VerdadAbierta (V.A.): ¿Cómo llegan ustedes a Mapiripán, cómo saben de las tierras?

Carlo Vigna Taglianti (C.V.T): Llegamos a Mapiripán en 2004 pero al país como tal en 1998. Somos una empresa relacionada con la energía renovable que promueve el Protocolo de Kioto. Llegamos para presentarnos a una licitación en Medellín. La idea era construir una planta para captar los gases de relleno sanitario. No ganamos. Tenemos inversiones en Brasil y en Europa.
(V.A.): Pero cómo supieron de las tierras de Mapiripán…

(C.V.T.): Me amañé acá. Estuve hablando con diferentes inversionistas de Poligrow sobre el tema del agro porque encontré una realidad de Mapiripán y es que ningún colombiano creía en el pueblo. No había inversión, nada. Entonces en 2008 enviamos unos trabajadores sociales e ingenieros agrónomos para que hicieran un trabajo sobre los problemas de campo de la zona.

Supimos de estas tierras porque durante la gobernación de Antioquia de Aníbal Gaviria (2003-2007), el gobierno promovió un viaje a Europa promoviendo la inversión en Colombia. Supimos entonces que para la época se estaban haciendo inversiones en los Llanos en Vichada, Casanare y Meta. Yo viajé a la zona, me recorrí todos los Llanos y me di cuenta que para el ojo del colombiano Mapiripán estaba lejísimo, cuando en realidad es uno de los municipios más conectados. Pero me di cuenta que allí no había ninguna posibilidad de empleo, que había unos climas aptos para el cultivo de palma y que faltaba era un músculo financiero para adecuar los suelos. Compramos los predios y nos instalamos a finales de 2008.

(V.A.): ¿A quién le compraron la tierra?
(C.V.T.): Eran de dos familias de Medellín. Una era la familia Mejía y la otra no recuerdo. Son familias que tienen tierra también en Puerto Lleras y Puerto Gaitán. En 2008 compramos los tres predios, Macondo 1, 2 y 3 que son 5.500 hectáreas. Eran tierras de estas dos familias que eran conocidos en la zona y que yo conocí en Medellín.
(V.A.): ¿Cuál es el proyecto que quiere desarrollar Poligrow?
(C.V.T.): Hicimos los estudios de los títulos y decidimos dejar el 40% de la finca en conservación. Nuestra idea es desarrollar un cultivo de palma, que requiere mucha mano de otra porque está proyectado a 25 años. En la actualidad generamos 300 empleos y buena parte de los trabajadores son gente de Mapiripán. La idea es llegar a las 15 mil hectáreas de palma pero por ahora tenemos sembradas 4.500 hectáreas y ya sacamos la primera producción en 2012. Vendemos el fruto porque todavía no tenemos planta. Queremos construir una con vocación industrial en el mismo Mapiripán. Tenemos como empleados muchas personas desplazadas, que alguna vez fueron raspachines y desmovilizados. Hemos desarrollado con el Sena cursos para capacitar a la gente y estamos dando una beca de estudios universitarios para el mejor estudiante de bachillerato.
(V.A.): ¿Ustedes sabían que estaban acumulando de forma irregular tierras, lo que se conoce como UAF, porque las tierras que compraron provenían originalmente de baldíos?
(C.V.T.): Con la UAF (Unidad Agrícola Familiar) hay una confusión porque que hay diferentes leyes y resoluciones que modificaron la cantidad de tierra que se podía acumular. Yo este tema lo conozco muy bien. Me leí y analicé todas las leyes. Y porque hicimos un estudio de títulos fue que compramos. Nosotros no llegamos a robar tierra a campesinos ni a venir a hacer cosas ilegales. Hay una actuación de la Superintendencia de Notariado y Registro y otra del Incora. Queremos que el Estado investigue. Nosotros compramos legal, estudiamos los títulos y creemos que se debe aplicar la retroactividad de la Ley 160 de 1994. Esa Ley es la que prohíbe la acumulación de tierras cuando éstas provienen originalmente de baldíos. Pero las tierras que compramos habían sido adjudicadas en los años 80 cuando este concepto de acumulación no existía y no estaban definidas las UAF. Las investigaciones que hay hacia Poligrow intentan determinar si violamos el artículo 72 de la Ley del 94 que es la que define la acumulación y si excedimos los límites de la Resolución 041 de 1996 que estableció los límites de las UAF. Pero como le digo, nosotros compramos unas tierras que fueron adjudicadas cuando no había una limitación de títulos.
(V.A.): Tras la masacre de 1997 y la violencia que siguió durante los siguientes años, las tierras de Mapiripán fueron protegidas por el Comité para la Atención de la Población Desplazada para evitar su comercialización. ¿Cómo Poligrow compró entonces los predios Macondo?
(C.V.T.): Eso efectivamente era una situación que debía decidir el Comité. El Comité se reunió y aprobó retirar la protección a los predios Macondo. Maribel Mahecha, que era la alcaldesa de Mapiripán, nos entregó la aprobación en una carta que ahora mismo les puedo suministrar.
(V.A.): ¿Ustedes sabían que los Macondo fueron comprados por Ángela María Santamaría por $30 millones de pesos? Ustedes finalmente compraron por casi $4 mil millones…
(C.V.T.): Nos hemos dado que en este país en las escrituras no siempre se registra lo que vale la tierra. Somos inversionistas extranjeros y estamos obligados a justificar el dinero que ingresa al país y que se va a invertir… Hay gente que nos dice que compramos barato. Le digo que yo renuncié a comprar más fincas en la zona porque la gente no quería registrar lo que era. En este caso, la gente está obligada a reportar la ganancia ocasional.
(V.A.): ¿Cuál es la inversión que está haciendo Poligrow?
(C.V.T.): Estamos haciendo una inversión de 20 a 25 millones de dólares. Una gran parte del dinero la invertimos en la adecuación del suelo para poder desarrollar el cultivo. En nómina nos estamos gastando entre $150 y $130 millones de pesos según la temporada. Hemos hecho muchas cosas buenas. Montamos la electricidad. En Mapiripán había luz por horas y nosotros desarrollamos toda la planta y ahora el pueblo tiene luz permanente. Este es un lugar con problemas, con presencia de grupos con intereses ilegales. Pero nosotros queremos invertir. Y yo veo el cultivo de la palma con orgullo; no como un estigma. Estoy orgulloso de sembrar palma. Cuando yo fui por primera vez a socializar el proyecto, la gente me decía que nadie iba allá a invertir. Nosotros queremos crear una red de aliados estratégicos, donde los pequeños productores hagan una alianza con nosotros. Podemos superar un problema histórico. La idea es darles capacitación. Así podemos lograr las 15 mil hectáreas de palma sembrada.
(V.A.): ¿Cuántas alianzas productivas han realizado a la fecha?
(C.V.T.): Por ahora hemos realizado sólo tenemos dos aliados estratégicos, que suman 100 hectáreas. Estas alianzas van a mejorar su calidad de vida. Queremos destinar unas de las 1.000 hectáreas que tenemos para que la gente que no tiene tierra realice una alianza con nosotros. Les entregaríamos de a 10 hectáreas para que las siembren palma. Desde que llegamos a la región comenzamos a hacer trabajo social. En 2010, creamos la Fundación Poligrow con la que hacemos todo el trabajo de la comunidad.
(V.A.): ¿Cómo está el tema de seguridad en la zona?
(C.V.T.): Hay violencia. Ojalá haya un proceso de paz. En todo negocio siempre hay una dificultad, en nuestro caso es el tema de seguridad, pero no nos vamos a salir. No nos vamos a rendir al orden público porque nuestro proyecto es a largo tiempo. Yo por ejemplo no he podido volver a la zona y supe que diciembre los diferentes grupos armados ilegales asesinaron a 36 personas. Hay gente que ha venido proponerme que le compre la tierra. Yo les digo que apresten a esta región, que nosotros estamos generando progreso.
(V.A.): En Mapiripán hay otro predio llamado El Secreto, que fue confesado por alias ‘Don Mario’ de haber sido una tierra en la que ellos querían desarrollar un proyecto de palma. ¿Qué saben de eso?
(C.V.T.): El Secreto queda como a unos 60 kilómetros de aquí. Esos predios están abandonados y están generando un problema fitosanitario, de plaga y de enfermedades. Ya nosotros le avisamos a la autoridad ambiental para que esté pendiente de eso.
(V.A.): ¿En qué va el trámite de la planta extractora de aceite?
(C.V.T.): Ya hicimos la solicitud. Se va a construir acá en un terreno de 12 hectáreas. Si aprueban la zona franca esto es importante porque ésta genera unos beneficios sobre impuestos. Pero quiero contarles de todo lo que ha hecho la Fundación Poligrow. Hemos hecho convenios con el Sena para capacitar a la gente, estamos en un proyecto de realizar una granja sostenible en el internado del colegio, hemos realizado cursos agrarios con los estudiantes y hemos hecho un convenio con la Universidad Agroindustrial en la que 60 trabajadores han recibido cursos. Estamos buscando que haya una sede permanente del Sena y estamos impulsando 37 huertas en el casco urbano para el cultivo de pancoger. Desarrollamos la planta de energía y desde septiembre de 2012 manejamos el 98% del recaudo. Queremos generar energía renovable trayendo unas plantas hidroeléctricas, que funcionan poniendo unos planchones sobre el río. También realizamos unos protocolos de comunicación con los Jiw, que es el pueblo indígena ancestral de la zona; un proyecto productivo de lechería para la comunidad y un inventario de las plantas y animales de la región. Nos dimos cuenta que hay que hacer una protección especial sobre los tigrillos y caimanes llaneros.

