Funcionarios judiciales en Medellín señalan al Mininterior como responsable por la lentitud en la postulación de desmovilizados. Algunos pueden esclarecer crímenes en la impunidad.
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| Algunos funcionarios de la rama judicial consideran que hay un estancamiento en las postulaciones de Justicia y Paz. Foto VerdadAbierta.com |
En las cárceles del país hay decenas de reclusos que están condenados por delitos cometidos durante su pertenencia a distintos bloques de las Autodefensas Unida de Colombia (Auc) y quieren contribuir al proceso de esclarecimiento de diversos de los cuales fueron testigos y responsables, pero aún no gozan de los beneficios jurídicos consagrados en la Ley de Justicia y Paz. La razón: el Gobierno nacional se ha demorado en postularlos ante la Fiscalía General de la Nación.
El asunto viene preocupando a algunos fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz de Medellín, quienes no entienden la lentitud en el proceso de postulación. Algunas de las peticiones llevan más de un año sin que el Ministerio del Interior y de Justicia, encargado del asunto, las haya resuelto.
De acuerdo con datos recientes divulgados por la Coordinación de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, hasta el momento hay 3.725 personas amparadas por la ley de Justicia y Paz, en su mayoría miembros de las autodefensas. De ellos, 1.794 están rindiendo su versión libre.
No obstante, las cifras podrían ser más altas. Los fiscales argumentan que muchos de los paramilitares detenidos antes del 15 de julio de 2003, cuando el Gobierno nacional firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito con el estado mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), así como otros detenidos con posterioridad a esa fecha, responsables de delitos cometidos durante su permanencia en las estructuras paramilitares, podrán ayudar a esclarecer diversos hechos de especial significado porsus connotaciones sociales, políticas y económicas.
Funcionarios judiciales consultados por VerdadAbierta.com, quienes solicitaron la reserva de su nombre, manifestaron que las demoras en la postulación inciden en la intención inicial de los ex paramilitares detenidos de contar lo que saben. “Además, con tanta demora no faltará quién genere presiones sobre esa gente para que no hablen”, afirmó una fiscal.
El trámite de postulación es el siguiente: el ex paramilitar que estaba detenido durante el proceso de desmovilización del bloque al que perteneció solicita su postulación al Ministerio del Interior y de Justicia. Una vez se recibe allí la petición, se le solicita al fiscal de la Unidad de Justicia y Paz que tiene a cargo la investigación sobre la estructura armada ilegal a la cual perteneció el solicitante que evalúe el caso, para lo cual tendrá que analizar los delitos por los que fue condenado y establecer si fueron en razón de su pertenencia al grupo y en desarrollo del conflicto armado. De acuerdo con las normas vigentes, el fiscal tiene diez días para para certificar positiva o negativamente la solicitud.
“No nos retrasamos en esa respuesta y cumplimos con el plazo, pero en el Ministerio no tienen términos y pueden demorarse lo que quieran para concretar la postulación”, dijo un funcionario judicial de la Unidad de Justicia y Paz.
Los fiscales hicieron referencia a casos como el de Jesús Albeiro Guisao, alias ‘El Tigre’, uno de los primeros paramilitares en ingresar a la subregión del Urabá antioqueño al lado de Ever Veloza García, alias ‘HH’, con quien comandó el Bloque Bananero de las Auc.
Si bien alias ‘El Tigre’ forjó su nombre como cruel paramilitar en la región del norte del Urabá antioqueño como segundo al mando del Bloque Bananero, por razones que aún no son claras se desmovilizó como patrullero del Bloque Norte en La Mesa, Cesar, el 10 de marzo de 2006.
Este ex paramilitar fue capturado en Remedios, Nordeste antioqueño, el 24 de agosto de 2009, por orden de un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario que lo requería para que respondiera por los delitos de homicidio agravado, tortura y concierto para delinquir. Se le acusó y condenó en febrero del 2010 a 24 años de prisión por la masacre perpetrada el 14 de septiembre de 1995 por hombres bajo su mando en la vereda Pueblo Galleta, en Turbo, Urabá antioqueño, en la que perdieron la vida siete personas. También está siendo procesado por varios homicidios cometidos en esa subregión agroindustrial contra líderes campesinos y simpatizantes de la Unión Patriótica.
“’El Tigre’ quiere hablar, está dispuesto a colaborar con la justicia, pero siempre y cuando sea postulado. Lleva año y medio esperando le resuelvan su solicitud de postulación”, dijo una de las fiscales.
Otro de los casos descritos por los funcionarios judiciales es el de Dalson López Simanca, alias ‘Monopecoso’ o ‘Lazaro’, quien se desmovilizó con Bloque Bananero el 24 de noviembre de 2004. Este ex paramilitar fue condenado a 40 años de prisión por el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia, quien lo encontró responsable de comandar un grupo de pistoleros que perpetró una masacre en la discoteca El Aracatazo, en Chigorodó, Urabá antioqueño, el 12 de agosto de 1995, en la que murieron 18 personas, varias de ellas sindicalistas y líderes de izquierda.
Para los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz consultados, es importante que se postule a López Simanca porque según investigaciones realizadas y versiones de jefes paramilitares como Raún Hasbún y Ever Velosa, tiene conocimiento de las expropiaciones de tierras realizadas por la organización paramilitar en el Urabá antioqueño.
“En estecaso, la solicitud de postulación también lleva año y medio en el Ministerio del Interior y de Justicia y aún no se resuelve”, afirmó un funcionario judicial.
Por último, las fuentes consultadas se refirieron al caso de Manuel Arturo Salom Rueda, alias ‘JL’, quien fue el primer instructor de las Accu en el Urabá antioqueño. De acuerdo con fiscales de Justicia y Paz, fue este ex paramilitar quien dictó “el primer curso” de entrenamiento en las filas paramilitares del Urabá antioqueño. Se desmovilizó el 15 de junio de 2005 con el Bloque Héroes de Tolová, que estuvo al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.
“Alias ‘JL’ instruyó a los paramilitares que cometieron masacres como la de Mapiripan, Meta; entrenó a los primeros integrantes del Bloque Metro y a muchos más. Fue un hombre de confianza de la Casa Castaño”, afirmó la fuente.
Este instructor, quien antes de incorporarse a la estructura paramilitar llegó a sargento del Ejército, fue capturado el 4 de octubre de 2008 en un predio rural del municipio de San Pedro de Urabá, acusado de manejar la estructura contable y logística del grupo armado que comandaba Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’.
Salom Rueda tenía una orden de captura dictada por la Fiscalía 3 Especializada de Medellín, pues fue condenado por la desaparición de por lo menos 37 personas tras un operativo de fuerzas irregulares perpetrado el 14 de enero de 1990 en la finca Las Tangas, de propiedad de los hermanos Castaño Gil, ubicada en Pueblo Bello, San Pedro de Urabá.
Una vez capturado y reconocida su importancia dentro de las Accu, algunos fiscales han querido acercarse a alias ‘JL’ para que acepte entrevistas y cuente todo lo que sabe como mecanismo de apertura a una posible postulación a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. En respuesta, el ex paramilitar mantiene su silencio y se ha limitado a decir que “hablo cuando me postulen”.
Si bien en Medellín no se tienen cifras concretas de cuántos ex paramilitares han solicitado su postulación, los fiscales advierten que la lentitud del procedimiento de aceptación obstaculiza las intenciones de aquellos ex paramilitares que esperan una oportunidad para contribuir, según ellos, al esclarecimiento de la verdad, con lo que verían reducidas sus condenas a 8 años, la máxima pena que se puede imponer bajo el abrigo de la Ley de Justicia y Paz.
