieran las tipologías de crimen, documentando varios casos concretos en cada tipo, y reconocieran a las víctimas. (Ver nota sobre cómo va el proceso de priorización)

En estos procesos han venido avanzando los fiscales y magistrados de Justicia y Paz, con la idea de que, una vez sentencien a los jefes, sus subalternos se podrán acoger a esas sentencias, y así se podrá acelerar el proceso. La meta de la Fiscalía es obtener sentencias para mitad de año, antes de que salgan libres una buena parte de los postulados.

Esta ambiciosa meta ha despertado  inquietudes e interrogantes, tanto entre las víctimas como entre los postulados.  VerdadAbierta.com entrevistó a Hinestrosa para que respondiera muchas de estas dudas y explicara en detalle cómo se están llevando los procesos, qué errores del pasado se están tratando de corregir, qué pasará con los postulados que salgan libre y  cómo van a acoger a víctimas que la justicia conozca después de dictar sentencias.

El jefe de la Unidad también contó lo que está haciendo la Fiscalía para juzgar a posibles cómplices denunciados en Justicia y Paz porque se lucraron con el paramilitarismo y que están impunes;  y explicó cómo los aprendizajes del pasado sirven para encarar un posible proceso de justicia transicional con las guerrillas de las Farc y Eln, si estas firman la paz.

VerdadAbierta.com: Unos 400 postulados a Justicia y Paz recobrarán su libertad este año ¿por qué esa gran cantidad de desmovilizados saldrán de la cárcel? ¿En qué condiciones quedarían libres?
Juan Pablo Hinestrosa:
Primero hay que tener en cuenta que ya John Jairo Álvarez Manco recuperó su libertad en Medellín. Eso es porque se aplica la ley 1592, la 975 y el decreto 3011. Sencilla y llanamente este es un proceso de justicia transicional donde habían unas reglas del juego, y las reglas era que eran ocho años, y se está cumpliendo ese tiempo. Eso es lo que está pasando.

V.A.: ¿Y cuál es la situación actual de John Jairo Álvarez Manco?
 J.P.H: En este momento le están suspendiendo todas las órdenes de captura que tiene. Por eso no ha quedado en libertad, en cualquier momento queda libre.

V.A.: ¿Cómo van a recobrar la libertad los otros 400, lo harán en diciembre de este año o será en el transcurso del año?
J.P.H: Se cuenta desde la fecha de su postulación. Sin embargo el decreto 3011, que salió ahorita en diciembre y que fue el que le aplicaron al ‘Manco’ dice que para aquellos que estuvieran detenidos con anterioridad a su fecha de desmovilización, se les computa con el tiempo que estuvieron pagando cárcel. Esos son sólo 34. El único que es importante en estructura de poder es ‘Juancho Prada’. De resto, 71 quedan libres en junio, y de ahí para allá los cerca de 400 hasta diciembre.

V.A.: ¿Qué va a pasar después de que ellos estén en libertad? ¿Por qué la preocupación de la Fiscalía de que ellos queden libres?
JPH: La preocupación es porque lo ideal es que salgan con sentencia.

V.A.: ¿Y qué pasaría si ellos están fuera de la cárcel esperando la sentencia?¿Hay algo de justicia que se pierde? 
J.P.H.: No necesariamente, pero creo que era una expectativa legítima que pagaran los años a los que fueron condenados; lo ideal era que se tuvieran las sentencias. No se pudo y por eso hicimos el plan de priorización. Yo creo que en este momento estamos en el primer set del partido de tenis. No es que nosotros tengamos un duelo con la magistratura ni nada de eso, si no que sencillamente la ley cambió. Con la ley 1592, que da cuenta del atasco que había, se decidió no ir hecho por hecho, si no por patrones de macro-victimización y macro-criminalidad, y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros.

V.A.: ¿Por qué hubo tensiones en la audiencia del caso de Ramón Isaza entre fiscal y magistrada? (Ver nota Magistrados frenan la carrera de la Fiscalía en Justicia y Paz)

J.P.H: Desafortunadamente la audiencia del fiscal Gordillo tocó readecuarla porque fue pedida antes de la vigencia del decreto 3011. Él tenía que readecuar su presentación a los requisitos del 3011, y eso fue lo que le pidió la Sala.

Por la suspensión, quedó la argumentación de la magistratura, pero no la contra-argumentación de la Fiscalía. Nosotros tenemos nuestra contra-argumentación. 

En otras partes estamos avanzando sin problema. La audiencia ante el Tribunal de Barranquilla del postulado Hernán Giraldo, ex jefe paramilitar del Magdalena ya se va a acabar. Allá estamos hablando de patrones de macro-criminalidad y macro-victimización en la audiencia concentrada. 

La audiencia del Bloque Central Bolívar (BCB) arranca el lunes, entonces miremos cómo nos va a ir con el BCB. ‘HH’ arranca en 20 días. Ya cuando todos los fiscales estén planteando los argumentos al tiempo, y la Sala se dé cuenta que es una posición uniforme y constante de la Fiscalía, creo que el escenario de pronto puede cambiar, o sencillamente nuestra contra-argumentación vendrá.

V.A.: ¿No cree que ustedes tienen una visión y la magistratura tiene otra?
J.P.H: Los argumentos de los magistrados son muy válidos, muy respetables, pero la ley la 1592 buscó destrabar estos procesos. Mire los trabajos preparatorios, las actas del Congreso, la intención del Ministerio de Justicia, del gobierno, fue decir: mire, no podemos seguir con el hecho a hecho.

Ustedes que han acompañado el proceso de Justicia y Paz saben que Baltazar Garzón, la OEA, hicieron  una evaluación y dijeron  si seguimos  con el hecho por hecho  se demoran más de 400 años en evacuar Justicia y Paz. Entonces tocaba plantear una fórmula, que no es improvisada; así es como trabaja la Corte Penal Internacional,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque con víctimas masivas y hechos masivos no se puede ir uno a la minucia del hecho porque así no acaba nunca; de ahí, la figura de los patrones de macro-criminalidad.

