Negociación con las Farc, en la recta final

Si bien ya quedó acordada la manera en que los miembros de las Farc dejarán las armas y cómo iniciarán el proceso de reinserción a la vida civil, aún hay varias dudas por resolver, entre ellas dónde estarán ubicadas las 23 zonas de concentración y los 8 campamentos.

recta final 01Meses después de haber acordado el punto de justicia transicional, el presidente Santos y ‘Timochenko’ volvieron a estrechar sus manos tras acordar el cese al fuego bilateral y definitivo. Foto: SIG.Si los cálculos del presidente de la República, Juan Manuel Santos, no le fallan y el acuerdo final del fin de la confrontación armada con la guerrilla de las Farc se firmara, según dijo, el próximo 20 de julio, a finales de año terminaría el proceso de dejación de armas y en enero de 2017 los insurgentes que se acogieron a este proceso estarían reintegrados a la vida civil.

Los cálculos se basan en los acuerdos divulgados este jueves en La Habana, Cuba, sede de los diálogos desde hace cerca de cuatro años entre el gobierno nacional y el grupo insurgente. Una vez se firme el acuerdo final, comenzarán a correr 180 días durante los cuales la guerrilla concentrará a sus hombres, entregará las armas y se preparará para reintegrar a sus miembros a la legalidad.

Para ello se acordaron 23 zonas de concentración, sobre las cuales aún se desconoce su ubicación, que tienen como objetivo primordial la preparación para la reincorporación a la vida civil de los combatientes, en lo económico, lo político y lo social.  Con ello empezaría el cese bilateral de hostilidades que será verificado por un Mecanismo de Monitoreo y Verificación integrado por miembros de la Fuerza Pública, las Farc y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En esos territorios, llamados “Zonas Veredales Transitorias de Normalización” no se permitirá el porte de armas a la población civil y estará prohibido cualquier acto de proselitismo político, según el Acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas. Dentro de ellas existirán varios campamentos  y a nivel nacional  ocho “puntos transitorios de normalización” donde llegarán los frentes guerrilleros de zonas periféricas para iniciar su tránsito a la legalidad.

“Dentro de las  Zonas Veredales Transitorias de Normalización se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho  para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones”, señala el documento de 15 páginas. En ellas tanto guerrilla como el gobierno podrán realizar todo tipo de capacitación en nivel de básica primaria, secundaria, técnicos o labores productivas con los integrantes del grupo armado.

Será el Consejo de Seguridad de la ONU el responsable, por decisión de las partes, de  monitorear y verificar el cese al fuego definitivo y  la dejación de armas, como quedó establecido en la resolución 2261 de 2016 del organismo,  la cual  señala que será una “misión política con observadores no armados”. Esto debido a que a diferencia de otros procesos de paz como el de Libia, Siria o Costa de Marfil, el país no atraviesa una guerra civil donde se necesiten hombres armados, conocidos como “cascos azules”, para realizar la verificación.

Una mirada hacia el pasado

recta final 2Colombia está ad portas de enfrentar un nuevo proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), si la negociación con las Farc llega a buen puerto y se materializa la entrega de armas. Foto: archivo Semana.Ejemplos anteriores en el país pueden ser un ejemplo de lo que serán estos territorios. Durante el proceso de negociaciones entre la guerrilla del Epl y el gobierno del entonces presidente César Gaviria Trujillo se establecieron siete zonas, ubicadas en Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Risaralda y Putumayo, para concentrar en ellas durante seis meses, a los 2.200 combatientes que el 1 de marzo de 1991 le entregaron sus armas a un delegado del Partido Socialista Obrero Español.

