Estas comunidades dejaron a un lado sus diferencias y rencores del pasado para dialogar y buscar soluciones a los diferentes problemas de sus territorios. Tratando de entablar “confianza”, crearon un espacio de diálogo al que denominan mesas interétnicas e interculturales.
Las comunidades del norte de Cauca se han sentando en sus mesas interétnicas para solucionar sus problemas y defender sus territorios. La imagen corresponde a una audiencia pública que realizaron en mayo del año pasado sobre la minería ilegal en la región. Foto: VerdadAbierta.com.
El departamento de Cauca es históricamente una de las regiones del país más golpeadas por el conflicto armado y por sus senderos han marchado todos los grupos armados. La prolongación de esa violencia ha mantenido a la sombra numerosos problemas, tensiones y conflictos con los que a diario tienen que lidiar sus comunidades, tanto por actores externos, como por fricciones entre ellas mismas.
Hasta hace poco eranfrecuentes fuertes enfrentamientos entre las comunidades afro, campesinas e indígenas por tierras, minería, proyectos productivos o preservación de recursos naturales, los cuales han pasado de agache ante la opinión pública y los medios de comunicación, que suelen pensar que todos los problemas del departamento están relacionados con el conflicto armado. Sin embargo, de un tiempo para atrás, las mismas comunidades llegaron a la conclusión de que debían dialogar para encontrar soluciones y puntos en común.
VerdadAbierta.com consultó a líderes de las tres comunidades del norte de Cauca, zona del departamento en donde más comparten territorio, y coinciden en que a pesar de las necesidades y de las diferentes maneras que tienen de ver el mundo, por medio de la palabra deben “construir confianza” para lograr una convivencia pacífica. Bajo esa premisa, representantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc, de las comunidades afro), de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro, de las comunidades campesinas), de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin, de la comunidad Nasa) y de otras organizaciones comunitarias de todo el departamento, desde mediados de 2002 se han sentado a dialogar en pro de una sana convivencia.
“Los tres sectores que cohabitamos aquí tenemos que ponernos de acuerdo para ser capaces, desde los consensos y del respeto a los pensamientos y formas culturales de cada uno, de establecer una especie de instrumento jurídico de carácter étnico e intercultural que nos permita convivir tal y como lo estamos haciendo. Una cosa son las apuestas y los intereses de carácter político en asuntos territoriales, y otra es la realidad que vivimos en la cotidianidad”, explica Feliciano Venecia, líder indígena y vocero de la Acin.
En el norte de Cauca cohabitan 18 resguardos indígenas, 42 consejos comunitarios y más de mil familias campesinas que buscan la creación de Zonas de Reserva Campesina. Las necesidades de tierra de cada una son particulares: los indígenas dicen que tienen un déficit de 142 mil hectáreas y le están pidiendo al gobierno que les entregué 20 mil para aliviar su situación; los afro buscan que les titulen colectivamente sus territorios, porque a pesar de sus pares en la Costa Pacífica, aún no gozan de ese derecho para blindar sus tierras jurídicamente; y los campesinos piden que se cumpla con la Ley 160 de 1994, la cual les concedería una organización territorial acorde a su estilo vida.
Las comunidades diagnostican que los sitios con mayores tensiones y donde se podrían desencadenar conflictos son Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Miranda -en estos tres últimos municipios los campesinos se están organizando para crear su zona de reserva-. El acceso a la tierra ha sido la principal fuente de enfrentamientos entre las tres comunidades, sumado a la falta de información y de organización sobre el estado de los predios. En la región se han dado fuertes enfrentamientos entre las comunidades porque alguna accedió a una porción de tierra que la otra pretendía o que considera herencia ancestral.
El caso más conocido es el de la finca San Rafael, en la zona rural de Santander de Quilichao, la cual fue entregada por el Ministerio de Agricultura a los indígenas Nasa como parte de la reparación por la masacre de El Nilo. Sin saberlo y sin consultar a las comunidades, el ministerio les dio la finca a los indígenas, pese a que hace parte del territorio de un consejo comunitario. Este incidente llevó a que afros e indígenas se enfrentaran violentamente en varias ocasiones, dejando cientos de heridos y dos indígenas muertos.