Ese es el debate que vamos a plantear  ante la magistratura, no es una pelea, sencillamente son posiciones ideológicas. Pero ese  mismo debate nos lo dimos ante los Magistrados de Control de Garantías (primera etapa de los juicios en Justicia y Paz y que es anterior a las audiencias concentradas. Ver gráfico “Así va la priorización en Justicia y Paz”).

De pronto hay que cambiar un poco la visión, porque hay que tener en cuenta que la ley cambió. Este proceso está muy ‘bogotano-centralizado’, sólo se mira lo que pasa en Bogotá,  pero, por ejemplo,  ese debate fue muy fuerte en Bucaramanga y la magistratura al final accedió.

V.A.: ¿Esa meta de llegar a las sentencias de los 16 casos priorizados que hay para junio puede ser posible?
J.P.H: Estamos esperando que pueda ser posible; que se pueda hacer un trabajo mancomunado. Entendemos que las agendas de los magistrados son muy complicadas. Barranquilla, por ejemplo, nos está colaborando al 100 por ciento. En Bogotá entendemos que es el Tribunal más ocupado, pero estamos dispuestos a trabajar mancomunadamente en la medida en que ellos nos lo permitan. Tenemos la mano tendida. Donde nos pidan que les colaboremos, les colaboramos, no es Fiscalía versus Tribunal.

V.A.: Las víctimas señalan que en esa reestructuración de los procesos se acortó el tiempo que dura la etapa del incidente de identificación de afectaciones causadas a las víctimas y al mismo tiempo se les redujo su participación en Justicia y Paz. ¿No es esto preocupante?
J.P.H.:
Esa es la misma metodología que se aplica en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que sopesar. ¿Qué hace la Corte Interamericana? Escoge ciertas personas que van a intervenir, procura lograr consensos de quiénes van a intervenir. Eso mismo se tiene que procurar aquí. La experiencia internacional nos muestra que es imposible que 50 mil víctimas hablen en un proceso, que se tienen que escoger casos representativos… hay que agrupar. Porque del hecho al hecho no vamos a salir ni en 400 años. Entonces hay que aplicar nuevas metodologías que en ningún momento impliquen sacrificar la verdad y la justicia, sino obtenerlas de otra forma.

V.A.: Sumado a la preocupación que se tiene en la Fiscalía de que no tengan sentencia, también las víctimas tienen inquietudes sobre lo que pasa después de que los postulados queden libres…
J.P.H.: Esa parte ya no depende de nosotros. Eso es más de la Agencia Colombiana para la Reintegración, sé que ellos están haciendo cosas. Pero también quiero aclarar que no es que automáticamente queden en libertad, porque hay otros requisitos: buen comportamiento, que no hayan intentado fugarse de la cárcel, que hayan contribuido a la verdad, que hayan asistido a las audiencias y otro que es más esencial, que hayan contribuido a la reparación con sus bienes.

V.A.: Y si ya en libertad, con su pena máxima de ocho años cumplida en la justicia transicional, aparece la sentencia ¿qué les puede pasar a los postulados?
J.P.H.: Eso queda a criterio del magistrado de control de garantías de Justicia y Paz. Yo creo que más que el tiempo, es por ejemplo si no ha contribuido a la verdad, es que vaya a las audiencias, ayude a esclarecer y ya después pida su libertad.

V.A.: Hay delitos que quedaron como en el limbo. Por ejemplo, el del narcotráfico que no se ha incluido en los procesos de Justicia y Paz, pero hay postulados que han sido extraditados a Estados Unidos por ese delito…
J.P.H.: Ese es un debate grandísimo que ha circulado todo Justicia y Paz. Si el narcotráfico hace parte o no. Hay dos posturas, hay una que dice que no, sobre todo el Tribunal de Bogotá, y otra que dice que haría parte con ocasión de dar ingresos a la actividad paramilitar. Pero eso se tiene que probar. Aquí hemos pedido las exclusiones de algunos postulados que eran netamente narcotraficantes; inclusive se han excluido estructuras que eran sólo narcotraficantes. Es el debate que nos va a dar la Corte Suprema. Sobre todo porque eso se planteó en el caso del ‘Mellizo’ Mejía Múnera, cuando salga esa decisión, yo sabré qué directiva tengo que tomar.

V.A.: El temor de los postulados es que pasen esos ocho años de Justicia y Paz y que después sea la justicia ordinaria la que los juzgue por delitos no contemplados en Justicia y Paz…
JPH.: Por eso le digo, ese tema nos lo va a definir el caso del ‘Mellizo’ Múnera. Está pendiente, en cualquier momento, apenas la Corte lo disponga.

VA: Tomando los casos de violencia de género, en los que la documentación y las averiguaciones son relativamente recientes, uno podría pensar que después de junio más víctimas de postulados sentenciados aparezcan. Si llegan después de una sentencia, ¿qué pasará?
JPH: Se pueden abrir otros procesos. El patrón de macro-criminalidad no esclarece totalmente pero es un intento de evacuar algo que estaba totalmente estancando. No quiere decir que si se acaba la priorización se acaba Justicia y Paz.

Uno de los requisitos de Justicia y Paz es que ellos una vez estén en libertad sigan colaborando con el proceso.

VA: ¿Los postulados tendrían que volver a la cárcel?
JPH: No, siguen colaborando con todo. Ahora esperemos que ellos sigan compareciendo, que ellos no se vayan a perder, a esfumar, aunque esa es más responsabilidad del Inpec que de la Fiscalía.

V.A.: Ustedes han dicho que este proceso de Justicia y Paz es una base para un eventual proceso con la guerrilla. ¿Cómo sería?
JPH: El decreto 016 de 2014 y los decretos de Reforma de la Fiscalía establecen que a la dirección especializada de Justicia Transicional le corresponderá el Marco Jurídico para la Paz. Lo que quiere decir que si hay algo que fructifique el Marco Jurídico para la Paz, vendrá para acá.

