La Fundación Conflict Responses (CORE) realizó una investigación a fondo para caracterizar a los grupos de disidentes y rearmados que se conformaron luego de que la guerrilla más antigua del continente decidiera apostarle a un proceso de paz y reincorporarse a la sociedad civil. Concluye que representan un fenómeno complejo que no se puede analizar desde una óptica monolítica.
El 1 de febrero de 2017, el entonces Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, desde la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Pondores, ubicada en La Guajira, le anunció al mundo que ese día se realzaría “la última marcha de las Farc”, pues allí se concentrarían los últimos insurgentes que dejarían sus armas para transitar a la legalidad. En ese momento, muchos colombianos soñaban con que se cerrara de una vez y para siempre uno de los capítulos más dolorosos de la historia, y que el nombre de las Farc no volviera estar asociado con violencia, sino con construcción de paz.
Sin embargo, cuatro años y seis meses después, existe una treintena de grupos armados ilegales que delinquen en buena parte del territorio nacional usando distintivos, nombres y discursos asociados a la otrora guerrilla. Se trata de organizaciones criminales creadas por excombatientes que no se vincularon con el Acuerdo de Paz (disidentes) o lo abandonaron tras el inicio de su implementación (rearmados), luego de que fuera firmado el 24 de noviembre de 2016.
Aunque la conformación de grupos de disidencias y rearmados es normal tras la firma de acuerdos de paz, y ha sucedido en otros países, en Colombia han crecido de manera paulatina en medio de desinformación, miradas simplistas, políticas erradas y mentiras por parte de funcionarios estatales y líderes de opinión. Para arrojar luces sobre esa compleja situación y tener herramientas que permitan comprender sus lógicas, CORE realizó la investigación Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución.
De entrada, el informe, que se sustenta en trabajo de campo en varios departamentos afectados por el accionar de esos nuevos grupos armados y en revisión de abundante documentación, descarta una posibilidad que desde distintos sectores han puesto a rodar, causándole gran temor a los colombianos: que las disidencias están en proceso de refundar a las extintas Farc y retornarán los niveles de violencia de antaño.
CORE plantea tres argumentos en contra. La falta de tiempo, pues a las antiguas Farc les tomó 30 años alcanzar el poder militar, económico, político y territorial que ostentaron; que las disidencias se encuentran en un proceso de consolidación; y que, en la actualidad, no cuentan con las condiciones para lograr un carácter nacional como las extintas Farc, porque carecen de legitimidad y la base social que logró la antigua guerrilla tramita sus reivindicaciones a través de sus propios procesos organizativos.
No obstante, tampoco las minimiza y hace hincapié en que cada grupo posee particularidades que los diferencia, alejándolos de ser un cuerpo homogéneo. Por ejemplo, plantea que tienen diversas razones para seguir en armas, más allá de intereses económicos o políticos: “Rechazan el liderazgo de la extinta guerrilla; creen que el Acuerdo no resuelve los problemas de Colombia y hasta lo han calificado de traición; consideran que negociar es anti-fariano; quieren seguir haciendo parte de las economías ilegales; y/o tenían desacuerdos con líderes guerrilleros particulares”.
¿Cómo son?
Actualmente, las disidencias de las Farc son estructuras de alcance subregional y local, lideradas en algunos casos por experimentados exjefes de las Farc; asimismo, otras son estructuras más locales que no responden a grupos más grandes ni a líneas de mando.
Por lo general se nutren de nuevos reclutas, “quienes ya no tienen la misma formación política ni militar e incluso casos de amalgamamiento entre disidencias y grupos criminales preexistentes, como el Comando de Fronteras en Putumayo, que está compuesto por exintegrantes del frente 48 y La Constru (grupo dedicado al crimen trasnacional). Igualmente, a pesar de que ondeen las banderas y reivindicaciones de las antiguas FARC-EP, no tienen una estructura militar como la que alcanzó esa guerrilla”.
