Víctimas y comparecientes se encontraron para alzar sus reclamos de verdad y reconocer responsabilidad en casos de secuestro cometidos en Tolima y Huila, respectivamente. La diligencia se desarrolló a pesar de las graves denuncias de seguridad que advertían los firmantes del Acuerdo de Paz. Avanza el caso en la JEP, pero quedan deudas de verdad.
La investigación del Caso 01, sobre la toma de rehenes y graves privaciones de la libertad, que lleva la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sigue bajando. Después de imputar a los siete miembros del último Secretariado de las Farc por haber dado las órdenes de privar de la libertad a civiles y miembros de la Fuerza Pública y no controlar a sus subordinados por 21.396 secuestros, el tribunal de justicia transicional siguió bajando en la cadena de responsabilidades. (Leer más en La verdad sobre el secuestro, un largo camino por recorrer)
Fue así como este viernes, tras la imputación realizada por la JEP a través del Auto 01 de 2023 a los comparecientes del Comando Conjunto Central, 10 miembros de esa extinta estructura guerrillera fueron citados a reconocer su responsabilidad públicamente en el macrocaso, satisfacer los reclamos de verdad de las víctimas y ahondar en las responsabilidades individuales por los secuestros ocurridos en Tolima, el norte de Huila y una parte de Quindío.
Según la JEP, en esta región se evidenció dos de los tres patrones criminales identificados en el Caso 01: secuestros con fines económicos y secuestro a civiles para el control territorial. (Leer más en: Caso 01: la verdad que sigue cautiva)
Aquellos partícipes determinantes llamados por la JEP fueron Luis Eduardo Rayo, conocido en la guerra como ‘Marlon’; Enoc Capera Trujillo, alias ‘Giovani’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, alias ‘Armando’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, alias ‘Gonzalo’; Édgar Ramírez Medina, alias ‘Onofre Camargo’; Víctor Hugo Silva, alias ‘Erick’ o ‘El Chivo’; Álvaro Henner López, alias ‘Jhon Jairo Paz’ o ‘JJ’; Gustavo Bocanegra Ortegón, alias ‘Donald’; Wilson Ramírez Guzmán, alias ‘Teófilo González’; y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’.
Para la magistratura, la confrontación y los detalles que se amplían en las audiencias de reconocimiento territoriales son fundamentales. “Cuando el reconocimiento lo hace alguien del Secretariado, el reconocimiento que puede hacer es ‘yo di la orden’, pero no puede hablar con el nivel de detalle que ustedes (los mandos medios) lo pueden hacer”, dijo en la pasada diligencia la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, quien tiene a su cargo el Caso 01.
Dentro del Comando Conjunto Central quienes tenían la responsabilidad de impartir las órdenes sobre el secuestro eran los coordinadores y en ese cargo lo ocuparon cuatro guerrilleros: ‘Adán Izquierdo’, ‘Abel’, ‘Jerónimo Galeano’ y Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlón’, siendo este último el único con vida.
Para cumplir con las cuotas económicas que le demandaban sus superiores, la estructura organizó la extorsión de la mano del secuestro. Según el auto de imputación de los 10 responsables, esa estructura “especializó comisiones de guerrilleros en el cobro de estos dineros por sectores de la economía, principalmente en las zonas planas del Tolima y Huila, que contaban con prósperos centros agrícolas por el cultivo del café, el arroz, así como por la ganadería y el comercio”.
Estas comisiones, inicialmente “cafetera” y “petrolera”, se convirtieron en 1998 en la comisión financiera ‘Manuelita Sáenz’, mediante la cual buscaba que por medio de un sistema de nóminas de extorsiones se financiara a la extinta guerrilla. “No pretendo que se olvide, pero sí les pido que nos perdonen”, expresó Victor Hugo Silva, conocido como ‘Erick’ o ‘El Chivo’, quien fungió como jefe de esa comisión de finanzas. “Para eso firmamos un acuerdo, porque entendimos en un momento crucial que la guerra se estaba deshumanizando, que nos estábamos convirtiendo en unos monstruos”.