V.A.: ¿Qué balance deja el proceso con los paramilitares para los posibles futuros procesos de justicia transicional con las guerrillas?
JPH: Hay que aprender de los errores. No fuimos perfectos, pero tampoco esto es un total fracaso. Es algo muy complicado de llevar y por eso estamos replanteando el tema. Por ejemplo aprendimos que la reparación judicial cuando han sido violaciones masivas, graves y sistemáticas es muy difícil de dar. Entonces nos ha tocado aprender de nuestros errores. Lo cual quiere decir que muy probablemente si hay un proceso de paz con las Farc, podríamos manejar las cosas en forma distinta porque ya estamos preparados. Segundo, una cosa es Justicia Transicional dentro del conflicto, en el caso paramilitar, y otra cosa es Justicia Transicional como objetivo para finalizar un conflicto. De tal manera que yo creo que en el caso de las Farc el tema fluirá con mayor prontitud y celeridad.

V.A.: Al definir las grandes líneas de criminalidad, dejaron por fuera los delitos que hicieron ricos a los paramilitares y a muchos de sus cómplices que aún no se conocen, como el robo de las propiedades de las personas, hurto de combustible, el narcotráfico… ¿hay grandes verdades que no se han contado y quizás no se vayan a contar?
JPH:
Eso está siendo en este momento parte del contexto y la magistratura lo tiene en este momento. Precisamente el proceso de Ramón Isaza empezó con el hurto de los hidrocarburos. De tal manera que eso ya está ventilado en la magistratura, va a quedar en las sentencias, pero para que quede totalmente evacuado sería en una segunda o tercera etapa de una priorización. Nosotros vamos evacuando delitos y así vamos abarcando cuestiones.

Esto ha sido ventilado durante ocho años, ahora se está poniendo presente ante la magistratura, no sólo hurto de hidrocarburos, minería ilegal, contratación también.

V.A.: Muchos cómplices (empresarios, contratistas, banqueros, alcaldes, etc.) están impunes porque cuando mencionan en procesos de Justicia y Paz se le pide a la propia Fiscalía que investigue, o la Procuraduría, cuando son funcionarios públicos (lo que se llama compulsa de copias), pero eso no avanza…
JPH: Ese tema está un poco atascado, pero es esta administración la que ha hecho un replanteamiento. El señor Fiscal ha planteado soluciones y ya creó un Grupo Especial de Compulsa de Copias. En la medida en que esta reestructuración esté avanzando, Justicia y Paz podrá ser un engranaje para las otras unidades dentro de la Fiscalía. La priorización que en algún momento estuvo sólo en Justicia y Paz, ese fue el primer laboratorio, ya quedó vigente para toda la Fiscalía.

VA: ¿Y cuál diría usted que es el gran logro de este proceso de Justicia Transicional?
JPH: Tener sentencias y tener un plan de priorización. Hemos recibido muchas críticas, pero yo creo que se hizo en un año lo que no se había alcanzado hacer en ocho. Yo creo que es una demostración que esa ley 1592, que nos cambió la ruta de navegación.Estamos llevando más de 30 mil hechos, más de 30 mil víctimas. Esa es una labor loable.

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De manera masiva, ex paramilitares piden libertad https://verdadabierta.com/de-manera-masiva-ex-paramilitares-piden-libertad/ https://verdadabierta.com/de-manera-masiva-ex-paramilitares-piden-libertad/#respond Sat, 28 Sep 2013 15:51:12 +0000 Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá aclaró que la pena de cárcel cuenta desde que fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz y no desde cuando se desmovilizaron. Al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá llegó en las últimas semanas una oleada de solicitudes de libertad de ex paramilitares que argumentan […]

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Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá aclaró que la pena de cárcel cuenta desde que fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz y no desde cuando se desmovilizaron.

notaparas

Al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá llegó en las últimas semanas una oleada de solicitudes de libertad de ex paramilitares que argumentan que ya cumplieron ocho años de cárcel, el máximo tiempo de condena que van a recibir quienes siguen su proceso en la justicia transicional, y reclamaron la excarcelación.

Entre los solicitantes hay ex integrantes de los bloques Calima, Centauros, Cundinamarca y Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). La mayoría de estos postulados ya habían sido capturados y estaban recluidos en diversas cárceles del país al momento de la desmovilización. Algunos de ellos llevan más de diez años privados de la libertad.

Los desmovilizados aseguraron en sus mensajes al Alto Tribunal que han colaborado con el componente de verdad porque han asistido a las versiones libres y audiencias programadas; además, insistieron en que los bloques a los que pertenecieron entregaron bienes para reparar a las víctimas.

Sin embargo, los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá negaron estas solicitudes argumentando que no basta con haber permanecido los últimos ocho años en la cárcel, pues según las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, la pena contará desde el momento en que fueron postulados a la Ley.

Al respecto, los fiscales que llevan los procesos de los ex paramilitares expusieron que los solicitantes no han accedido a la pena alternativa porque en ninguno de los casos existe una condena dentro del proceso de Justicia y Paz.

A continuación VerdadAbierta.com presenta una descripción de las peticiones de libertad de los respectivos bloques a los que pertenecieron los ex paramilitares solicitantes.

Bloque Calima
Un grupo de 26 ex miembros de esta facción de las Auc acudieron a los tribunales de Justicia y Paz para solicitar su libertad por vencimiento de términos, la mayoría de ellos se desmovilizaron con el bloque el 18 de diciembre de 2004; no obstante, otros estaban presos desde 2001. Los que se encontraban en cárceles antes de la dejación de armas aseguraron haberse acogido a la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, para tener una rebaja en sus condenas; los demás afirmaron acogerse a esa norma para ayudar al esclarecimiento de los hechos perpetrados en el desarrollo del conflicto armado.

