Una larga disputa por la tierra en el sur de ese municipio de Vichada se ha crispado en los últimos meses entre ambas comunidades. De un lado, campesinos guardan la ilusión de formalizar las tierras que colonizaron hace décadas. Del otro lado, indígenas piden que se respeten los límites de los resguardos que representan su presencia ancestral en la región. En el medio, el Estado debe cumplir una orden judicial en mora y velar por los derechos de ambas comunidades.
Miles de campesinos e indígenas del sur de Cumaribo llevan años enfrentados por las tierras de la altillanura de Vichada, luchando por definir los linderos de los resguardos Saracure Río Cada y Unuma, y las inspecciones de Chupave, Puerto Príncipe y Werima.
Ante la falta de acción del Estado, las tensiones han llegado a un nuevo punto álgido desde octubre cuando cientos de campesinos marcharon hasta el punto conocido como Alto Neblinas en Puerto Gaitán, Meta, en donde instalaron un bloqueo sobre la vía principal. La comunidad reprochaba las dilaciones de la autoridad de tierras para definir la propiedad de ambas poblaciones.
Esto provocó que las comunidades indígenas hicieran lo propio para ser escuchadas. A los pocos días, el Resguardo Saracure Río Cada impuso su propio bloqueo sobre la vía que conecta Cumaribo con Puerto Gaitán.
A pesar de que una orden judicial ganada por las comunidades campesinas ordena a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) resolver ambas problemáticas, dos años después no les ha cumplido.
Desde los 90 la autoridad de tierras del momento dispuso una extensa área para la titulación de las familias campesinas que habían llegado a colonizar esas llanuras, pero le incumplió a la mayoría. A eso se sumó las tensiones por la tierra entre indígenas y campesinos, por la ocupación que algunas familias de estos labriegos han mantenido sobre tierras constituidas como resguardos.
“Reiteramos que hemos agotado todos los mecanismos de diálogo con las entidades gubernamentales; son más de 7 oportunidades en las que la Agencia Nacional de Tierras ha incumplido su compromiso de realizar el proceso de clarificación y/o delimitación de linderos”, señalaron por esos días a través de un comunicado las comunidades campesinas y organizaciones acompañantes.
Después de los plantones de ambas comunidades, las exigencias de campesinos e indígenas fueron escuchadas. El propio director de la ANT, Felipe Harman, atendió sus reclamos en dos reuniones, una con cada grupo, y se comprometió a darles soluciones.
“Nosotros queremos llegar a hablar en unas mesas de diálogo con el campesinado, ojalá que esté también la Agencia Nacional de Tierras, para llegar a un acuerdo. Que sea en el territorio, no en Villavo o en Bogotá ni en Cumaribo”, expresó Benjamín Cumanaica, autoridad indígena del resguardo Saracure Río Cada. “Nosotros somos indígenas, pero no somos conflictivos. Somos personas de paz, personas de diálogo”, agregó.
Los pueblo originarios le piden a los campesinos que no lleven esta lucha solos por su cuenta y que de manera clara se delimite conjuntamente las tierras que buscan titular.
La Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU mediaron las tensiones entre ambas poblaciones a mediados de noviembre. En el espacio buscaron que se priorizara el diálogo antes que la vías de hechos. Sin embargo, la clave para que este conflicto acabe está en aclarar la situación de propiedad sobre la tierra y esa tarea la tiene la ANT —ya ordenada por vía judicial—, con compromisos fijados con ambas comunidades para cumplir a pocas semanas de que acabe el año.
Colonización y formalización
Las tensiones entre campesinos e indígenas del sur de Cumaribo han atravesado diferentes momentos, pero en los últimos años se agravaron. Por décadas, ambas comunidades trabajaban juntas y se apoyaban en una región alejada de la presencia del Estado.
“De una u otra forma, el campesinado nos ha servido a nosotros y nosotros a ellos”, explica Cumanaica, presidente de la Justicia Especial Indígena del pueblo Piapoco, perteneciente a la comunidad Maracaná del Resguardo Saracure y Río Cada.
“La mano de trabajo del campesinado eran los indígenas”, coincide Rangel Martínez representante legal de la Asociación de Campesinos de Cumaribo Vichada (Asocoavi). La organización hace presencia en todo el municipio de Cumaribo, porque en “todo el municipio hay problemas de tierras, pero el más grande, el más grave que tenemos es el de la zona sur”, cuenta el líder.
