El suroeste de Antioquia ha sido tradicionalmente una región cafetera, rica en minería de carbón, donde no han faltado los conflictos sociales y la violencia política. En la década de los 50 esta región se vio duramente golpeada por la polarización bipartidista, y tuvo fuerte presencia tanto de guerrillas liberales, como de grupos de “pájaros” o pistoleros vinculados a los sectores conservadores. En la década de los 80 los grupos insurgentes tuvieron una fuerte presencia en la región, especialmente el EPL y las Farc. De hecho, en Urrao, uno de los principales municipios del suroeste, el M19 y el EPL probaron su famosa Fuerza Conjunta, que pretendía ser una forma de ejército revolucionario.
La violencia, la crisis del café y la presencia temprana del narcotráfico fueron una mezcla explosiva que convirtieron a la otrora próspera región en uno de los focos de confrontación más difíciles. Pese a ser una zona prospera, cuando los paramilitares arribaron las cosas no estaban muy bien económica ni socialmente. Los bajos precios del café registrados en 1993 y la propagación de la broca y la roya produjeron una fuerte crisis económica en la subregión.
A estas carencias sociales se suma la situación de inseguridad que persistía entre las elites locales por las acciones de la guerrilla y la delincuencia común, que al parecer fueron el estímulo para que algunos hacendados implementaran grupos de autodefensa. Existen registros de prensa sobre el accionar de estos ejércitos privados en municipios como Andes, Caramanta, Venecia, Concordia y Urrao, y que consiste básicamente en amenazas, desapariciones, asesinato selectivo de campesinos y líderes cívicos acusados de pertenecer o simpatizar con la insurgencia y delincuentes comunes.
Especial mención merece el grupo conocido comoLa Escopeta, a la que se le atribuyen muchas muertes en el suroeste y al que estuvo vinculado un importante empresario cafetero, que incluso fue investigado por la Fiscalía y luego exonerado por tales hechos.
A finales de 1994, estos grupos locales fueron absorbidos por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Al proyecto de las ACCU se unieron algunos disidentes de las Farc que operaban en el Urabá antioqueño y en el departamento de Córdoba. Entre ellos Alcides de Jesús Durango, alias “René”, un carnicero de pueblo que antes de ser el comandante del Bloque Suroeste de las autodefensas había sido un mando urbano de una facción del frente 34 de las Farc en el Urabá antioqueño.
La relación del Bloque Suroeste con el narcotráfico no es precisa. Sólo en el municipio de Urrao existen registros de fueron encontrados cultivos ilícitos1 que al parecer pertenecían a los paramilitares, pues era una zona donde ellos ejercían control. Pero fueron principalmente las cuotas por seguridad pagadas por los grandes hacendados y propietarios lo que favoreció la extensión del fenómeno paramilitar a otras localidades del suroeste antioqueño.
La mayor parte de los recursos del Bloque Suroeste provenían de las extorsiones o “vacunas” que aportaban los propietarios de tierras, empresarios, finqueros, medianos y grandes productores, los ganaderos, caficultores y comerciantes. Todos entregaban sus aportes mensuales para sufragar sus servicios de seguridad contra la insurgencia y la delincuencia común y para no padecer retaliaciones. Las “vacunas” eran impuestas de acuerdo al tamaño de la propiedad o rentabilidad del negocio. Los negocios comerciales (tiendas, mercados, heladerías, legumbrerías, bares…) por ejemplo, pagaban entre 50 y 300 mil pesos mensuales2.
Los grandes propietarios de tierras fueron los más afectados por las extorsiones. El Suroeste no es ajeno a la dinámica nacional de concentración de tierras que existe en el país, donde en 1996 había 11.570 propietarios (0.4% del total) con fincas mayores de 500 hectáreas y que poseían 22,6 millones de hectáreas. (45% del total bajo explotación).
Por testimonios de algunos pobladores se ha conocido también sobre la existencia de dos peajes en la subregión cobrados por las autodefensas y que oscilaban entre 2 mil y 5 mil pesos. Uno estaba ubicado en el paraje La Raya, entre Betulia y Concordia, y otro ubicado en la zona ladrillera entre Angelópolis y Amagá.
Las Cooperativas de Seguridad, o Convivir, se fortalecieron entre 1995 – 1997, período en el cual las acciones de las autodefensas se hicieron más visibles. Estos grupos recibieron el espaldarazo de dirigentes, sectores económicos y populares.
En Venecia, por ejemplo, una de las localidad con mayor número de parcelaciones y fincas de recreo del suroeste, se formó el grupo Convivir las Garzas con personería jurídica 41649 del 11 de septiembre de 1995. Prestaba servicio de seguridad a los finqueros del municipio y de las poblaciones aledañas. No se conocen registros de que este grupo haya perpetuado acciones violentas contra la población, antes bien, son recordados por su integración a las campañas sociales, culturales y deportivas que se realizaban.