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Baldíos de la Nación originariamente adjudicados para reforma agraria y donde hubo una base paramilitar, terminaron englobados en cinco predios, donde según la gente, una empresa de la familia de Víctor Carranza tiene una ganadería. Su apoderado lo niega y el Incoder investiga posible acumulación irregular de tierras.

La comunidad de El Porvenir en el nororiente del Meta ha usado la enorme sabana que rodea el caserío en el que viven para criar su ganado desde hace más de 50 años. Han sobrevivido al aislamiento, a la pobreza y a la violencia impuesta por los paramilitares desde la década de los ochenta y ahora sienten amenazada su subsistencia porque unas personas que se dicen dueñas de las tierras les exigen que retiren sus reses del predio.

La compleja historia que rodea al enorme hato que colinda con el caserío revela trampas con las que personas ajenas a la región se hicieron a las tierras. Aunque en los papeles aparecen decenas de nombres que casi nadie conoce, los campesinos tienen la certeza de que el amo y señor de esas tierras desde hace más de 20 años ha sido el recientemente fallecido empresario de las esmeraldas, Víctor Carranza.

El origen: de los sikuani al imperio de Carranza

La violencia: llegan los “Masetos”

La propiedad de la tierra: los dueños desconocidos

Actualidad Porvenir: acumuladores aceptan revocatoria

El origen: de los sikuani al imperio de Carranza

El Porvenir es un pequeño caserío de cerca de 70 casas a orillas del rio Meta, a unas tres horas en bus al oriente del casco urbano del municipio de Puerto Gaitán. Aunque el avance de los proyectos agro industriales impulsados por los últimos gobiernos ha llegado a la profundidad de los Llanos, estas tierras todavía están perdidas en la mitad de la nada. 

Tan pronto se llega a Puerto Gaitán desde Villavicencio, la carretera pavimentada se convierte en una trocha que cada tantos kilómetros desaparece con los matorrales de la inmensa sabana. Los conductores de buses y tractomulas que viajan al Vichada apenas pueden guiarse por el rastro de las llantas sobre los pastizales.

El caserío tiene luz eléctrica tres horas al día y la única forma de subsistencia de los pobladores es la cría de ganado en las sabanas que rodean el pueblo. De eso han vivido los últimos 60 años.

Los primeros colonos llegaron a estas tierras en la década de los treinta del siglo pasado, desplazando a comunidades enteras de indígenas guahibos. Con la violencia política disparada en el resto del país y con las primeras exploraciones de petróleo en la zona, migraron centenares de personas con esperanza de hacerse a un pedazo de tierra para comenzar una nueva vida.

Así piso la región Víctor Machado. Según cuentan los pobladores más viejos del Porvenir, Machado llegó con una empresa petrolera que realizaba una exploración y decidió quedarse a vivir. Construyó su casa y asumió como suyas cerca de 25 mil hectáreas en la margen sur del rio Meta, terreno que bautizó como el Hato Cabiona.

A finales de la década de los cuarenta con el recrudecimiento de la violencia política, la migración en la zona se hizo más intensa y para 1956 ya existían seis casas en el lugar donde actualmente se encuentra el caserío, en una de las playas del río Meta. “Al principio fue un lugar de llegada. La gente se quedaba un tiempo y seguía Llano a dentro buscando tierras, y muchas veces no encontraban para donde y regresaban”, contó uno de los pobladores.

Para 1965 el pueblito había crecido y quedó encerrado entre el río y las tierras que Víctor Machado consideraba suyas. Ese año los campesinos llegaron a un acuerdo con Machado para que les permitiera usar las tierras para criar el ganado. “Como tenía mucha tierra, don Víctor no puso problema. Nadie puso cercas, sino que todos soltamos las vacas en los potreros y así nos acostumbramos a trabajar”, narró uno de los campesinos.

De esta manera los habitantes del caserío pusieron a pastar sus toros y vacas en un inmenso terreno comunitario que nunca estuvo delimitado. No hubo conflictos entre ellos, ni con la familia de Machado y llegaron a tener entre toda la población cerca de 700 cabezas de ganado.

La tranquilidad en la que vivió la comunidad hasta ese momento terminó súbitamente a mediados de los ochenta. Uno de los hijos de los fundadores originales, cuenta que dejó el caserío en 1979, año en que murió Víctor Machado y regresó siete años después, para llevarse una ingrata sorpresa. “Se había dañado la paz de pueblito. Aparecieron unos hombres armados y comenzaron a matar vecinos. Todo cambió para siempre”, recordó el campesino.

Pero esa no era la única novedad que encontró. Cuando regresó también se enteró que la viuda de Machado había vendido los terrenos del hato Cabiona a un esmeraldero de Boyacá que había llegado unos años antes a la región a buscar tierras. Fue la primera vez que escuchó el nombre de Víctor Carranza. 

La violencia: llegan los “Masetos”

Para finales de 1986 había llegado a la zona un grupo de hombres armados que se hacían llamar los “Masetos”. Este grupo estaba vinculado a las autodefensas contraguerrilla de Puerto Boyacá que comandó Henry Pérez, que ayudaron a conformar algunos militares apostados en el Magdalena Medio y fueron financiadas por varios narcotraficantes (el principal de ellos, José Gonzalo Rodríguez Gacha) y por terratenientes. El nombre era una derivación de una alianza de narcotraficantes creada años atrás en 1981 conocida como Muerte a Secuestradores (MAS), cuando la guerrilla del M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa hermana de Jorge Luis Ochoa, uno de los jefes del cartel de Medellín.

El nombre ‘maseto’ se volvió sinónimo de paramilitar en el Magdalena Medio y en los Llanos Orientales, donde los jefes originarios de las autodefensas compraron tierras, aunque ya nada tuvieran que ver con el originario MAS, que se disolvió poco después de la liberación de Martha Nieves.

Los hombres armados, que la gente llamaba ‘Masetos’ llegaron desde el occidente de Boyacá a los Llanos en 1982 y montaron bases en San Martín y Puerto López. Para mediados de los ochenta existían grupos de “Masetos” en casi todos los pueblos del Meta, que asesinaron a varios líderes de izquierda, y más tarde, a integrantes de la Unión Patriótica, el partido político surgido de los acuerdos de paz con las Farc con el gobierno de Belisario Betancur en 1984.