Aunque el Bloque Calima se desmovilizó en 2004, estos ex paramilitares fueron postulados en 2009 y algunos en 2010. La demora se presentó porque en, un primer momento, el jefe del grupo paramilitar, Ever Veloza García, alias ‘HH’, no los reconoció.

La defensa de los postulados argumentó que la mayoría de ellos llevan recluidos más de ocho años y que lo único que ha cambiado desde que se acogieron a la Ley es el cambio de patio; también aseguraron no es culpa de los postulados la demora por parte del Estado en la postulación a la Ley de Justicia y Paz. Con estos conceptos solicitaron que les sea reconocido todo el tiempo que llevan recluidos en la cárcel.

Por su parte la Fiscalía aclaró que la no identificación de los postulados por parte alias ‘HH’ no fue culpa ni de la justicia ni de los magistrados, por tanto se deben acoger a la fecha de postulación y continuar con el proceso. “El proceso no se puede definir a las carreras para la dimensión del conflicto que ustedes propiciaron, el proceso debe ir paso a paso”, aseguró una de las fiscales que está al frente de este caso.

La magistratura negó la solicitud con base en las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justica, donde se afirma que los ocho años que se establecen como pena máxima se cuenta a partir de la fecha de postulación, es decir los desmovilizados podrán pedir su libertar hasta el 2016 o 2017.

Bloque Centauros
Tres ex paramilitares del Bloque Centauros presentaron ante los magistrados de Justicia y Paz solicitud de Libertad provisional, atendiendo al cumplimiento de la pena mínima estipulada en la Ley de Justicia y Paz y que corresponde a la de cinco años.

La desmovilización de los tres postulados se presentó en fechas diferentes a la de 2004, fecha en la que se desmovilizó todo el Bloque; sin embargo, su postulación se presentó en 2007, situación que la defensa y los postulados rechazaron al reclamar que es negligencia del Estado no agilizar el proceso de incorporación a los centros carcelarios.

La magistrada argumentó que por parte de la defensa de los postulados existe un error de interpretación de la Ley de Justicia y Paz, pues en ninguno de sus capítulos se tiene contemplada la figura de la libertad provisional, es decir en Justica y Paz no es posible hacer esas solicitudes.

Bloque Tolima
Siete ex paramilitares que se encuentran recluidos en la cárcel de Picaleña y del Espinal presentaron solicitud de libertad a los magistrados de Justicia y Paz en razón de haber cumplido ya ocho años en un centro carcelario y teniendo en cuenta una solicitud de libertad hecha por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que favorecería a quienes habían cumplido la pena, con el fin de ponerle fin al hacinamiento en ambos centros carcelarios.

La solicitud incluyó a los ex paramilitares, aspecto que la magistratura rechazó y la calificó de errónea ya que a los postulados se les cuentan los años desde que son postulados a Justicia y Paz y no desde la fecha de desmovilización, es decir aún la pena mínima que contempla la Ley de Justicia y Paz no está cumplida.

La desmovilización de los postulados solicitantes se presentó el 22 de octubre de 2005 y fueron postulados a la ley de Justicia y paz entre el 2006 y el 2007. Es decir, el año más cercano para presentar la petición de libertad será en el 2014. Razón por la cual la decisión fue negar la solicitud realizada por los postulados.

Bloque Cundinamarca
Encabezados por Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘El Águila’, ex jefe del bloque, un grupo de ex paramilitares solicitó sustitución de medida de aseguramiento manifestando haber cumplido lo dispuesto en la Ley de Justicia y Paz en cuanto a cumplimiento del tiempo y a la resocialización.

Los postulados se desmovilizaron junto con todo el grupo Cundinamarca el 8 de diciembre de 2004 y dos semanas después fueron trasladados a la zona de concentración de Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba, donde permanecieron dos años y luego fueron trasladados a la cárcel Picota de Bogotá.

La defensa de los postulados argumentó que sus apoderados habían cumplido los ocho años que la Ley estipula como condena máxima en 2012 y que los postulados estaban colaborando conla verdad y la reparación a las víctimas.

Por su parte, la magistratura señaló que dentro de la Ley de Justicia y Paz no se estipuló ningún artículo que estableciera que los años que pasaron los desmovilizados en las zonas de concentración se les sumarían a la pena alternativa; además, fue enfática en señalar que la postulación a Justica y Paz de los ex paramilitares se dio entre los años 2006 y el 2007, razón por la cual aún no han cumplido con la pena máxima de ocho años.

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Así será la priorización de Farc y Auc en Justicia y Paz https://verdadabierta.com/icomo-se-aplica-la-priorizacion-en-justicia-y-paz/ https://verdadabierta.com/icomo-se-aplica-la-priorizacion-en-justicia-y-paz/#respond Thu, 23 May 2013 14:00:00 +0000 Para agilizar los procesos judiciales la Fiscalía le dará prioridad a las 16 jefes de los Bloques paramilitares y guerrilleros y a los crímenes de mayor impacto.       La Fiscalía se enfocará en documentar el accionar criminal de 16 postulados a la Ley de Justicia y Paz. Foto: Semana.– Salvavidas a la Ley de […]

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Para agilizar los procesos judiciales la Fiscalía le dará prioridad a las 16 jefes de los Bloques paramilitares y guerrilleros y a los crímenes de mayor impacto.   

  

La Fiscalía se enfocará en documentar el accionar criminal de 16 postulados a la Ley de Justicia y Paz. Foto: Semana.

Salvavidas a la Ley de Justicia y Paz
Condena de ‘HH’, prioridad en Justicia y Paz

 

La Fiscalía implementó la metodología de la priorización para agilizar los procesos de los más de 4.700 ‘paras’ y guerrilleros que estás postulados a la Ley de Justicia y Paz, pues luego de ocho de años de sancionada esta ley la Corte Suprema solo ha proferido 14 sentencias.