Ancestralmente, esas tierras han sido ocupadas y recorridas por pueblos Sikuani, Piapoco, Beyote, Sáliba y Cuiba que las habitaban de manera nómada y seminómada, pero desde hace más de 60 años llegaron a esas extensas sabanas de la altillanura campesinos que vieron la oportunidad de asentarse en tierras que se les presentaban como baldíos del Estado.
Las primeras familias campesinas llegaron al sur de Cumaribo en la década de los 60, desplazadas por la ola de violencia bipartidista que experimentó el país. Martínez es hijo de uno de los fundadores de la zona sur de esas tierras campesinas. “Mi padre era boyacense y mi madre, Tolimense. Yo nací acá, en 1971, en un sitio que hoy día se conoce como la inspección de Puerto Príncipe”. Su familia llegó buscando refugio, y con la ilusión de hacerse a tierras bajo las colonizaciones impulsadas por el Estado, se quedaron en esas llanuras.
En la década de los 80, con la bonanza cocalera, más familias llegaron a la región tras la promesa del lucrativo negocio. La comunidad campesina creció con los años, a tal punto que se crearon veredas e inspecciones de Policía. “Nosotros en 91 nos habíamos organizado como asociación, pero por el conflicto y el apogeo de la coca la asociación se tuvo que estar quieta. Hasta hace más o menos seis años retomamos todos los procesos”, cuenta Martínez.
Sin embargo, unos años antes del crecimiento de la población campesina en la región, la Nación, reconociendo la población indígena que habitaba la región bajo sus usos y costumbres, resolvió constituir la Gran Reserva Unuma el 5 de julio de 1978. A través de la Resolución 183, el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) constituyó la reserva indígena sobre 1.273.600 hectáreas de los municipios de Puerto Gaitán, Meta, y Cumaribo, Vichada.
Años después, las familias campesinas también ganaron su lucha por la tierra. A través de la Resolución 149 de 1993, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) decidió sustraer 352.800 hectáreas de la reserva indígena para adjudicarlas a las familias campesinas. “En ese entonces el Incora detectó 600 fincas y por eso la resolución dice que la tierra es para esa misma cantidad de familias, pero había mucha más gente. En el 93 habíamos, más o menos, unas 6.000 o 7.000 personas en esa área”, señala Martínez.
A pesar de que se había establecido un plazo de cinco años para iniciar la adjudicación de tierras, nunca se materializó la entrega de títulos a estas familias. Según estimaciones de Asocoavi, en todo el territorio sólo hay alrededor de 100 adjudicaciones de tierras a familias campesinas en área rural, más los lotes de las inspecciones.
Paralelamente, tras el reconocimiento de sus derechos territoriales con el Convenio 169 de la OIT y la ratificación realizada por Colombia, las comunidades indígenas formalizaron sus tierras y se organizaron, principalmente, en seis resguardos alrededor de las tierras ocupadas por las familias campesinas. Se tratan de los resguardos indígenas Saracure y Río Cada (constituido en 1991), Guahibo de Alto Unuma (1993), Flores-Sombrero (1993), Cali-Barranquilla (1993), Chocón (1993) y Selva de Matavén (2003).
Las comunidades indígenas hoy consideran que la sustracción de su territorio ancestral fue negociada injustamente. “En ese entonces había unos caciques, unos sabedores, que no tenían formación, no entendían bien el castellano. Tal vez aceptaron, pero para nosotros hoy en día que tenemos un poco de educación, (nos) parece injusto”, explica Cumanaica.
A pesar de esto, el líder indígena reconoce que después de todos estos años lo que hay que hacer ahora es encontrar un acuerdo sobre la titularidad de la tierra entre ambas comunidades.
Intereses por la tierra
“Hay fincas, hay veredas que están asentadas en el lindero del resguardo”, reprocha Cumanaica. Este ha sido el principal tema de tensión para las comunidades indígenas, pues los resguardos se traslapan con algunos asentamientos campesinos, a pesar de la sustracción que el Estado realizó de los territorios étnicos en 1993.
Con esa resolución de sustracción se esperaba que el Estado organizara la fincas de los colonos que habitaban en territorios indígenas, pero a pesar de que entre 1994 y 1996 el Incora adquirió 58 posesiones de campesinos asentados en tierras indígenas, el saneamiento no se realizó con un diagnóstico real y efectivo de la situación. Los años posteriores, la colonización campesina relacionada con la bonanza cocalera desbordó las posibilidades reales de corregir estas tensiones.
La falta de definición de propiedad sobre las tierras a favor de los labriegos ha ocasionado que actualmente haya veredas enteras ocupadas por familias campesinas que se superponen con los Resguardos Indígenas de Alto Unuma en Vichada y Saracure Río Cada, lo que ha ocasionado conflictos territoriales entre indígenas y campesinos.