Por otro lado, por control territorial, los secuestros se contaron por centenares en la región, reconoció el compareciente Wilson Ramírez Guzmán. “Quiero decirles que en ese control territorial capturamos mucha gente desconocida. Y hoy que ya tengo familia puedo entender el daño que se hacía (…), estoy seguro que nosotros no pensábamos en la mamá, en el papá, en la familia que lo amaba y lo cuidaba. Eso no lo entendíamos”, expresó.
Ahora los miembros de Farc temen ser víctimas de ese mismo flagelo por los grupos residuales que se expanden en el país. “Fui desplazado hace dos meses y sigo siendo amenazado por el Estado Mayor, donde en las últimas amenazas se me dice que me tienen es que capturar vivo para que suministre información que ni yo sabré de qué”, contó en la audiencia Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’, exjefe del Frente 21.
Enoc Capera Trujillo, alias ‘Giovani’, exmiembro del Frente 21, alertó que al momento de la diligencia actores armados tenían retenida desde hace tres días a una firmante del Acuerdo de Paz en el corregimiento de Gaitania, del municipio de Planadas, Tolima, y quien además es compareciente en este caso. “Ella es madre de tres hijos”, alcanzó a advertir el exguerrillero.
Dos días antes de la diligencia, la Corte Constitucional ordenó a varias instituciones del Estado a implementar medidas de seguridad para garantizar los derechos fundamentales de los comparecientes a la diligencia. “La reconfiguración armada lleva nuevamente a perder la fe sobre lo que hoy nosotros estamos ejerciendo y por eso estamos (…) mandando un mensaje a los violentos que están equivocados en persistir en continuar generando dolor y por eso estamos amenazados”, expresó en su intervención el compareciente Victor Silva.
Ante las graves denuncias, ayer la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR) de la JEP, dio un plazo de 24 horas para que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le informe sobre las medidas que ha adoptado para garantizar la seguridad integral y comparecencia de los firmantes del Acuerdo de paz ante el tribunal de justicia transicional en el Caso 01.
“La SAR reconoce la importancia de avanzar en el esclarecimiento de las amenazas y persecuciones por parte del Estado Mayor Central (EMC) contra los comparecientes de la JEP, por lo que le ordenó a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación que, en un plazo de cinco días, presente un informe detallado que dé cuenta del estado de las investigaciones judiciales sobre estas denuncias”, señaló en un comunicado la JEP.
En la audiencia estuvieron presentes 29 víctimas y 11 de ellas tuvieron la oportunidad de participar y confrontar a sus victimarios por los secuestros económicos y de control territorial. Este portal recogió las historias y peticiones de las víctimas y los reconocimientos de los comparecientes en cada patrón.
Control económico
A nivel nacional las extintas Farc ordenaron privar de la libertad a ciertas personas para financiar las operaciones del grupo guerrillero. “Los comandantes de los frentes tenían unas cuotas que se les ponían desde sus superiores y debían cumplir las a partir de secuestros económicos. De esa cuota, una parte se iba para el Secretariado y la otra era para el mantenimiento de la unidad militar”, precisó la magistrada Lemaitre.
Aunque se tiene registro de que patrón de secuestro empezó a operar desde la década de los 90, en documentos internos de las extintas Farc se estableció el secuestro como método de financiamiento formalmente en la Ley 02 —contra personas que tuvieran un patrimonio superior a un millón de dólares— y Ley 03 —contra personas sobre las que se tuviera sospechas de haber participado en actos de corrupción—, proferidos por esa guerrilla en los 2000 en la zona de distensión del Caguán. (Leer más en El secuestro económico estuvo en el ADN de las Farc)
Sin embargo, según estableció la JEP, los secuestros fueron fortuitos, la información de inteligencia para escoger a las víctimas era mala y no sólo se afectó a personas con capacidad económica, sino a familias trabajadoras. Además, en algunos casos, el asesinato y la desaparición forzada ocurrieron, no como una directriz de los altos mandos de las Farc, pero si como una consecuencia del secuestro.
