Como pocas veces sucede, campesinos e indígenas del sur de Valle del Cauca decidieron trabajar juntos para contrarrestar los efectos de la guerra y la explotación minera. ¿Cómo lo lograron?
Jorge Yonda, gobernador del resguardo de Kwet Wala, y Jesús Hurtado, dirigente campesino de Astracava. Fotos: VerdadAbierta.com.
Desde hace 10 años -y casi de manera desapercibida- la comunidad Nasa de Kwet Wala y los campesinos de Pradera, se dieron cuenta de que la guerra del sur del Valle se había convertido en un pretexto necesario para unir esfuerzos y defender lo que les pertenece: la tierra. “Con los sectores indígenas hemos venido trabajando de la mano y tenemos buenas relaciones. Ambos tenemos derecho al territorio y a vivir dignamente, y queremos que esos derechos se junten”, explica Jesús Hurtado, un curtido dirigente campesino, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (Astracava).
Jorge Yonda, actual gobernador del cabildo indígena de Kwet Wala (que significa Piedra Grande y reúne tres resguardos en las veredas Nogal, La Carobonera y La Fría), cuenta que al inicio las relaciones no fueron tan buenas con algunos campesinos, pero que lograron superar sus diferencias por medio de la palabra. “Cuando empezamos a hablar del tema de los resguardos, tuvimos problemas con algunos representantes de los campesinos porque no entendían el objetivo de la creación de territorios indígenas. Nos decían que el movimiento indígena había partido de la insurgencia, del M19, pero les hablamos sobre la defensa del territorio, aceptaron y algunos fueron llegando a la organización”, indica.
Para vivir en armonía las comunidades pautaron reglas básicas, en especial sobre la adquisición de tierras, que es el mayor de detonante de conflictos interétnicos en el país. No es casual que en regiones como Cauca o Chocó, indígenas, afrodescendientes y campesinos estén enfrentados por ello. El éxito del caso de Pradera radica, en parte, en que los indígenas se han enfocado en solicitar tierras con vocación de protección ambiental (cercanas a nacimientos de agua, bosques y montañas) y los campesinos para la explotación agraria.
Ahora, además de la adquisición, la defensa del territorio también ha sido un punto fundamental para la unión. Un ejemplo concreto ocurrió en 2011, a raíz del Plan Consolidación en Pradera. Éste hacía parte de una estrategia del Gobiernol para “garantizar la gobernabilidad, legitimidad, presencia y confianza de los ciudadanos en el Estado, a través de acciones sociales y económicas en 11 regiones del país afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y cultivos ilícitos”. El problema es que dicha estrategia era implementada por miembros del Ejército, ocasionando continuos hostigamientos por parte de las Farc. Esto hizo que las dos comunidades se pusieran de acuerdo y en 2012 marcharan desde San Antonio hasta la sede de la Alcaldía para pedir que las obras no las realizaran personal militar porque la gente estaba siendo afectada por el fuego cruzado.
Dentro de las diferentes manifestaciones de las dos comunidades por el Plan de Consolidación a cargo de militares, se encuentran las protestas en el casco urbano de Pradera. Foto: archivo Semana.
“No estábamos en contra del desarrollo, pero queríamos que fuera pleno. El proyecto de Consolidación debía ser manejado por una entidad civil, para que no estuviéramos en riesgo”, agrega Jorge Yonda.
Al año siguiente ocurrió otro hecho que impulsó el compromiso entre los dos: el paro agrario nacional. Una vez terminado, las comunidades campesinas de Pradera retornaron con la idea de acelerar la creación de su Zona de Reserva Campesina. La implementación de estos territorios -avalados por la Ley 160 de 1994- ha sido un tema espinoso para empresarios y comunidades étnicas. Por ejemplo, en la región de El Catatumbo, en Norte de Santander, indígenas Motilones Bari interpusieron una tutela porque dicha Zona de Reserva abarcaría parte de sus resguardos y en el proceso no se cumplió con el requisito de la consulta previa.
En Pradera es diferente. Los indígenas la ven como una herramienta más para cuidar la región. “A nosotros nos pareció interesante la propuesta de la Zona de Reserva Campesina, porque es una visión diferente de algunos campesinos, en la cual la tierra no sólo es para explotarla sino también para conservarla. Nos pareció bueno ese ejercicio y dijimos: listo, si el reconocimiento que están luchando también es para proteger el territorio, nos parece importante porque nosotros no podemos hacerlo solos”, explica el gobernador de Kwet Wala.
Además, las comunidades consideran que no se presentarían problemas por traslapes de predios, porque desde tiempo atrás vienen respetando los derechos de cada una y, dado el caso, se sentarán “a ver cómo sería la ampliación de los resguardos y por dónde se podrían cruzar la Zonas de Reserva Campesina”, dice Jesús Hurtado, el líder campesino y agrega: “aquí el problema no es con nosotros, sino con las políticas equivocadas del gobierno de turno”. En Pradera, los campesinos iniciaron recientemente los estudios preliminares para presentarle una propuesta al Incoder y es uno de los casos más avanzados en Valle del Cauca. (Ver: ¿Habrá Zonas de Reserva Campesina en Valle y Cauca?)
Los líderes consideran que al crear un territorio intercultural e interétnico, tendrán más oportunidades de defender sus tierras contra el conflicto armado y la posible incursión de la minería. “Aquí hay potencial minero de tres mil hectáreas y algo más. El mismo Alcalde nos decía que al Ministerio le están pagando unos polígonos. Hay estudios que dicen que desde El Nogal hacia La Uribe hay petróleo, que en La Carbonera hay carbón, en la parte baja vetas de oro. Esa es la gran preocupación que tenemos y por eso vemos que de manera urgente se cree una forma fuerte de proteger el territorio”, afirma el gobernador Yonda.
Al respecto, el alcalde Adolfo León Escobar, le dijo a VerdadAbierta.com que en el municipio no hay explotación minera y que las comunidades tienen temor por unos polígonos que entregó en concesión el Ministerio de Minas. “Yo creo que eso es más leyenda que otra cosa. Pradera es un municipio netamente agricultor y en temporadas se saca material de los ríos para construcción. Aquí no hay minas de oro ni de níquel, pero en el imaginario de la gente se dice que hay hasta uranio. Lo que pasa es que el Ministerio de Minas ha distribuido por polígonos todo el territorio nacional y alguien cotizó por los polígonos que hacen parte de Pradera y están concesionados como todo el país para la explotación minera, pero no han encontrado nada”.
Estas comunidades son ejemplo de cómo dos sectores que históricamente han tenido diferencias, pueden encontrar puntos en común y trabajar por un bien mayor. Su propuesta de crear un territorio intercultural ya le fue enviada a los negociadores en Cuba por medio del gran Foro Agrario Nacional que realizó la Universidad Nacional en diciembre de 2012 (en total, mandaron alrededor de 400 ideas de todo el país para el punto de desarrollo rural).
Por ahora, en Pradera siguen trabajando por consolidar su propio territorio intercultural: los campesinos por medio de la creación de la Zona de Reserva, y los indígenas a través de la ampliación de su resguardo.