Paralelamente, se han ido consolidando dos grandes disidencias: la de ‘Gentil Duarte’, quien en junio de 2016 se alejó de las negociaciones de paz y declaró que no dejaría las armas, conformando los primeros grupos disidentes en los Llanos Orientales; y la de ‘Iván Márquez’, quien fue el jefe del equipo negociador de las Farc en Cuba y se reamó en agosto de 2019, junto con otros exjefes de las Farc, creando la denominada Segunda Marquetalia.
CORE identificó que ambos grupos “han venido compitiendo indirectamente por tener injerencia o satélites en diferentes regiones, aprovechando redes preexistentes y el acumulado político, militar, social y económico que dejaron sus principales líderes cuando estuvieron en las FARC-EP”. En medio de esa necesidad de expansión territorial, ambos grupos realizan acuerdos con disidencias locales, pero es no implica que “haya una relación de subordinación, ni de coordinación permanente”.
La investigación ahonda en ese punto y pone como ejemplo la relación de ‘Gentil Duarte’ con diferentes disidencias: “El (Frente) Décimo, el 33, la Columna Móvil Jaime Martínez y la Columna Móvil Dagoberto Ramos ahora se coordinan con ‘Duarte’. Sin embargo, estas alianzas no se traducen en la configuración de una estructura única y amplia, que ‘Duarte’ comande como jefe único. De hecho, la evidencia muestra que hay mucha autonomía e independencia; ‘Duarte’ parece tener un mando claro solamente en su relación con alias ‘Jhonier’, comandante del Comando Coordinador del Occidente (CCO), sin tener control completo y directo sobre las unidades del CCO. En este sentido, Duarte ha ido articulando grupos que ya existían en lo local de una forma de abajo hacia arriba”.
En contraparte, ‘Iván Márquez’ le ha apostado a una estrategia inversa. “La Segunda Marquetalia ha revivido unidades en diferentes partes del país –la Columna Móvil Teófilo Forero en Caquetá y Huila y el Bloque Martin Caballero en el Caribe– intentando aprovechar el acumulado que les dejó décadas de pertenencia a las FARC-EP; también ha creado otras, como el comando Danilo García en Catatumbo; y negocia para incorporar otras existentes, como el frente 18 en Antioquia y los Comandos de Frontera en Putumayo. En teoría, tiene un papel de mando vertical con todas, aunque no se sabe qué tan real es ese mando”, identifica CORE.
Por otro lado, señala que existen estructuras eminentemente locales, “aún en formación, que no buscan el paraguas de las más grandes y apuestan por proyectos independientes que eventualmente las llevan a coordinar y forjar alianzas con estructuras criminales preexistentes”.
CORE identificó tres tipos de liderazgos en esas estructuras armadas. Uno estampado por antiguos miembros de las Farc que desempeñaron roles en instancias importantes como el Secretariado General y comandancias en diferentes niveles. Dichos grupos se caracterizan por tener formación política, experiencia de guerra, extensas redes de contactos y capacidad de diálogo con comunidades.
‘Gentil Duarte’ y ‘El Paisa’ representan esa situación, pues el primero fue coordinador de la zona del bajo Ariari, a cargo de los frentes 7, 22, 27, 43, 42 y Camilo Torres, y hacía parte del Estado Mayor del Bloque Oriental; y el segundo fue comandante de la Columna Móvil Teófilo Forero, reconocida como la ‘unidad de élite’ de las Farc, y estuvo durante más de 30 alzado en armas.
El segundo es ejercido por exintegrantes de las Farc que no alcanzaron a tener roles importantes de mando: “No tienen una alta formación ni vocación política, se muestran más predatorios hacia la población y no miden los costos políticos de este tipo de comportamientos. No es clara su intención de construir una base social política y son más susceptibles a ser influenciados y cooptados por narcos locales y emisarios de carteles internacionales –agentes de los que antes se encargaban comisiones financieras de la antigua guerrilla–”.
Alias ‘Guacho’, abatido jefe del Frente Oliver Sinisterra, y su sucesor, alias ‘Gringo’, representan esta situación, ya que fueron cabecillas de comisión y se centraron en labores financieras en las antiguas Farc.