“Cometimos secuestros a menores de edad, a personas adultas mayores, hay personas que murieron en cautiverio. Son cosas muy dolorosas para las personas que esperaban a sus familiares”, reconoció Jhon Jairo Oliveros, alias ‘Armando Delgado’, exjefe del Frente 21 e integrante de la Comisión Financiera ‘Manuelita Saénz’. Señaló que la organización guerrillera dañó el buen nombre de algunos tolimenses y huilenses e incluso los dejaron en la ruina, pues muchos se endeudaron para pagar las extorsiones o el precio que les pedían por la libertad de un familiar cautivo.
Con las extorsiones el sector empresarial se vio especialmente afectado. “Nosotros en cierto modo, atrasamos el desarrollo de las regiones porque con el empresario o el comerciante o el ganadero que lo sometemos a la extorsión o al secuestro. se acaba el desarrollo de una región porque el que fuera a invertir en esa región ya le daba miedo”, concluyó Oliveros.
Venderlo todo
El 7 de septiembre de 2005 en Chaparral, Tolima, el Frente 21 de las extintas Farc secuestró a Omar Benítez Zamora, quien representaba a la empresa Jobz S.A.S., dedicada al sector de juegos de azar y apuestas. “Sepultaron mi vida como persona y como empresario”, lamentó en la audiencia Benítez.
Durante el plagio, el comandante Jhon Jairo Oliveros le pidió una exorbitante suma de dinero. Después de meses de negociación, acordaron una cifra que su familia debía entregar en el momento de su liberación.“Llamo a mi familia y les digo: ‘vendan activos, empeñen, saquen préstamos a como dé lugar”, cuenta Benítez y así lo hizo su familia. Cuando lo liberaron le pusieron la condición de mes a mes volver a entregarle al grupo guerrillero una enorme cantidad de dinero y por eso tuvo que desplazarse de Chaparral.
Durante la audiencia, el empresario pidió que le dijeran quién había dado su perfil y el de su familia para ser secuestrados, pero los excombatientes no señalaron a nadie en particular, sino a la “población de Chaparral”.
Secuelas del secuestro
En la década de los 90, Ramiro Charri fue gerente del Fondo Ganadero. El 30 de octubre de 2001 fue secuestrado en Palermo, Huila, junto a su esposa, Maria Fernanda Durán. Durante el cautiverio la mujer sufrió una grave lesión en la pierna derecha que le causó secuelas irreparables de por vida. Durán fue liberada el 17 de febrero de 2002 y su esposo, hasta el 30 de abril de ese año.
“¿Cómo duré yo con mi esposa con tres fracturas en la pierna, 17 días pidiendo auxilio y no fueron capaces (de liberarla)?”, reprochó Charri. Después de mucho insistir, un enfermero de las Farc que anduvo cuatro horas para llegar hasta el lugar en que los tenían en cautiverio le puso una inyección a la mujer herida. “Le dije ‘y por qué no me deja usted las inyecciones para el dolor”‘, contó Charri y agregó: “Jamás había puesto una inyección y me volví hasta el enfermero de las guerrilleras porque tenía que ponerle en muchas ocasiones la vacuna anticonceptiva”. La dejaron ir antes, cuenta su esposo, porque sus quejidos no dejaban dormir a la tropa.
“Quiero valorar mucho hoy la gallardía de mi madre quién está hoy acá al frente de ellos, que cada día que da un paso en su vida tiene un lastre de la discapacidad que le dejó el secuestro”, agregó Ramiro Charri Durán, hijo de la pareja. Padre e hijo le preguntaron a los comparecientes quiénes fueron los terceros civiles que participaron en los secuestros que sufrió la familia.
El compareciente Victor Hugo Silva asumió la responsabilidad del secuestro de la pareja, pero aseguró no saber quién dio la información para secuestrarlos. Explicó que mientras estuvo en la Comisión Financiera ‘Manuelita Sáenz’ llegó a secuestrar a alrededor de 30 personas y que en algunos casos el trabajo de inteligencia sobre las víctimas lo hacía él mismo y en otros le suministraban la información.
Para este caso, los detalles de rutina de la pareja de esposos se la dió alias ‘Jerónimo Galeano’ del Frente Joselo Lozada, abatido en 2011. Para clarificar varios datos de este caso, Silva se comprometió a participar de un encuentro voluntario y privado en el que se confrontarán las dudas de la familia Charri Durán. “Doña Maria Fernanda: le pido perdón. Perdón por todo el sufrimiento que le ocasionamos”, concluyó el compareciente.
