La senadora Nohora Tovar Rey, del Centro Democrático, radicó una iniciativa que busca que el Estado no recupere más predios de propiedad de la Nación. Su propuesta niega la realidad develada por la justicia transicional: que un grueso de los predios de la Nación fue apropiado durante el conflicto armado.
La senadora Nohora Tovar Rey propone una Ley que deje sin efectos todos los procesos de recuperación de baldíos. Esta propuesta afectaría las reclamaciones de campesinos, indígenas y afrodescendientes que llevan décadas esperando que el Estado les revierta la tierra que reclaman. Foto: archivo Semana.El Proyecto de Ley presentado por la senadora Nohora Tovar Rey va en contravía de la advertencia que hizo la Corte Constitucional en 2014: que en Colombia los terrenos baldíos [de la Nación] han sido acumulados irregularmente y que es urgente la aplicación de un Plan Nacional de Clarificación de Tierras Rurales que permita a la institucionalidad agraria recuperar esos predios.
Como lo ha documentado VerdadAbierta.com, el gobierno nacional está en mora de cumplir con esta orden, contenida en la sentencia T-488 del 9 de julio de 2014, y será uno de los retos de la nueva Agencia Nacional de Tierras (ANT). (Lea la sentencia aquí y Un llamado de emergencia a la recuperación de baldíos)
Los baldíos son tierras de la Nación y desde la década del sesenta, a través de una reforma agraria, se decidió titularlos a campesinos o comunidades carentes de tierras, reconociendo que la propiedad rural en el país estaba concentrada en pocas manos, lo que habría exacerbado el conflicto armado. El proceso continuó con la Ley 160 de 1994, organizando la titulación con base en las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), cuya extensión es variable por cuanto depende de la productividad de los suelos de cada región. En tres décadas, campesinos, indígenas y afrodescendientes accedieron por primera vez a un título formal de sus predios. (Lea: ¿’Cortinas de humo’ en el tema agrario?)
Pero en su propuesta, la senadora Tovar, del Centro Democrático, plantea un Proyecto de Ley que deje sin efectos todas las resoluciones y/o actos administrativos que el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, en liquidación) haya denominado como “recuperación de baldíos”. En varios apartes del Proyecto, la congresista reitera que según la definición de la Real Academia (RAE) la palabra “baldío” corresponde al “terreno que no se cultiva o da fruto”. Y a su criterio “…lo que está cultivado y edificado o ha sido adjudicado en el pasado y en el presente no es baldío y por tanto es propiedad privada. Al serlo, no pertenece a la Nación”. ( Lea el Proyecto acá)
Lo que no explica la senadora es que esos terrenos han sido “cultivados, edificados o construidos” con prácticas irregulares o ilegales, que trasgreden las leyes agrarias o están asociadas al conflicto armado. Así lo sostienen múltiples informes de dependencias de la Procuraduría y Contraloría delegadas para el sector agropecuario que han puesto la lupa a la acumulación irregular de baldíos en el país.
En el más reciente, del 6 de julio de 2016, la Procuraduría Agraria le informó a la Corte Constitucional supreocupación de que la nueva Agencia Nacional de Tierras, creada en diciembre de 2015, repita la historia de los antiguos Incoder e Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), de no ser diligente en la recuperación de baldíos.
Según datos del informe remitido al Alto Tribunal, la Procuraduría Delegada señaló que hay más de un millón de hectáreas que deben ser estudiadas, la mayoría pendientes de procesos de clarificación y recuperación de baldíos, de las cuales el Incoder solo avanzó en 74 mil. Otro informe, esta vez de la Contraloría Delegada, indicó desde el año 2012 que por lo menos 200 mil hectáreas de baldíos habían sido acumuladas en la región de la Altillanura por particulares, empresas nacionales y multinacionales. (Lea: Recuperación de baldíos, un año en blanco)
Entre las prácticas reseñadas, la Contraloría documentó que varios particulares y empresarios se asesoraron de bufetes de abogados que les sugirieron crear Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) o acudir a fiducias para acumular UAF en esta región. Esto mismo ya lo había advertido la Superintendencia de Notariado y Registro por medio de los informes de diagnóstico catastral y fue un tema recurrente en los debates del Congreso de ese año. (Lea: La otra cara de las tierras acumuladas por empresas y Lupa a tierras que explota Aceites Manuelita en Casanare)
Las sentencias de restitución detierras, derivadas de la aplicación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, han dado luces sobre la relación entre el conflicto armado y la acumulación de baldíos. Hasta abril de este año, los jueces especializados han proferido 1.678 sentencias a través de las cuales devolvieron 131 mil hectáreas abandonadas o despojadas a indígenas y afrodescendientes, así como otras 54 mil hectáreas a campesinos.
En el Urabá, el Magdalena Medio, los Montes de María y los Llanos Orientales, es decir las zonas en las que se intentó realizar la reforma agraria fue, precisamente, donde el conflicto armado revirtió ese proceso. Así está consignado en los múltiples contextos de las sentencias. Fincas tituladas por el antiguo Incora e Incoder pasaron de mano en mano en notarías y oficinas de Instrumentos Públicos tras los desplazamientos y las masacres en muchos de los casos de manera irregular.
