Exmiembros de grupos subversivos postulados a la Ley de Justicia y Paz sienten que el gobierno y las altas cortes les cambiaron las reglas de juego y piden seguridad jurídica ante una eventual desmovilización colectiva de las Farc. VerdadAbierta.com entrevistó a varios de ellos en la cárcel de Chiquinquirá.
Desmovilizados del Epl, el Eln y las Farc presos en la cárcel de Chinquinquirá. Foto: VerdadAbierta.com.
Marlio Mora Morales fue reclutado a los 12 años por la guerrilla de las Farc en el departamento del Huila y durante siete años fue un combatiente raso hasta que en mayo de 2003, a sus 19 años de edad, se escapó y se entregó a las autoridades. Mora le dio al Ejército información clave sobre el frente subversivo al que perteneció e ingresó al Programa de Reincorporación a la vida Civil del Ministerio del Interior, que en ese entonces se hacía cargo de los desmovilizados, comenzó a estudiar y contactó a su familia.
Dos años después de su deserción fue condenado por delitos cometidos siendo mayor de edad y lo enviaron a la cárcel. Allí conoció la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, que ofrece una pena alternativa de máximo ocho años de prisión a los desmovilizados que colaboraren con la justicia y reparen a sus víctimas. Para complementarla, el gobierno nacional expidió en 2008 un decreto que le permitía a los exguerrilleros detenidos acogerse a esa norma de justicia transicional. Ante ello, Marlio no dudó en pedir su postulación.
Según le explicaron funcionarios de gobierno, los ocho años empezarían a contarse desde el momento que ingresó al centro carcelario. En 2008 el desmovilizado inició el proceso en Justicia y Paz, y comenzó a confesar sus acciones en la insurgencia, pero el proceso fue tan lento que a inicios de 2014 Marlio aún no había tenido una audiencia con un magistrado de control de garantías para que le impusieran medida de aseguramiento.
Mientras la justicia transicional seguía inmóvil, el excombatiente cumplió su condena en la justicia ordinaria y un juez ordenó su libertad. A las pocas semanas de haber retornado a su hogar, le notificaron que debía presentarse ante un magistrado de Justicia y Paz para que le imputaran un homicidio que él mismo había confesado. A finales de 2014, durante casi dos meses, pidió permiso en su trabajo y asistió a la audiencia donde le impusieron medida de aseguramiento y nuevamente lo enviaron a la cárcel.
Aunque ha pasado nueve años tras las rejas, un año más de lo que indica Justicia y Paz, ahora tiene la incertidumbre de cuándo saldrá libre, pues recientes sentencias de las altas cortes desvirtúan lo que le prometieron a Mora en 2005. Según la nueva jurisprudencia, los beneficios de la norma transicional rigen desde el momento de la postulación, lo que indica que este exguerrillero solo podrá solicitar su libertad en el 2016.
El caso de Marlio no es el único que muestra cómo el cambio normativo y la lentitud en la justicia transicional afectan a los desmovilizados, especialmente a los exguerrilleros que se postularon estando privados de la libertad con la esperanza de obtener beneficios que les permitieran salir de prisión prontamente.
“El gobierno no nos cumplió lo que prometió. En nuestro caso queda claro el abismo entre lo que se legisla y la interpretación de los magistrados. Lo único que han hecho es dilatar el proceso y cambiar la reglas de juego”, expresó Juan David Herrera, un exguerrillero de las Farc.
Otro excombatiente, Felix Quintero, aseguró que “ya nos arrepentimos de nuestros hechos y pedimos perdón a las víctimas. No me preocupa lo que pase con nosotros, si no, el mensaje negativo y de desconfianza que esto envía a los actores del conflicto que aún hoy están alzados en armas”.
Para el Secretario de las Farc, los guerrilleros que están en Justicia y Paz son unos traidores. Por eso, estos desmovilizados no esperan tener una representación en La Habana, donde transcurren las negociaciones entre el grupo subversivo y el gobierno, pero sí recomiendan que no pierdan de vista la seguridad jurídica que necesita un proceso de desmovilización exitoso.
Exguerrilleros de Justicia y Paz
En 2008, el entonces ministro de Justicia Carlos Holguín Sardi anunció la expedición del Decreto 1059 que permitía que exguerrilleros que estuvieran privados de la libertad solicitaran su postulación a la Ley de Justicia y Paz. Si contaban la verdad sobre su accionar en el grupo armado y confesaban los crímenes que cometieron, recibirían el beneficio de una pena alternativa de ochos años de prisión, tal como se le aplica a los exparamilitares.
El decreto fue, entre otras cosas, una respuesta a un trabajo previo que la fundación Manos por la Paz Internacional, liderada por la ciudadana holandesa Liduine Zumpolle, realizó en varias cárceles de Colombia. Con Manos por la Paz simbolicamente se desmovilizaron mas de 1000 guerrilleros en un solo año, animados por una veeduría internacional. Actualmente la organización apoya amás de 600 exguerrilleros recluidos en las cárceles del país que estan dispuestos a colaborar con la justicia. Esta organización ha venido denunciando las irregularidades que se han presentado a lo largo del camino.