Los campesinos que permanecieron en El Porvenir dicen que aunque la violencia y la intimidación siguió siendo una constante desde 1986, nunca tuvieron problemas con Carranza por utilizar las tierras de Hato Cabiona para criar el ganado.

Pero la tranquilidad no duró mucho en El Porvenir y la violencia llegó en 1987. Según información documentada por la publicación Noche y Niebla del Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, ese año los paramilitares mataron a varios habitantes del caserío y al líder campesino Medardo Ortiz.

Según varios residentes de El Porvenir, la situación se volvió crítica en septiembre de ese año, luego de que “masetos” asesinaron a siete personas en frente de la comunidad. “Todos el mundo se fue. Hubo pánico y todos cogieron sus cosas, cruzaron el río y se fueron para el Casanare”, recuerda un líder de la comunidad.

Según información documentada por el Cinep y confirmada por los habitantes actuales, los paramilitares tenían su centro de operaciones en una casa dentro del Hato Cabiona que había le adquirido VíctorCarranza, a la viuda de Víctor Machado en 1986. De esta última transacción solo se hizo una venta de mejoras, ya que el terreno no tenía títulos. (ver documento)

El Hato fue mencionado en un informe especial publicado por la revista Semana en 1989, llamado El dossier paramilitar. En él se publicaron apartes de un informe de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en los que se mostraba el crecimiento de los grupos paramilitares en el país. Según el texto, 30 hombres armados al mando de Juan de Dios Toro alias ‘Martín’ delinquían en Vista Hermosa, Puerto López, Acacías y Cabiona.

Según los campesinos, los paramilitares mantuvieron su base en el Hato Cabiona hasta que un frente de las Farc venido desde el Vichada los expulsó y quemó las instalaciones en 1989. Aunque el poder de los paramilitares mermó para la época, cuando el gobierno prohibió la autodefensas y la organización paramilitar de Puerto Boyacá que exportó su modelo a varios puntos del país se debilitó, algunos ‘masetos’ permanecieron en la región y se reagruparon en 1994 bajo el mando de José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’.

‘Torres’ perteneció después, a principios de los noventa, a un grupo paramilitar en San Martín, al mando de Manuel de Jesús Pirabán alias ‘Pirata’, que luego se erigió en uno de los principales jefes del Bloque Centauros.

‘Torres’ fue capturado en 1992 y dos años después cuando salió de la cárcel se fue a Puerto Gaitán, específicamente a El Porvenir para organizar las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, Acmv.

Sus hombres fueron conocidos en la región como “Los Carranceros”, según varios testimonios de jefes desmovilizados de otros bloques del país, porque se asociaban a Víctor Carranza. Sin embargo ninguno de los hombres de las Acmv ha mencionado al esmeraldero como financiador y la justicia lo absolvió en el único proceso que llegó a juicio contra él por la presunta conformación de grupos paramilitares.

Desde 1994 hasta su desmovilización en 2005, “Los Carranceros” controlaron la región y mataron a varios campesinos. “Nada se movía sin su permiso, se convirtieron en la ley en la zona. Mucha gente fue asesinada por diferentes motivos, como el narcotráfico o porque cometían algún error como robarse algo. En esos años murieron inclusive varios presidentes de Junta de Acción Comunal”, cuenta un habitante de El Porvenir.

Según un informe periodístico publicado por el investigador Michael Evans del National Security Archive, documentos secretos de la época del gobierno estadounidenseaseguraban que los llamados “Carranceros” eran una organización dirigida por el mismo Víctor Carranza. Cables de la embajada norteamericana en Bogotá señalan a ‘Guillermo Torres’ como miembro de “la organización de Víctor Carranza”. Según el reporte diplomático, ‘Los Carranceros’ estaban relacionados con los hombres que habían quedado de la vieja estructura paramilitar de los “masetos” de Rodríguez Gacha, que controló la zona en los ochenta.

Pero al igual que las acusaciones que se le han hecho a Carranza de financiar y dirigir grupos ilegales nunca se tradujeron en condenas judiciales concretas, los testimonios que lo señalan de ser el gran dueño de las tierras que rodean a El Porvenir quedan en la incertidumbre a la hora de revisar las escrituras.

A pesar de que para los habitantes de la región es claro que esas tierras pertenecían a Carranza y que existe una compraventa en la que se demuestra que él compró las mejoras del Hato Cabiona en 1986, los registros legales no lo incluyen como propietario directo. Sí figuran en los documentos varias personas con vínculos con Carranza y que no sonconocidas en la región. 

La propiedad de la tierra: los dueños desconocidos

Las cerca de 25 mil hectáreas de lo que antiguamente se conocía como el Hato Cabiona, casi el doble del área que ocupa una ciudad como Barranquilla, fue un terreno baldío hasta 1992. Ese año el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, entregó 25 títulos de aproximadamente mil hectáreas cada uno, a igual número de supuestos campesinos que alegaron la ocupación de esas tierras. Cuatro años más tarde, el Incora entregó las dos mil hectáreas restantes a otras dos personas que se declararon colonos y solicitaron la titulación. 

A pesar de que el Incora certificó que todos los beneficiaros habían ocupado la tierra durante al menos cinco años, las personas entrevistadas por VerdadAbierta.com que han habitado en la zona casi desde hace varias décadas, nunca los conocieron. En una zona tan despoblada era de esperar que conocieran al menos a unos vecinos que habían vivido allí por un lustro. Esta es una de las varias irregularidades que rodearon la entrega de esos predios.

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, ante una denuncia hecha por el congresista Iván Cepeda, inició una investigación administrativa que busca revocar los títulos ante la evidencia presentada por los pobladores de El Porvenir, quienes siempre usaron esas tierras para criar su ganado y nunca vieron a los beneficiarios del Incora trabajando la tierra.

Aunque ninguno de los 27 adjudicatarios del Incora tiene un vínculo familiar con Carranza, los habitantes de El Porvenir insisten en que la tierra le pertenece al él desde hace más de 25 años y que el ganado de la comunidad ha compartido las sabanas con el del esmeraldero durante todo ese tiempo.

De los beneficiarios de los títulos se sabe poco. La mayoría tiene cédulas expedidas en Bogotá y Boyacá, en municipios de la región del Valle de Tenza como Garagoa, Somondoco y Guateque, este último, el pueblo donde nació Carranza.

VerdadAbierta.com pudo establecer que uno de los adjudicatarios, Joaquín Silva Ramos, a quien el Incora le entregó el predio Campo Hermoso en 1992, fue escolta de Víctor Carranza hasta 2009, año en el que murió tras el atentado que sufrió el empresario esmeraldero en una carretera del Meta.

Además, de acuerdo con una investigación del diario El Espectador, otro adjudicatario, Carlos Castillo Laverde, fue socio de Carranza en la compra de otro predio llamado Morichito, también en Puerto Gaitán.

Según los certificados de tradición y libertad los predios permanecieron en manos de los 27 beneficiaros hasta 2007, año en que fueron englobados en cinco grandes haciendas. Cada uno de los nuevos predios tiene desde entoncescerca 5.500 hectáreas, una acumulación de tierra superior a la permitida en la ley 160 de 1994. 

Pero la posible acumulación no es la única irregularidad en el trámite. Todos los adjudicatarios firmaron poderes para que los representara una persona identificada como Fernandel Alfonso en el proceso de englobe y venta a los cinco nuevos dueños.

