La tranquilidad y la paz están lejos de llegar a estas regiones. Por el contrario, la guerra que se vive allí se ha extendido a otras zonas de ambos departamentos. La confrontación la lidera esta estructura criminal, que crece en poder militar y económico ante la mirada atónita de las autoridades y de las comunidades.
La escena fue dantesca y atemorizante. Promediando las dos de la tarde del pasado 27 de diciembre, justo cuando la canícula obligaba a pobladores y animales a buscar refugio bajo cualquier sombra, dos hombres que se movilizaban en motocicleta arrojaron una cabeza humana en inmediaciones del puente sobre el río Nechí, que sirve de acceso al municipio de El Bagre. Poco o nada se sabe sobre quién es la víctima de tan atroz crimen. Lo que sí quedó claro entre los habitantes de este pueblo minero del Bajo Cauca antioqueño es que se trató de una abierta declaración de guerra y que se avecinan acciones tal vez peores.
Tan sólo 24 horas antes circuló en las calles de El Bagre un panfleto que anunciaba la llegada del grupo armado conocido como ‘Caparrapos’ y sus intenciones de iniciar una “limpieza social”. Este tipo de pasquines amenazantes suelen ser anónimos, pero en este caso llamó la atención que estuviera firmado por un hombre que se identificó como Claudio Alonso Maturana Hurtado, conocido en la región como ‘Cristian’, hasta hace poco integrante del Frente Francisco Morelo Peñate de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo armado que logró consolidar un dominio armado y territorial en esta población durante casi una década. (Ver panfleto)
‘Cristian’ es un viejo conocido de las autoridades militares y de Policía. En febrero de 2016 fue capturado por el Ejército Nacional junto con otros tres integrantes de las Agc, a quienes se les acusó de ser los responsables de extorsiones a ganaderos y mineros del Bajo Cauca antioqueño. No se sabe cómo logró su libertad. Lo cierto es que hoy se presenta como comandante de los ‘Caparrapos’ y asegura no tener miedo de revelar su identidad pues, dice, “sé por parte de mis amigos de la Fuerza Pública que tengo orden de captura (sic)”.
A sus antiguos compañeros de armas, los integrantes de las Agc o del ‘Clan del Golfo’ -como los llama el gobierno nacional-, los amenaza de muerte, así como a expendedores de droga, prostitutas, consumidores y ladrones, a quienes dice “tener en la mira”.
También se atribuye el ataque con granada perpetrado la noche del 23 de diciembre en una discoteca del barrio El Porvenir, centro poblado de El Bagre, que dejó 24 personas heridas, seis de ellas de consideración, tras señalar que “eso fue por no hacer caso”. El panfleto termina con una dura intimidación de su parte: “Este pueblo ha sido mío por más de cinco años y nadie me lo va quitar, muérase quien se tenga que morir y la guerra apenas empieza”.
Pero esos “vientos de la guerra” comenzaron a soplar con fuerza en El Bagre desde septiembre de 2018, tal como lo reseña el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana de Inminencia 003-19.
De acuerdo con esta agencia estatal, el 21 de septiembre de ese año rodó por las calles de este pueblo un panfleto suscrito por un grupo autodenominado “Héroes del Central Bolívar Bajo Cauca” mediante el cual amenaza de muerte a todo aquel que colabore o facilite información a las Agc, advirtiendo, además, que “es mejor que se abran, no queremos derramar sangre de inocentes”. En realidad, se trató de una disidencia ‘gaitanista’ que se unió a los ‘Caparrapos’, extendiendo a tierras bagreñas la cruenta guerra que sostienen desde hace poco menos de dos años ambas estructuras armadas en los municipios vecinos de Tarazá, Cáceres y Caucasia.