Como ya lo había contado a VerdadAbierta.com Mario Agudelo, exmilitante del Epl, esas zonas, a diferencia del Caguán o Santa Fe de Ralito, se van a constituir después de las negociaciones para luego continuar con la dejación de armas. “Nosotros interactuábamos con la comunidad sin ningún problema y la seguridad de las zonas la brindaba, en un primer anillo el Ejército y en un segundo anillo nosotros. La prensa podía ir sin problemas”, recuerda el desmovilizado. (Leer más en: Zonas de concentración para Farc: “nudo” que atranca fin del conflicto)

El cese bilateral de hostilidades anunciado en la isla del Caribe es la segunda vez que se aplica en el país. La primera se acordó en 1984 con la firma de “Los Acuerdos de La Uribe” en el municipio de Mesetas, Meta, durante el gobierno de Belisario Betancur, que se vio opacado tras un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre las partes que trajo consigo una emboscada del Ejército a una columna del Frente 5 de las Farc en zona rural de Turbo, Antioquia, el 30 de noviembre del 85, lo que llevó a la ruptura de los acuerdos. (Leer más en: Acuerdos de cese al fuego con las Farc, el M-19, el Epl y la ADO)

“Esta triste experiencia debe ser recogida para evitar su repetición. En un ambiente favorable como el que se respira hoy, con avances tangibles en la Mesa de Conversaciones, con el buen entendimiento y contacto directo entre generales en servicio activo y comandantes guerrilleros, y en una situación en que se avizora la posibilidad del fin del conflicto armado, el armisticio como preludio de la paz es la medida más sensata que debemos tomar”, aseguró ‘Iván Márquez’, jefe negociador de la guerrilla, en una carta firmada el 19 de mayo pasado.

Para que no se repitan estos hechos, se estableció una “Zona de Seguridad”, a un kilómetro a la redonda de cada Zona Veredal, donde no puede haber unidades de la Fuerza Pública ni miembros de las Farc, a excepción de aquellas personas que pertenezcan al Mecanismo de Monitoreo y Verificación, con lo cual se pretende dotar de confianza a las partes para evitar cualquier tipo de confrontación.

Experiencias pasadas de cese al fuego, verificadas por Consejo de Seguridad de la ONU, dan muestra de ello. En Nepal, el gobierno y el Partido Comunista (Maoista) también le pidieron a esa instancia multilateral que fuese una misión política en vez de un ejército internacional la encargada de vigilar el cese bilateral al fuego y supervisar lo que sucedería con las armas y combatientes. La petición se hizo tras la firma de un acuerdo de paz el 21 de noviembre de 2006 para acabar con una guerra de 10 años que dejó cerca de 13.000 muertos. (Leer más en:  A qué llega la ONU al proceso de paz)

Además de ello, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación tripartito estableció un sistema de comunicación entre las partes para articularse con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con el Estado, a nivel local y regional para contribuir aportando información y presentando propuestas y sugerencias que retroalimenten el desarrollo del cese bilateral y del proceso de reintegración.

A diferencia de los procesos con el Epl, el M-19 y las Auc, lo acordado con las Farc es que no habrá una entrega pública de armas, sino que se le entregará la totalidad del armamento a la ONU en un proceso que consta de dos momentos: el control del armamento y la dejación del mismo. Todo con el fin de construir tres monumentos, uno en la sede de la ONU en Nueva York, otro en Cuba y uno final en Colombia.

Además, serán tres frases las que acompañen la dejación de armas, las cuales tendrán que ser comunicadas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. La primera se hará tres meses después de la firma del Acuerdo Final, donde se espera que el 30% del armamento esté recolectado y depositado en los contenedores de armamento individual de cada Zona Veredal; la segunda al cuarto mes, donde se complete un 60% de la entrega; y una última fase al quinto mes donde un 100% esté recolectado.

La dejación iniciará al momento que los guerrilleros lleguen a las zonas de concentración, donde se registrará y almacenará las armas de acompañamiento y las granadas y municiones de las milicias, que permanecerán en depósitos temporales que estarán bajo la responsabilidad de las Farc, pero serán vigilados y monitoreados por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, continuará con la extracción de todo el armamento por parte de la ONU a más tardar al sexto mes después de firmado el acuerdo. Con ello, espera el organismo dar por terminado el cese al fuego y así, el fin del conflicto armado con las Farc.