Alfonso fue un conocido intermediario en ventas de tierras, que también sirvió de representante de Yesid Carranza Córdoba, que es uno de los socios de la Agropecuaria Agualinda, la cual, a su vez, tiene como gerente a María Blanca Carranza de Carranza, esposa del empresario esmeraldero y que fue dueña de la hacienda El Brasil, otra finca investigada por el Incoder. (ver nota La metamorfosis de El Brasil)

El problema con el poder que aparentemente le firmaron los 27 beneficiarios a Alfonso para que englobara sus predios en cinco más grandes, es que tres de ellos ya estaban muertos (ver partidas de defunción 1 y 2 y certificados de libertad en los que se registra el englobe 1 y 2) Es evidente que la las firmas que aparecen en el documento de adjudicación de los predios y la que aparece en el poder que le entregan a Alfonso para que haga el englobe y venda la finca son totalmente diferentes.

El englobe y venta de los predios se realizó en la Notaría 4 de Villavicencio, la misma en la que se hizo el englobe irregular de  El Brasil, otro de los predios relacionado con la familia Carranza, cuya historia se cuenta en otro artículo de este especial. 

Las cinco nuevas haciendas en los documentos tienen los nombres de Mi Llanura, El Pedregal, El Rincón, Campohermoso y Las Corocoras, y según los certificados de tradición y libertad cada uno de los 27 beneficiarios iniciales recibieron diferentes valores que van desde los 22 a los 40 millones de pesos.

El propietario de Mi Llanura es Pedro Libardo Ortegón Ortegón, que según reportes de prensa había sido capturado, diez año antes, en 1997 por ser el piloto de Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘El Mexicano’. (Ver artículo Revista Semana)

Otro de los dueños, Cristobal Ramos Sacristán es un empresario de esmeraldas de Muzo Boyacá, dueño de la compañía Cristyer Ltda, que ha recibido varios títulos por parte del Ingeominas para explotar minas en el occidente de Boyacá. Al igual que Sacristán, el dueño de El Pedregal, Daniel Gómez Cañón también tiene cédula de Muzo en Boyacá.

El dueño de otra de las cinco haciendas, llamada El Rincón, Hugo Armando Bustos Bernal también había sido propietario una de las 27 fincas que entregó el Incora en 1992 en el hato. El predio que le había adjudicado originalmente el Estado, con el englobe de 2007 quedó incluido como parte de la nueva hacienda Mi Llanura de la que el ex piloto Pedro Ortegón figura como dueño. (Para entender mejor estas trnasacciones, ver el gráfico animado de este especial).

Bustos Bernal es miembro suplente de la junta directiva de la Compañía Ganadera del Meta, según los registros públicos, y en cuya junta directiva figura como miembro principal Ernesto Carranza, otro hijo del esmeraldero.(Ver registro de Cámara de Comercio)

Del propietario de Las Corocoras, Jaime Rojas García no se sabe nada. Pero su predio al igual que los otros cuatro es administrado por Celso Hinojosa, a quien la gente de la región reconocía como un empleado de Víctor Carranza. Hinojosa le dijo en dos oportunidades a las autoridades que se lo requirieron, que los predios eran explotados por la ganadería La Cristalina. Según los certificados de Cámara de Comercio de la ganadería, el gerente general es Holman Carranza Carranza y la subgerente es María Blanca Carranza, respectivamente hijo y esposa del esmeraldero, según una declaración que dio él mismo Víctor a la justicia en una indagatoria que rindió en 1998 por una acusación que le hizo el narcotraficante Leonidas Vargas.

La primera vez que el administrador dijo que La Cristalina era la dueña de esos predios fue en 2008, cuando la Unidad Nacional de Tierras Rurales, Unat, realizó un informe de clarificación de los predios de la zona. Hinojosa fue el encargado de recibir a los funcionarios como encargado de las tierras.

La segunda vez, fue a finales de 2012, cuando el Incoder envió una notificación a los dueños de los predios e Hinojosa atendió a los funcionarios, no les recibió la notificación y les dijo que era mejor que la llevara a las oficinas de La Cristalina en Puerto López.

Los funcionarios llevaron las notificaciones como lo indicó Hinojosa, pero varias semanas después, según el Incoder, La Cristalina envió una comunicación diciendo que no tenía nada que ver con los predios. El administrador de las fincas, Celso Hinojosa, murió a finales de marzo de 2013 por un infarto, según los primeros indicios.

A pesar de lo que dicen los voceros de La Cristalina, los habitantes del Porvenir han recibido varias cartas de la empresa en las que les advierten que retiren sus vacas de la hacienda. Los mensajes tienen el nombre de La Cristalina y están firmados por Luz Dary Ovalle y John Jairo Ramírez, como administradores de la empresa. (Ver cartas)

Pero estas no han sido las únicas presiones que han recibido los pobladores para retirar su ganado. En varias ocasiones les han llegado cartas de Hugo Armando Bustos Bernal, el propietario de El Rincón en que les solicita que saquen sus vacas de su predio. Inclusive Bustos se reunió con los campesinos en el caserío para advertirles que retiraran sus reses, si no querían pagar una multa o que les quitaran las vacas.

Las advertencias se cumplieron en noviembre de 2011. Según los pobladores del caserío, trabajadores que le respondían a Celso Hinojosa se llevaron varias reses de la comunidad a unos establos del Hato Cabiona. “Nos dijo que el ganado estaba en predios de ellos. Nos tocó al otro día ir a recoger las vacas, pero algunas se murieron en el camino, la verdad es que es muy complicado porque este es el único sustento que tenemos”, dijo un campesino.

Según los pobladores durante el 2012 recibieron varias ofertas de Bustos Bernal en las que les permite pastar el ganado a cambio de la mitad de las reses. “No hemos aceptado, no hemos firmado ningún papel porque consideramos que no es justo. Estas tierras las hemos trabajado por tantos años ya, que no puede aparecer alguien ahora a ponernos reglas”, señaló otro poblador.

Aunque la familia Carranza insiste en que esas tierras no son de su propiedad, como se ha visto, existen muchos indicios que los involucran con algunos de los propietarios que aparecen en los documentos y con el personal que administra actualmente el predio.

En una ocasión, un abogado de Carranza dijo en una entrevista que de su apoderado se dice de todo pero no se ha probado nada. Aunque las autoridades de diversa índole han recibido testimonios de decenas de personas por más de dos décadas que vinculan a Víctor Carranza con paramilitares, éste ha salido limpio de todos los procesosjudiciales.

En el caso de las tierras de El Porvenir habrá que esperar si tras la investigación del Incoder, el Estado vuelve a tener la propiedad de las fincas y si los campesinos podrán seguir explotándolas, como lo han hecho por las últimas cinco décadas. Por su parte la justicia tendrá que investigar si toda la violencia que vivió esta comunidad y las irregularidades que rodean la posesión del predio, tuvieron que ver con Carranza. 

Actualidad Porvenir: acumuladores aceptan revocatoria

El caso del Porvenir, las 25 mil hectáreas que explota la Ganadería La Cristalina, resultó ser una sorpresa para la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formación de Tierras. Los abogados encontraron que se trataba una de las acumulaciones de tierras más grandes del país producto de un englobe de cinco predios ubicados en Puerto Gaitán, Meta.

La Superintendencia le puso lupa al caso por una denuncia presentada por el congresista Iván Cepeda. Los abogados de la entidad visitaron el 21 y 22 de junio de 2012 la Notaría 4 de Villavicencio, donde fueron realizados los englobes de El Porvenir, así como la Oficina de Instrumentos Públicos, donde el terreno quedó finalmente registrado. Los funcionarios que firmaron los documentos fueron la notaria Gloria Emma Camacho Romero y el registrador Jairo Alfonso Gutiérrez Rodríguez, los mismos que permitieron el englobe y registro del predio El Brasil.

Después de estudiar el pasado de la tierra de los cinco predios que integran El Porvenir, la Superintendencia encontró que el registro en Puerto López fue irregular porque acumuló más de una UAF, Unidad Agrícola Familar, es decir la cantidad de tierras que puede acumular una persona o empresa si estas fueron originalmente entregadas por el Estado. La UAF en Puerto Gaitán es de 1.107 hectáreas y la Ganadería La Cristalina explota un terreno 25 veces más grande.

