Autoridades locales reclaman mayor información sobre Zonas Veredales

Algunos alcaldes advierten que no fueron informados directamente por el gobierno nacional y que supieron por los medios de comunicación. Todos ellos tienen más preguntas que respuestas. Al día siguiente, las Farc se declararon sorprendidas con el anuncio del Ministerio de Defensa sobre el tamaño de las zonas.

zonas veredales 1Seis meses después de la firma del Acuerdo Final entre el gobierno y las Farc, todos los miembros de esa guerrilla deben haber entregado sus armas. Para ello, estarán reunidos en 31 zonas, en donde podrán acceder a capacitaciones. Foto: archivo Semana.Un día después de que se firmara el punto de Fin del Conflicto en La Habana, se conoció la lista de las 23 zonas veredales y los 8 campamentos donde se concentrarán, durante seis meses, los cerca de 6.000 guerrilleros de las Farc.

Se trata de áreas ubicadas en 16 departamentos que abarcarán menos del 1 por ciento del territorio nacional. Su escogencia fue concertada por los negociadores del gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en La Habana y divulgada hoy por el Ministerio de Defensa Nacional. (Ver comunicado)

Varios alcaldes, concejales y líderes sociales se enteraron de que en su territorio habría una zona de concentración porque lo vieron, leyeron y escucharon en los medios de comunicación y no porque hayan tenido una conversación previa con el Gobierno Nacional o con el equipo negociador de La Habana.

Los departamentos y municipios incluidos en la decisión son Antioquia (Remedios, Ituango, Dabeiba y Vigía del Fuerte), Arauca (Arauquita y Tame), Caquetá (Montañita, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán), Cauca (Buenos Aires, Caldono y Corinto), Cesar (La Paz), Córdoba (Tierralta), Chocó (Riosucio), Guainía (Puerto Colombia), Guajira (Fonseca), Guaviare (San José del Guaviare), Meta (Macarena, Mapiripán, Mesetas, Vistahermosa, Losada, Macarena) Nariño (Policarpa, Tumaco), Norte de Santander (Tibú), Putumayo (Puerto Asís), Tolima (Planadas y Villarica) y Vichada (Cumaribo).

VerdadAbierta.com conoció que cada una de las zonas debe ser tan pequeña como para que el equipo internacional que verificará el cumplimiento de todo lo pactado pueda recorrerlo en un solo día y, además, que dentro de cada zona podrá haber varios campamentos, que serán diferentes a los ocho concertados. (Leer más en: Negociación con las Farc, en la recta final)

La gran diferencia entre los dos lugares, como lo explica el acuerdo, es que los guerrilleros que estén en una zona veredal no podrán portar uniforme ni armas. Allí también se permitirá la presencia de los civiles y cualquier autoridad civil que exista seguirá trabajando de la misma manera como lo ha hecho hasta ahora en el territorio.

En cambio, en los campamentos sólo habrá guerrilleros, sí podrán vestir sus prendas distintivas y cada insurgente podrá portar un arma. Adicionalmente, allí se instalarán los contenedores para recoger las armas, municiones y explosivos como mecanismo de desarme, bajo la administración de funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Un día después de conocerse el listado de municipios, las Farc emitieron un breve comunicado, en el que señalan que la extensión de las zonas de concentración no se ha definido aún: “Con sorpresa reciben las FARC-EP la lectura precipitada del Ministerio de Defensa sobre la dimensión de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y campamentos, cuando la subcomisión técnica, que continúa reunida en La Habana, todavía no ha consensuado, en especial, el tamaño de los ocho campamentos”. Además, piden que se fije una vocería única para no generar confusiones en la opinión pública y no afectar lo que “está en construcción”.

Reacciones de lado y lado

Consultado Humberto Sánchez, alcalde de San Vicente del Caguán, municipio donde se ubicará uno de los ocho campamentos, decidió no pronunciarse pues hasta el momento no le han notificado nada de manera oficial.

La falta de información oficial también se sintió en Puerto Asís, Putumayo. Allí la presidenta del Concejo, Gloria Imbajoa, afirmó que todavía no conocen cuál será el punto específico y aclaró que lo que saben es porque lo han visto en las noticias.  Al respecto, el alcalde Omar Guevara aseguró que “nunca se me consultó el tema”, así como tampoco a la Gobernadora. No obstante, expresó que su municipio está preparado para ser zona de concentración y espera, eso sí que el gobierno nacional le inyecte recursos para atender ese compromiso.