Roller Escobar, coordinador de Derechos Humanos de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas (Uaofroc), considera que sin la interlocución que se dio en las mesas interculturales, no habría sido posible que las dos comunidades cesaran las agresiones y llegaran a unasolución dialogada. “Las relaciones que los líderes construyeron en los seis grandes encuentros que se realizaron antes de este conflicto sirvieron para para bajar la tensión y llegar al acuerdo de que los indígenas le cedían la finca al consejo comunitario a cambio de que el Estado los compensara con otra”. (Ver: Un error del gobierno los enfrentó, ahora afros e indígenas se reconciliaron)
Cristóbal Guamanga, representante de Fensuagro en Cauca, explica que los campesinos han tenido constantes problemas con las comunidades indígenas porque adquieren predios para sus resguardos que son de su interés. “Nosotros hemos empezado el proceso de organización y a entender que también tenemos un territorio que defender; cuando se viene la compra de tierras para la creación de resguardos, les decimos que así no es, que debemos hablar”, indica Guamanga.
Y ante ese gran problema, surgió el primer acuerdo entre las comunidades: el de consultar previamente cuando van adquirir nuevas tierras. “Hemos acordado que los campesinos, los negros y los indígenas debemos tener unos espacios de coordinación de información y de datos, que eviten los problemas, porque aquí ya ha habido peleas a machete, garrote, piedra y hasta con gasolina. Que hagamos algo en las mesas que baje la intensidad de los problemas entre los tres”, explica el líder campesino, quien aclara que su comunidad no habla de mesas interétnicas, sino de procesos interculturales, “porque venimos del movimiento campesino, que no es una etnia sino una cultura”.
Para Armando Caracas Carabalí, miembro de Aconc y del PCN (Proceso de Comunidades Negras), la importancia de estas mesas interétnicas e interculturales radica en que les ha permitido conocer las dinámicas organizativas de cada grupo étnico y las perspectivas de desarrollo que cada uno tiene. Este punto del entendimiento es clave para él, puesto que afros e indígenas tienen posiciones opuestas frente a la minería: su comunidad está a favor de la minería, pero de manera artesanal, en cambio los indígenas no.
“La Acin dice que ellos tienen población que hace minería, pero que la decisión rotunda de la comunidad es no a la minería. Nosotros no podemos decir lo mismo porque históricamente nuestros pueblos han vivido de la minería ancestral y artesanal, entonces decimos sí a la minería, pero desde nuestras prácticas ancestrales, no a la gran minería. En ese sentido hemos llegado a ese acuerdo: que las comunidades podrán continuar con nuestra minería artesanal y que eso no hará ningún daño, pero que donde haya minería en conjunto o donde hayan pueblos indígenas, eso tendrá que negociarse”, explica Caracas.
Al respecto, Valencia afirma que: “Nosotros hemos dicho que aunque tradicionalmente los indios no somos mineros, respaldamos a los hermanos afrocolombianos que sí han tenido esa vocación. Pero va a ser una minería de carácter ancestral y milenario, y no una minería como la que pretende hacer el gobierno nacional con un ejercicio de explotación y acumulación. La minería para nosotros es un asunto de sobrevivencia”.
La minería también ha tenido otro punto de encuentro entre las comunidades. El año pasado, cuando las comunidades negras de Caloto decidieron expulsar a los mineros ilegales, le pidieron ayuda a la Guardia Indígena. “Eso ocurrió entre febrero y junio, se sacaron a los foráneos y se quemaron unas retroexcavadoras; fueron acciones en conjunto para defender el territorio”, aclara Escobar.
La defensa del territorio es otro punto respaldado por los campesinos. “¿Nosotros en qué estamos de acuerdo? En que las riquezas naturales del país deben ser defendidas porque las generaciones que vienen necesitan un territorio donde vivir dignamente y no un desierto. Las riquezas no las podemos explotar los de hoy o darle paso a gente que no es de este país, para poner en peligro la vida, la libertad, la integridad y las riquezas naturales que tiene nuestro país. En eso van los acuerdos entre negros, indígenas y campesinos, y haciendo que el Estado cumpla con su papel constitucional”, concluye Guamanga.
Además de estos puntos, las comunidades también han concertado que si surgen “tensiones”, antes de hacer cualquier pronunciamiento público, deben sentarse a dialogar y tratar de solucionarlos entre ellas, porque antes había una guerra mediática y de comunicados. También han hecho acuerdos para la producción y cuidado de fuentes de agua; para la generación de confianza por medio del intercambio de semillas, de productos y de experiencias; y por último, que a la hora de negociar con el gobierno temas afines, deben actuar de manera conjunta, y para ello han definido que la máxima instancia en la que se encontrarán para discutir los temas con la Rama del Ejecutivo es la Cumbre Agraria y Popular. Con esto buscan evitar que ocurran nuevos casos como el de San Rafael.
