La Fiscalía declaró los hechos violentos ocurridos en esta finca el sur de Cesar como crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, dos organizaciones campesinas, víctimas de esas acciones, esperan que esa decisión les habilite caminos hacia el acceso a la propiedad rural, negada por décadas.
Fredy Antonio Rodríguez Corrales y Adelfo Segundo Rodríguez Marriaga se levantaron ayer en la mañana y recibieron una noticia que habían esperado 22 años: la Fiscalía declaró los hechos violentos ocurridos en La Bellacruz, de donde fueron desplazados el 14 de febrero de 1996, como crímenes de lesa humanidad.
Rodríguez Corrales es el representante legal de la Asociación Colombiana Horizonte de Desplazados (Asocol) y Rodríguez Marriaga es directivo de la Asociación Campesina de Desplazados al Retorno (Asocadar). Ambas organizaciones reúnen a 60 y 120 familias campesinas, respectivamente. A mediados de los años noventa fueron beneficiarias de la reforma agraria, pero no pudieron disfrutar de las tierras porque paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) los desplazaron e instalaron allí una base.
Desde aquellos años, los campesinos han dado varias batallas jurídicas: contra el Estado por no protegerlos; la familia Marulanda, dueña de las tierras hasta 2008; y la Dolce Vista, la empresa que ese año compró la antigua Bellacruz, rebautizada hacienda La Gloria, y que tiene como principal inversionista a Germán Efromovich, el máximo accionista de la aerolínea Avianca y de Sinergy Group.
Tanto para las familias agrupadas en Asocol, como para las de Asocadar, la decisión de la Fiscalía de investigar la violencia que rodeó estos predios como crimen de lesa humanidad es clave para develar el trasfondo de lo ocurrido en el municipio de La Gloria, sur de Cesar, y de su desplazamiento forzado durante dos décadas. (Vea una detallada línea de tiempo aquí)
“Esto es muy importante, pero también muestra las contradicciones de la misma institución. Mientras la Dirección Nacional de la Fiscalía acaba de declarar los hechos como crímenes de lesa humanidad, la Fiscalía Tercera Seccional de Bogotá citó a varios campesinos de la Bellacruz a una audiencia de imputación de cargos este viernes 24 de agosto, después de que la Unidad de Restitución de Tierras Territorial Magdalena Medio dijera que somos falsos reclamantes”, detalla Rodríguez Corrales. (Ver citación de la Fiscalía y lea: Otro capítulo del caso Bellacruz, ¿qué hay detrás?)
“Esto le da vida al proceso de Bellacruz, que ha sido emblemático. Creo que es un impulso para que las instituciones cumplan también con las órdenes de la Corte Constitucional. No queremos tener diferencias con la empresa, no se trata de que haya vencidos ni vencedores, sino que se les resuelva el problema a los campesinos que llevamos tantos años esperando para tener y cultivar las tierras”, indica Rodríguez Marriaga.
Abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que representan jurídicamente a las familias de Asocadar, explican que la decisión de la Fiscalía es relevante, pues los crímenes de lesa humanidad están establecidos en el escenario internacional del Derecho Internacional Humanitario (DIH), los Principios de Núremberg, la Convención sobre Crímenes de Guerra y el Estatuto de Roma, de manera que puede ser competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en caso de que el Estado colombiano no tome las respectivas medidas.
Los juristas apuntan que la decisión le da un carácter de imprescriptibilidad, lo que implica que la investigación debe continuarse hasta establecer los crímenes ocurridos en la antigua hacienda, identificar a los responsables y en ningún momento el Estado puede declarar la amnistía ni el indulto. Los abogados de la CCJ consideran que la decisión del máximo organismo investigador se fundamenta en que, similar a los crímenes contra Luis Carlos Galán o integrantes de la Unión Patriótica, afectan no sólo a los campesinos desplazados de la Bellacruz sino a la sociedad en general.