Para llevar a cabo esta estrategia la Fiscalía eligió a 16 desmovilizados, 13 ex paramilitares y tres ex guerrilleros, que fueron la cabezas de los grupos ilegales. La entidad conformó equipos de trabajo entre los fiscales que documentan los Bloques para que en conjunto se encarguen de sacar la sentencia del priorizado. Por ejemplo los cuatro fiscales que documentan el Bloque Norte trabajan en conjunto para agilizar la sentencia de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, ex jefe de este Bloque (Ver Plan de la Acción de los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz).

Cada uno de estos grupos de trabajo cuenta con un fiscal líder que es quien al final se encargará de presentar los hechos en la audiencia concentrada, donde se legalizan y formular los casos para cada postulado y que es previa a la sentencia. La idea es que apoyados en la investigaciones de cada uno de los fiscales se logré documentar la mayor cantidad de delitos cometidos por cada Bloque paramilitar y frente guerrillero(Ver directiva de la Fiscalía).

A diferencia del trabajo que se venía realizando previamente, los fiscales que investigan estructuras de un mismo Bloque trabajarán en conjunto y crearán los denominados parámetros de macro-criminalidad, que permiten reconstruir las estrategias del grupo armado, sus dinámicas locales, aspectos logísticos, modus operandi, entre otros. Sin embargo, los fiscales deberán seguir avanzando con los procesos de los postulados que no sean priorizados. 

En el proceso de documentación también se le dará prelación a los crímenes de alto impacto y para ello se tienen en cuenta el número de víctimas, la gravedad del hecho, la relevancia que tuvo en la región y si en ellos participó un gran número de desmovilizados. Los crímenes priorizados dependen de la forma en que delinquió cada Bloque, pero en general se tendrán en cuenta el desplazamiento y la desaparición forzada, el reclutamiento de menores, el secuestro y la violencia basada en género.  

Esta nueva estrategia se está aplicado desde las  versiones libres, que es el espacio en el que los ex paramilitares y ex guerrilleros confiesan los delitos cometidos ante la Fiscalía. Estas versiones se están organizando de manera conjunta entre varios miembros del Bloque enfocándose en los delitos de alto impacto y el jefe del Bloque aceptará  los cargos por línea de mando.

En la audiencia concentrada ante lo magistrados de Justicia y Pazlos fiscales deben presentar unos patrones de macro-criminalidad, según lo estableció la reforma a la Ley de Justicia y Paz de 2012, en el que se documente los tipos de crímenes que cometió el Bloque paramilitar, el contexto y la causas.

La idea es que una vez estén en firme las sentencias de los desmovilizados priorizados, que se llamaran sentencia-marco, los demás postulados podrán acogerse a sentencia anticipada y no es necesario empezar un nuevo proceso.

Esta estrategia de priorización  beneficiaría también a los procesos de los ex paramilitares que ya tienen condena, pues en la mayoría de los casos esas sentencia proferidas por la Corte Suprema son parciales y no han recopilado todos los delitos de los desmovilizados. Por ejemplo la sentencia de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, solo se refiere a los casos de reclutamiento de menores.

La priorización había sido recomendada anteriormente por organizamos observadores del proceso de Justicia y Paz como la Mapp-OEA. Pero fue posible solo después de la aprobación del marco jurídico para la paz y la reforma a la Ley de Justicia y Paz que fue sancionada en diciembre de 1012.

¿Quiénes son los priorizados?
La Fiscalía eligió a los postulados que iban a ser priorizados teniendo en cuenta importancia que estos tuvieron dentro del grupo armado, pues al ser cabeza de la organización tendría culpabilidad por el mayor número de delitos por línea de mando.

Los postulados son:

Salvatore Mancuso: Este es tal vez el más importante dentro de los priorizados no sólo porque tiene más de 45.000 casos de desplazamiento y 10.000 de desapariciones forzadas, sino porque dirigió el Bloque Catatumbo, el Bloque Norte e hizo parte de la Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu. De manera que delinquió en ocho departamentos donde estuvieron 272 de los postulados a la ley de Justicia y Paz que podrían acogerse anticipadamente a  su sentencia, incluso jefes de frentes como Jorge Iván Laverde Zapata alias ‘El Iguano’ y Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, que tienen sentencia parcial, es decir que no han sido juzgados por la totalidad de sus delitos. Actualmente está extraditado en Estados Unidos por narcotráfico.

Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’: Fue el jefe paramilitar del Bloque Norte, luego de que Salvatore Mancuso lo dejará encargado en 1999.  Esta fue una de las más grandes estructuras paramilitares de la que se desmovilizaron más de 4.700 paramilitares y 171 de ellos están actualmente postulados a la Ley de Justicia y Paz. ‘Jorge 40’ está extraditado en Estados Unidos por narcotráfico.

– Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’: Este fue el jefe del Bloque Central Bolívar, que delinquió en ocho departamentos del país y desmovilizó a más de 7.600 hombres, 364 de ellos postulados actuamente a la Ley de Justicia y Paz que podrían acogerse anticipadamente a a la sentencia de ‘Macaco’. Para este caso los fiscales se respaldarán en las investigaciones de Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’,  otro de los líderes de este Bloque. Actualmente está extraditado en Estados Unidos por narcotráfico.

– Hebert Veloza García alias ‘HH’: Su importancia recae en que fue el jefe paramilitar del Bloque Bananeros y del Bloque Calima, posteriormente. Hasta el momento ya confesó 34 del los crímenes priorizados en las versiones libres del Calima. En el caso del Bloque Bananeros los fiscales se apoyarán también el las investigaciones de Pedro Hasbún alias ‘Pedro Bonito’. Actualmente está extraditado en Estados Unidos por narcotráfico.

Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’: dirigió el Bloque Élmer Cárdenas que delinquió en el norte de Urabá y  se desmovilizó con más de 1500 hombres. En Justicia y Paz se reportan más de 28.000 víctimas que fueron desplazadas por este bloque en Antioquía, Chocó, Córdoba y Cundinamarca. ‘El Alemán’ ya tiene una sentencia parcial por reclutamiento de menores. 

Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco Vanoy’: Estuvo al mando del Bloque Mineros que delinquió al norte de Antioquia. Actualmente está condenado a 24 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’: Fue el jefe paramilitar del Bloque Montes de María, que delinquió en Bolívar y Sucre. 91 desmovilizados que hacen parte de la ley de Justicia y Paz podrían acogerse anticipadamente con la sentencia. ‘Diego Vecino’ ya fue condenado en una sentencia parcial por la Corte Suprema por la masacre y desplazamiento en Mampujan.  

Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Bernal’: Se desmovilizó como jefe del Bloque Cacique Nutibara que delinquió en Medellín, pero varios testigos dicen que también comandó los bloques Calima y Pacífico (Valle), el de Héroes de Tolová y Héroes de Granada y fue socio del Libertadores del Sur, en Nariño. En Justicia y Paz se reportan casi 20.000 víctimas de desplazamiento en Córdoba y Antioquia. La justicia norteamericana los condenó a 31 años de prisión por narcotráfico.

Miguel Ángel Mejía Múnera, alias ‘El Mellizo’: este narcotraficante se desmovilizó como jefe del Bloque Vencedores de Arauca, pues compró la franquicia a los hermanos Castaño. Aunque se desmovilizó en 2005, se negó a recluirse en la cárcel de La Ceja y huyó hasta que los fue recapturado. En 2009  fue extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’: Estuvo al mando, junto a sus hijos, de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Acmm, que delinquieron en Antioquia, Caldas y Tolima. 58 ex paramilitares de este grupo hacen parte del proceso de Justicia y Paz. 

Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’: Fue el jefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y es uno des pocos postulados que hicieron parte de la Autodefensas del Magdalena Medio creadas por Henry y Gonzalo Pérez en los años 80.

Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’: dirigió el Frente Resistencia Tayrona que hacia parte del Bloque Norte de las Auc y el grupos de los Rojas. En su sentencia se podrían cobijar 106 ex paramilitares que pertenecieron a dichas agrupaciones. Actualmente Giraldo está extraditado en Estados Unidos por narcotráfico.  

Luis Eduardo Cifuentes, alias ‘El Águila’: Fue el jefe de las Autodefensas Campesinas de Cundinamarca y 6 de sus hombres están postulados a la Ley de Justicia y Paz. Deben responder por 703 casos de desplazamiento. 

Elda Neyis Mosquera, ‘Karina’: Estuvo al mando del Frente 5 y 47 del Bloque Noroccidental de las Farc, delinquiendo en cinco departamentos. Es la única mujer en la lista de priorizados y es una de los pocos jefes guerrilleros que están postulados a la Ley de Justicia y Paz. 48 guerrilleros que estuvieron a su mando están hoy postulados a la Ley de Justicia y Paz. 

Elí Mejía, ‘Martín Sombra’: Fue uno de los jefes del Bloque Oriental de las Farc y  fue conocido como ‘El carcelero’, por ser el encargado de vigilar a varios de los secuestrados por las Farc. Es acusado de cometer secuestros y reclutamiento de menores en nueve departamentos del país.

Olimpo de Jesús Sánchez, alias ‘Cristóbal’: Este es tal vez en menos conocido de los postulados priorizados. Fue el jefe del Ejercito Revolucionario Guevarista, un grupo  disidente del Eln dirigido por su familia.

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Excluyen a ‘El Político’ deJusticia y Paz https://verdadabierta.com/excluyen-a-el-politico-de-justicia-y-paz/ https://verdadabierta.com/excluyen-a-el-politico-de-justicia-y-paz/#respond Mon, 06 May 2013 17:21:01 +0000 El Tribunal Superior de Bogotá excluyó de Justicia y Paz a ‘El Político’,  un paramilitar del Bloque Centauros que pese a desmovilizarse participó en dos asesinatos. Esta es la primera de las 354 exclusiones pedidas por la Fiscalía.     Tribunal superior de Bogotá. Foto Semana   Agustín de Jesús Sánchez Mejía, alias ‘El Político’, ‘Poli’ […]

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El Tribunal Superior de Bogotá excluyó de Justicia y Paz a ‘El Político’,  un paramilitar del Bloque Centauros que pese a desmovilizarse participó en dos asesinatos. Esta es la primera de las 354 exclusiones pedidas por la Fiscalía.
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Tribunal superior de Bogotá. Foto Semana  

Agustín de Jesús Sánchez Mejía, alias ‘El Político’, ‘Poli’ u ‘Oscar’, fue condenado el 12 de diciembre de 2008 por la justicia ordinaria como coautor del asesinato de dos personas en Lérida, Tolima, a comienzos de 2007, dos años después de su desmovilización del Bloque Centauros.

Esta sentencia fue conocida por el Fiscal 24 Delegado ante la Unidad de Justicia y Paz, quien solicitó la exclusión de Sánchez ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. La decisión fue tomada el pasado 3 de mayo y dada a conocer este 6 de mayo.

La exclusión de ‘El Político’ hace parte de las 354 solicitudes de exclusión que anunció en diciembre el Fiscal General, Eduardo Montealegre. Estos recursos han sido elevados ante la magistratura, que decide en últimas si salen del proceso de justicia transicional.

Además de la solicitud hecha sobre  Sánchez, varios fiscales de Justicia y Paz han pedido en los últimos meses la exclusión de Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, Francisco Javier Zuluaga, ‘Gordolindo’, de Armando Lugo, ‘El Cabezón’, y Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’.

Precisamente, para mañana se ha anunciado que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, estudiará en audiencia pública, la solicitud de expulsión de ‘Macaco’, considerado una de las fichas claves dentro de la estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y uno de los narcos más poderosos del país.