Aunque el foco de la Superintendencia está en determinar la irregularidad del englobe, es decir, sobre las actuaciones realizadas en la Oficina de Instrumentos Públicos, los abogados encontraron que las adjudicaciones realizadas por el Incora en los años 90 también eran irregulares porque los beneficiarios, es decir, los antiguos dueños de las parcelas, no cumplían los requisitos para ser titulados. Entre ellos, que no estaban en las tierras al momento de ser adjudicados y que la inspección ocular, la visita que realizan los topógrafos del instituto de tierras, fue realizada en pocos días cuando recorrer todas las fincas puede tardar más de una semana. Por eso, la Superintendencia envió copia de su estudio al Incoder.

Como la Superintendencia no tiene las facultades para revocar los registros, tenía que notificar a los actuales propietarios de los cinco predios, El Rincón, Las Corocoras, Mi Llanura, Campo Hermoso y El Pedregal, y pedir su consentimiento para actuar.

Según la Superintendencia, un abogado se presentó en la entidad para explicar que su cliente, que entonces era Víctor Carranza, no tenía nada que ver con los predios y se comprometió a contactar a los dueños para que se notificaran.

Luego de la visita del abogado de Carranza, a marzo de 2013, cuatro de los cinco propietarios de las tierras que explota la Ganadería La Cristalina se notificaron ante la Superintendencia, aceptaron que acumularon irregularmente tierras y que pueden ser revocados. Pedro Libardo Ortegón, el ex piloto, no fue.

El Incoder por su parte realiza un estudio de las 27 adjudicaciones que hizo el antiguo Incora durante 1992 y 1996 y que están distribuidos en los cinco predios mencionados. De probar que las titulaciones fueron irregulares, el Instituto puede revocar los terrenos y devolverlos a la Nación para que sean distribuidas entre campesinos que no tengan tierra o entre víctimas del conflicto, particularmente numerosas en esa región.

VerdadAbierta.com le envió un cuestionario al abogado Jorge Alirio Roa, quien ha representado a Víctor Carranza, en algunas de las averiguaciones oficiales asociadas a los predios de Hato Cabiona y de El Brasil, para que diera la versión de los hechos de su apoderado ya fallecido, y de los miembros de la familia de éste que representan a La Cristalina, según los documentos de registro. A pesar de la insistencia de este medio, el abogado Roa no respondió las preguntas. 

Roa además ha sido abogado de los desmovilizados ‘Guillermo Torres’ y otros integrantes de Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, conocidos como ‘Los Carranceros’.

Violencia que sigue en Puerto Gaitán 

De Puerto Gaitán salieron expulsadas 3.379 personas entre 1997 y agosto de 2010, según el antiguo Registro de Población Desplazada, Rupd, siendo 2006 y 2007 los años con más personas desplazadas en este municipio. La Defensoría del Pueblo emitió el 1 de mayo de 2012 una alerta temprana, advirtiendo que este es un territorio disputado por grupos armados ilegales.

Según el informe,la zona es utilizada como un corredor estratégico hacia Venezuela por el Frente 39 de las Farc y por la banda criminal ‘Los Cuchillos’, ex paramilitares que pertenecieron al Ejército Revolucionario Popular Anticomunista -Erpac-, que estuvo a cargo de Pedro Oliverio Guerrero alias ‘Cuchillo’. Guerrero fue el jefe del Frente Héroes del Guaviare de las Auc y no quiso participar del proceso de desmovilización. Murió en un operativo policial en diciembre de 2010.

La alerta identificó que ‘Los Cuchillos’ hacen presencia desde 2012 en las veredas La Cristalina, Murujuy y Planas, y que este y otros grupos ilegales permanecen en la región atraídos por la llegada de agroindustrias. “En este contexto, los grupos armados ilegales de acuerdo con sus intereses, han identificado los territorios de la región como una zona estratégica por ser una nueva fuente de recursos económicos para el desarrollo de sus actividades, bien por la supuesta hipotética ‘prestación de servicios de seguridad’, bien por la realización de actividades extorsivas a empresarios y compañías que hacen presencia en el territorio…”, señala el informe.

La Defensoría advirtió que Puerto Gaitán, incrustado en la altillanura, era centro de atención por ser considerada la última frontera agrícola y ganadera del país, lo que ha generado durante los últimos años inversiones para la adecuación de suelos y desarrollo de obras de infraestructura como carreteras, habilitación de afluentes como el río Meta y suministro de energía eléctrica.

La violencia en la región ha persistido desde mediados de los años 80 y el abandono de tierras ha sido a gran escala. El Ministerio Público llevaba en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados -Rupta-, un reporte de 94.456 hectáreas abandonadas o usurpadas en Puerto Gaitán. Esta cifra se incrementó cuando, a raíz de la aprobación de la Ley de Víctimas, comenzó a funcionar la Unidad de Tierras, que hasta enero de 2013 había recibido 232 reclamaciones por 126.482 hectáreas.

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Una industria porcina siembra hoy soya y maíz en una finca en Puerto Gaitán que luego de haber sido adjudicada a beneficiarios d reforma agraria, les sirvió de cuartel y campo de entrenamiento a los paramilitares de los Llanos orientales durante nueve años. VerdadAbierta.com investigó en profundidad esta historia, que tuvo tras bambalinas al empresario de las esmeraldas Víctor Carranza.

El Origen

El conflicto: base paramilitar

La transformación de la tierra

Actualidad: investigación oficial

El Origen

En la misma tierra donde los paramilitares conocidos como Los Carranceros entrenaron a 200 de sus integrantes, reclutaron niños para la guerra y cavaron fosas para desaparecer los cuerpos de sus víctimas, la Agropecuaria Aliar por medio de una filial suya, Proyectos La Fazenda, desarrolla desde 2007 un sembradío de soya y maíz para alimentar los cerdos cuya carne es luego comercializada en los frigoríficos de ocho departamentos.

La finca se llama El Brasil y queda en la vereda La Cristalina de Puerto Gaitán. Comenzó siendo una extensa hacienda que fue dividida en 16 parcelas y adjudicada a igual número de personas en los años 80 y 90. En la siguiente década, El Brasil acogió a los paramilitares que venían de cometer la masacre en Mapiripán en julio de 1997 y fue base de un grupo paramilitar conocido en la región como ‘Los Carranceros’, que hicieron parte de la alianza nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2007, los predios fueron englobados por la firma Agualinda, cuya representante legal es María Blanca Carranza, esposa del empresario de esmeraldas Víctor Carranza, y ese mismo año fueron transferidos a la Agropecuaria Aliar. Esta es la historia de cómo cambió la tierra de manos.

Tierra baldía en La Cristalina

Antes de que se llamara Puerto Gaitán en 1969,este territorio de extensos pastos era de los sikuani o guahíbos, una etnia perseguida por los ocupantes blancos de esas tierras de la Nación que incluso salían a cazarlos como si se tratara de animales. A raíz de la violencia partidista de los años 50, miles de campesinos huyeron a los Llanos para comenzar una vida nueva y colonizaron tierras baldías.

El gobierno en el proyecto de reforma agraria que impulsó en los años 80 incluyó a la vereda La Cristalina, de Puerto Gaitán, para titularle allí tierra a los campesinos. En 1983, tres familias lograron que el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les titulara a cada uno una parcela de mil hectáreas.

Mientras el Incora adelantaba este proceso, en el Vichada se creaba un grupo de autodefensas a cargo de José Baldomero Linares alias ‘Guillermo Torres’ o ‘El Colorado’ que tenía vínculos con las Autodefensas de Puerto Boyacá en el Magdalena Medio.

En 1994, el Estado emitió la Ley 160 para reglamentar la titulación de tierras baldías a campesinos y prohibió que una persona tuviera más de una Unidad Agrícola Familiar, UAF, es decir, la cantidad de tierra que el gobierno consideraba era suficiente para que una familia campesina subsistiera y progresara. La UAF fue definida en 1996 y para Puerto Gaitán se estableció que era entre 1.360 y 1.840 hectáreas.

