El CINEP realizó una radiografía sobre diferentes factores que han perpetuado la guerra en este departamento. Los factores van desde la corrupción y la presencia de actores armados, legales e ilegales, hasta los megaproyectos y la propiedad de la tierra.
Para el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el departamento de Chocó puede ser leído como una gran paradoja. Por un lado, la enorme riqueza en recursos naturales y el aporte que hace a la economía del país contrasta con la pobreza, la discriminación, marginalidad y desigualdad en la que se encuentra sumida sus habitantes. La gran mayoría de su población es étnica: el 90 por ciento de sus habitantes pertenecen a las negritudes y el cinco por ciento a comunidades indígenas.
“Las condiciones paupérrimas en las que viven estas poblaciones no son producto de la pobreza únicamente, sino que presentan un componente racializado”, se advierte en el informe ¿Por qué continúa la guerra en el Chocó? que presentó hoy esta organización no gubernamental.
En 2020, en promedio, una persona en Chocó vivió con 10.918 pesos colombianos diarios, que equivale a menos de la mitad del ingreso a nivel nacional. Para ese año, la situación se agravó por la crisis sanitaria que generó la expansión del Covid-19. En ese año, más del 60 por ciento de su población estaba en situación de pobreza monetaria y el 36 por ciento vivía en pobreza multidimensional, siendo más aguda la situación en zonas rurales de los municipios de Quibdó, Istmina, Carmen del Darién, Riosucio y Alto Baudó.
Chocó había puesto sus esperanzas en la paz para que sus necesidades básicas fueran atendidas, para ver crecer el campo y tener oportunidades fuera de la dinámica de la guerra. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), de 297.026 personas habilitadas para votar en ese departamento, casi el 80 por ciento de los votos (75.257) estuvieron a favor de los Acuerdo de Paz en el plebiscito de 2016. Hoy, lamentan, que sus esperanzas siguen frustradas.
Frente a la persistencia del conflicto armado en varias regiones chocoanas tras la desmovilización de las extintas Farc, distintas organizaciones sociales se articularon en agosto de 2017 alrededor de la propuesta Acuerdo Humanitario ¡Ya!, en la que identificaron los principales problemas del departamento para llevarlos a la mesa de diálogo que el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) adelantaba con la guerrilla del Eln en Ecuador. Espacio que no prosperó.
Investigadores del CINEP se concentraron en estudiar el periodo comprendido entre 2011 y 2020, que representa la primera década de vigencia de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
El análisis se realizó con la salvedad de subregistros: uno, por el ineficiente conteo de hechos victimizantes en territorios donde el Estado no tiene el control territorial y la institucionalidad es débil; y, dos, “aquellos hechos victimizantes que no son denunciados por las víctimas debido al temor a las represalias de los actores ilegales presentes en los territorios”.
Desangrada por la corrupción
Concierto para delinquir, prevaricato y delitos por narcotráfico son algunos de los cargos por los que han sido procesados políticos de Chocó. Los hechos muestran que entre 2010 y 2017 fueron capturados 15 concejales de los municipios de Riosucio, Nuquí, Istmina, Juradó, Litoral de San Juan y Quibdó; y que entre 2012 y 2015 hubo cuatro gobernadores, debido al rifirrafe que declaró nula la elección de Luis Gilberto Murillo Urrutia por inhabilidad para ocupar cargos públicos.
Uno de los casos más recordados tuvo lugar a inicios de 2010, cuando el entonces gobernador Patrocinio Sánchez Montes de Oca fue condenado por peculado culposo por la Corte Suprema de Justicia. Los hechos están relacionados con un doble pago en un contrato de salud cuando fue alcalde de Quibdó (2001 – 2006). A raíz de eso, entre 2010 y 2011, el departamento tuvo cuatro gobernadores.
El poder de la familia Sánchez Montes de Oca es ampliamente reconocido en Chocó y los escándalos no solo se han quedado en corrupción. Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), aseguró que destinó grandes sumas de dinero a la carrera política de Odín Sánchez Montes de Oca. (Leer más en La paradójica figura del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca)
El poder del clan político volvió a ser cuestionado en las elecciones de las Curules de Paz, creadas por el Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc para que víctimas del conflicto armado representaran a 16 regiones del país en el Congreso de la República. Según voces de la región, quien quedó en el escaño, James Hermenegildo Mosquera Torres, es cercano a la casa Sánchez Montes de Oca. (Leer más en Curules de paz: víctimas sienten que les robaron su espacio)
Según analizó el CINEP, el área de la salud es el sector en donde se presentan mayor número de casos de corrupción. En 2007 estalló el escándalo de la Lotería de Chocó que llevaba tres años presentando pérdidas sin girar recursos de ley al sector salud.