La familia resaltó que nuevamente están teniendo que pagar extorsiones por la expansión de los grupos residuales de las Farc en la zona.
¿Un capataz vengativo?
Héctor Cajicá fue secuestrado el 17 de abril de 2003 en Prado, Tolima, por miembros del Frente 25 de las Farc. “El error mío fue trabajar y sacar adelante a mi familia, ¿y por eso me castigan?”, señaló. Cajicá tenía unos almacenes de ropa y por eso fue fichado por la guerrilla como alguien acaudalado.
“No era fácil tender un plástico en el piso y dormir. Ver pasar el agua por debajo y decirle a un compañero: ‘venga, hágase de espaldas y calentémonos los dos’”. Junto a siete personas con las que estuvo secuestrado durante dos años, Cajicá creó lazos de familia. Sólo fue liberado hasta el 7 de diciembre de 2005.
Para pagar la cantidad de dinero que le pedían tuvo que vender su casa, mientras los impuestos no dieron tregua. “Hoy en día no tengo vida crediticia de ninguna clase. Yo no tengo carro, casa, nada de eso. Porque uno ya con más de 50 años no es fácil que le den un empleo y nunca trabajé como empleado”.
Durante la audiencia, la víctima confrontó a Nelson Antonio Jiménez, alias ‘Gonzálo’. Le reprochó que durante el proceso que se ha llevado dentro del macrocaso de secuestro había mentido al no reconocer que estuvo implicado en su rapto. “A mí me dan una orientación, yo cumplo las órdenes y me voy con una unidad al municipio de Prado, exactamente al lago, con seis unidades. Ahí estuve yo, lo acepto, es mi responsabilidad”, reconoció Jiménez en su intervención.
Lo que no aceptó fue que en el momento del secuestro estuviera un cuidandero de la finca de Cajicá que este había despedido y a quién la víctima señalada de haberlo vendido a la guerrilla.
Sin salir de la crisis económica
Estando con su esposa e hijos, Mairo Montoya, entonces docente de cátedra de la Universidad del Tolima, fue secuestrado en el municipio de Venadillo, Tolima, el 7 de febrero de 2009, por miembros de la Columna Móvil Jacobo Prías Álape. “Se presentó como comandante un señor que se llamaba Edinson Guzmán, alias ‘El Caballazo’. Pedían 200 millones de pesos”, cuenta.
La familia negoció y los guerrilleros dijeron que se iba a llevar a alguien como prenda de garantía mientras conseguían el dinero. Las opciones eran su hijo de 17 años, su hijo de 13 o su esposa; por eso Montoya se ofreció. Después de su cautiverio tuvo que continuar ‘tributando’ mensualmente y durante un año a la guerrilla. “La última cuota yo no tenía con qué pagarla, entonces me llamaron a amenazarme: ‘¿es que usted no aprecia a su familia?’”, recuerda.
A causa del secuestro, Montoya tuvo que desplazarse y abandonar su finca. Además, dejó su sueño de sustentar a su familia con los trabajos del campo. “Con ese hecho victimizante nos someten a la humillación de pedir un trabajo (…). Ustedes me cambiaron la vida, aunque diría que me la jodieron, porque desde que fui secuestrado hasta el día de hoy sigo con la crisis, no he podido recuperarme financieramente”, lamentó.
Control social y territorial
Como lo determinó la JEP en el Auto 19 de 2021, con la finalidad de controlar un territorio y su población, las Farc secuestraron a cientos de civiles. Para el caso de Tolima y Huila el grupo guerrillero realizaban un estricto control del territorio por la protección del comandante Guillermo León Sáenz, alias ‘Alfonso Cano’, quien se ocultaba en la zona.
Así, al considerar a una persona como amenaza o al suponer que alguien tenía vínculos con sus enemigos, el grupo guerrillero secuestraba a miembros de la sociedad civil para interrogarlos o castigarlos. Muchas de las personas estigmatizadas terminaron desterradas y mancilladas en su buen nombre.