Ese mismo año, el jefe de las autodefensas del Vichada, ‘Guillermo Torres’, llegó a Puerto Gaitán con un grupo de 11 paramilitares. La gente de la región comenzó a llamar al grupo ‘Los Carranceros’, atribuyéndole una conexión con el mayor empresario de esmeraldas del país, Víctor Carranza, quien había comprado vastas fincas en la región. El nombre de Carranza venía apareciendo mencionado en varios procesos judiciales, como uno de los comandantes de organizaciones armadas de autodefensa, desde fines de los años 80. Aunque fue investigado por la justicia por la presunta creación de estos ejércitos privados, Carranza fue absuelto.

En 1995 el entonces gerente del Incora Meta, Julio César González Contreras, tituló, tierras en La Cristalina a otras 12 familias en pocos días. A cada una le dio900 hectáreas y estas fueron llamadas El Chaparral, Los Cámbulos, El Estero, El Garcero, Corocito, El Bambú, Santa Inés, Las Gaviotas, Las Corocoras, Los Gavilanes, La Ceiba y El Ensueño. En diciembre tituló una más, Los Araguaneyes. Estas 13 titulaciones sumaban 13.000 hectáreas. Aunque todos los predios recibieron diferentes nombres, la gente conocía la tierra como El Brasil. 

El conflicto: base paramilitar

La Fiscalía 59 de Justicia y Paz que investiga a las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, como se hicieron llamar en la desmovilización, ha recibido decenas de confesiones en las que ex paramilitares de ese grupo aceptan que El Brasil fue su casa desde 1994, cuando eran unos 50 hombres. Las confesiones fueron hechas por José Delfín Villalobos alias ‘Alfa Uno’, Deiber Andrés Bolaños alias ‘520’, desmovilizados de ese grupo, así como Elkin Casarrubia alias ‘El Cura’ y Dúmar de Jesús Guerrero alias ‘Carecuchillo’, estos dos últimos desmovilizados del Bloque Centauros.

Los paramilitares adecuaron la casona principal de la hacienda como cuartel: un cuarto para retener e interrogar a las víctimas; otro para recuperar a los paramilitares heridos en combate; otro más de dormitorio y el resto para el almacenamiento de víveres y armas con las que se surtía a la tropa. Los desmovilizados contaron que El Brasil funcionó como deshuesadora de vehículos robados y centro de telecomunicaciones porque allí instalaron antenas y repetidoras. 

A 15 minutos en camioneta de esta casona, muy cerca al río Muco, los paramilitares instalaron una escuela de entrenamiento donde la tropa aprendía técnicas de combate y manejo de armas. Con esta infraestructura, en 1997 El Brasil les sirvió de refugio a los paramilitares que cometieron la masacre en Mapiripán, en el sur del departamento. Los Carranceros eran aliados de los paramilitares que habían enviado los hermanos Castaño desde el Urabá hasta el Meta.

En varias versiones libres, Salvatore Mancuso y Jorge Humberto Victoria alias ‘Don Raúl’ confesaron que la llegada a los Llanos de los 80 paramilitares desde el Urabá hasta San José de Guaviare ese julio de 1997 fue planeada junto con ‘Guillermo Torres’, Héctor Germán Buitrago alias ‘Martín Llanos’, jefe de las autodefensas de Casanare y con Jesús Pimiento alias ‘Juancho Diablo’. De este último aseguraron que era el representante de Víctor Carranza. (Ver confesión).

Según lo reconstruyó la Fiscalía basándose en estas confesiones, El Brasil acogió luego a los integrantes de otro grupo paramilitar proveniente del Urabá, llamado Los Centauros, para reentrenarlos. “Se decía que era de Víctor, hay una pista abandonada y una laguna, era una casa grande, de material, con una corralera en donde hicimos los entrenamientos”, dijo alias ‘EL Cura’ en una versión en agosto de 2010.

“Era una escuela de preparación militar y de reentrenamiento de Los Urabeños (paramilitares provenientes del Urabá). Había entre 30 a 60 hombres y se llevaba un control del número de participantes”, le dijo a la Fiscalía José Delfín Villalobos alias ‘Alfa 1’, ex jefe militar de Los Carranceros. El entrenamiento siguió hasta 2005.

Como parte de su estrategia para aumentar la tropa, Los Carranceros reclutaron niños, les dieron armas y los pusieron a entrenar. A los que fueron tildados de indisciplinados o que expresaron que querían desertar del grupo fueron asesinados y desaparecidos en la finca. Fue lo que sucedió con una niña de 14 años a la que le decían ‘La Gomelina’. Un desmovilizado contó que la mataron porque los amenazó con denunciarlos a la Fiscalía. “La metimos en una fosa”, dijo el paramilitar.

Con esta confesión, la Fiscalía 59 siguió investigando y encontró que en El Brasil había varias fosas. Con lasdescripciones de los paramilitares, la Unidad Élite de Exhumaciones de la Fiscalía ha realizado siete visitas de campo entre 2008 y 2010 y tras remover la tierra encontró cinco fosas, entre ellas, donde estaban los cuerpos de ‘La Gomelina’, de Tito Sabogal y de Óscar Andrés Pardo, cuyos restos ya fueron entregados a sus familiares. La Fiscalía trata de confirmar con pruebas de ADN si los otros dos cuerpos son los de Carlos Acosta y Édgar René López alias ‘Yiyo’.

Los Carranceros delinquieron desde el Vichada hasta Puerto Gaitán y Puerto López. Se desmovilizaron con el nombre de Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, Acmv, el 6 de agosto de 2005 en la finca La María, en Puerto Gaitán, con 209 integrantes. 

La transformación de la tierra

La finca mencionada por los diferentes paramilitares e investigada por la Fiscalía es la misma que desde 2007 es explotada por la Agropecuaria Aliar S.A., una sociedad de antioqueños y santandereanos, que en Puerto Gaitán tiene una industria dedicada al engorde de cerdos para la producción de cárnicos. Su marca comercial es conocida como La Fazenda, con sucursales en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Bogotá, Cundinamarca, Meta y Santander.

¿Pero cómo las 16 parcelas adjudicadas por el Incora en los 80 y 90, que luego fueron utilizadas por Los Carranceros, terminaron en manos de la agroindustria? El 3 de abril de 2007 se reunieron en la Notaría 4 de Villavicencio cuatro personas: el abogado Julio César Pérez Niño, que representó, mediante poder a los 13 propietarios de las parcelas adjudicadas en 1995 por el Incora; Fernandel Alfonso, como representante de Yesid Carranza Córdoba; Yesid Eduardo Chaparro Alfonso y Miguel Alfonso Veloza. Estos dos últimos y el hijo de Carranza, Yesid, eran los nuevos dueños de las otras tres parcelas que el Incora había adjudicado en los 80 y que ellos compraron en 2002 y 2007. 

En ese acto notarial crearon la empresa Agualinda Inversiones S.A, y nombraron como sus gerentes a Sergio Andreiv Poveda Mojica y María Blanca Carranza, esposa del empresario de esmeraldas. En la escritura quedaron registradas las 16 parcelas (Ver certificado de libertad del predio), originariamente adjudicadas por el Incora a campesinos, ahora como de propiedad de la nueva empresa Agualinda a través de una venta entre los parceleros y la empresa.

Con las tierras a su nombre, Agualinda firmó diez días después, el 13 de abril, una promesa de compraventa con la empresa santandereana Agropecuaria Aliar. En el documento, Aliar se comprometió a comprarle los 16 predios a Agualinda. El 2 de mayo de 2007 ante la misma Notaria 4 de Villavicencio, Agualinda englobó los 16 predios con el nombre de El Brasil y una semana más tarde los registró en la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto López.