Las actuaciones de ‘El Político’
Agustín de Jesús Sánchez nació en 1964 en Urabá e ingresó a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en junio de 1996 por petición de Carlos Castaño y Carlos Mauricio García Fernández, alias ‘Rodrigo Doble Cero’.

Sánchez había sido guerrillero del Ejército de Liberación Popular, Epl. Por tal razón se ocupó de dar instrucción política a los integrantes del EPL que se unían a las autodefensas.

Su papel como instructor en las Autodefensas, lo inició en las llamadas escuelas paramilitares ‘La Treinta y Cinco’ y ‘La Acuarela’. Desde esta última, en la que Mejía colaboró en la constitución, se impartió la instrucción sobre los estatutos, la parte social y el régimen político de la organización ilegal. Esta capacitación estaba dirigida a comandantes de escuadra, de compañía y de grupos de bloques.

Durante las versiones entregadas entre los años 2009 y 2013, el procesado manifestó que en ‘La Acuarela’ recibió a todos los desmovilizados del Frente Pedro León Arboleda del EPL. También confesó que fue uno de los victimarios en la masacre de Mapiripán y en la de Caño Jabón.

El 3 de septiembre de 2005, se desmovilizó en Yopal junto con 1135 hombres del Bloque Centauros. Pero tres años después un juzgado en Ibagué lo sentenció a 30 años de prisión por ser el coautor de un homicidio ocurrido a comienzos de 2007, en la vereda Alto del Sol del municipio de Lérida, Tolima.

Los hechos, que aceptó Sánchez durante el proceso judicial, salieron al descubierto cuando Esteban Espinoza, miembro de la banda criminal Águilas Negras, confesó haber asesinado a alias ‘Chalo’ o ‘Fabio’ y a Miryam Olaya Varahona alias ‘Flaca’ o ‘Mona’.

Espinosa, que hacía parte de un grupo de unos 30 hombres, señaló que actuó por órdenes de alias ‘Político’, que para ese entonces ya se encontraba tras las rejas.

Las dos personas muertas pertenecían a las Águilas Negras, pero según Sánchez estaban filtrando información a las autoridades de Lérida.

La aceptación de exclusión

El 6 de marzo de 2013 la Fiscalía puso en conocimiento estos hechos ante el Tribunal Superior de Bogotá para argumentar la solicitud de exclusión. Esta petición fue respalda por la procuradora delegada, el representante de las víctimas y el mismo postulado.

El representante de las víctimas apuntó que “considera que con esta decisión se verán afectados los derechos de las víctimas a la reparación integral de los perjuicios ocasionados”.   

Agustín de Jesús respondió por su parte ante el Tribunal “que siempre que existan las garantías procesales necesarias, está dispuesto a seguir colaborando con el proceso, para que las víctimas conozcan la verdad de los hechos en lo que tuvo participación”.

Los magistrados indicaron que la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y los abogados de confianza de las víctimas, debían facilitar el acceso de las víctimas de ‘El Político’ a audiencias de otros miembros del Bloque Centauros.

El postulado también solicitó que “una vez sea excluido del proceso de Justicia y Paz, no sea trasladado del pabellón en el que se encuentra detenido”, por temor a atentados contra su vida debido a la información suministrada a la Fiscalía durante las diligencias de versión libre.

El Tribunal respondió que no era de su competencia tomar esta decisión, pero sí solicitó al Inpec brindarle condiciones especiales de seguridad y a la Fiscalía estudiar la posibilidad de acceder a un programa de protección de testigos.

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Magistrados y víctimas mostraron su descontento por el traslado de una fiscal con importantes casos del paramilitarismo en Antioquia a cargo. Voceros de la Fiscalía aseguran que dichos procesos no se atrasarán, y que por el contrario, se busca mayor eficiencia.
 Fiscalia Justicia y Paz
El traslado de la Fiscal 15 de Justicia y Paz ha generado gran preocupación en Antioquia.

El pasado 16 de enero los magistrados que integran la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en oficio enviado al fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, le llaman la atención sobre “la parálisis y los trastornos que ocasionan las decisiones de reasignación, reubicación o traslado de los fiscales cuando no están justificadas por su idoneidad” y lo que ello implica en el compromiso adquirido con las víctimas y la comunidad internacional, de esclarecer la verdad y garantizar justicia y reparación con prontitud.  

El caso que más preocupa a los magistrados es el de la fiscal 15 de Justicia y Paz, Patricia Hernández Zambrano, responsable de la documentación del Bloque Mineros de las Autodefensas, que operó en el Norte y Bajo Cauca antioqueño bajo las órdenes del extraditado Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’ Vanoy, alias ‘Cuco’ Vanoy, así como de adelantar las versiones libres de los también extraditados Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, y Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordolindo’, además de tener bajo su responsabilidad investigaciones del grupo bajo el mando de Arnubio Triana, alias ‘Botalón’.

Por resolución del fiscal Montealegre, se ordenó el traslado de Hernández el pasado 18 de enero al nuevo cargo de Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior de Florencia (Caquetá). Para los magistrados de la Sala de Justicia y Paz, sin embargo, la movida causa un “serio motivo de preocupación por la perturbación que le causa al juicio que le adelanta a los comandantes y miembros de dicho bloque (Mineros), pues el control de legalidad contra varios de estos estaba a punto de culminar bajo la dirección e impulso de dicha Fiscal y ahora deberá esperar a que un nuevo fiscal delegado asuma un proceso que desconoce y se entere de los pormenores del mismo, como ha sucedido en otras ocasiones”, según se lee en el oficio.

A la fecha, la Fiscalía 15 de Justicia y Paz ha logrado documentar cerca de 6.700 hechos atribuibles a los postulados del Bloque Mineros. Alias ‘Cuco’ Vanoy ha confesado y aceptado su responsabilidad en 1.300 crímenes y antes de finalizar el 2012 este despacho logró imputarle 380 delitos, entre ellos el reclutamiento de 350 menores de edad en el Bajo Cauca; las masacres del Aro (corregimiento de Ituango, ocurrida en 1996), Puerto Bélgica (corregimiento de Cáceres, ocurrida en 1990), Peque (Norte de Antioquia, ocurrida en 2001) así como cientos de desapariciones forzosas, asesinatos y desplazamientos.  