Lo anterior, según el SAT de la Defensoría, aumentó dramáticamente los hechos victimizantes en contra de la población civil en este municipio, tales como homicidios selectivos, desplazamientos forzados, enfrentamientos armados en medio de población campesina, amenazas, atentados terroristas, reclutamientos de menores de edad, entre otros. (Leer más en: La guerra se recicla en el Bajo Cauca antioqueño)
Cifras de la Policía Nacional muestran que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, se registraron 45 homicidios en El Bagre, buena parte de ellos cometidos en el último trimestre del año. Se trata, además, de un aumento superior al 300 por ciento con relación a 2017, cuando se registraron tanto sólo once homicidios.
En medio de este fuego cruzado están quedando, además de las comunidades campesinas, decenas de presidentes de juntas de acción comunal y defensores de derechos humanos con presencia en la región. Tal como lo consigna el SAT en su Alerta Temprana de Inminencia, “al menos dos presidentes de juntas de acción comunal han tenido que salir de sus veredas por temor a que, por su liderazgo, resulten amenazados y desplazados de sus veredas (…) igualmente, organizaciones defensoras de derechos humanos como Aheramigua han denunciado que hombres armados han hostigado a familiares y personas que prestan servicios a los integrantes de este organización, señalándolos como ‘izquierdistas’ que no quieren en el municipio”.
Amenaza que se expande
La expansión de los ‘Caparrapos’ hacia El Bagre muestra que la confrontación que tiene lugar en el Bajo Cauca antioqueño entre esta estructura criminal y las Agc está lejos de ceder en intensidad. Por el contrario, amenaza con instalarse con toda su furia en otros pueblos circundantes como Zaragoza, Nechí, Ituango, Segovia, Remedios e, incluso, en municipios cordobeses como Montelíbano y San José de Uré.
De hecho, organizaciones sociales del sur de Córdoba denunciaron que la noche del pasado 6 de enero, un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados ingresó al centro poblado de San José de Uré y pintaron varias paredes del pueblo con las siglas B.V.P.A, que traduce ‘Bloque Virgilio Peralta Arenas’ -la denominación que se dan a sí mismos los ‘Caparrapos’-, además de la leyenda: “Fuera Guajiro Objetivo”. En este caso, se trata de una amenaza directa contra un comandante ‘gaitanista’ que hace presencia en tierras cordobesas. (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra)
De otro lado, fuentes estatales que pidieron reserva de su identidad, conocedoras de las dinámicas de violencia que vive el departamento de Antioquia, señalan que en los pueblos de Segovia y Remedios, vecinos del Bajo Cauca antioqueño donde la presencia ‘gaitanista’ es fuerte e histórica, comenzaron a aparecer desde finales del año pasado grafitis alusivos a un grupo autodenominado “Nueva Generación-Caparrapos”, mientras que en Dabeiba, occidente antioqueño, se habla con insistencia sobre su llegada y las intenciones de disputarle el dominio hegemónico que han tenido las Agc en esa vasta región.
Rumor para nada descabellado si se tiene en cuenta que este municipio es una de las puertas de entrada al Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo, un complejo sistema montañoso que, en el pasado, fue fortín inexpugnable de los frentes 5, 18 y 58 de la extinta guerrilla de las Farc y que, tras su dejación de armas y transformación en partido político, hoy es el botín de guerra por el que están dispuestos a matar o morir tanto ‘Caparrapos’ como las Agc, tal como lo advirtió el SAT de la Defensoría en su Alerta Temprana de Inminencia 023-18, del 23 de febrero de 2018.
