Decenas de plataformas petroleras no le han generado bienestar a las comunidades de Putumayo; al contrario, impactan negativamente el medio ambiente y el tejido social. En paralelo, crecen las plantaciones de hoja de coca para uso ilícito y las acciones de grupos armados ilegales que, a sangre y fuego, se disputan las rentas ilícitas. De todo ello fue enterada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Putumayo es la casa de decenas de toninas que surcan el río Putumayo. A lado y lado de la imponente fuente de agua que nace en Puerto Asís, jaguares y dantas se escabullen entre la espesa selva. Como una pieza de la Amazonía, en el departamento abunda la biodiversidad, pero la fauna y la flora han quedado de un lado entre las manos que arañan el departamento por intereses económicos, legales e ilegales.
Con la incidencia de grupos armados, a lo que se suman los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y los proyectos petroleros, las comunidades del departamento amazónico se enfrentan a la división de sus procesos organizativos, la violencia contra sus líderes y la afectación ambiental a sus territorios. Mientras, las necesidades sociales y económicas de centenares de familias empeoran.
Tras asistir en Bogotá a una cita con Soledad García Muñoz, relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y exponerles sus preocupaciones, voceros de varias organizaciones sociales del municipio de Puerto Asís conversaron con VerdadAbierta.com sobre la situación de sus territorios.
Entre disidencias y coca
Putumayo fue escenario de cruentas disputas entre frentes de la guerrilla de las Farc y facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a finales de la década de los años noventa y comienzos de la del dos mil, que dejó graves afectaciones a la población civil.
Luego de la desmovilización y desarme de las Auc en 2006, bajo los acuerdos con el gobierno nacional, se registró una reconfiguración armada en el departamento que mantuvo en zozobra a sus pobladores por varios años.
Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, en noviembre de 2016, las comunidades del Putumayo disfrutaron de un año de calma. Y esa esperanza alcanzó para que 20.350 familias de ese departamento le apostaran a erradicar la hoja de coca para uso ilícito con el fin de iniciar proyectos productivos legales. (Leer más en: El silencio de los fusiles duró poco)
En municipios como Puerto Asís se registró el según mayor número de familias inscritas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), pactado en La Habana, como una estrategia para superar esa actividad ilegal. Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), para el 31 de diciembre de 2020, 2.931 familias erradicaron sus cultivos ilícitos. Confiaban en un pronto retorno a la legalidad.
“Pero después de un año empezaron a llegar los que se llamaban Sinaloa – La Mafia”, recuerdan líderes del Putumayo que prefieren mantener su nombre en reserva por cuestiones de seguridad. “Luego se hicieron llamar Comandos, a los tres meses cambiaron el nombre por Comandos de Frontera, y actualmente se denominan Comandos Bolivarianos de Frontera”.
Y agregan: “Ellos mismos —Comandos de Frontera— dijeron que dentro de sus filas tenían mafia, tenían excombatientes de las Farc que estuvieron dentro del Acuerdo, excombatientes que no firmaron el Acuerdo, exmilitares y exparamilitares”.
Diversas fuentes del sur del país afirman que los autodenominados Comandos Bolivarianos de Frontera están conformados por disidentes de los frentes 32 y 48 de las antiguas Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz, y su pretensión es controlar las rutas del narcotráfico en este territorio fronterizo con el vecino país de Ecuador.
Ese posicionamiento se comenzó a sentir en 2020 en Puerto Asís, en plena expansión de la pandemia del Covid-19, cuando empezaron a presionar a las comunidades para que nuevamente cultivaran hoja de coca para uso ilícito. El terreno estaba abonado, pues las familias firmantes del PNIS padecieron los incumplimientos del gobierno nacional y por ello muchas retornaron a las actividades ilegales. (Leer más en: PNIS, un programa ejecutado a cuentagotas)
Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), Puerto Asís es el municipio de Putumayo que encabeza el listado de mayor cultivo de hoja de coca para uso ilícito. Para 2020 se estimaron 5.701 hectáreas sembradas.
Los líderes consultados recuerdan que pasado un año de la firma del Acuerdo de Paz los grupos armados empezaron a reclutar a personas de la comunidad, siendo los jóvenes las principales presas, a quienes les ofrecían hasta dos millones de pesos mensuales por realizar trabajos de vigilancia o llevar información.