La confusión inicial entre los grupos de vigilancia legales y los grupos ilegales de autodefensa fue aprovecha por estos últimos para ganar confianza entre la población y obtener información. Por falta de cohesión social y poca presencia estatal, muchas personas del común se convirtieron en aliados estratégicos de quienes serían el flagelo para muchos y alivio para pocos.
Entre 1997 y 1998 el recrudecimiento de la violencia empieza a cobrar nuevas víctimas y a extender su impacto sobre la población más pobre. De esta manera, el desplazamiento de la población toca a las puertas del suroeste antioqueño3. Para marzo de 1997, las ACCU llegan a Salgar, anunciando su intención de acabar con los colaboradores de la guerrilla. La situación allí se hizo más grave tras los enfrentamientos entre grupos de autodefensas, frente 34 de la FARC y el ELN
En las localidades donde no había presencia guerrillera como en Amagá, Titiribí, Venecia y Bolombolo, los paramilitares efectuaron un “barrido” o “limpieza social”, que consistió en la eliminación selectiva de las personas considerados antisociales: indigentes, prostitutas, delincuentes comunes, expendedores y consumidores de psicoactivos, habitantes de la calle, entre otros. En los municipios con presencia guerrillera incluyeron en la lista a los líderes barriales y sindicales acusados de simpatizar con la subversión.
De otro lado, la mayoría de administraciones municipales se hicieron los de la vista gorda con el fenómeno paramilitar. Incluso se sabe por testimonios de constantes reuniones a las que asistían los alcaldes citados por los jefes paramilitares para supuestamente tratar temas de seguridad. Unejemplo de esta relación ocurrió en Amagá El 18 de diciembre de 2001, cuando el entonces alcalde, Jorge William Muriel pidió a su conductor que transportara a los miembros de la Junta Directiva del sindicato municipal hasta el corregimiento de Minas para que entrevistasen con paramilitares. Después de la reunión todos renunciaron al fuero sindical y posteriormente fueron despedidos. Este hecho fue judicializado por el Tribunal Superior de Antioquia y el ex alcalde condenado a 36 meses de prisión por complicidad en concierto para delinquir y violación al derecho de libre asociación.
Aproximadamente el 80% de las acciones perpetradas por el Bloque Suroeste no fueron registradas por la prensa. Esto se debe a que la mayoría de las víctimas prefería callar por miedo a retaliaciones y las autoridades locales no hacían las respectivas denuncias.
Disputas internas
El primer jefe que tuvieron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en la región del suroeste fue alias Rodrigo Franco “Doblecero”, cuyo nombre verdadero era Carlos Mauricio García Fernández, un capitán retirado del Ejército, quien se vinculó al proyecto paramilitar de Fidel Castaño como instructor militar.
“Doblecero”, que coordinaba tres frentes en Antioquia: el de Occidente, el de Nordeste y el del Suroeste, al que fue enviado alias “René”. Como dijimos antes, este había sido guerrillero de las Farc, y se vinculó a las ACCU en 1994 junto con algunos de sus hombres y sus respectivas armas.
En 2002 el Bloque Suroeste dejó de estar bajo órdenes de “Doblecero” y pasó a formar parte del Bloque Elmer Cárdenas bajo órdenes de Vicente Castaño. Sin embargo “René” cometió todo tipo de abusos que llegaron a oídos de “Doblecero”. Es así como personas influyentes de la región y ex militantes del Bloque, decidieron organizar en atentado contra “René”. Se presume que el intermediario para dicha reunión fue Fernando Quijano, más conocido como Pedro, tío de la esposa de alias “Doblecero” y administrador general de las fincas de Ernesto Garcés Soto, ex senador de la República y reconocido empresario cafetero, señalado en 1995 de financiar un grupo de autodefensas4.
El atentado contra alias “René” se llevo a cabo en septiembre de 2003, en un sitio llamado El Recreo, en la carretera que de Concordia conduce a un paraje conocido como “El Concilio”. Disidentes del Bloque Suroeste dispararon un Rocket (cohete) contra una camioneta donde se presumía iba alias “René”, pero al parecer la información se filtró y de acuerdo con una versión, alias “René” logró huir. Otra versión dice que “René” no iba en esa caravana. Lo cierto es que se salvó5.
Posterior al atentado contra alias “René”, fue asesinado Quijano en retaliación por el atentado del que al parecer él había ayudado a estructurar. Este hecho causó un distanciamiento definitivo entre Ernesto Garcés y Alcides de Jesús Durango, alias “René”.