En este documento alertó del avance de los ‘Caparrapos’ hacia zonas de antiguo dominio del Frente 18 de las Farc en el Nudo de Paramillo y zonas rurales del municipio de San José de Uré, en Córdoba, que estaba siendo contenido por las estructuras ‘gaitanistas’ conocidas como Frente Rubén Darío Ávila y Frente Francisco Morelo Peñate, situación que incrementó notoriamente los homicidios, las amenazas, los desplazamientos forzados. Al término de 2018, San José de Uré fue el municipio cordobés donde más aumentaron los asesinatos, incluidos los de líderes sociales. (Leer más en: El Paramillo, un nudo difícil de deshacer)
Lo que llama la atención es que, desde aquel momento la Defensoría advirtió la dinámica expansiva de este grupo que hoy emerge como la principal amenaza para todo el Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueños, así como para el sur de Córdoba: “Fuentes militares afirman que entre octubre de 2017 y enero de 2018, la estructura de ‘Los Caparrapos’ tuvo un inexplicable fortalecimiento en armamento, hombres y finanzas, al pasar de una base en Guáimaro (Tarazá) a dominar sectores en Cáceres, Tarazá, y enfrentar de manera casi simultánea a estructuras de las Agc”.
Hoy, diferentes informes del SAT de la Defensoría continúan señalando cómo este grupo continúa con su expansión hacia otros municipios, situación que sólo podría explicarse por un continuo fortalecimiento producto del recaudo de grandes sumas de dinero, pero, ¿qué explica, entonces, esta capacidad de fortalecerse en lo militar y en lo económico de la estructura conocida como ‘Caparrapos’? Y en particular, ¿qué son los ‘Caparrapos’ y quienes están detrás de esta máquina criminal que, junto con las Agc, tiene incendiada toda una importante región del país?
Todos bajo una misma sigla
A Virgilio Peralta Arenas lo conocieron en las filas del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) como ‘Víctor Caparrapo’. Fue uno de los hombres que integró el anillo de confianza de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, el temido comandante paramilitar que fue ‘Dios y Ley’ en todo Tarazá. Su apodo hace honor a su pueblo natal, Caparrapí, población del Bajo Magdalena cundinamarquéz que, junto con la vecina localidad de Yacopí, aportaron decenas de sus hijos a las huestes paramilitares que operaron en el Bajo Cauca antioqueño.
De allí son oriundos ‘Cuco Vanoy’ y uno de sus principales lugartenientes, Germán Bustos Alarcón, conocido como ‘Puma’. Tamibén lo eran los hermanos Vinicio, Armando y Erbert Virguez Mahecha. Al primero lo conocieron en Cáceres como ‘Jota Jota’, principal lugarteneniente de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, quien comandó la estructura conocida como Frente Magdalena Medio, Nordeste y Bajo Cauca del Bloque Central Bolívar de las Auc. (Leer más en: El día que ‘Macaco’ entró a las Auc)
En suelo cundinamarqués también nació José Horacio Bello, conocido como ‘6-7’, capturado por miembros de la Policia Nacional en Medellín en marzo de 2017, señalado de ser uno de los hombres de confianza de ‘Otoniel’, máximo jefe de las Agc.
En su momento, caparrapíes, yacopíes y paisas sirvieron juntos al ejército confederado de las Auc. Gracias a las confesiones entregadas por desmovilizados paramilitares a la Ley de Justicia y Paz, se sabe que tanto ‘Cuco’ Vanoy como ‘Macaco’ lograron conformar una poderosa máquina de guerra financiada por el narcotráfico. No en vano, el Bajo Cauca, junto con el Norte antioqueño, constituyen el centro de producción cocalero más importante de este departamento. Quizá ello explique también porque luego de la desmovilización de los bloques de las Auc que hicieron presencia en esta región y tras la extradición de sus máximos cabecillas a los Estados Unidos para que respondieran por delitos de narcotráfico, cientos de sus lugartenientes decidieran retornar a las andanzas criminales. (Leer más en: ‘Cuco’ Vanoy no se acuerda de nada)
Así, según lo consigna el SAT de la Defensoría en su Alerta Temprana de Inmiencia 027-18, de marzo de 2018, desde el año 2008 comenzaron a sonar con fuerza en toda la región nuevos grupos criminales que, si bien estaban integrados por antiguos paramilitares, se nombraban como ‘Paisas-Caparrapos’, ‘Rastrojos’, ‘Águilas Negras’ y ‘Urabeños’. La intención de cada uno de ello fue hacerse a un botín bastante lucrativo, que combinaba los ingresos producto de la extorsión a la pequeña y mediana minería, los préstamos paga-diario y el narcotráfico.