También son recordadas las distintas intervenciones por las que ha atravesado el Hospital de Quibdó, que actualmente adeuda una suma de 17 mil millones de pesos, o la suspensión por tres meses que le impuso la Procuraduría al gobernador Ariel Palacios por presuntas irregularidades en un contrato para dar capacitaciones de prevención sobre el coronavirus por más de dos mil millones de pesos.
Le siguen los escándalos por incumplimiento en obras, uno de ellos, los siete años que ha tardado la construcción de la vía El 18-Ciudad Bolívar (Antioquia). Para 2019 se habían pavimentado 40 kilómetros de los 110 que tiene ese tramo, un promedio de 5,71 kilòmetros por año; o el detrimento de más de 19 mil millones de pesos por la no construcción del Sistema de Masificación de Gas Natural en los municipios de Tadó, Unión Panamericana, Condoto, Istmina, Certeguí, Novita, Bagadó, Andagoya y Cantón de San Pablo.
“Todo lo anterior denota la debilidad institucional, que se evidencia en el alto número de casos de corrupción que se presentan tanto en las elecciones como en la ejecución de contratos públicos, en particular en los relacionados con el sistema de salud e infraestructura”, concluye el CINEP.
Círculos de violencia
Entre 2011 y 2020, el 89 por ciento de las víctimas registradas a nivel nacional en el Registro Único de Víctimas (RUV) han sufrido desplazamiento. En Chocó, 462.550 personas han sido desplazadas forzosamente, eso equivale al 88 por ciento de la población y entre 2011 a 2020, 166.7398 fueron víctimas de este flagelo, siendo 2012 a 2014 (60.460 víctimas) el periodo con los índices más altos, mientras que 2018 (8.980) el más bajo.
En los últimos años la situación no ha mejorado. Según la organización CODHES, entre enero y noviembre de 2021, se registraron 9.857 víctimas de desplazamiento en Chocó. Muchos de esos casos están relacionados con la disputa territorial y el control de las rentas ilegales que libran el Eln , las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y, en menor proporción, las disidencias de las Farc; grupos armados que tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se lanzaron a ocupar las zonas abandonadas por las extintas Farc. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
“En 2011 el control de las Farc-EP y de las AGC se generaba en el 83% de los municipios (25 de 30) y el ELN solo en un 40% (12 de 30). En 2021, tras 6 años de desmovilización como resultado del Acuerdo, las disidencias Farc-EP hacen presencia en un 20% de los municipios (6 de 30), las AGC siguen controlando el 80% de los municipios (24 de 30) y el ELN se ha expandido a un 80% de los municipios del Chocó (25 de 30)”, precisa el documento.
Otro asunto que llama la atención del CINEP es el fortalecimiento del Eln casi a la par de la dejación de armas de las extintas Farc. En el 2011 solo estaban presentes dos frentes: el Ernesto Che Guevara y el Resistencia Cimarrón. “En el 2021, se evidencia una presencia consolidada del Frente de Guerra Occidental conformado por 6 estructuras: el Frente Manuel Hernández “El Boche”, Frente Cacique Calarcá, Frente Ernesto “Che Guevara”, el Frente Resistencia Cimarrón, el Frente Omar Gómez y la Compañía Néstor Tulio Durán”.
En Alto Baudó (12,4%), el Litoral del San Juan (11%), Quibdó (10,7%), Riosucio (8,6%) y el Bajo Baudó (8,4%), se concentran los índices más altos de desplazamiento, esto, analiza el informe, a raíz de las constantes disputas de grupos armados legales e ilegales que han “convertido a la población negra, mestiza e indígena en objetivo militar y a sus territorios en botín de guerra aptos para el cultivo, el procesamiento y la comercialización de drogas ilícitas, la expansión de la frontera agrícola, la explotación de recursos minerales, la transformación del paisaje y la construcción de una infraestructura adecuada para atraer la inversión de capital”.