“Esa cantidad de dinero en un municipio como Puerto Asís con pocas oportunidades de trabajo legal es una ganancia que no se ve sino con la coca”, concuerdan los líderes y agregan que en este momento “han llegado a ofrecer hasta tres millones”.
La situación de orden público se agravó con la irrupción del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las extintas Farc que, según denuncias, le responde al Frente 1, la primera estructura que se apartó del Acuerdo de Paz. Esa situación tiene intranquilas a las comunidades porque auguran un nuevo capítulo de sangre. (Leer más en Disidencias, el nuevo motor de la violencia de Putumayo y Radiografía de los 30 grupos surgidos tras el desarme de las Farc)
Tanto Comandos Bolivarianos de Frontera como el Frente Carolina Ramírez resonaron tras operativos desarrollados por las Fuerzas Militares el 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, del vecino municipio de Puerto Leguízamo. Esas acciones acabaron con la vida de por lo menos once personas que, según la comunidad, eran campesinos inocentes quienes estaban realizando un bazar con el fin de recoger fondos para diversas actividades. (Leer más en El desamparo ronda a las familias del Alto Remanso y Temo por mi vida y la vida de mi familia”: Argemiro Hernández)
“Ojalá este gobierno —del presidente Petro— logre concertar en realidad una paz porque donde suba el Carolina Ramírez, donde no se pacte algún acuerdo, las muertes no van a ser directamente de los cabecillas de los grupos armados, sino que van a ser de las mismas personas que, de una forma u otra, por necesidad o por lo que haya sido, se han vinculado poco a poco a estos grupos por el pago que están haciendo”, advierte uno de los líderes.
Varios de ellos fueron amenazados tras resistirse a las presiones de este grupo armado y por promover entre las comunidades que debían presionar al gobierno nacional para que cumpliera los acuerdos de sustitución de hoja de coca para uso ilícito y buscar otras opciones para implementar proyectos productivos legales.
Además, los disidentes convocaron a las comunidades y ordenaron que ciertos procesos sociales de Puerto Asís debían dejar de funcionar y luego continuaron con amenazas por escrito a través de panfletos que distribuían de manera subrepticia.
Putumayo es el sexto departamento del país con más asesinatos de líderes sociales. De acuerdo con registros del Programa Somos Defensores, entre 2002 y el pasado mes de marzo, fueron asesinados 71. Esta semana ocurrieron dos homicidios más, los de Rigo Alape y Ferney Morales, ambos miembros de la Asociación de trabajadores campesinos del Mecaya (ASTRACAM). Además, las amenazas de muerte por medio de panfletos, llamadas telefónicas y mensajes de texto, también son frecuentes.
Una de las organizaciones que han intentado callar ha sido la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA), que surgió del proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina, reconocida mediante la Resolución 0069 del 18 de diciembre del año 2000 y conformada por 24 veredas, para fomentar la economía campesina y la ocupación de tierras sujetas a políticas de conservación del medio ambiente, según la Ley 160 de 1994 que lo ordena y el Decreto 1777 de 1996 que la reglamenta.
Los líderes de ADISPA también se han enfrentado a los proyectos petroleros y por ello también han recibido presiones: “Inicialmente, Comandos de Frontera realizaron reuniones diciendo que iban a acabar con nosotros porque directamente éramos opositores número uno al desarrollo que tenía la empresa petrolera proyectada para la región”.
La empresa que opera la mayoría de bloques petroleros en Putumayo es Amerisur, hoy controlada por una multinacional chilena. La compañía, por su parte, ha rechazado públicamente que tenga vínculos con grupos al margen de la ley para adelantar sus actividades operativas en Putumayo.
Petróleo inquieta a las comunidades
Día y noche los mecheros de los pozos petroleros permanecen prendidos en Puerto Asís. La mayoría de los contratos de concesión para explorar y producir los tiene la compañía Amerisur, en una región que, históricamente, se ha debatido entre la hoja de coca para uso ilícito, los grupos armados y el petróleo como los mejores caminos para fortalecer la economía de las familias campesinas.