Así, entre 2008 y 2011, el Bajo Cauca antioqueño ardió por cuenta de las vendettas, reacomodos y alianzas de los herederos del paramilitarismo, guerra que sólo se silenció por cuenta de acuerdos entre los mismos criminales. Tal como lo reseñó el SAT de la Defensoría en la Alerta Temprana de Inminencia 027-18, “a escala regional hubo una negociación entre ‘Águilas Negras (hoy Agc)’ y ‘Los Rastrojos’ en noviembre de 2011, acordando que estos últimos se retiraban de Antioquia y el Sur de Córdoba, quedando las ‘Agc’ con el control de toda la producción de cocaína para la exportación en esta zona del país”.
Desde entonces, para consolidarse como la fuerza hegemónica en la región y mostrarse como un verdadero ejército irregular, los ‘gaitanistas’ crearon el Bloque Pacificadores del Bajo Cauca y Sur de Córdoba, conformado por los frentes ‘Virgilio Peralta Arenas’, con injerencia en Piamonte (Cáceres); ‘José Felipe Reyes’, con sede en La Caucana y Guaimaro (Tarazá); ‘Julio César Vargas’, al que le correspondió el área de Barro Blanco y El 12 (Tarazá); ‘Franciso Morelo Peñate’, que dominó El Bagre; y ‘Rubén Darío Ávila’, para todo el sur de Córdoba.
Aunque cada uno de ellos manejó autonomía e independencia sobre sus fuedos, todos se articularon bajo la sigla Agc para conformar una fuerza armada que se mostraba como la dueña de todo el poder criminal desde Yarumal y Valdivia (Norte de Antioquia); pasando por Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí y Zaragoza (Bajo Cauca), hasta llegar a los municipios cordobeses de San José de Ure, Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta.
Pero la combinacion de una serie de sucesos que iniciaron a finales de 2016 y que van desde traiciones, reacomodos y ambiciones personales; pasando por los contundentes golpes que la Fuerza Pública le ha propinado a las filas ‘gaitanitas, la llegada de ingentes capitales provenientes de los carteles mexicanos; hasta llegar a los efectos colaterales del Acuerdo de Paz suscrito por el gobierno de Juan Manuel Santos con la extinta guerrilla de las Farc, fracturó violentamente dicha confederación criminal, dando lugar a una confrontación armada aún más férrea que la registrada en la región entre 2008 y 2011.
Una traición
Casi dos meses después de firmado el Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), ocurrió en el corregimiento Piamonte de Cáceres un hecho que terminó siendo la chispa que encendió el polvorín en que se ha convertido el Bajo Cauca antioqueño. El 5 de enero de 2017, miembros de la Policía Nacional confirmaron el asesinato de cuatro personas, entre ellas, Héctor Osorio Gaitán, conocido con el alias de ‘Danilo Chiquito’, reconocido integrante del frente Virgilio Peralta Arenas, quien pocas semanas antes había recuperado su libertad luego de purgar una condena de cuatro años por concierto para delinquir en la penitenciaría de Jamundí (Valle).
En aquel momento, las expectativas de los diferentes frentes de las Agc era expandir sus dominios territoriales hacia las antiguas zonas de dominio de la desmovilizada guerrilla de las Farc, nada más y nada menos que un amplio corredor que inicia en las estribaciones del Nudo de Paramillo y se extienden hacia el Nordeste de Antioquia, en donde, según las mediciones del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), hay 21 mil hectáreas sembradas con hoja de coca, además de minería de oro.