En los cinco municipios más afectados, el pico de desplazamiento ocurrió en un año distinto: En Bajo Baudó fue en 2012; Quibdó, en 2013; Litoral del San Juan, en 2016; Riosucio, en 2017; y Alto Baudó, en 2020.
Para Juan Pablo Guerrero, subdirector del CINEP y uno de los investigadores del informe, hay dos hechos claves subregionales sobre desplazamiento en Chocó: la de Bajo Atrato en septiembre de 2017 y la de Alto y Medio Atrato en marzo de 2022, especialmente en Bojayá.
En el Bajo Atrato, en las cuencas de los ríos Truandó, Domingodó, Curvaradó y Jiguamiandó, las comunidades dejaron sus tierras a razón de las confrontaciones entre Eln y las Agc por copar territorios de las antiguas Farc y controlar economías extractivas, rentas ilícitas y corredores geoestratégicos. Para este investigador, la situación del Bajo Atrato es una “crisis humanitaria sostenida” que permanece en silencio. “Pregúntale a un líder de Truandó si puede ingresar a su Consejo Comunitario. Incluso, ni la misma Iglesia puede ir. Debe solicitar permiso de uno u otro”, dice.
Por otro lado, el año pasado, por la expansión de las Agc, las comunidades de Napipí, Pogue, Opogodó y Bojayá se vieron afectadas con el confinamiento de 3.700 personas. Sin embargo, Guerrero hace un llamado para ver la situación de Chicó como una crisis humanitaria departamental: “Acá urge de manera imperiosa convocar la Mesa Humanitaria del Chocó y sesionar a nivel subregional, convocar a variados actores y especialmente entidades públicas a examinar el qué pasa”.
El recrudecimiento del conflicto armado pasa también por el aumento de los asesinatos. Desde el año 2011, la tasa de homicidios en este departamento ha estado por encima de la tasa nacional y presenta el mayor índice de homicidios en el país: 1.909 homicidios entre 2011 y 2020. En los últimos ocho años, Quibdó ha estado entre las tres primeras ciudades capitales con mayores tasas de homicidio en el país. Para 2020, la capital chocoana alcanzó un pico alarmante: 115,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, casi cinco veces la tasa nacional.
Esa aguda situación se ha reflejado en aumento del reclutamiento forzado de menores y toques de queda por enfrentamientos. Quibdó es botín de guerra del Frente Ernesto Che Guevara y la Compañía Néstor Tulio Durán del Eln; los grupos delincuenciales los “Los Mexicanos” y “Los Palmeños”; y las Agc.
Entre 2011 y 2016, las principales víctimas de homicidio en Chocó eran jóvenes entre 19 y 30 años, pero a partir de 2016 pasaron a ser adultos entre 30 y 60 años. En muchos casos, las muertes de jóvenes están relacionadas con el involucramiento en dinámicas de violencia.
De acuerdo con el estudio de CINEP, la fuga de jóvenes hacia la guerra se debe a “la desescolarización y el desempleo, que contribuyen a la vinculación de los jóvenes a grupos armados ilegales, en particular en las zonas urbanas de Quibdó, Istmina, Tadó y Riosucio”.
Cuatro municipios concentran el mayor número de homicidios: Quibdó (875 casos) que es tránsito obligatorio por parte de los actores armados; Istmina (137), caracterizado por el alto flujo económico derivado de la explotación minera; Riosucio (92), con dificultades frente a la propiedad sobre la tierra; y Bahía Solano (77), con disputas territoriales en relación a la comercialización y transporte de hoja de coca para uso ilícito.
Dentro de ese espectro, un daño contundente que recae sobre las comunidades es cuando silencian a sus líderes. Según el Programa Somos Defensores, desde 2011 hasta hoy, han sido asesinados 48 líderes y lideresas sociales en Chocó. Y según el CINEP, los “municipios donde se han presentado asesinatos a líderes/as tienen en común su ubicación costera —Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó—, y su cercanía con polos de desarrollo económico y extracción minera —Alto, Medio Baudó, Nóvita, Bagadó, Cértegui y Quibdó—”.