Según cuenta el líder indígena, para la década del 70, cuando empezó a constituirse la reserva indígena, en el resguardo Saracure había 12 familias que rondaban las 122 personas. Actualmente, el resguardo está conformado por 117 comunidades, con cerca de 4.950 habitantes. “Nosotros hemos sido cuidadores del medioambiente, pero también para poder tener el pancoger necesitamos del medio ambiente, para poder interactuar, para poder practicar nuestra cultura, nuestros usos y costumbres: la caza, la pesca, la agricultura, la recolección de frutos”, relata. Y por eso, ese pueblo étnico también necesita tierra.
Por su parte, Rangel Martínez señala que al día de hoy hay cerca de 1.150 familias campesinas en esas tierras, según registros catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), “pero nosotros censados hasta el momento llevamos 960, haciéndonos falta el resto porque no hemos tenido la plata como asociación para terminar de recorrer el territorio”, cuenta.
Tras la firma del Acuerdo de Paz, en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), las familias campesinas de esta zona sustituyeron la coca por caña de azúcar, cacao, maíz y arroz, pero el prometido apoyo estatal nunca llegó y la presencia institucional se quedó corta. Tanto campesinos como indígenas se rebuscan el sustento como pueden. Ante el incumplimiento algunos han tenido que desplazarse y las pocas familias que lograron cambiar de cultivos se enfrentan a la imposibilidad de sacar sus productos al mercado.
“El territorio se ha sumido en una profunda crisis social producto de la ineficiencia de las instituciones y la falta de celeridad en los procesos para dar solución a más de 30 años de incertidumbre por la tenencia de la tierra”, resaltaron las comunidades campesinas en un comunicado.
Además de los reclamos por la tierra, las comunidades han buscado la asignación presupuestal para la construcción de vías y el desarrollo social de una población que se advierte olvidada y en riesgo de sufrir nuevas olas de violencia. La Alerta Temprana de Inminencia 017-2024 de la Defensoría del Pueblo asegura que la reactivación y expansión del Frente 39 ‘Arcesio Niño’, estructura disidente de las antiguas Farc que hace parte del Estado Mayor Central (EMC) según, pone en riesgo a estas comunidades campesinas y los resguardos indígenas que las rodean.
La situación es más delicada si se tiene en cuenta que estos no son los únicos actores armados que hacen presencia en el municipio. Según la Defensoría en Cumaribo, también se ha identificado la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en límites con el departamento de Meta; del Frente Primero Armando Ríos de las EMC por el río Guaviare; y del ELN y la Segunda Marquetalia sobre la franja fronteriza del río Orinoco y el Parque Nacional Tuparro.
Sumado a esto, las tensiones se han agravado por los negocios verdes que han llegado a la región, despertando el interés de muchos en la tierra y los bosques de galería de la altillanura, sobre todo por el mercado de bonos de carbono. Según el líder campesino, dentro de su comunidad no se han pactado estos negocios, en parte porque no tienen títulos de las tierras que poseen para llegar a un acuerdo, si así lo quisieran, con las empresas desarrolladoras.
“En este momento no estamos enfocados –las comunidades indígenas– en vender los bonos verdes. Estamos enfocados en proteger, en salvaguardar el medio ambiente, que es lo que han venido haciendo nuestros ancestros y es lo que queremos seguir conservando”, señala Cumanaica. “Hemos tenido, sí, acercamientos. Algunas autoridades han venido haciendo un trabajo con estas empresas de bonos, pero nos hemos dado cuenta que es un reto, un problema para nosotros”, agregó.
Según el líder indígena, recientemente su comunidad viene discutiendo la posibilidad de liquidar ese negocio de bonos de carbono porque las empresas formuladoras de proyectos verdes entienden el acuerdo como un negocio entre el gerente de la corporación y el representante legal del resguardo a ‘puerta cerrada’, desconociendo la participación de la asamblea general, que la conforma el pleno de toda la comunidad étnica, que hace parte de la cosmovisión y derechos de estas comunidades. (Leer más en Con aplausómetro, Biofix logró consentimiento indígena para negociar bonos de carbono)
En manos de la ANT
Buscando una solución, indígenas y campesinos presentaron una solicitud el 27 de febrero de 2020 ante la Dirección de Acceso a Tierras y Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT, en la que solicitaban que la autoridad de tierra esclareciera los linderos de los resguardos de Unuma y Saracure Río Cada y que fuera una comisión técnica para hacer dicho trámite en el territorio y recoger las solicitudes de formalización de predios de la comunidad campesina.