Los trámites se hicieron en pocos días. El 3 de abril fue creada Agualinda, la empresa administrada por Carranza y Poveda (ver escritura de constitución de la empresa), el 2 de mayo fue englobado El Brasil y el 15 de mayo de 2007 se realizó la transferencia de los predios de Agualinda a la Agropecuaria Aliar, la empresa santandereana, mediante un contrato de fiducia, venta y comodato por 15 mil millones de pesos. Se firmó en Notaría Tercera de Bucaramanga y se hizo entre 10 empresas –cuyos representantes, en su mayoría han sido de la junta de Aliar desde marzo de 2007 —, Agualinda y el banco Helm. La escritura indica que la transferencia de los predios contó con la aprobación de Aliar, la empresa santandereana. (Ver escritura de englobe)

Eso significa que aunque la transferencia fue realiza entre Agualinda y el banco, ambas partes sabían que había una promesa de compraventa de las 16 mil hectáreas por parte de Aliar. En la actualidad, el predio está en una fiducia del banco Helm (ver escritura de constitución de la fiducia) administrada por La Fazenda, que es una empresa filial de Aliar.(Ver registro de Cámara de Comercio)

Las 10 empresas son: Agropecuarias Futuro, San Martino, Valores y Visión, todas de Envigado y creadas el mismo día, el 22 de diciembre de 2006 en la Notaría 7 de Medellín. Las otras seis, son santandereanas: Premex, Entrehogar, Inversiones Arar, Concesionaria y Proyectos La Fazenda.

La figura comercial, de agrupar a varias empresas para transferir la tierra, fue al parecer utilizada para poder acumular las 16 mil hectáreas, que originariamente habían sido baldíos de la Nación adjudicados a campesinos. Así lo reconocieron explícitamente en la escritura firmada en Bucaramanga: “Que lo fideicomitentes conocen y aceptan las limitaciones que en materia de legislación agraria pesan sobre el inmueble, en especial las relacionadas con las UAF (Unidades Agrícolas Familiares) conforme a lo previsto en la Resolución 041 del 24 de septiembre de 1996 expedida por el Incora… En desarrollo de las anteriores consideraciones, las han convenido en celebrar un contrato de fiducia mercantil que se regirá por las siguientes cláusulas”. 

Actualidad: investigación oficial

El Incoder y la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras le tienen el ojo puesto a El Brasil, hoy con 16 mil hectáreas sembradas con soya y maíz en la vereda La Cristalina, en Puerto Gaitán, a cargo de la empresa santandereana Aliar. Están analizando si ha habido una acumulación irregular de tierras provenientes de baldíos y cómo se hizo. 

La Superintendencia está adelantando un análisis de los títulos y antecedentes de los registros realizados en la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto López -donde fueron englobadas las 16 mil hectáreas-. El equipo de abogados que realiza el estudio de títulos ha encontrado que los funcionarios que aceptaron el registro del Brasil fueron los mismos que permitieron el englobe del predio El Porvenir, un predio de 25 mil hectáreas en Puerto Gaitán, que también está bajo la lupa de estas autoridades por posible acumulación irregular de tierras baldías (ver historia Un oscuro Porvenir). Se trata de la ex Notaria 4 de Villavicencio, Gloria Emma Camacho Romero, que firmó las escrituras, y del ex registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto Gaitán, Jairo Alfonso Gutiérrez Rodríguez.

El Incoder también documenta el caso, para saber si la Agropecuaria Aliar violó la Ley 160 de 1994 sobre acumulación de tierras cuyo origen sean tierras de la Nación así como la Resolución 041 de 1996 que fijó para Puerto Gaitán un límite de concentración en la propiedad entre las 1.360 y 1.840 hectáreas. Es probable que el instituto de tierras, como lo ha hecho con otros nueve casos de acumulación, presente una demanda a un juez para que anule el englobe.

Cuando la Superintendencia y el Incoder estudien los títulos y los registros, encontrarán que las 13 adjudicaciones que hizo el antiguo Incora en 1995 dejan varias preguntas. Lo que técnicamente se conoce como “inspección ocular”, que es la visita a las 13 mil hectáreas que se traduce en la descripción del predio, con linderos y coordenadas, fue realizada en dos días, cuando recorrer esas fincas puede tardar varias semanas.

También encontrarán que en el acta de constitución de Agualinda, realizada el 3 de abril de 2007, firma una persona que había muerto tres años antes. Ese día el abogado Julio César Pérez Niño presentó ante la Notaría 13 poderes que según dijo, le entregaron los 13 beneficiarios originales para que los representara en la constitución de la empresa. Pero Segundo Luis Gaitán Ramos, dueño de la parcela de Las Gaviotas, había muerto en 2004. (ver certificado de defunción) ¿Cómo firmó tres años después de muerto?

A la espera de la respuesta de Aliar

VerdadAbierta.com se contactó en varias oportunidades con la Oficina de Comunicaciones de la Agropecuaria Aliar, con sede en Floridablanca en Santander, pero no obtuvo respuesta. En la entidad respondieron que Jaime Liévano Camargo, el gerente, estaba fuera del país. Este medio también se comunicó con su hijo Juan Pablo Liévano Ardila, gerente de Proyectos La Fazenda, pero respondió que él se encargaba del área de impuestos de la empresa y que iba a consultar quién podía responder las preguntas. El cuestionario le fue enviado por medio electrónico sin respuesta. Este medio también buscó a uno de los socios de la agropecuaria en Bucaramanga y respondió que quienes estaban autorizados para hablar eran los directivos de Aliar.

En síntesis
Aún sin conocer la versión de los socios de Aliar, los documentos y piezas judiciales ayudan a reconstruir la historia de El Brasil. En síntesis ha sido la siguiente: el Incora en 1983 adjudicó tierras a tres familias y a otras 16 en 1995, pero en 13 de los procesos no realizó la inspección debida de los terrenos. Vino una ofensiva paramilitar que usó la hacienda como cuartel y fosa de sus víctimas, y ese grupo se conoce como Los Carranceros. Estos paramilitares se aliaron con otros llamados Los Centauros que llegaron de Urabá, y los desmovilizados de estos grupos identifican a Víctor Carranza como el dueño de El Brasil, a donde hicieron sus entrenamientos y donde torturaron gente, aunque según la documentación recogida por VerdadAbierta.com, la tierra era de campesinos beneficiarios de reforma agraria. Estos grupos de desmovilizaron en 2005 y dos años después, en 2007, se crea Agualinda en la que figuran familiares directos de Carranza, y con el poder de todos esos campesinos, aún el de uno que ya había muerto, consigue que los predios queden a nombre de la empresa. Días después Agualinda promete venderle los predios a la empresa santandereana Aliar, y poco más de un mes después, con el visto bueno de Aliar, y mediante una figura de fiducia, entrega los predios a un conjunto de empresas santandereanas, algunas representadas por directivos de Aliar.

La violencia no cesa
Puerto Gaitán, considerado por el gobierno nacional como un lugar para la ampliación de la frontera agrícola y desarrollo de proyectos agroindustriales, fue incluido en mayo de 2012 en el listado de municipios en riesgo. La Defensoría del Pueblo documentó en una alerta temprana que en el territorio hacen presencia un grupo disidente del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista –Erpac-, que supuestamente se entregó en diciembre de 2011, pero que ahora se hace llamar ‘Los Cuchillos’. Ésta es una banda criminal creada por ex paramilitares del Llano.
‘Los Cuchillos’ se disputan el territorio con el Frente 39 de las Farc. Según el informe de riesgo, ambos grupos buscan el control de los cultivos de coca en zonas rurales alejadas, vecinas a los departamentos del Vichada o Guaviare, en el oriente y sur del departamento de forma respectiva. La Defensoría solicitó atención de las autoridades para salvaguardar y atender los habitantes de 17 barrios, la mayoría de ellos periféricos al casco urbano, de 13 veredas entre las que se encuentra La Cristalina, y de 9 resguardos entre los que está el Wacoyo de la etnia Sikuani.