El accionar de los grupos armados tiene patrones subregionales. En el Bajo Atrato y Darién, las Agc tienen condicionada a la población, después de haberse disputado a sangre y fuego el territorio con el Eln, por eso, esa guerrilla se replegó hacia el Alto y Medio Atrato. Esa situación ha derivado en desplazamientos forzados y el confinamiento de alrededor de cuatro mil personas en los últimos años, “siendo los indígenas los principales afectados por la situación de orden público”, y en donde los mayores afectados han sido las comunidades de Uva–Pogue, Alto Río Bojayá y Alto Río Napipi en el municipio de Bojayá–Bellavista.
En el Litoral Pacífico, las Agc y el Eln hacen presencia casi por igual, se trata de una disputa reñida. Por los intereses económicos sobre los cultivos de hoja de coca y la minería ilegal, en la subregión del Baudó, particularmente los municipios de Alto y Bajo Baudó, y el municipio del Litoral del San Juan, ambas estructuras armadas buscan del control territorial de los corredores de movilidad del narcotráfico con salida al océano Pacífico y a Centroamérica.
Mientras, en el San Juan la mayor presencia es del Eln, hegemonía disputada por las Agc y las disidencias de las Farc. La situación humanitaria se agudizó desde septiembre de 2021, cuando los ‘Gaitanistas’ rompieron el acuerdo de no agresión que había pactado con los ‘Elenos’. Desde entonces, la población negra e indígena ha sufrido fuertes confinamientos y desplazamiento, que en el último año, según el informe del CINEP, dejó más de 2.500 desplazados. (Leer más en Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y Denuncian etnocidio en la región del San Juan)
Este centro de investigación prende las alarmas en esta región por las restricciones a la movilidad que han impuesto el Eln y las Agc, donde se obliga a las comunidades a permanecer en sus viviendas a partir de las 6 de la tarde; se condiciona el acceso a bienes y servicios esenciales; y se continúa vinculando a niños, niñas y adolescentes por parte de las estructuras armadas ilegales que controlan el territorio.
La presencia estatal a través de la Fuerza Pública se activó desde 2014 cuando entró en operaciones la Fuerza de Tarea Conjunta Titán del Ejército. Sus operativos no han llenado las expectativas de las comunidades étnicas, que le han exigido mayor presencia en caseríos controlados por el Eln y las Agc.
“Me llama la atención por ejemplo el número de Policías en Riosucio:12 para casi 40 mil personas y todos los actores armados ilegales en disputa. Por ello es que desde las 6 de la tarde están en acuartelamiento total”, señala Guerrero. “No desconozco que la Séptima División del Ejército haya generado operaciones militares donde se hayan generado bajas, capturas en flagrancia, entre otros. Pero es claro que la Fuerza Pública y la Policía no tienen la capacidad de brindar seguridad en los territorios étnicos del Chocó”.
Frente al papel del Ejército, al investigador le llaman la atención tres puntos: uno, la connivencia entre algunos militares y miembros de las Agc para actividades relacionadas con la siembra y comercialización de hoja de coca. “Ellos saben dónde está sembrada, de dónde sale y por dónde entra”, dice el investigador de CINEP. Dos, que en territorio ha conocido testimonios que aseguran que una parte de los integrantes de las Agc son reservistas o soldados profesionales retirados. Y tres, que en variados espacios internos de seguridad se menciona que no tienen suficientes unidades.
“En últimas, en Quibdó, Riosucio o Istmina, el Ejército como la Policía conoce donde están los centros de operaciones tanto de Eln como de las Agc, saben quiénes son los ‘puntos’ y no pasa mucho”, concluye Guerrero.
Intereses sobre el territorio
El informe muestra al Chocó como un botín, en especial los territorios poblados por comunidades negras e indígenas, y revela cuatro situaciones que lo afectan: cultivos de hoja de coca para uso ilícito, minería, megaproyectos y restitución de tierras.
Los cultivos de hoja de coca para uso ilícito requieren atención bajo el entendimiento de la situación de vulnerabilidad de las comunidades, pues es en esta economía que se soportan familias enteras, aunque riña con el sostenimiento de la diversidad biológica y cultural de este departamento.
Las cifras indican que desde 2014 el país venía experimentando un incremento en las superficies hectáreas cultivadas de coca, siendo 2016 (146 mil hectáreas) y 2017 (171 mil hectáreas), los años de mayor cultivo, tiempo que coincide con la formalización e implementación del Acuerdo de Paz.