Finalmente, el último liderazgo lo ejercen personas con poco reconocimiento por parte de las autoridades y de la opinión pública. “Por un lado, están los exmilicianos, quienes por su naturaleza clandestina son poco conocidos para el país, pero sí para comunidades locales y sus antiguos compañeros que continúan en el proceso de paz o lideran grupos disidentes”, indica el informe. Como ejemplo se encuentra ‘Jhon Mechas’, jefe de la disidencia del Frente 33, en el Catatumbo, quien fue el encargado de las milicias y no se vinculó al Acuerdo de Paz
Composición y relacionamiento
La necesidad de crecer en números para aumentar sus espacios de injerencia, ha llevado a las disidencias a reclutar a personas sin trayectoria la guerra, con “escasa o nula formación política”. También se han nutrido por medio subcontratación de redes de crimen organizado y de milicianos que quedaron por fuera de la dejación de armas.
Sobre estos últimos, el informe apela a cifras de inteligencia militar que, en 2015, estableció que las Farc contaban 7.686 integrantes en sus milicias, que se encontraban en la clandestinidad. Tres años después, cuando ya había concluido la dejación de armas, tan sólo habían sido acreditados 3.300, con lo cual, más de la mitad quedó por fuera del proceso de paz.
En parte, esa situación ocurrió “porque las FARC-EP no querían reconocerlos o porque terminaron colando gente en los listados que después fue excluida. Alias ‘Andrés’ o ‘El Mocho’, comandante del Carlos Patiño, sería un miembro de la Columna Móvil Jacobo Arenas no reconocido por las FARC-EP y por eso siguió en el conflicto”.
Y agrega: “Hubo milicias que no tuvieron formación y operaron más como aparatos delincuenciales y ruedas sueltas que no vieron ningún incentivo en acercarse a las zonas veredales donde se llevó a cabo el desarme, tal como ocurría con algunos milicianos de la Columna Móvil Teófilo Forero, quienes ahora están vinculados con la Unidad Óscar Mondragón en Algeciras, Huila. Lo mismo sucedió con la mayoría de los milicianos de la Columna Móvil Daniel Aldana en Tumaco, quienes lideran y componen las disidencias en ese y otros municipios”.
Hoy en día, esas personas se han convertido en un activo valioso para quienes “requieren reactivar estrategias de vigilancia e inteligencia en zonas urbanas, al punto que algunos hoy en día han pasado a liderar estructuras disidentes”.
Las diferentes trayectorias de guerra y niveles de formación de las disidencias, tanto a nivel de integrantes como de jefes, han llevado a que su relacionamiento con la población civil sea variado.
“Las interacciones entre grupos armados y poblaciones varían y esto no ha sido la excepción con las estructuras disidentes, que han mostrado desde comportamientos sumamente predatorios hasta actitudes de respeto y de no intromisión, que también han cambiado en el tiempo”, indica la investigación.
De ese modo, “en unos casos han retomado los legados de las antiguas FARC-EP y han respetado o se han mantenido neutrales frente a procesos de base o comunidades con instituciones internas fuertes. En otros casos estos grupos no las observan porque carecen de liderazgos con formación política, no tienen disciplina interna, están guiados por la obtención de rentas ilícitas, las acusan de estar vinculadas con sus enemigos y/o sus financiadores no observan ninguna ventaja en respetar poblaciones”.
Un ejemplo de la anterior situación lo ilustra el Frente Carlos Patiño, que, en Argelia y en El Tambo, municipios ubicados en el sur de Cauca, ha asesinado a varios miembros de la Cumbre Nacional Agraria y amenazado a la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, acusándolos de trabajar para narcotraficantes.
La investigación alerta que también “inciden en la forma en que actúan con la población los nuevos liderazgos sin formación política, quienes no calculan los costos de tener una actitud predatoria. La dependencia directa de narcos locales y emisarios de carteles internacionales también ha hecho que estos grupos den prelación a la dinamización de rentas ilegales sin necesariamente construir bases mínimas de respeto frente a procesos o liderazgos locales”.