La seguridad, fundamental

Pese a que el rigor de la guerra ha disminuido, los ataques contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales han aumentado. Foto: archivo Semana.No será tarea fácil todo este proceso. El gobierno se comprometió a brindar las garantías necesarias para que las Farc tengan garantías para hacer política sin armas y ello pasa por garantizar que no se repitan los asesinatos a defensores de derechos humanos y la persecución a los movimientos sociales y políticos que han apoyado han trabajado por la justicia social y ahora por la salida negociada con este grupo insurgente.

Para ello, el acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, establece cinco pilares fundamentales para darle cumplimiento a lo pactado. Se realizará un “Pacto Político Nacional”, el cual será promovido por el gobierno y el partido o movimiento que funden las Farc tras su reinserción a la vida civil, donde los gremios económicos, las iglesias, la academia, las organizaciones sociales, de indígenas y afros, de víctimas, y los movimientos sociales y partidos políticos se comprometan a promover desde las regiones, en especial las más afectadas por el conflicto, que se saquen las armas de la política, para no promover los grupos paramilitares y con ello evitar que se repita la historia.

Se creará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual estará presidida por el presidente Juan Manuel Santos y laconformarán los ministerios de Defensa y de Justicia, el defensor del Pueblo, el director de la Unidad Especial de Investigación, dos representantes del movimiento o partido que surja luego de la reinserción de las Farc y dos representantes de plataformas de derechos humanos.

La Comisión será entonces la instancia para el diseño, seguimiento, coordinación y promoción a nivel departamental y municipal para el cumplimiento del plan de acción que realice el gobierno para combatir y desmantelar a las organizaciones y grupos armados que atenten en contra el proceso y las garantías de seguridad proferidas para la permanencia en el tiempo del mismo. Entre otras tareas está la creación de mecanismos para la revisión de antecedentes de los servidores públicos con el fin de verificar cualquier involucramiento con grupos o actividades del paramilitarismo o de violaciones de los derechos humanos.

Finalmente,  este organismo “garantizará la encargada de la aplicación de los enfoques territoriales, diferencial y de género en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas y estrategias que sean objeto de esta comisión” como lo establece el documento.

Un tercer pilar y quizá uno de los más importantes es la creación de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, la cual  estará por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir que se regirá bajo la justicia ordinaria y tendrá la facultad de investigar, perseguir y acusar a las organizaciones criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática de género, o que atenten contra los defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, incluyendo las organizaciones pos desmovilización de las Auc y sus redes de apoyo.

Esta es quizás una de las tareas más difíciles de sostener por la coyuntura actual del país. La muestra de ello fue el pasado para armado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, donde paralizaron a 36 municipios de ocho departamentos y lograron alterar el orden público al punto de generar por varios días zozobra en las diferentes regiones por los asesinatos y hostigamientos en contra de la Fuerza Pública y la población civil. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ le hablan con armas al proceso de paz?)

Además, según el último informe de Somos Defensores, organización no gubernamental que monitorea la situación de líderes sociales y defensores de derechos humanos, en el primer trimestre del año 113 fueron víctimas de agresiones. Dichos ataques fueron los siguientes: 81 amenazas, 19 asesinatos, 5 atentados, 5 detenciones arbitrarias, una desaparición forzada y 2 casos de hurto de información.

Ahora bien, la estabilidad de los acuerdos va a depender de la fuerza institucional que tenga el Estado, entre otras cosas, para combatir a estos grupos, que con el paso del tiempo han mostrado el incremento de su poder criminal y su control regional, en especial en departamentos como Antioquia, Córdoba y Chocó,  donde seguramente quedarán alguna zona de concentración. Aparte de ello queda una pregunta por resolver y es de dónde saldrá la plata para la financiación y mantenimiento durante los años que dure la transición de estas instituciones que se van a crear, se habla de cooperación internacional y del Presupuesto General de la Nación, ¿alcanzará la plata?