Entre los cabecillas disidentes del Bloque Suroeste se encontraba José Orlando Moncada Zapata, alias “Tasmania”, quien para la fecha dirigía en subgrupo en cercanías al municipio de Urrao, que tenía azotada la región con la extorsión. En Betania, su pueblo natal, secuestró a Darío Escobar, uno de los principales cafeteros del municipio, quien al parecer aceptó encontrarse con él porque creía que aún pertenecía al grupo de alias “René”. Su familia pagó $50 millones por su liberación. En Andes retuvo a un personaje conocido como “Caja de agua” y luego de recibir otros cincuenta millones le dijo a la familia del secuestrado que esa era su parte, pues ya habían entregado a aquel hombre a la guerrilla, a quién debían pagarle otra considerable suma de dinero.
Antes de enemistarse, alias “René” y alias “Tasmania” tenían una finca en Hispania llamada Villa del Lago, que había sido usurpada a unos comerciantes de Andes. En esta finca vivían “Tasmania”, alias “Julio” ex jefe de cobranza de “René” y su hermano alias “Guillermo”. Cuando empezó la guerra intestina en el Bloque, los hombres de “René” llegaron hasta la finca y mataron a “Guillermo”. Además, “René” ofreció 10 millones de pesos por la cabeza de “Tasmania” y mandó a asesinar a su padre, y a Juliana, su novia. En venganza, “Tasmania” asesinó a dos primos de “René” en el departamento de Córdoba.
Según fuentes policiales, “Tasmania” se vinculó a un grupo llamado Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) y en 2005 fue capturado mientras dormía y conducido a la cárcel Bellavista. De allí salió para la prisión de máxima seguridad de Itagüí, cuando a finales de 2007 hizo parte de un montaje contra la Corte Suprema de Justicia, orquestado por abogados y políticos cercanos a la Casa de Nariño.
Otros mandos medios que son recordados en el suroeste por sus crímenes son “Pescado”, “Chorizo” y Juan Carlos Sánchez, alias “El mocho”, un antiguo celador de la Trilladora Suroeste ubicada en Bolombolo, asesinado en el 2004 en Medellín, luego de que las autoridades de policía lo hicieran replegarse. Según testimonios los dos primeros pertenecieron a las Farc y hoy son prófugos.
“René” por su parte, se acogió en 2004 al proceso de paz, pero el 30 de enero de 2005 se negó a asistir a la ceremonia de desmovilización aduciendo temer por su vida. Meses después se fugó de la zona de concentración de Ralito y regresó al suroeste a comandar los grupos emergentes de “Águilas Negras”. El 19 de junio de 2007 fue capturado en Mutatá, Antioquia. Actualmente está en prisión y debe responder por varios crímenes y una condena a 35 años de cárcel y una indemnización pendiente por mil doscientos millones de pesos a las familias de tres sindicalistas del municipio de Betania, asesinados por él el 13 de noviembre de1997.
Entre los desmovilizados que operaban en el Suroeste, ha rendido versión libre ante la Fiscalía, Silvia Elena Rodas, alias “La India”6, y Carlos Mario Montoya Pamplona, alias “El arbolito”, quien a pesar de ser considerado miembro del Bloque Occidente, es investigado por el homicidio de cerca de 23 personas en varias poblaciones del suroeste antioqueño, entre los años 1996 y 1997. También deberá responder por el incendio de 33 viviendas y el desplazamiento de 260 habitantes del corregimiento Santa Isabel del municipio de Urrao perpetrado el 10 de diciembre de 20017.
Diversas organizaciones no gubernamentales y la prensa local han denunciado que los pobladores están recibiendo amenazas y extorsiones por parte de un grupo emergente de paramilitares desmovilizados que se autodenomina “Águilas Negras” del Suroeste antioqueño. Aunque actúan de manera clandestina, ya se les atribuye asesinatos en algunos municipios y cobro de “vacunas”. El pasado 18 de marzo fue abatido por la Policía José Murales Valdez, alias “El Loco” quien, según las autoridades, era el segundo al mando de un grupo emergente de “Águilas Negras” en la subregión. La amenaza se mantiene latente.
1 Fuente: DANE
2 Basado en testimonios de algunos comerciantes de la zona que prefieren no revelar su identidad.
3Desplazamiento forzado en Antioquia – Suroeste. (2001) Pastoral Social – Instituto de estudios Políticos, U de A.
4 Ernesto Garcés Soto fue vinculado en 1995 a una investigación por la conformación del grupo de autodefensa La Escopeta, al que se le atribuyeron decenas de crímenes en la zona cafetera de Antioquia. Aunque estuvo detenido durante 13 meses, la investigación en su contra precluyó.
5 Testimonio de testigos e información de El Colombiano. 05/12/07.
6 Alias “La India” declaró ante las Fiscalía 20 de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, en Medellín los días 10 y 11/05/07
7 Alias “El arbolito” ha rendidodos versiones libres ante el Fiscal 18 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, En Medellín los días 19 y 20/12/06 de diciembre de 2006, en ella reconoció haber cometido 23 crímenes en el suroeste antioqueño y le pidió perdón en medio de lágrimas a una de sus víctimas que al igual lloraba.