Trama compleja
La historia de la Bellacruz está plagada de enredos y dilaciones. En agosto de 2011, VerdadAbierta.com documentó la reclamación de varios de los campesinos desplazados de la antigua hacienda, después de que en versión libre Alfredo Ballena, alias ‘Rancho’, le confesara al Fiscal 34 de Justicia y Paz su participación en el desplazamiento de los parceleros. (Lea: El pistolero de los paramilitares en Aguachica)
El desmovilizado del Frente Héctor Julio Peinado aseguró en audiencia del 13 de abril de 2010 ante el Fiscal de Justicia y Paz en Bucaramanga que “en marzo de 1996 el comandante alias ‘Paso’ fue contratado por el doctor Francisco Alberto Marulanda y su administrador general Édgar, conocido con el alias de ‘Caballito’, para montar una unidad de las Auc en la finca Bellacruz”.
Desde ese momento la Fiscalía 34 comenzó a investigar el despojo de tierras, con varios cabos sueltos. Mientras el organismo buscaba más pruebas, los campesinos de Asocol interpusieron en 2011 una acción de tutela contra el Ministerio de Agricultura y el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), solicitando la proteción de los derechos a la vida, trabajo, seguridad social, salud y vivienda digna, sustentando sus demandas en el desplazamiento forzado del que fueron víctimas y porque la institucionalidad agraria no garantizó el proceso de reforma agraria del que ellos fueron beneficiarios, ni resolvió un problema de recuperación de baldíos dentro de la hacienda. (Lea: Las trampas de la Bellacruz)
En 2012, Manuel Alfredo Rincón, alias ‘Paso’ o ‘Manaure’, fue capturado, pues no se desmovilizó bajo los acuerdos con el entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). En indagatoria realizada el 11 de agosto de 2014 el exparamilitar aseguró que los hermanos Carlos Arturo y Francisco Alberto Marulanda lo contrataron para desplazar a los campesinos de la Bellacruz. Según relató, ambos se reunieron con él y Francisco lo llevó en una avioneta para sobrevolar las tierras y reconocerlas. “Nos metimos a la hacienda con el administrador de los Marulanda, ‘Caballito’. Empezamos a sacar a toda esa gente de la hacienda”, declaró y dijo que en esa acción recibieron apoyo de un teniente de la base militar de Ayacucho, con sede en el municipio de La Gloria. (Lea: La historia sin fin de La Bellacruz)
Para esa época, VerdadAbierta,com reconstruyó con documentos y testimonios la historia de la vieja hacienda, que data de 1950. Alberto Marulanda Grillo y Cecilia Ramírez llegaron a sumar 25 mil hectáreas entre los municipios La Gloria, Pelaya y Tamalameque, en el sur del Cesar, pero durante la reforma agraria del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) le vendieron al Estado 11 mil hectáreas para que el antiguo Incora titulara allí campesinos.
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Las tensiones con los campesinos comenzaron en los años ochenta, cuando estos advirtieron que los Marulanda se habían apropiado de baldíos, es decir tierras de la Nación, que podrían titular a más familias sin tierra.
Los labriegos que se instalaron en los predios Caño Alonso y María Isidra fueron desalojados por los Marulanda con una orden policiva y luego con una resolución del antiguo Inderena, que indicó que esta era un área protegida por ser reserva forestal. (Ver Resolución del Inderena)
Para 1987, Carlos Arturo Marulanda, hijo de Alberto y Cecilia, era Ministro de Desarrollo del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), y los campesinos viajaron hasta Bogotá para negociar las tierras que reclamaban como baldíos. El Ministro les dijo que su familia se negaba a vender por tratarse de una herencia y que ellos escogerían los predios que ofrecerían al Incora.
Así en 1990 el Incora comenzó a negociar las tierras con M.R. Inversiones, empresa de los Marulanda, y un año más tarde una comisión visitó la hacienda para hacer la inspección ocular y verificar los linderos. En esa visita, el Estado reconoció el trabajo que realizaban 64 familias campesinas en el lote San Antonio. El proceso se complicó cuando ese año el Ejército de Liberación Nacional (Eln) se tomó la hacienda, mató a la administradora y a tres empleados, lo que generó el desplazamiento de los campesinos y la llegada de nuevos colonos a los predios.