En las memorias de estos encuentros, tituladas como Voces, caminos y pasos para tejer juntos y juntas, los tres grupos definen que estos encuentros les han dado las herramientas necesarias para trabajar juntas y “transformar la desconfianza que ha existido entre comunidades en un proyecto de vida multiétnico, fortaleciendo estrategias de resistencia pacífica frente a la política neoliberal y de esta manera construir las bases para una paz duradera”. (Consulte las memorias en PDF)
El proceso de Cuba en el horizonte
El hermetismo de las negociaciones de paz y sus posibles efectos en los territorios, generan grandes inquietudes en las comunidades caucanas. Foto: archivo Semana.
Las comunidades del norte del Cauca están expectantes por las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de lasFarc. Coinciden en respaldar una salida negociada al conflicto armado porque en sus territorios es en donde se vive la guerra y son ellas quienes sufren las consecuencias, pero tienen varias incertidumbres ante lo que pueda desencadenar la eventual implementación del acuerdo de paz.
Es más, antes de que iniciaran los contactos de paz con las Farc, desde las mesas se abogaba para se buscara un posible diálogo. En su tercer encuentro, realizado el 10 de octubre de 2005 en Santander de Quilichao, reiteraron su “apoyo a la salida negociada como única alternativa de solución al Conflicto Armado Interno, por el intercambio humanitario y el establecimiento de acuerdos humanitarios para preservar la vida y derechos de las comunidades en medio del Conflicto Armado Interno y a favor del pleno derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
Ahora, mientras los delegados del gobierno y las Farc negocian en Cuba, las comunidades del norte de Cauca han decidido asumir la construcción de paz desde sus espacios de diálogo y desde la región. “Como la paz no viene de allá (Cuba) para acá (Cauca), sino que sale de aquí para allá, las Farc y el gobierno se tienen que adaptar. Eso lo venimos empujando fuertemente y se han creado espacios para conversar en nuestros espacios naturales, pero no sabemos qué está pasando en La Habana”, acota el líder indígena Feliciano Valencia.
Armando Caracas Carabalí, uno de los líderes afro de la región, considera que su pueblo no está representado en las negociaciones de paz y que debería “darse la participación real y efectiva de nuestros pueblos en esos escenarios: participar no es mandar a una víctima o a un delegado, sino que se recojan las propuestas hechas directamente desde acá por nuestro pueblo negro”.
Valencia coincide en que deben ser tenidas en cuenta todas las propuestas que la sociedad civil ha realizado por medio de diferentes mecanismos. “Nosotros les hemos hecho llegar nuestros puntos de vista a través de los foros realizados por la Universidad Nacional, pero independientemente de los acuerdos que firmen, somos gobierno propio, tenemos territorios propios, tenemos sistemas de convivencia propia y tenemos una noción de desarrollo que venimos construyendo. Luego todo lo que firmen allá, no puede venir a violentar, bajo ningún pretexto, lo que hemos construido”, agrega.
En las comunidades hay dos grandes interrogantes sobre un posible escenario de posconflicto: qué pasará con los desmovilizados que pertenecen a las comunidades y qué pasará el territorio si se implementan las Zonas de Reserva Campesina. Afros e indígenas aseguran que están dispuestos a recibir en sus territorios a sus hermanos que se fueron a la guerra, pero que estos deben seguir procesos de reinserción acordes a sus cosmovisiones y que deben respetar a sus autoridades y estilo vida.
Sobre las Zonas de Reserva Campesina estas comunidades étnicas tienen el temor de que se traslapen con sus territorios o que se hagan con tierras que necesitan. Dentro de un sector de los campesinos también hay preocupación de que el acuerdo de paz eche para atrás el proceso que las comunidades han realizado desde hace más de 15 años para la construcción de sus propias zonas de reserva y que les impongan un modelo con el que no están de acuerdo; en cambio, otro considera que los acuerdos deben estar ligados a los mandatos de la Ley 160 de 1994, por lo cual no deben sentir temor de ser excluidos. “El Estado tiene una deuda histórica con los campesinos; y así como yo cumplo la ley, le pido al Estado que cumpla con la Ley 160”, señala Nicolás Guamanga de Fensuagro.