Según la investigación de la JEP, esta conducta se materializó especialmente en el suroccidente de Tolima, en la zona conocida como el Cañón de Las Hermosas, históricamente controlado por las extintas Farc. Así padecieron este flagelo los municipios de Ortega, Chaparral, Coyaima, Planadas, Ataco y Ríoblanco.
“¿Cómo se sentirían en su interior allí, detenidas, sin saber de su familia?, con la zozobra de que, por lo que las teníamos no era por dinero, sino porque las estábamos señalando de ser enemigas”, reconoció el compareciente Gustavo Bocanegra Ortegón.
Por esa práctica se derivaron asesinatos y desplazamientos. “No controlamos la información que nos llevaba cualquier civil a un campamento o a alguno de nosotros para decir que el vecino era informante del Ejército, y nos dejamos creer y cometimos cantidades de delitos”, señaló Bocanegra. Eso mismo recalcó el compareciente Wilson Ramirez: “En el control territorial fueron muchas las personas que fueron asesinadas y creo hoy (…) muchas fueron inocentes”.
“Una mariposa que no ve las alas”
Alba Yidia Olaya, oriunda de Planadas, Tolima, después de prestar servicio militar, se vinculó como auxiliar contable de la institución, esperando integrarse como soldado en el futuro. Fue secuestrada en Planadas el 21 de julio de 2000, acusada de ser informante de las Fuerzas Militares. Ese día, dos hombres armados la sacaron de un establecimiento comercial en el pueblo y se la llevaron. “Me ingresaron a una cajuela, me vendaron los ojos”, contó. En las primeras horas de sus secuestro fue víctima de abusos por ser mujer.
Después de días de cautiverio, recibió la visita del párroco de Planadas y le contó que la comunidad estaba reuniendo firmas para que la liberaran. Así retornó a la libertad, pero pagando un alto precio: le prohibieron volver a Planadas y tener algún vínculo con las Fuerzas Militares. “Me rompieron todos mis sueños”, dijo, pero contó que con los años logró reponerse, con la ayuda de su familia: “Soy una mariposa que no ve las alas” y agregó: “A todas las mujeres de este país que, por alguna circunstancia, no se callen, dense la oportunidad, pero a través del amor, no del odio”.
Raúl Agudelo Medina, conocido en la guerra como ‘Olivo Saldaña’, quien desertó con dinero de la guerrilla, posteriormente fue captura por las autoridades y quien decidió acogerse inicialmente al proceso de Justicia y Paz, le respondió a la víctima, sin la presencia de los otros comparecientes, pues nunca le perdonaron su traición y el haber colaborado con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en la falsa desmovilización de la supuesta estructura guerrillera “Cacica La Gaitana”.
El hecho se remonta al 6 de marzo del 2006, cuando con bombos y platillos fueron presentados por el gobierno en La Tebaida, Tolima, 62 guerrilleros y se exhibieron 26 fusiles, otras armas y una avioneta que supuestamente pertenecían a la “Cacica La Gaitana” de las Farc. La columna era desconocida hasta entonces y años después la Justicia enjuició a varios policías, comandantes, al comisionado de paz del momento y al mismo ‘Olivo Saldaña’ como gestor de Paz por tratarse de una falsa desmovilización que le costó miles de millones al Estado. (Leer más en: Suspenden beneficios a desmovilizados de Cacica La Gaitana)
Agudelo Medina fue uno de los guerrilleros que se llevó a Alba Yidia Olaya del establecimiento comercial por orden del comandante ‘Jerónimo Galeano’, quien a su vez había sido informado por un miliciano del pueblo que la víctima era supuestamente informante.
En la audiencia Agudelo reveló el nombre del miliciano que dio esa información y resaltó que él quería decir con claridad quiénes son los informantes de las Farc. “Yo no vengo a decir que no conozco o que no sé. Yo sí sé. Por eso estoy solo, porque quiero contar la verdad de las cosas y porque me quiero reconciliar con el país y las mismas víctimas”, expresó el compareciente.
