Rodrigo Uprimny, Director de DeJusticia y profesor de la Universidad Nacional, destaca la oportunidad y las enseñanzas del reciente fallo de la Corte Interamericana contra Colombia por la masacre de La Rochela en 1989.
 Esta masacre fue cometida por ‘Los Macetos’ que después se convertirían en las Autodefensas del Magdalena Medio. Foto Semana |
Brevemente recordemos los hechos del caso: un grupo paramilitar (los masetos), con la abierta complicidad de miembros del Ejército, asesinó en enero de 1989, en el Magdalena Medio, a 13 miembros de una comisión judicial. Estos funcionarios investigaban a su vez atrocidades que esos mismos grupos paramilitares habían cometido en la región, en especial la desaparición colectiva de 19 comerciantes.
La Corte Interamericana concluyó que el Estado colombiano era responsable de esa matanza, por muchísimas razones: porque existía un marco legal que autorizaba la creación de esos grupos de autodefensa; porque el Ejército había estimulado la formación de esos grupos, que se convirtieron en terribles organizaciones paramilitares; porque miembros del Ejército actuaron en complicidad con esos paramilitares; porque el gobierno no brindó la protección apropiada a los funcionarios judiciales, y porque, después de la masacre, el Estado colombiano no investigó ni sancionó apropiadamente a los autores intelectuales y materiales de ese crimen.
Por todo lo anterior, la Corte no sólo condenó a Colombia y le ordenó reparar a las víctimas o a sus familiares, sino que también dispuso que el Estado debía tomar las medidas necesarias para que esa masacre no quedara impune y para que hechos así no se repitieran. Por ello, la Corte señaló explícitamente que el gobierno tenía que brindar la protección y las garantías necesarias a todos los funcionarios judiciales que investigaran crímenes de esta índole.
Es mucho lo que se podría comentar de esta notable sentencia, que en gran parte reitera gran parte de lo que ya había dicho la misma Corte en otras decisiones contra Colombia también por atrocidades de grupos paramilitares. Es pues, un fallo que dará mucho de qué hablar. Por ejemplo, ya veo a algunos columnistas escandalizados por el monto de las condenas monetarias contra Colombia; es muy probable que esos mismos columnistas no se hayan escandalizado tanto con la atrocidad de la masacre.
Pero en esta columna quisiera insistir sólo en un punto que muestra la oportunidad de la sentencia: la clara similitud que existe entre la situación de Colombia a fines de los años 80, cuando ocurrió la masacre de la Rochela, y la situación actual, con los escándalos por la para-política y por las revelaciones sobre los crímenes cometidos por esos grupos.
En 1989 era claro que el paramilitarismo era una amenaza terrible contra la precaria democracia colombiana, no sólo por la atrocidad de sus crímenes, sino además por las complicidades sociales e institucionales que tenía y que le permitían operar con enorme libertad; hoy ocurre lo mismo.
En 1989, la reacción más valiente y vigorosa provino del sistema judicial; hoy ocurre lo mismo. A finales de los 80 se trató sobre todo de jueces de instrucción que, tomando enormes riesgos, intentaron investigar los crímenes de los paramilitares. Actualmente es sobre todo la Corte Suprema quien ha asumido valerosamente esa tarea con sus investigaciones de la para-política. Pero también han jugado un papel importante fiscales y jueces que de manera casi heroica han adelantado procesos por las atrocidades de los paramilitares.
Los resultados del coraje judicial de los 80 fueron muy tristes, pues terminaron en un verdadero baño de sangre. La masacre de la Rochela, por atroz que hubiera sido, fue tan sólo un momento más de la intensa violencia contra el poder judicial de esos años. La propia sentencia de la Corte Interamericana recuerda que entre 1979 y 1991 un promedio anual de 25 jueces o abogados fueron asesinados o sufrieron atentados.
Los asesinatos de tantos funcionarios judiciales no sólo fueron humanamente terribles para el poder judicial, sino políticamente muy graves para toda Colombia, pues casi todos esos crímenes quedaron impunes y el paramilitarismo se envalentonó.
Ahora bien, este exterminio de funcionarios judiciales ocurrió en gran medida por el abandono en que la sociedad y el resto del Estado dejaron a sus jueces. Sólo después de la Rochela, el gobierno Barco empezó a reaccionar con algún vigor, pues quitó el piso legal a los grupos de autodefensa y conformó cuerpos policiales especiales para combatir el paramilitarismo.
El reto de la actual coyuntura es entonces que, a pesar de la similitud de situaciones, el resultado de la lucha judicial contra el paramilitarismo en la actualidad tenga un desenlace distinto y positivo. Y para ello sólo parece haber una salida: rodear a la justicia para que, sin obstrucciones y con todo el apoyo, pueda investigar a fondo la realidad del paramilitarismo en nuestro país.
Es pues importante evitar toda interferencia contra las investigaciones de la Corte Suprema y de los otros fiscales y jueces de estos crímenes. A veces se trata de obstrucciones violentas y burdas, como los atentados, que, aunque han disminuido, continúan, como lo recuerda el asesinato de la fiscal Yolanda Paternina, quien investigó la masacre de Chengue.
Pero hay también otras interferencias que son más sutiles y sofisticadas, pero que tienen también resultados devastadores, como podrían ser leyes que priven a la justicia de su competencia para sancionar esos crímenes.
Publicado en semana.com 16/09/07