Según el libro Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), desde 1942 hasta 1944, la Texas Petroleum Company (Texaco) empezó exploraciones en el oriente de Putumayo, en lo que entonces era el pueblo de Puerto Asís.
En 1957, esa empresa realizó exploraciones hacia el occidente del pueblo y según el investigador de la universidad de La Amazonía, Roberto Ramírez, en 1959, la petrolera y el Estado “realizaron un contrato de concesión para la exploración y explotación de petróleo en una zona al occidente del Putumayo, por un lapso de 30 años, conocido como la Concesión Orito”, se lee en el texto Explotación de Petróleo y Desarrollo en la Amazonía Colombiana: el Caso de Orito.
Ese mismo año entró en vigencia una norma que reñiría con el proyecto extractivista: la Ley 2 de 1959, la cual buscaba regular la Economía Forestal de la Nación y Conservación de Recursos Naturales Renovables. En la Amazonía se instauró una de las más importantes Zonas de Reserva Forestal, la cual incluyó, completa o parcialmente, el territorio de lo que hoy está delimitado en 11 departamentos del sur del país y Putumayo fue abarcado en su totalidad.
Unos años después, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) emitió la Resolución 128 de 1966 mediante la cual sustrajo de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía 1.286.911 hectáreas en Puerto Asís y Puerto Guzmán para regularizar la colonización de campesinos y, de una vez, dar vía libre a la explotación Petrolera. Esto último incentivó aún más su ocupación.
Texaco administró el distrito petrolero de Putumayo (Distrito Sur) desde 1963 hasta 1981, años recordados por experimentar una bonanza petrolera en el bajo Putumayo, sin que esto representara el bienestar de la población. A inicios de los años ochenta los pozos petroleros pasaron a ser operados por la empresa estatal Ecopetrol y los años siguientes la producción bajó. Para entonces la hoja de coca para uso ilícito se posicionó como un negocio lucrativo.
De Ecopetrol pasó a manos de Amerisur. La multinacional británica Amerisur Resources, a través de su filial Amerisur Exploración Colombia Ltda., comenzó a hacer presencia en Putumayo en la década del dos mil.
Según la organización Crudo Transparente, uno de los primero registros de actividades de la petrolera empezó en 2009 con la Resolución 2531 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, que le dió a la petrolera “Licencia Ambiental Global con el fin de avanzar en el proyecto “Área de Exploración de Hidrocarburos Platanillo””.
Según exalta en la página de la empresa, Amerisur es la operadora de 12 bloques petroleros en Putumayo. Algunos de esos proyectos los maneja con participación de empresas como Occidental Petroleum Corporation (OXY) y Gran Tierra Energy.
Una parte del Bloque Platanillo se encuentra dentro de la Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica y limita con el resguardo indígena Siona Buenavista del pueblo Siona. La petrolera ha tenido tensiones con ambas comunidades por desencuentros socioambientales. (Leer más en: La larga lucha de los Siona en defensa de su territorio ancestral)
Desde 2010, los campesinos han realizado fuertes denuncias sobre las afectaciones ambientales al territorio, una de ellas por la construcción de una vía que llega hasta el resguardo indigena de Buenavista, que en vez de rodear un importante humedal de la región, atravesó el ecosistema para llegar hasta la proyectos petroleros.
“En la parte de la Zona de Reserva Campesina donde hay vías es donde están las petroleras. ¡Cuando nosotros vamos a abrir una vía eso es qué problema con CorpoAmazonia!”, dicen.
La gravedad de las denuncias sobre las afectaciones ambientales llegaron hasta el punto que en 2020 la organización campesina instauraron una demanda, acompañados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y Leigh Day, una firma de abogados del Reino Unido, en la que aportaron estudios de la calidad de las aguas, las cuales según la comunidad se encuentran comprometidas por las labores extractivistas. En su momento el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ordenó congelar temporalmente los activos de Amerisur.
“Antes tú ibas por la orilla de la carretera y se veían las manchas de petróleo por toda parte. Luego la petrolera empezó a limpiar y en todos esos caños botaron buchón —una planta acuática flotante, reconocida por sus facultades absorbentes—, pero uno se metía en el humedal o lo que fuera y las manchas de crudo salían. Y los peces… se sacaron peces deformes”, dicen líderes campesinos.