Desde que comenzó la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los jueces han tenido que dirimir casos en los que particulares y empresarios alegan “buena fe” en la adquisición de estas tierras, pues como varios lo han demostrado no tuvieron relación con los actores armados ilegales, pero para los togados, les faltó “el exenta de culpa”, es decir, diligencia en la verificación sobre el pasado de los predios. (Lea: “Argos no conformó ni fue cómplice de grupos armados ilegales”: Tribunal; y “Agropecuaria Carmen de Bolívar no actuó de buena fe”: Tribunal de Cartagena)
“El Llano no es un baldío”
La propuesta en cabeza de la Senadora del Centro Democrático evidencia la postura de apoyo a las criticadas Zidres, a las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, sobre las que cursan varias demandas de inconstitucionalidades cuestionadas por legalizar el despojo y la acumulación de baldíos. Foto: archivo Semana.En su exposición de motivos, la senadora se concentra en afirmar que la “recuperación de baldíos indebidamente ocupados” está afectando a los “llaneros”, refiriéndose principalmente a quienes desarrollan la ganadería de forma extensiva. “No se debe estigmatizar la actividad ganadera extensiva tradicional que se califica equivocadamente de ineficiente, medida por parámetros de producción de carne o cabezas por hectárea sin conocer las externalidades positivas del uso racional de los recursos naturales y la preservación de la cultura criolla llanera de valor social incalculable”, se lee en la exposición de motivos del Proyecto de Ley.
La congresista se refiere con preocupación a que, por la falta de títulos en estos terrenos explotados por ganadería, los llaneros están en desventaja para realizar los proyectos productivos impulsados por la Ley 1776 del 29 de enero de este año, conocida como Ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social) y cuyo debate alrededor de su aprobación estuvo rodeado de un intenso debate planteado por varios congresistas, académicos y organizaciones campesinas. (Lea: Las situaciones imperfectas de la Ley Zidres)
Aunque en la actualidad surten varias demandas de inconstitucionalidad contra esa ley, cuestionada porque en su aplicación se podría legalizar el despojo y la acumulación de baldíos, la propuesta de la senadora Tovar plantea la entrega de baldíos a “título no traslaticio del dominio”, es decir, sin que salgan de propiedad de la Nación, en extensiones que superan las UAF. En ese sentido, el proyecto no precisa que sucedería con las acumulaciones de las UAF. (Lea: La tarea titánica de cumplir con el punto agrario)
La senadora es enfática en decir que si el gobierno nacional no reversa “la recuperación de baldíos indebidamente ocupados” afectará a familias “que están representadas en 82.500 predios ganaderos con una población de 5 millones 200 mil cabezas de ganado, lo que equivale a una cuarta parte del inventario de ganadero del país sumado a la producción de arroz, palma, maíz y caucho”. En ninguna parte del texto, la congresista expresa preocupación por casos históricos de recuperación de baldíos en los Llanos Orientales, como el caso de El Porvenir, donde campesinos e indígenas reclaman 27 mil hectáreas acumuladas de manera irregular por el fallecido esmeraldero Víctor Carranza. (Lea: El oscuro pasado del Porvenir)
Lo cuestionable a la propuesta Zidres es precisamente que una gran parte de estas zonas están proyectadas sobre la Altillanura donde aún no han sido resueltos reclamaciones de baldíos despojados o acumulado. La Superintendencia de Notariado y Registro advirtió en un informe de octubre de 2015 que las Zidres están dibujadas en proyectos sobre 2 millones 975 mil hectáreas en Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Arauca y en mayor volumen, en Vichada, donde siguen pendientes la recuperación de baldíos, constitución de territorios étnicos, Zonas de Reserva Campesina y acumulación de UAF.
Frente a la propuesta de la Senadora, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, expresó en un comunicado su preocupación, asegurando que éste “impide realizar una política coherente de distribución de la tierra que responda a criterios de mayor equidad. Una que beneficie a los más vulnerables”.
Ésa era la propuesta del primer punto del Acuerdo Final logrado entre el gobierno nacional y las Farc, que anunciaba una Reforma Rural Integral, planteando la creación de un Fondo de Tierras para la Paz de 3 millones de hectáreas, ‘alimentado’ precisamente con predios provenientes de la recuperación de baldíos.
La propuesta de la senadora Tovar Rey deja abiertos los interrogantes sobre las preocupaciones de fondo del Centro Democrático frente al Acuerdo de Paz que no logró la refrendación el pasado 2 de octubre tras la votación del plebiscito. VerdadAbierta.com documentó que precisamente el tema agrario pudo representar un conflicto de intereses para varias de las personas y empresarios que decidieron financiar la campaña del No. (Lea: Los cuestionamientos a bananeros detrás del No)
De momento, será el Congreso el que tome una postura sobre si el proyecto seguirá su curso para convertirse en Ley o, por el contrario, decide archivarlo por inconveniente.