Además aclaró que, aunque él no fue el responsable del hecho de violencia sexual que sufrió la víctima, se siente moralmente responsable por lo que vivió. “Le quiero pedir públicamente que me perdone, pero que me perdonen todas las mujeres que me están mirando porque me da vergüenza saber que en una organización como las Farc llegó a darse un hecho de esa naturaleza”, concluyó.
“De corazón, yo estoy tranquila y (…) lo perdono: duerma tranquilo”, finalizó la víctima.
Desaparición por control territorial
Jhonn Charli Ortiz Molina, de 23 años, fue secuestrado el 2 de julio de 2003 en el corregimiento de San Juan de la China, a 38 kilómetros de Ibagué, y posteriormente asesinado. Se cree que los autores fueron miembros del Frente 21 de las Farc.
Su madre, Blanca Lilia Molina y su hermano, Rommel Alexánder Ortiz, expresaron que en su momento las autoridades no se preocuparon por encontrarlo. Hasta la fecha, el cuerpo de Charli Ortiz permanece desaparecido, por esa razón pidieron que la JEP ordene medidas cautelares sobre el Cementerio San Bonifacio, pues tienen indicios de que sus restos podrían estar allí.
El compareciente Álvaro Henner López, ‘Jhon Jairo Paz’ o ‘JJ’, miembro del Frente Tulio Varón, reconoció que para esos años las Farc eran el único grupo que controlaba la región en donde desapareció la víctima y explicó en la audiencia que es posible que por el hecho de que el jóven Charlie portara unas placas del Ejército, relacionadas con el servicio militar que había prestado, haya sido señalado por una unidad de las Farc, retenido y posteriormente asesinado.
Hermana buscadora
Al igual que Charlie, el cuerpo de Leonella Delgado permanece desaparecido. El 5 de abril de 2005 Delgado desapareció en el corregimiento de Las Hermosas en Chaparral, Tolima, dejando a varios hijos huérfanos. “Mi hermana Leonella es citada mediante una carta por el comandante ‘Pelusa’, quien le dice que por favor se presente en la vereda San Jorge”, expresó Hersilda Delgado Alape. Allí el Frente 21 de las Farc la asesinó y no quisieron entregarle el cuerpo a sus familiares.
Meses después desplazaron a la familia. Los cambios de tener que vivir en una ciudad y el peso de perder a su hija Leonella, enfermaron a sus padres y años después murieron.
Por eso, su hermana, Hersilda, le pidió a Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’, que les entregue datos específicos sobre el lugar en donde se enterró el cuerpo de Leonella y reconociera que información equivocada causó el asesinato de la víctima. En su intervención, Rayo se comprometió a ayudar en la búsqueda.
Esperan tierras
Ana Aurelia Gómez y José Delio Fernández, ambos pertenecientes al resguardo indígena en la vereda El Triunfo, del municipio Ortega, Tolima, fueron secuestrados en agosto de 1998 por miembros del Frente 21. Arias era líder de su comunidad y para el momento de su plagio, a los 63 años, era presidente de la Junta de Acción Comunal. Durante el secuestro la pareja se vio obligada a realizar trabajos forzados.
Tras su liberación tuvieron que desplazarse y perdieron su hogar y sus tierras. “Por estar dos hermanos en el Ejército, uno que otro de la misma comunidad daban informaciones a las Farc diciendo que mi papá era informante para el Ejército”, cuenta Ana Deisy Áreas, hija de la pareja. Además, Fernández fue acusado de hurtar ganado y eso afectó el buen nombre de la familia.
Édgar Ramírez Medina, compareciente, reconoció que para el grupo guerrillero era un “delito” pertenecer a la Fuerza Pública. “Se creía que el que era de esas regiones, más vale se fuera a la guerrilla y no para el Ejército. Se creía que irse al Ejército era ponerse del lado del enemigo”, expresó Ramírez.
Al finalizar, la familia Fernández Gómez pidió justicia para recuperar sus tierras y apoyo de la JEP para conseguir ese anhelo. Además, aceptaron perdonar a sus victimarios: “ustedes hicieron cosas que no debieron hacer, pero fueron obligados por una parte. La otra parte, nosotros los perdonamos de todo corazón”, concluyó Ana Deisy.