“Todo está en el aire, no sabemos ni nos han dicho bien qué es lo que piensan hacer en el municipio”, expresó, a su vez, Alberto Escalante, alcalde de Tibú. A pesar de que no les han informado con detalle, se rumoraba que zona estuviera entre San Calixto, Teorama y Tibú por la presencia histórica de las guerrillas de las Farc y el Eln. Agrega que Tibú, a diferencia del resto de la región, tuvo una primera experiencia de dejación de armas cuando el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se desmovilizó.

“Somos el epicentro del Catatumbo y creo que somos los que tenemos mejores condiciones. Tenemos una pista aérea, un batallón muy cerca y una infraestructura hotelera que hospedaba más de 550 empleados de empresas petroleras que ya no están por la mala situación”, aseguró el mandatario local y agregó que esperan que esta sea la oportunidad para invertir en vías, proyectos productivos y “sobre todo para que podamos vivir de manera más tranquila, con los reintegrados”.

En Tolima, Ernesto Soto, vocero de la Asociación de Trabajadores Campesinos, recordó que el conflicto con la guerrilla inició en el sur de ese departamento y que precisamente es allí donde debe terminar. Pero le parece extraño que lugares como Río Blanco no estén incluidos, pues allí la violencia “fue terrible luego del año sesenta”.

“Como organización nosotros nos acogemos a lo que se haya acordado, pero ha habido muchas contradicciones entre las instituciones en el territorio; por ejemplo, la Gobernación desde hace un mes venía diciendo que se oponía a que existieran zonas de concentración para que no siguiera la estigmatización con los campesinos”, agregó Soto.

Además, en este departamento existe la duda de por qué han incrementado el pie de fuerza si el gobierno está buscando la paz. “Desde hace tres meses hay cantidad de gente de civil armada, por los lados del corregimiento de Gaitania, intimidando a la gente, en especial muchachos campesinos. Entonces hay que ver cómo se hace lo que se acuerde”, precisó el líder campesino.

Por otra parte, en Arauca hay una gran preocupación y no es para menos pues además de que allí hubo una confrontación a muerte entre las Farc y el Eln, “genera muchas dudas que se hagan acá dos zonas de concentración cuando por un lado no se ha instalado la mesa con el Eln y por el otro, cuando el Gobierno no ha sabido qué hacer con las amenazas de las autodefensas”, como explicó Older Cáceres, exdiputado y gestor de paz del departamento.

Él explica que los finqueros han sido los más afectados por las Farc y ahora los guerrilleros estarán en el territorio. “La esperanza es la fase pública con el Eln, no sabemos qué piense el Comando Central (COCE) ni el Frente de guerra, entonces el temor ronda porque de nuevo se puede desatar una oleada de violencia muy fuerte; incluso, se ha rumorado que el aniversario se va a conmemorar con acciones bélicas y más encima han rondado amenazas de los paramilitares que vienes desde Casanare”, denunció Cáceres.

Donde sí sabían es en Tierralta, Córdoba. Según el alcalde Fabio Otero, ya se venían preparando para esa decisión: “El consejero para las regiones, Carlos Eduardo Correa, se había comunicado conmigo para avisarme. La noticia nos llena de alegría, porque la guerra ha dejado muchas víctimas en nuestro municipio, muchos hijos sin padres y cerca de 50 mil desplazados. Estamos dispuestos a contribuir con la paz”.

En esta población, que fue en el pasado un fortín de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y sede de los diálogos con ese grupo paramilitar, reclaman, eso sí, “paz con responsabilidad”. Su mandatario local no quiere que el campamento que se instalará en su jurisdicción sea otro Santa Fe de Ralito.

“El proceso de dejación de armas de los paramilitares fue muy irresponsable y no nos dejó nada. Solo un estigma que nos alejó de cualquier tipo de inversión. No se hizo ninguna inversión, Ralito sigue siendo un corregimiento olvidado. Esta vez pedimos que nos den la inversión que siempre se ha negado”, aseguró Otero.

En Cauca, también las autoridades locales y étnicas de la región se mostraron sorprendidas porque no fueron notificadas previamente. Sobre esa situación el secretario de Gobierno de Buenos Aires, José Manuel Popó, señaló que a raíz del proceso de pedagogía sobre los acuerdos de paz que adelantaron algunos negociadores de las Farc con los guerrilleros de la región en marzo de este año, se especuló con la posibilidad de que el municipio sería un ser escenario de desmovilización, pero en ningún momento fueron notificados oficialmente por el gobierno. “Estamos esperando las indicaciones del alto gobierno que manifestó que lo haría de mano de los gobernadores y los alcaldes respectivos”, dijo.