Al compararlo con la situación de los departamentos del Pacífico (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), Chocó ocupó el cuarto y último puesto en cultivos de hoja de coca en ambos años.
Pero la situación cambió en los años siguientes. Según cifras del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), para 2021, el Chocó registró la más alta extensión de cultivos ilícitos en décadas: 5.060 hectáreas, posicionándolo en el tercer puesto como departamento del Pacífico en producción por encima del Valle del Cauca.
Una mirada panorámica a este fenómeno revela que entre 2011 y 2021 se cultivaron 25.175 hectáreas de hoja de coca para uso ilícito en el Chocó. A nivel local, en el municipio de Istmina se registra más del 21 por ciento de esos sembradíos ilegales.
De otro lado, la ubicación estratégica de Chocó hace que, además, “los grupos armados ilegales usen los ríos, carreteras y la salida al mar para traficar y movilizar la coca producida en otras regiones del país”, explica el documento del CINEP. Es el caso de Bahía Solano, en donde en los últimos 10 años no se ha registrado cultivos de coca, pero hace parte de la cadena del narcotráfico, al ser una zona de importante tránsito y comercialización.
El 70 por ciento de la hoja de coca sembrada en el departamento (15.278 hectáreas) entre 2011 y 2018 se encontraba en tierras colectivas de comunidades negras y el cinco por ciento en territorios ancestrales de pueblos indígenas (1.095 hectáreas). Hecho que ejerce poder sobre los territorios de las comunidades étnicas, “violando la autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.
En las comunidad negras, el primer lugar lo ocupa el Consejo Comunitario General del San Juan con 7.247 ha (47,4 por ciento del departamento), seguido del Consejo Comunitario del Río Baudó con 2.594 hectáreas (17 por ciento) y del Consejo Comunitario Mayor de Nóvita con 2.295 hectáreas (15 por ciento).
En relación con los resguardos indígenas en el Chocó, los de mayor número de hectáreas sembradas son: los Resguardos Catrú, Dubasa, Ankosó (Alto Baudó) con 298,2 hectáreas (1,3 por ciento), los Resguardos Bellavista–Unión Pitalito (Medio Atrato) con 145,59 (0,66 por ciento) y los Resguardos Ríos Torreido y Chimani (Bajo Baudó) con 124,98 hectáreas (0,5 por ciento).
Otro factor que convierte en botín al Chocó es que, literalmente, vale oro. En la actualidad, el departamento es el segundo mayor productor de oro en el país y en 2012 llegó a ser el mayor productor, según análisis del CINEP. Alto, Medio y Bajo San Juan han sido las regiones de mayor actividad aurífera y aunque desde 2012 la actividad minera por el metal precioso ha descendido en el departamento, otros minerales son codiciados.
Según el informe, el 16 por ciento del departamento está solicitado para la explotación de recursos, con un área total de 769.651,66 hectáreas: “Dentro de los solicitantes de los títulos mineros en el Chocó, la empresa Anglo American Colombia Exploration S.A. con 16 solicitudes es la que tiene mayor número, equivalente al 3,8% del total de las solicitudes con 37.387 ha; le sigue la empresa Anglo Gold Ashanti con 13 solicitudes que equivale al 3% del total de las solicitudes con 22.769 ha”.
Además, las solicitudes con mayor número de hectáreas las ha pedido Negocios Mineros S.A. con 10.282 hectáreas, localizadas en los municipios de Bagadó, Mistrató y Pueblo Rico; la empresa Alicanto Colombia S.A.S. con 10.179 hectáreas, ubicadas en el municipio del Litoral del San Juan; y a la empresa El Trapiche SOM con 10.123 hectáreas, situadas en el municipio de Carmen del Darién.
De otro lado están los títulos ya otorgados. A la fecha de publicación del informe, en Chocó había 170 títulos mineros. El 21 por ciento (36) están en etapa de construcción y montaje, el 54 por ciento (92) en etapa de exploración y el 24 por ciento (41) en etapa de explotación. Y son Exploraciones Chocó Colombia S.A.S y Anglo Gold Ashanti las empresas que tienen mayor control sobre los títulos mineros vigentes en el departamento.