El 20 de abril 1994 el Incora emitió el resultado de la inspección ocular, concluyendo que los Marulanda no tenían cómo acreditar la propiedad de 1.500 hectáras entre ellas los predios Los Bajos, Caño Negro, San Simón, Venecia, Potosí, María Isidra y San Miguel, ubicados dentro de la Hacienda Bellacruz. En ese momento, los campesinos le recordaron al gobierno nacional lo que venían advirtiendo desde finales de los años ochenta, pidiendo la recuperación y titulación de esos baldíos. (Ver Resolución del Incora sobre baldíos)
Sin embargo, en 1995, el Incora decidió no recuperar esas tierras sino comprarles a los Marulanda 2.060 hectáreas, dividas entre los predios San Carlos, San Antonio, Los Cacaos y Santa Helena, no colindantes, para titularles a los campesinos. Pero cuando las tierras ya estaban listas para la adjudicación, paramilitares del Frente Héctor Julio Peinado ingresaron a los predios y el 14 de febrero de 1996 desplazaron a los campesinos, después de violar a varias mujeres, robarles sus pertenencias y quemarles los ranchos y los cultivos de pancoger. (Ver archivos de prensa y Ver Escritura sobre compra de los predios)
Según contaron varios de los labriegos, los paramilitares instalaron una base en Rompedero, que hacía parte del predio San Carlos y otra en la casa principal de la hacienda. Un año después del desplazamiento, en 1997, los Marulanda registraron un ‘desengloble’ de la hacienda Bellacruz en la Notaría 1 de Cartagena, pero las tierras fueron ocupadas por los paramilitares hasta su desmovilización el 4 de marzo de 2006, cuando 251 de sus integrantes entregaron sus armas en el municipio de San Martín.
Los campesinos denunciaron lo ocurrido y la justicia emprendió las primeras acciones. Carlos Arturo Marulanda, quien además ocupó el cargo de embajador en Bélgica, fue capturado en España y extraditado a Colombia en abril de 2002, pero quedó en libertad el 1 de noviembre de ese mismo año.
El 24 de julio de 2003 la justicia ordinaria condenó en primera instancia, a 18 años de prisión, a su hermano Francisco Alberto Marulanda; a Édgar Rodríguez, alias ‘Caballito’; y a Martín Velasco Galvis, alias ‘Jimmy’. En una carta enviada a este medio, Carlos Arturo Marulanda explicó que la familia apeló dicha decisión y que el Tribunal de Cartagena absolvió a su hermano en segunda instancia. (Ver Carta de Carlos Arturo Marulanda)
Mientras los campesinos seguían desplazados, no sabían que el Incora había alcanzado a titularles varios predios y que durante ese tiempo también revocó varias de las adjudicaciones. (Ver Revocatoria de resoluciones y Lea: Tierra prometida en La Bellacruz)
En 2007, los Marulanda hicieron un levantamiento topográfico de la hacienda y el 13 de diciembre de ese año, en la Notaría 7 de Bogotá, englobaron los predios que había subdivido diez años atrás. Como lo documentó este portal, en 2008 La Dolce Vista Estate Inc. compró a los Marulanda sus firmas M.R. Inversiones Ltda. y Frigorífico La Gloria S.A., que tenían propiedad sobre la Bellacruz. Esta empresa, registrada en Panamá, había sido creada en febrero de 2006. En su directorio aparecen Jan Veldwijk (ya fallecido), Jhon R. Hager, Andrés Londoño, Daniel Andrés Peláez y Carlos Murgas Guerrero, el zar de la palma de aceite. (Ver registro)
En 2009, la Dolce Vista registró la finca que compró a los Marulanda y la rebautizó como Hacienda La Gloria, con 5.833 hectáreas, donde desarrolla un cultivo de palma de aceite. En una entrevista con este medio, Germán Efromovich aseguró que la inversión para el proyecto de palma estaba proyectada en 160 millones de dólares y que compró la Bellacruz después de haber contratado un estudio de títulos, que no identificó problemas. En una visita al Incoder, un abogado de esa institución le reclamó a VerdadAbierta.com sobre las publicaciones, alegando que él había realizado dicho estudio. (Lea: “La tierra no violó los derechos humanos”)
Los campesinos siguieron en su reclamación e interpusieron una acción de tutela, esperando avances de la justicia. En abril de 2013 el entonces Incoder emitió una resolución que confirmó el pronunciamiento del Incora de 1994, indicando que dentro de la antigua Bellacruz hay 1.200 hectáreas de predios baldíos y que debían recuperarse. (Lea: En La Bellacruz hay 1.200 hectáreas de baldíos y deben restituirse)
El caso quedó prácticamente estancado, después de que Jenifer Mojica, entonces subgerente de Tierras Rurales del Incoder, y Miriam Villegas, directora de la entidad, presentaron sus renuncias en septiembre de 2013. Ambas impulsaron procesos agrarios que históricamente estaban detenidos, entre ellos el de la Bellacruz. Mojica en su momento fue inhabilitada por la Procuduraría a 10 años para ejercer cargos públicos, una decisión que fue revocada por la misma institución en julio de 2017. La salida de ambas funcionarias fue atribuida a presiones políticas.