Por otro lado, las comunidades indígenas y afrodescendientes que tienen amplia presencia en esta región, esperan que sean consultadas e informadas detalladamente sobre la instalación de estos sitios transitorios, en caso de que las zonas queden en sus territorios colectivos. En esos tres municipios hay 10 resguardos indígenas y 8 consejos comunitarios.

Para Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), las mayores preocupaciones son la seguridad de las comunidades y el irrespeto a sus formas de gobierno. “Las comunidades indígenas han sido altamente afectadas por el conflicto armado y la implementación de las zonas tiene que hacerse de manera muy prudente. No podemos caer en una revictimización si se hacen las cosas mal”, indicó.

Víctor Hugo Mina, representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), reiteró que las comunidades negras rechazaron en varias ocasiones la instalación de zonas de concentración en sus territorios, pero dijo que están dispuestas a recibir a los desmovilizados que decidan regresar a sus comunidades.

Mina, al igual que los indígenas, exigió que se realice la consulta previa, en caso de que la zona veredal que en cercanías de un consejo comunitario. “Se ha generado incertidumbre y preocupaciones por las connotaciones que traen esas decisiones por parte del gobierno, al que se le ha advertido que tiene que aplicar el proceso de consulta previa, libre e informada a los derechos que tenemos como comunidad negra”, reiteró.

Fuentes consultadas en la región coincidieron en precisar que la selección del municipio de Buenos Aires se haría para permitir la concentración de las tropas que están en la región del Naya; la de Corinto para la desmovilización de las tropas que operan en el sur de Valle del Cauca, departamento en el que no habrá ningún sitio de concentración; y la de Caldono para reunir a las tropas que están en Toribío, Jambaló, Caloto y otros municipios del norte.

Por los lados de Antioquia también hubo sorpresas. La aldaldesa de Remedios, Lucía del Socorro Carvajal, manifestó su complacencia porque este municipio del Nordeste antioqueño haya sido escogido como uno de las zonas de concentración de guerrilleros de las Farc. “El anuncio nos cogió de sorpresa y todavía no nos han informado y sí necesitamos que nos digan quién se hará cargo de ese proceso, porque el municipio no tiene recursos”, declaró.

Por su parte el alcalde de Ituango, Hernán Darío Álvarez, coincidió con su colega de Remedios, al declararse contento por la escogencia de este municipio para una de las fases finales en el proceso con las Farc; sin embargo, también pidió al gobierno nacional mayores claridades frente a la organización de estas zonas. “Ojalá no se improvise con esto, por la seguridad del municipio”.

Inquietudes adicionales

zonas veredales 2Las zonas de concentración fue uno de los puntos que estancó la negociación en La Habana en los últimos meses. Foto: archivo Semana.Eduardo Álvarez, coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), consideró que acudir a estas zonas de concentración reafirma la posición que ese centro de pensamiento ha esbozado sobre la necesidad de crear esas áreas como estrategia para la dejación de armas y el inicio de la reinserción de los combatientes.

“La minucia del acuerdo sirve para bajarle a las especulaciones de las zonas, concretamente frente a los opositores, que han traído mitos como los del Caguán e, incluso, algunos que se han atrevido a decir que se le va a entregar el país a la guerrilla”, indicó Álvarez.

El fantasta del ‘Caguán’ ronda este tipo de negociaciones. Como se recordará, el gobierno del entonces Andrés Pastrana (1998-2002) decretó una amplia zona de distensión de 42 mil kilómetros cuadrados que abarcó cinco municipios de dos departamentos (Meta y Caquetá), con el fin de adelantar diálogos con la guerrilla de las Farc. Ante los abusos cometidos allí, las conversaciones fueron canceladas.

Álvarez consideró que si bien se les está notificando a los alcaldes de los municipios donde se ubicarán las zonas veredales, no ha sido suficiente la comunicación del gobierno y de las Farc. “La comunidad se va a preguntar varias cosas, entre ellas, qué va a pasar cuando ellos se vayan y qué va a pasar con las comunidades que tradicionalmente ha vivido con ellos”.

En cuanto a que estas Zonas Veredales estén lejos de los cascos urbanos, tal como acordaron las partes, este investigador se preguntó “¿cuál es el miedo que haya relación entre las comunidades y las Farc?”. A su juicio, con esa decisión, “se está desconociendo la realidad política de algunos territorios con la historia de la guerrilla”.

Finalmente señaló que el acuerdo sobre estas áreas de concentración denota un esfuerzo muy grande para articular varios frentes. Según los estándares internacionales, son máximo 1.200 personas y mirando el número actual de las Farc, habrá entre 200 0 300 insurgente, lo que va a facilitar los procesos de dejación de armas y reinserción a la vida civil.