Pero el asesinato de ‘Danilo Chiquito’ fue asumido como un acto de traición que comenzó a fragmentar las intenciones expansivas del denominado Bloque Pacificadores del Bajo Cauca y Sur de Córdoba. La división interna se acentuó por cuenta de los contundentes golpes propinados por la Fuerza Pública a las estructuras ‘gaitanistas’, entre los que se destacan las muertes tras operativos policiales de Ulder Cardona, alias ‘Pablo’; Roberto Vargas, alias ‘Gavilán’; Luis Orlando Padierna, alias ‘Inglaterra’; la captura de José Horacio Bello, alias ‘6-7’; y la entrega a las autoridades judiciales de Luis Vargas Gutiérrez, alias ‘Pipón’, estos dos últimos con fuerte injerencia en el Bajo Cauca y sur cordobés.
Así, con la pérdida de cohesión interna de las Agc y la salida de la extinta guerrilla de las Farc del escenario bélico, han sido los llamados ‘Caparrapos’ quienes hoy se muestran como la fuerza armada más combativa y con una inusual capacidad de expansión. Quienes estarían detrás de esta estructura armada serían ‘Caín’ y ‘Ratón’, dos lugartenientes de ‘Danilo Chiquito’ quienes, junto con Cristian’, serían los ‘mandamás’ de un grupo que podría superar los 450 integrantes.
“¿Y qué explica esa capacidad? Pues por un lado el contexto les es favorable: ‘Otoniel’ pierde capacidad de mando sobre la gente de las Agc en la región, la Policía también ha dado duro y la salida de las Farc deja un vacío de poder que los ‘Caparrapos’ quieren copar”, sostiene Ángela Olaya, investigadora de la organización Insight Crime, que estudia este tipo de fenómenos. “Su fortalecimiento militar también lo explican las alianzas que este grupo viene haciendo con las disidencias de las Farc y con la guerrilla del Eln para combatir un enemigo en común: las Agc”.
Fuentes de la Defensoría y la Fiscalía sostienen que, en municipios como Cáceres y El Bagre, los ‘Caparrapos’ vienen tejiendo alianzas con la guerrilla del Eln para asegurarse corredores de movildiad mientras que “la gente de ‘Cabuyo’, por lo que hemos conocido, está haciendo alianzas con otras estructuras para poder dar su pelea contra los ‘gaitanistas’. Lo que constatamos el año pasado es que elementos disidentes de los frentes 5, 18 y 36, estaban en alianzas con los ‘Caparrapos’ y no por nada quienes estaban liderando estas alianzas también eran mando medios guerrilleros”, tal como afirma Olaya.
A todo lo anterior se le sumaría el factor transnacional: el dinero y las armas que los carteles mexicanos estarían suministrando a grupos armados colombianos para que garanticen la producción de cocaína. “Personalmente no creo que estén financiando algún grupo en particular, pero sí es posible afirmar que hay capitales de carteles mexicanos circulando en Colombia y hay ‘empresarios’ de los carteles haciendo negocios y eso es evidente en el sur del país y en la frontera con Venezuela”, conceptúa la investigadora de Insight Crime.
En su momento, el SAT de la Defensoría, mediante alertas tempranas como la 037-16 y la 027-18, reseñó la presencia de mexicanos en tierras cordobesas y del Bajo Cauca antioqueño, situación que las autoridades civiles y de Policia del departamento ni desmienten ni confirman. Por su parte, en artículo elaborado por el medio periodístico mexicano Proceso, publicado en octubre de 2018, se citan informes de inteligencia de Estados Unidos que reseñan la presencia en Colombia de emisarios de los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y los Zetas.
Según una fuente estatal colombiana conocedora de las dinámicas de violencia del Bajo Cacua y consultada por VerdadAbierta.com, el cartel de Jalisco Nueva Generación sería el responsable del crecimiento de ‘Los Caparrapos’. “Usted me está preguntando porque está creciendo el Virgilio Peralta, pues el Cartel Jalisco Nueva Generación es su respuesta”, asevera el funcionario, quien pidió reserva de su identidad.