Impacto en el proceso de paz
CORE establece que las disidencias son una de las principales amenazas para la seguridad y la implementación del Acuerdo de Paz. Los riesgos recaen sobre las garantías de seguridad para líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc.
“Estos grupos han atentado contra programas como el de sustitución de cultivos de uso ilícito o el de desminado, y son un riesgo para el trabajo en campo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). También siguen siendo una de las principales amenazas del proceso de reincorporación, al punto de infiltrar antiguos ETCR para hacer vigilancia e inteligencia”.
Asimismo, la investigación aclara que el relacionamiento de las disidencias con el Acuerdo de Paz, al igual que su accionar y trayectoria, no es uniforme, pues han reacción de diferentes maneras: “Una ha sido tratando de mostrar las contradicciones, falencias y demoras de la implementación como una manera de reivindicar y validar los motivos por los que entraron en disidencias o reincidieron. Lo han hecho a través de panfletos, comunicados, redes sociales y hasta libros, lo cual también es una forma de atribuirse una identidad y mostrar la competencia que hay entre estos grupos por revivir a las FARC-EP y sus mitos fundacionales”.
Otras se han opuesto a la Reforma Rural Integral. CORE documentó que en el sur de Meta, Guaviare y Caquetá no se ha podido avanzar con el barrido predial por amenazas de disidencias. Por otro lado, el Bloque Jorge Briceño ha expulsado a guardabosques de Parques Nacionales Naturales, quienes están a cargo de implementar el catastro multipropósito.
Y sus acciones también se han enfilado contra excombatientes en vía de reincorporación. “El conocimiento que tienen de quienes se apegaron al proceso, incluyendo su núcleo familiar y redes sociales más extensas, los ha convertido en un factor de riesgo aún más grave que otros grupos armados ilegales”, advierte la investigación.
Pero sus acciones van más allá de la persecución violenta, y algunas disidencias intentan reclutar a quienes siguen firmes con el proceso de paz, “especialmente los que tienen suficiente conocimiento y experiencia para el control territorial o actividades económicas”. Por ejemplo, cita el informe, la Segunda Marquetalia ha intentado convencer a excombatientes de que se le unan con el argumento de que los están matando y que “así empezó el genocidio de la Unión Patriótica”. Y, a la par, es “responsable de desplazamientos de los excombatientes, como ocurrió con el Frente 18 en Ituango, en Antioquia, y el 40 en Uribe, Meta”.
También han sido un obstáculo para la participación política de los miembros del partido que político que fue fundado tras la dejación de armas, el cual pasó de llamarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), a Comunes. “Las disidencias han atacado y amenazado a diferentes comisiones del Partido Comunes, como en Arauca y Catatumbo, y han amenazado a líderes y miembros del Partido. Al nivel más macro, la injerencia de estos grupos limitó la capacidad de los Comunes de participar efectivamente en las elecciones regionales del 2019”.
Esas son las principales caras que han exhibido las disidencias de las Farc en sus primeros cinco años de existencia. Algunas intentan seguir los antiguos principios de la otrora guerrilla más antigua del continente, mientras que otras “están en camino de convertirse en grupos especializados en prestar servicios para segmentos más poderosos del crimen organizado nacional y transnacional, que son los que justamente lo están financiando hoy en día, como los Comandos de la Frontera en Putumayo, y FOS (Frente Oliver Sinisterra) en Nariño”.
El informe concluye haciendo un llamado para tener un debate público abierto y franco sobre el alcance de las disidencias, con el que se pueda contener su accionar, sin caer en “la falsa dicotomía de que estos grupos o son algo residual o son la refundación de las antiguas FARC-EP”. Adicionalmente, plantea que es prioritario implementar una nueva estrategia de estabilización territorial, bajo un liderazgo civil y unificado, que reduzca la violencia y recupere la confianza de la ciudadanía hacía la Fuerza Pública. Y alerta: “Cualquier estrategia de este tipo debe tener sentido de oportunidad y no puede esperar a que el conflicto se reactive, que es lo que ya ha venido sucediendo en varias subregiones”.