VerdadAbierta.com había investigado a la empresa Exploraciones Chocó Colombia S.A.S por las tensiones que giraban en torno al antiguo proyecto Mandé Norte con la comunidad indígena de Uradá Jiguamiandó (Carmen del Darién y Riosucio). Este portal encontró que esta empresa hace parte de un grupo empresarial de cuatro corporaciones en Colombia, todas controladas por una empresa canadiense. (Leer más en: Proyecto minero inquieta a comunidades indígenas del Bajo Atrato)
“Siendo un territorio rico en recursos renovables y no renovables, la economía se ha concentrado en actividades extractivas lideradas por empresas que no han dejado capacidad instalada en la población, perpetuando así las condiciones de pobreza, marginalidad y desigualdad”, analiza el informe y concluye que los intereses sobre el territorio de las empresas pone en tensión las visiones de desarrollo de las comunidades ancestrales.
Sin embargo, la minería es una de las principales fuentes económicas de las comunidades negras de Chocó, por eso, existen 35 títulos en los que los consejos comunitarios se benefician de esta actividad, de los cuales 27 de estos están en manos del Consejo Comunitario mayor de Condoto Iró con un total de 19.918,04 hectáreas.
El caso del Consejo Comunitario de Condoto es reflejo de que la comunidad se beneficia efectivamente de la minería. En 2013 estas comunidades recibieron por parte de la Agencia Nacional de Minerías (ANM) títulos mineros para formalizar la minería artesanal, bajo esquemas de responsabilidad social y ambiental.
“En esta zona existe el Programa Oro Verde, con certificados Fairtrade y Fairmined —sellos que certifican oro de organizaciones mineras artesanales— para oro ecológico. Por esto, me atrevería a mencionar que se hace explotación con prácticas de preservación desde la sabiduría ancestral e identidad cultural”, dijo el subdirector del CINEP.
El informe llama la atención sobre cuatro megaproyectos: El Puerto de Tribugá, la vía férrea hacia el Puerto de Tribugá, la Hidroeléctrica Talasá y la vía al mar Las Ánimas - Nula. En los cuatro casos de proyectos advierte riesgo de desplazamiento forzado. Sin embargo, la solicitud de concesión portuaria de Tribugá, impulsada por la Sociedad Portuaria Arquímedes S.A. (SPA), fue desestimado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en octubre de 2020.
Comunidades en territorio, centros de investigación y organizaciones ambientales se habían opuesto a la megaobra, advirtiendo daños irreparables contra la biodiversidad pues con el proyecto se afectaba la Unidad Ambiental Costera Pacífico Norte Chocoano y el Parque Nacional Natural Utría. (Leer más en Nuquí, un paraíso donde se resiste bajo el imperio del miedo).
El Puerto de Tribugá iba a ser conectado con una vía férrea que tendría 92,43 kilómetros de longitud, 2 túneles y 7 puentes; por un costo de 34 mil millones de pesos. La vía afectaría a 400 mil personas de dos resguardos indígenas y cuatro consejos comunitarios. También se le une la vía conocida como “Las Ánimas - Nuquí”, un proyecto de 130 km que tendría los mismo impactos sociales que la vía férrea.
Sobre el proyecto que busca construir tres plantas hidroeléctricas en el río Atrato en jurisdicción del municipio Carmen del Darién, con la capacidad de producir cuatro veces la energía que hoy consume todo Chocó, conocido como Hidroeléctrica de Talasá, el CINEP señala que afectaría los territorios del cabildo El Fiera y del cabildo Sabaletas, además de la población campesina, mineros artesanales y habitantes tradicionales.
A raíz de que la mayoría de estos proyectos cuentan con inversión extranjera, el CINEP advierte que la rentabilidad quedaría en manos de empresarios fuera del país, “y si bien cuentan con programas y proyectos para las poblaciones que los habitan, la percepción de los pobladores es que dicha contraprestación no es proporcional ni equitativa con las ganancias que podrían generar ni con los impactos que tienen sobre el medio ambiente y sus pobladores”.
Cuando estos proyectos afectan territorios colectivos de comunidades negras o resguardos indígenas, la consulta previa es una obligación. Sin embargo, el informe ha identificado que en distintos casos, las empresas se acercan a las comunidades solo con el ánimo de cumplir con el requisito, y no abordan el derecho a la consulta previa como una garantía de participación efectiva en la discusión sobre las visiones de desarrollo sobre los territorios ancestrales.