Además, por las versiones realizadas por esta funcionaria a alias ‘Don Berna’, en febrero de 2012, se logró avanzar en el esclarecimiento de crímenes como el asesinato de Jaime Garzón y los investigadores del Cinep Elsa Alvarado y Mario Calderón; el exterminio de la banda la Terraza; y la participación paramilitar la Operación Orión de la Comuna 13 de Medellín entre otros. Según conoció VerdadAbierta.com, por cuenta de las revelaciones del exjefe del bloque Cacique Nutibara ya se tenía previsto enviar varias solicitudes de investigación a la justicia ordinaria y la reapertura de procesos judiciales.

Víctimas protestan
La decisión de trasladar a Hernández Zambrano también inquietó a las organizaciones de víctimas, especialmente entre las de mujeres, ya que esta fiscal, por iniciativa propia, había investigado en detalle los delitos de género cometidos por el Bloque Mineros en el Norte yBajo Cauca antioqueño. Un primer capítulo de estos crímenes se presentó en audiencia en septiembre pasado. Ese día se relataron más de 150 agresiones sexuales, vejámenes, atropellos, asesinatos y desapariciones de paramilitares contra mujeres de estas subregiones de Antioquia. Esta fue la primera audiencia de Justicia y Paz que aborda los delitos de género.

“Por eso creemos que la decisión de trasladar a la Fiscal vulnera nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación, porque en el Bajo Cauca las víctimas sobrevivientes tienen nombres y rostros de mujer”, señala Magdalena Calle, integrante de la Red de Mujeres Líderes del Norte y Bajo Cauca Antioqueño, iniciativa creada en el 2005 por las víctimas del conflicto de esta parte del departamento y que desde sus inicios contó con el apoyo de la Fiscalía 15 de Justicia y Paz, la Mapp-OEA y la Oficina de Víctimas de la Gobernación de Antioquia.

“Veníamos trabajando con ella desde el 2006, cuando se realizó la primera jornada de atención a víctimas en el municipio de Yarumal (Norte de Antioquia). Ya se estaban imputando estos crímenes contra las mujeres. Pero la decisión de traslado va a entorpecer este trabajo porque falta ver si el que llegue va a seguir con esto y si lo hace, va a tener el mismo tacto, va a generar las mismas confianzas o nos va a revictimizar, como pasa con muchos fiscales”, agrega Calle, a quien los paramilitares de alias ‘Julián Bolívar’ le asesinaron y desaparecieron a su esposo.

Para dejar por sentado su descontento con esta decisión, la Red envió el pasado 14 de enero una carta al fiscal general Montealegre, en la que señalan que “el traslado de la doctora Patricia Hernández Zambrano, afectaría gravemente a las víctimas del conflicto armado afectadas por el Bloque Minero; retrasando los avances logrados hasta el momento; rompiendo de manera contundente los acercamientos entre las víctimas y la Fiscalía”.

Según conoció VerdadAbierta.com, es justamente la fortaleza de la funcionaria en el tema de género, lo que motivó que el traslado fuera al distrito judicial de Florencia, Caquetá, pues allí se estaba necesitando una fiscal con esa especialidad. No obstante, según lo dejan entrever los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, “la violencia de género no es un fenómeno exclusivo de ese distrito judicial ni es este el departamento donde tales casos se presentan con mayor frecuencia (…) el cargo asignado a la Fiscal en Florencia tampoco justifica el traslado, pues la competencia para investigar la violencia basada en género está asignada a los fiscales seccionales y Hernández Zambrano tiene rango de Fiscal Delegada ante el Tribunal, cuya competencia es diferente”.

Fiscalía explica
Voceros de la Fiscalía sostuvieron que el traslado de esta fiscal, como de otros fiscales y funcionarios, hace parte del fuero interno de la entidad, que está buscando precisamente acelerar los casos e  imprimirle mayor eficiencia a los procesos de Justicia y Paz.  De hecho, aseguraron que los procesos a cargo de Hernández no sufrirán atraso alguno, y serán asumidos cuanto antes por dos fiscales para darle celeridad, sobre todo a los procesos del grupo que comandó el paramilitar alias ‘Botalón’ que venían rezagados.

Este será un año trascendental para el proceso de Justicia y Paz y, en efecto, se pondrá a prueba su eficiencia. La nueva ley aprobada por el Congreso en 2012 que reforma la institucionalidad de justicia transicional abre las posibilidades de que la Fiscalía priorice  según responsables, gravedad y sistematicidad de los delitos. Hacer esta selección de casos de primer orden, de manera eficaz y justa, será el reto del fiscal Montelagre y sus dos fiscales en la materia: el recientemente nombrado coordinador de Justicia y Paz, el fiscal Juan Pablo Hinestrosa, y el fiscal Alejandro Ramelli, quién está al frente de la nueva Unidad Nacional de Análisis y Contexto, la cual definirá las pautas para priorizar los casos y reconstruirá cómo se armaron los planes criminales de los grupos armados y en qué contextos surgieron.

Una de las prioridades que se ha fijado la propia Fiscalía es precisamente investigar la violencia de paramilitares y guerrilleros contra las mujeres,  tema en el que la fiscal Hernández ha sido pionera en Justicia y Paz, y que, como dijeron las víctimas, requiere ser investigado con especial tacto y sensibilidad.

Este año además, se conocerán nuevas sentencias contra jefes paramilitares y mandos medios postulados, se dará apertura a incidentes de reparación en varias regiones del país y varios postulados comenzarán a pedir solución a su situación jurídica pues ya cumplieron ocho años privados de la libertad sin que la justicia transicional les haya dictado una sentencia.

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