El más reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia confirma la condena por parapolítica contra Édgar Orlando Barrios Ortega, exalcalde de Astrea, y describe la manera cómo el Bloque Norte de las Auc se organizó política y militarmente en el departamento.
El exjefe paramilitar fue exluido del proceso de justicia transicional por no cumplir con el compromiso de verdad, justicia y reparación a víctimas. “El postulado lleva siete años negándose a participar en el sistema de Justicia Transicional”, afirmó el magistrado Gustavo Roa Avendaño.Foto: archivo Semana.
Al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ –a quien le acaban de confirmar su exclusión de Justicia y Paz-, las Auc teníancomo objetivo tomarse El Copey, Bosconia, La Jagua, Astrea, Chiriguaná, Chimichagua, Becerril y El Paso, en el departamento del Cesar, mediante el ‘Grupo de los 8’ (alcaldes). Para ello se aliaron con mandatarios locales y varios de sus hombres incursionaron en la política. Su pretensión de “refundar la patria”, también los llevó a buscar pactos criminales a nivel nacional.
“La estrategia se enfocaba en el dominio territorial que sirviera de plataforma al apoderamiento del aparato estatal en los diversos niveles, participando del propósito de impulsar e imponer candidatos a cargos de elección popular a fin de obtener y preservar el control en las instancias de decisión” dice la sentencia del pasado 29 de julio.
Astrea fue uno de los ocho pueblos que usó el grupo armado como punto geográfico para desarrollar el plan estratégico. Los “paras” ganaron tres alcaldías consecutivas (2002 – 2010): Jaime Sajonero, Garibaldi López y Édgar Orlando Barrios; este último no terminó su administración tras ser detenido en 2009 por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y alianzas con grupos armados ilegales, entre otros.
Señala la Corte que Numa Pompilio Cortés, comandante urbano de las Auc y quien para la época se desempeñaba como conductor de la ambulancia del hospital, mediante intimidación, amenazas, privación de la libertad y desplazamiento de los opositores políticos fue el encargado de encaminar las campañas políticas desde el año 2002.
De esta manera se pretendía que en los otros siete municipios se comenzaran a lanzar a las campañas políticas a las personas cooptadas o las cercanas con al ‘proyecto’ del grupo armado para configuran un bloque geográfico con fuerza política que alimentara la expansión del grupo paramilitar por la región.
Edgar Orlando Barrios Ortega (el tercero de izquierda a derecha) durante el acto de posición en el coliseo Alvaro Araujo Noguera en Astrea, Cesar. Foto: www.memoriadeastrea.gov.co
En la segunda administración de Astrea (2006 -2010), bajo amenazas e intimidaciones relegaron del cargo a la entonces gerente del hospital Paola Mora y su puesto lo ocupó Edgar Orlando Barrios, considerado para la época como una de las fichas de los paramilitares en la región y de quien se asegura, a partir de testimonios, puso a disposición la institución para el servicio médico de las autodefensas.
Señala otro testimonio que “Numa” fue uno de los encargados de orquestar la candidatura de Barrios a la Alcaldía del municipio y el hospital fue una ‘catapulta’ para la campaña. “Se creía un dios y hostigaba a todo el mundo presionando comparecencias ante el comandante militar”, se lee además que “aseguró que nadie le iba a dañar su proyecto político de llevar a Barrios primero a la dirección del hospital y luego a la alcaldía y que ellos jamás se irían de esa zona”.
Así, el paso por la Alcaldía de Orlando Barrios, y de sus dos antecesores, estuvo marcado por varios acontecimientos inusuales de paz en una región que históricamente había sido azotada por el conflicto. La confrontación armada con la fuerza se redujo al punto de no tener bajas ni de parte de los paramilitares ni del Ejército durante 4 años.
Ante ello la Corte señala que “resulta evidente que no existieran combates, si desde la propia administración municipal se facilitaba su despliegue y acción, sin encontrar oposición de la fuerza pública, no tenían necesidad de que se presentaran, porque actuaban en plena libertad levantando gente, desplazando personas, cobrando vacunas a los comerciantes y ganaderos y participando de la contratación municipal, sin límite alguno”.
No fue suficiente con obtener las alcaldías locales, el proyecto se extendió hasta la Gobernación del departamento, donde Hernando Molina Araujo fue el candidato por el Partido Liberal, con quien fijaron una alianza para gobernar y eliminar, desde las candidaturas, a todos los demás contendientes. En la sentencia condenatoria, la Corte ratifica que “la candidatura ‘única’ de Molina Araujo y su posterior elección a la Gobernación del Cesar no fue el resultado de consensos partidistas o de una expresión democrática, sino una decisión originada en los acuerdos y compromisos con el Bloque Norte de las autodefensas liderado por ‘Jorge 40’”.
Fue tal la injerencia del grupo paramilitar que logró llegar hasta el Congreso de la República con Mauricio Pimiento Barrera, por el Partido de a U y Jorge Ramírez Urbina, por el Partido Liberal (ambos condenados por Corte Suprema de Justicia en 2008). Con los dos pretendieron mantener la hegemonía política y la financiación de diferente proyectos productivos en la zona a partir de su aprobación en el legislativo.
Según varios pobladores consultados por VerdadAbierta.com lo que se presentó durante los tres mandatos, en especial en el de Barrios, fue un control “excesivo” en la administración de todas las entidades territoriales, lo que les permitió a los ‘paras’ capturar los recursos públicos y desviar los dineros para intereses propios.
No obstante, en repetidas ocasiones la defensa de Orlando Barrios ha pedido que se investigue, nuevamente, las actuaciones del exmandatario y se revisen algunos de los testimonios bajo los cuales se han basado para emitir la sentencia condenatoria. Como respuesta, la Corte Suprema de Justicia, en este nuevo fallo, ratifica las sentencias condenatorias pasadas.
Los hechos y testimonios son, una vez más, razón suficiente para entender la vinculación de los procesados con el grupo al margen de la ley y a su vez, para entender su crucial participación dentro del su proyecto mediante el cual pretendían ocupar políticamente el departamento. “Aprovechando su condición frente a la comunidad, es que permitieron el desarrollo de las actividades paramilitares que lograron el público y reconocido dominio de dicha en el municipio”, dice la sentencia.
Ahora bien, en variasde las versiones adelantadas dentro del proceso de Justicia y Paz, el tema de la parapolítica fue uno de los menos mencionados por ‘Jorge 40’. A pesar de las condenas contra congresistas, diputados y funcionarios públicos de los departamentos del Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira, aún queda un componente de verdad faltando en la historia política de estos territorios (Ver: Los crímenes que ‘Jorge 40’ nunca confesó)
Ante la decisión de la Corte, los abogados de víctimas coinciden en señalar que es pertinente que se sigan las investigaciones contra quienes se han compulsado copias para que de esa manera se avance en el esclarecimiento de la verdad de este fenómeno que luego de varios años aún sigue dando de qué hablar.