Otro punto coyuntural es la tierra. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) registra 128 procesos de restitución de derechos territoriales en Chocó. De los que 78 procesos (61 por ciento) son de pueblos indígenas y 50 (39 por ciento) de comunidades negras, agrupando 39.038 familias étnicas del departamento. La subregiones del Litoral del Pacífico y el bajo Atrato han sido afectadas por estrategias de despojo violento. Allí se concentra el 67,18 por ciento de los procesos de restitución de derechos territoriales.
Uno de los casos más recordados es la Operación Génesis. En diferentes versiones dadas en los tribunales de Justicia y Paz se contó cómo a inicios de 1997 las Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrillas 35, adscritas a la Brigada 17 del Ejército Nacional, con sede en Carepa (Antioquia), se aliaron con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) para atacar al Frente 57 de las Farc. Y en el proceso se desplazaron al menos cuatro mil personas de comunidades étnicas de Riosucio. (Leer más en Doce paramilitares fueron guías del ejército en la Operación Génesis: ‘el Alemán’ y “Vivimos en el territorio, pero no es nuestro”: mujeres del Bajo Atrato)
La extensión total del departamento de Chocó es de 4 millones 653 mil hectáreas, de las cuales 1 millón 272 mil hectáreas se han inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente en procesos étnicos. El 77 por ciento es reclamado específicamente por comunidades negras.
De estos, solo ocho casos están en posfallo y 30 en fase judicial. La mayoría (82 casos), se encuentran en fase administrativa, lo que equivale al 64 por ciento. “El hecho de que la mayoría de los procesos se encuentren en la fase administrativa, supone que la Unidad de Restitución de Tierras debe asumir el liderazgo y la responsabilidad”, explica el CINEP.
Sobre las comunidades que han sido beneficiadas con fallos de restitución hay varias anotaciones. Una de ellas es que las ocho sentencias han favorecido a pueblos indígenas, pero la que más llama la atención del CINEP es la baja implementación de las órdenes emitidas por los jueces. Las cuatro decisiones favorables que obtuvieron las comunidades Embera Katío, Embera Dobidá, Cuna y Tule en el municipio de de Unguía tienen un promedio de implementación del 35 por ciento, según otro estudio realizado por este centro de investigación.
¿Y el fin de la guerra?
Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido para el Chocó más de 30 alertas tempranas, 4 advertencias y 2 informes de riesgo. 16 de esas alertas aún están vigentes con alrededor de 400.000 personas en riesgo.
“La Paz Total requiere mucho más que fusiles en silencio. Es necesario transformar la realidad socioeconómica y política del Chocó para alcanzar una paz estable y duradera”, considera Guerrero. “No es posible pensar en una Paz Total sin transformaciones territoriales regionales e incluso sin una real implementación del Acuerdo Farc – Capítulo Etnico. Si es así, la brisa del Atrato se llevará lejos lo construido”.
En el marco de la Ley de Paz Total, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha adelantado diálogos con el Eln para conseguir el silenciamiento de los fusiles. Sin embargo, eso no ha llevado a la suspensión de la guerra en regiones como el San Juan, en donde las Agc y el grupo guerrillero se disputan el territorio. Alias ‘Pablo Beltrán’, segundo comandante del Eln y jefe del equipo negociador, dejó claro en entrevista con Colombia +20 que los diálogos con el gobierno nacional no significan que esa organización alzada en armas esté en cese al fuego multilateral y por tanto deje de enfrentarse a las Agc.
Según el subdirector del CINEP, La Paz Total tiene muchas preguntas y dudas en los territorios, especialmente con las decenas de procesos sociales con quienes la organización de investigación ha trabajado por décadas. (Leer más en: Carácter político, la ‘zona gris’ del proyecto de ley para someter a las bandas)
“Un Acuerdo Humanitario, ya por decir algo, es parte fundamental del éxito, pero en concreto ¿qué significa la participación de estas organizaciones étnico-territoriales y sociales en el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese al fuego (MVMV) para la consolidación de la Paz Tota’?”, se pregunta el investigador.
Guerrero considera que es urgente que el gobierno nacional convoque a las organizaciones sociales y las escuche: “Ahora ¿somos nosotros los que debemos convocar o el mismo Gobierno quien debería tener la iniciativa? Esa pregunta siempre me resuena. Por nuestra parte estamos dispuestos a hacerlo ¿tendremos la respuesta de ellos? Falta ver”.