Según los labriegos, en algunos territorios, tras dejar los cultivos de hoja de coca mediante la acción militar, Amerisur le dió opción de trabajo a las comunidades en labores obreras o de mantenimiento. “Los dueños de las fincas y todo eso que era coca lo hicieron potreros y metieron ganado. Y viven solamente del ganado más los 28 días que trabajan en la petrolera y te pagan prácticamente lo que te ganas en tres meses”, sostiene uno de ellos.
Ese movimiento de dinero ha afectado la convivencia dentro de las comunidades: “Pusieron en contra los unos con los otros, la gente se pelea por los turnos de la petrolera. Incluso entre los líderes hay una especie de ruptura, llaman a unos y los convencen”, explican, a modo de denuncia.
De igual forma, los indígenas del pueblo Siona advierten que sus fuentes hídricas han sido contaminadas producto de los proyectos petroleros de Amerisur y que han desconocido su presencia en el territorio formalizado y por formalizar, pues desde 2017 esta comunidad indígena presentó una solicitud de ampliación de su territorio ancestral ante un Juzgado de Restitución de Tierras, que aún no ha sido resuelta. (Leer más en Indígenas logran principio de acuerdo en lío de restitución de tierras en Putumayo)
“Hemos denunciado el continuo hostigamiento y presión al que la empresa Amerisur Exploración Colombia nos ha mantenido sometidos en su pretensión de avanzar en la Implementación de actividades de exploración y explotación de los proyectos PUT 12 y PUT 9, desconociendo nuestro derecho a la autodeterminación. violentando nuestras disposiciones internas y poniendo en riesgo nuestra Integridad física, cultural”, señaló en un comunicado la comunidad indígena.
Desde 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares para garantizar la vida e integridad de las comunidades indígenas y en agosto de ese años el Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, dictó medidas cautelares sobre el área solicitada en ampliación por los Siona y le ordenó a la empresa petrolera “abstenerse, de manera inmediata, de realizar acciones encaminadas a la ejecución del proyecto sísmica para el bloque PUT-12”. (Leer más en: Petrolera Amerisur quiere conversar con el pueblo Siona)
A inicios de 2020, Amerisur fue adquirida, por un valor cercano a los 314 millones de dólares, por Geopark Limited, una petrolera chilena. Desde entonces se presenta en el territorio como “la nueva Amerisur”.
Este año, las comunidades campesinas e indígenas denunciaron la alianza entre GeoPark y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que buscaba implementar una estrategia integral de reactivación económica territorial en tres departamentos en los que la petrolera hace presencia, entre ellos, Putumayo. Para ADISPA y el resguardo de Buenavista, el PNUD estaba contribuyendo a lavarle la imagen a la petrolera por encima de las denuncias que las comunidades hacían. (Leer más en Admiten denuncia contra PNUD-Colombia por alianza con petrolera)
“Ahora están pasando un plan de manejo ambiental para que se los apruebe la ANLA para abrir nuevos pozos petroleros en la región”. Se trata de dos Áreas de Perforación Exploratoria en las que desde hace cuatro años la petrolera viene trabajando: Bienparado y Nyctibius. Ambos en el Bloque PUT-8 de Aguazul, región en donde está la mayor parte de la Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica.
La proyección petrolera crece frente a la motivación de las comunidades de cuidar el medio ambiente. A través de la iniciativa Amazonía Sostenible para la Paz las comunidades están reforestando y dejando la coca como la única opción rentable en un municipio en el que no hay vías de penetración y el transporte de productos del agro por el río es costoso.
Los campesinos de La Perla Amazónica han conformado un grupo de más de 30 promotores ambientales de las comunidades para fortalecer actividades de apicultura, reforestación, observación de fauna, entre otras.
“Nosotros estamos que no sabemos cómo hacer para que el ANLA no les vayan a dar la licencia. Uno, porque nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo del tema de conservación bien grande: estamos reforestando, estamos implementando sistemas silvo pastoriles, metiendo árboles maderables en vía de extinción, estamos tratando de conectar corredores biológicos para recuperar la naturaleza, se está haciendo monitoreo de animales”, cuentan los líderes consultados, quienes buscan posicionar su proyecto ambiental a contracorriente de la coca, el petróleo y los grupos armados ilegales.