En la misiva, ambas comunidades expresaron su intención de disponer líderes para acompañar en la región a los expertos de las ANT y ayudarlos a interpretar la geografía, incluso, dispusieron “brindar el hospedaje y la alimentación en nuestras fincas, malocas o casas” a los funcionarios. Sin embargo, la autoridad de tierras argullo un vacío legal para ese proceso de clarificación de resguardos “de origen colonial” y no tomó cartas para resolver el problema.
Ante la larga espera, las comunidades campesinas presentaron una tutela en contra de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), solicitando la titulación de esas tierras, la clarificación de los linderos y establecer los predios ocupados por campesinos y traslapados con territorios indígenas. A pesar de que la primera decisión falló en su contra, en segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio ordenó en 10 de febrero de 2022 a la autoridad de tierras clarificar los linderos de los Resguardos Unuma, Saracure Río Cada y los predios señalados por la Resolución 149 del Incora, además de entregar los títulos predio a predio.
Para ello, el despacho había fijado un término de un año, pero hasta el día de hoy esa decisión no se ha cumplido. “Hemos hecho varias reuniones, acuerdos con la ANT. La última decisión es que la institución tiene que socializar la información con los indígenas y que la ANT no tiene plata”. Esta situación ha crispado aún más la relación entre ambas comunidades.
Soportados en la marginalización y vulnerabilidad socioeconómica que han sorteado, las familias campesinas exaltan su calidad de sujetos de especial protección constitucional, que definió el acto legislativo 01 del 05 de julio de 2023, para promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado de manera individual o asociativa. Por otro lado, las comunidades indígenas piden que se respete su derecho al territorio y que la necesidad de tierras de los labriegos no pase por encima de los derechos de la comunidad étnica.
VerdadAbierta.com le consultó a la ANT cómo avanza el cumplimiento de la orden judicial y señaló que se dio apertura al expediente de Procedimiento Administrativo de Delimitación de Tierras a nombre de los Resguardos Indígenas Alto Unúma y Saracure Rio Cadá.
Así, para el 5 de marzo de 2023, la autoridad de tierras dispuso una comitiva para hacer levantamiento topográfico de la zona, pero esta diligencia no pudo realizarse por oposición de las comunidades indígenas, quienes alegaban que no se les había socializado efectivamente la decisión judicial y que la ANT tenía problemas de comunicación con estos pueblos originarios. “Como pueblo indígena tenemos derecho a la consulta previa”, recordó Cumanaica y resaltó que una y otra vez falló la autoridad de tierras en respetar ese derecho.
Desde entonces la ANT ha buscado concertar con las comunidades indígenas, sin embargo, dicha visita ha estado sujeta a la consecución de recursos económicos que “suplan los presupuestos solicitados por los cabildos de los Resguardos Indígenas Saracure Río Cadá y Alto Unúma, para las ‘ollas comunitarias’”.
Según las los líderes indígenas, estos recursos son necesarias para cubrir las necesidades de las comunidades y realizar en cada uno de los territorios la socialización de la orden judicial, para la “construcción mancomunada de la ruta de trabajo para conseguir el ingreso a campo para realizar los levantamientos topográficos”, señaló la ANT en una respuesta escrita a este portal.
Lo cierto es que los recursos se han quedado cortos y por eso, ante el incumplimiento de las demandas de las comunidades indígenas, en agosto de 2024, el Resguardo Indígena
Saracure Río Cada protagonizó una protesta solicitando que se realizaran las jornadas de socialización de las decisiones judiciales y actuaciones administrativas a adelantar en su territorio.
La acción de la comunidad consiguió que la autoridad de tierras llevara a cabo una socialización el pasado 29 de septiembre con ese resguardo. Después, las autoridades del resguardo Saracure Río Cadá se reunieron con el director de la ANT, Felipe Arman, y su equipo para discutir el asunto. Así en el espacio del 13 de noviembre, la institución se comprometió a realizar tres reuniones simultáneas en territorio: una con este resguardo, otra con Unuma y la tercera con el campesinado. Para cada una aprobó un presupuesto de 80 millones.
Si se cumple lo pactado, las reuniones tendrán lugar entre el 9 y el 13 de diciembre y para 2025 se realizará una mesa de diálogo sobre el territorio que permita abordar temas de convivencia rural. Esperanzados permanecen campesinos e indígenas de llegar a una pronta solución sobre esta larga disputa, por eso, ambas comunidades se comprometieron a priorizar el diálogo antes de volver a cerrar las vías del municipio.