El 12 de mayo de 2016 los campesinos volvieron a tener noticias de su proceso. La Corte Constitucional les dio la razón y ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) terminar el proceso de recuperación de baldíos que quedó frenado en el Incoder, así como estudiar los beneficiarios de su posible adjudicación. A la Unidad de Restitución de Tierras (URT) le ordenó comenzar los procesos para “microfocalizar la zona”, es decir, que esta tuviera los avales de seguridad necesarios para adelantar procesos de restitución. (Lea: Campesinos ganan la ‘batalla’ por la Bellacruz en la Corte)
Pero la decisión del máximo tribunal de lo constitucional abrió otro capítulo aún más complejo. Después de un año, las entidades estatales no cumplieron con las órdenes y los campesinos tuvieron que ponerse en la tarea de radicar decenas de derechos de petición para obtener respuestas. Un mes después, en mayo de 2017, la URT Territorial Magdalena Medio convocó a una rueda de prensa en Bucaramanga y junto a funcionarios de la Fiscalía señaló que en el proceso de Bellacruz había falsos reclamantes. (Lea: Bellacruz: un año sin que el Estado recupere los baldíos)
Cansados de la presión y la espera, los campesinos advirtieron a la Corte Constitucional sobre el incumplimiento de la sentencia, por lo que el alto tribunal llamó al orden a las instituciones de Estado. Finalizando 2017, la ANT buscó a los campesinos presentándoles una propuesta, que dejó más preocupados a los parceleros.
El rollo de las tierras
Fredy Antonio Rodríguez, de Asocol, recuerda que el 14 de noviembre de 2017 la ANT les propuso que ellos recuperaban los baldíos, buscaban un oferente para su administración y los campesinos podían encargarse de la administración del trabajo, en compensación a las tierras. “Les dije que no estábamos de acuerdo, porque nunca había sido empleado de nadie y nosotros llevábamos muchos años reclamando tierras para cultivarlas con alimentos”, cuenta el representante de Asocol.
En cumplimiento a una audiencia de seguimiento ordenada por la Corte Constitucional, el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bucaramanga rindió un informe el pasado 10 de agosto, en el que reitera las obligaciones de la ANT. Según los representantes legales de Asocol y Asocadar, la Agencia les informó que recuperar los baldíos y entregárselos en administración generaría un problema fitosanitario, dada su falta de experiencia en el manejo de cultivos agroindustriales, por lo que se comprometía a comprarles tierra en otro lugar y titularles. (Ver documento del Juez Décimo)
Abogados de la CCJ explican que aunque la audiencia generó un espacio para que la ANT cumpliera con las órdenes, es preocupante que el juez plantee una especie de concertación con la empresa para recuperar los baldíos, cuando son tierras la Nación.
Por ejemplo, en la orden cuarta el juez indica: “Requerir a la ANT para que, de ser necesario, en el evento de que no existan vías públicas de acceso y por parte de MR de Inversiones S.A.S. y/o el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria no se preste la colaboración necesaria para el ingreso, adelante los mecanismos que se requieran para obtener las servidumbres que les permitan acceder a los predios baldíos que se encuentran dentro dela hacienda La Gloria”.
Tanto los campesinos de Asocadar como de Asocol esperan que les titulen las tierras para cultivar alimentos y hacer empresa. Asocol trabaja en el desarrollo de una asociación campesina de ganadería lechera. “Lo que le propusimos al juez es que esto genere por lo menos dos salarios mínimos para cada familia, unos 90 millones de pesos al mes, y que el gobierno nos garantice la compra de los productos”, detalla Fredy Antonio Rodríguez. De momento, después de dos décadas, los parceleros sueñan con que esta vez haya justicia, y también tierra.