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El Incoder ha demandado a nueve empresas agroindustriales por acumulación irregular de 24 mil hectáreas en Antioquia, Magdalena, Norte de Santander, Meta y Vichada.

El Instituto argumenta que las empresas violaron lo que técnicamente se conoce como Unidad Agrícola Familiar -UAF-, contemplada en la Ley 160 de 1994 y definida en la Resolución 041 de 1996 del Incora, que es una extensión máxima de tierra que el Estado le puede entregar a una familia de agricultores, teniendo en cuenta que sea suficiente para garantizarle ingresos para vivir dignamente. La extensión de cada UAF cambia, según la región, la fertilidad de la tierra, la infraestructura, etc. Así una UAF en la Sabana de Bogotá es mucho más pequeña que una en los Llanos Orientales.

Los empresarios alegan otra interpretación. Dice que compraron terrenos que el Estado había adjudicado originalmente a campesinos antes de la aprobación de la Ley de 1994, cuando no existía el concepto de UAF. Éstos vendieron a terceros fincas que ya eran más grandes que la UAF, aún antes de la Ley. Y que por esto, los predios que compraron no tienen ninguna restricción.

Aunque el argumento de los empresarios parece lógico, están un poco solitarios en su interpretación de la norma. Varias instituciones del Estado que están a cargo del tema de tierras consideran que hay acumulación desde la vigencia de la Ley. Es decir, cualquier persona o empresa que haya comprado más de una UAF después de 1994 cometió una irregularidad.

El debate seguirá abierto hasta que un juez determine quién tiene la razón y siente jurisprudencia en estos casos, o si el Congreso aprueba el proyecto de ley que presentó en diciembre de 2012 el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo sobre inversión extranjera en el sector agropecuario. El gobierno propone con el artículo 7 de este proyecto que los predios adquiridos antes del 5 de agosto de 1994 queden exentos de las restricciones por acumulación.

No es una tarea del instituto de tierras documentar si, además de la acumulación irregular de tierra, hubo violencia en los predios que explotan estas empresas, pero ésta sí es una obligación del Estado en general y en particular, debe determinar si hay víctimas de esa violencia del pasado.

De haber procesos de demanda por restitución de tierras, como lo contempla la Ley de Víctimas, el juez tendrá que determinar si las tierras que ocupan estas empresas fueron despojadas a víctimas de la violencia después de 1990. De ser así, el juez puede revocarles los títulos y restituirlos a los campesinos. Si los empresarios demuestran que compraron las tierras de buena fe y no participaron en el despojo, podrán negociar el uso de la tierra con los campesinos propietarios para mantener los proyectos productivos.

El asunto no es de fácil resolución. En el caso de Poligrow, por ejemplo, los empresarios extranjeros han hecho una inversión entre 20 y 25 millones de dólares, según sus propios cálculos, en el olvidado municipio de Mapiripán, han creado 300 empleos directos y creará muchos más, cuando ponga en marcha su procesadora de aceite; han becado jóvenes de la localidad para poderlos emplear en su agroindustria; y hasta le han puesto energía eléctrica al casco urbano que no la tenía. (Ver entrevista con el Presidente de la Empresa Carlo Vigna Taglianti).

¿Qué pasará con esa inversión si los jueces resuelven que su compra fue una acumulación irregular de tierras? El dilema es aún peor, si las autoridades legales comprueban los indicios que VerdadAbierta.com descubrió: que quienes le vendieron a Poligrow pudieron no haber sido los dueños de la tierra y que su verdadero dueño tuvo que huir por la violencia guerrillera en la zona y la venta se hizo sin su conocimiento. Habría entonces una víctima clara. Y cuando la hay, el Estado deberá restituirle lo despojado.

Pero entonces se verían afectados los derecho de los mapiripenses, todos víctimas de la violencia paramilitar de fines de los noventa, a tener una fuente estable de empleo, de riqueza, en una región en la que prácticamente solo se siembra coca y dónde hay aún hay actores violentos.

Si se invoca la Ley de Víctimas, en este u otros casos, porque además de la acumulación irregular de tierras se comprueba que hubo víctimas con derechos sobre esas tierras, la justicia tendrá que resolver no sólo el pleito de la acumulación, si no también comprobar si el comprador tuvo o no buena fe al adquirir los predios.

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Hasta el 3 de enero de 2013, Puerto Gaitán y Mapiripán eran los dos municipios del Meta donde las víctimas estaban solicitándole a la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura la restitución de la mayor extensión de tierras. La Ley de Víctimas de 2011, creó esta unidad para respaldar las reclamaciones de las víctimas de despojo durante el conflicto armado colombiano, que suman casi un millón de hogares. Para esa fecha, Puerto Gaitán, tenía 232 solicitudes por 126.000 hectáreas; y Mapiripán registraba 337 solicitudes de restitución por 169.000 hectáreas.

Luego encontró que precisamente en estos dos municipios, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) estaba investigando tres casos de posible acumulación tierras de forma irregular. Estos son: la compra de predios en Puerto Gaitán para desarrollar un complejo de producción de alimentos para cerdos, por la empresa La Fazenda, cuyos propietarios son reconocidos comerciantes y constructores nacionales; la compra de la finca sede de la Ganadería La Cristalina de propiedad de la familia del empresario de esmeraldas Víctor Carranza; y la compra de predios en Mapiripán para el desarrollo del cultivo de palma por la holding empresarial registrada en España, Poligrow.

Aún sin fallos definitivos al respecto, VerdadAbierta.com estudió los tres casos en profundidad. Analizó los títulos de las fincas; construyó una base de datos propia con la información que se derivó de consultar la tradición de los predios y los socios de la empresas en escrituras, registro de la propiedad y catastro; y la cruzó con bases de datos oficiales de desplazamiento forzado, despojo de tierras y registros de las confesiones de Justicia y Paz. También consultó información de organizaciones no gubernamentales especializadas en el registro de las víctimas.

Analizó investigaciones de la Fiscalía y de la Superintendencia de Notariado, y por supuesto, hizo las entrevistas de rigor con funcionarios públicos nacionales y locales. Viajó a las poblaciones donde están estos predios y allí recogió testimonios de ex propietarios y administradores de tierras en Meta, entre muchos otros testigos de la historia reciente, y preguntó a los actuales dueños. Este especial documenta en detalle los hallazgos de esta investigación.

En síntesis se encontró que las haciendas de los tres complejos agrícolas tienen un pasado turbulento que dejó muchas víctimas, y que hay indicios relevantes de que la acumulación irregular de tierras no fue lo único irregular en la compra de esos predios.

En los terrenos de La Fazenda, los paramilitares instalaron una base de entrenamiento y cavaron fosas para desaparecer a sus víctimas. En los de la Ganadería La Cristalina fueron asesinados líderes campesinos durante los años 80 y también hubo una base paramilitar. Y los de Poligrow habían sido abandonados por su dueño por presión de la guerrilla, pero por la extorsión guerrillera y luego de la incursión violenta de los paramilitares a la zona de Mapiripán, el dueño tuvo que huir y asegura que abandonó la tierra y no supo más de ella. Quedan dudas que las autoridades tendrán que investigar de si estas tierras fueron vendidas sin autorización del dueño, como éste asegura, o si la venta fue regular, como lo sostienen sus actuales propietarios. De todos modos el procedimiento para levantar las medidas de protección que había sobre estos predios para proteger a potenciales víctimas es cuestionable.

En este especial usted podrá conocer además las demandas que ha presentado el Incoder en todo el país por presunta acumulación irregular de tierras; podrá navegar por la elaborada documentación y testimonios de las historias de estos tres casos en Meta, y constatar cómo a los grandes proyectos productivos que hoy florecen allí, los antecedieron valles de lágrimas que nadie quiso ver.

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