“El gobierno hizo una gran campaña en la cárceles para convencernos de sumarnos a Justicia y Paz, nos decían que solo estaríamos ocho años en cárcel”, contó el exguerrillero Mauricio Vargas. Para que un desmovilizado acceda efectivamente a los beneficios de la justicia transicional debe tener el aval del Ministerio de Interior.
Mientras unos guerrilleros fueron postulados en cuestión de meses, con otros se demoraron hasta cuatro años para recibir respuesta. Esta es una denuncia que también han hecho, reiteradamente, exparamilitares que estaban recluidos en las cárceles antes de la desmovilización colectiva de las Auc bajo los acuerdos con el gobierno nacional. (Ver: Postulaciones a Justicia y Paz a cámara lenta)
El problema con la fecha de la postulación son las más recientes decisiones de las altas cortes, pues sin importar el tipo de desmovilización, individual o colectiva, los ocho años de condena contarán desde el momento en que el Ministerio del Interior dio ese aval. “Esto implica que no nos cuentan los años previos que estuvimos en la cárcel, pero, además, tampoco tienen en cuenta los años que estuvimos esperando la postulación. Estamos pagando los platos rotos de la ineficiencia de las entidades”, dijo Juan David Herrera.
En la cárcel de Chiquinquirá, donde se encuentran la mayoría de los exguerrilleros postulados a Justicia y Paz, todos conocen el caso de Eugenio Niño Niño, un antiguo miembro de la guerrilla del Epl, quien está en la cárcel desde el 2000. Aunque desde en 2008 pidió ser incluido en la justicia transicional, solo hasta finales de 2010 recibió la aprobación, pero tal decisión le trajo graves inconvenientes.
Resulta que mientras en la justicia ordinaria cumplió las tres quintas partes de su pena y un juez de Tunja ordenó su libertad, en la justicia transicional una magistrada se la negó argumentando que, a pesar de que lleva más de 14 años en la cárcel, solo se tendrá en cuenta el tiempo que ha estado tras las rejas después de su postulación, de manera que aún le quedan cuatro años más en la cárcel para poder solicitar su libertad. En suma, no se observa ningún beneficio jurídico.
Un proceso que avanza a otro ritmo
Además de la demora en las postulaciones, los reclusos también se quejan del lento proceso judicial. Por ejemplo, Juan David Herrera solo ha sido llamado una vez a una versión libre durante los seis años que lleva en Justicia y Paz. Y aunque muchos están cerca de cumplir los ocho años privados de la libertad, solo hasta finales de 2014 fueron a su primera audiencia con un magistrado de control de garantías para que les impusieran medida de aseguramiento, lo que revela la demora del proceso. (Lea: Los guerrilleros de Justicia y Paz)
Los guerrilleros son una minoría en el proceso de Justicia y Paz, representan cerca del 10 por ciento, y lo cierto es que se dio prioridad a los postulados de los grupos paramilitares. Solo hasta el año pasado se diseñó un plan de trabajo para sacar adelante los procesos contra los desmovilizados de grupos insurgentes. (Lea: ¿Mega juicio de las Farc en Justicia y Paz?)
A diferencia de gran parte de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), los exguerrilleros no tienen recursos económicos para pagar un abogado de confianza y, por tanto, deben acudir a los defensores públicos. “Tenemos un mismo abogado a veces para 50 personas, lo conocemos el mismo día de las versiones y cuando estamos en el juicio nunca se pronuncia para defendernos”, aseguró uno de los postulados.
El exguerrillero Félix Quintero aseguró que “tenemos muchos reclamos y hacemos lo que podemos, hemos puesto tutelas y hasta una demanda ante la Corte Interamericana, pero sentimos que no tenemos un acompañamiento jurídico serio y ese puede ser el origen de muchos de nuestros problemas”.
Nuevas reglas de juego 
Juan David Herrera, desmovilizado de las Farc. Foto: VerdadAbierta.com.
Pese a que la Ley de Justicia y Paz entra en su noveno año de aplicación, fue hasta finales del año pasado, a raíz del gran número de solitudes de libertad que llegaron ante los magistrados de Justicia y Paz, que la Corte Suprema aclaró cómo iba a ser descontada la pena para los postulados a esas normas transicionales.
Originalmente, La Ley 975 de 2005 daba unos parámetros para medir el tiempo que los desmovilizados debían estar privados de la libertad. En principio, se hizo una diferencia entre los que se desmovilizaron estando libres, cuya pena contaban desde que entraban a la cárcel, y los que ya estaban en prisión, a quienes les empezaban a descontar el tiempo solo desde que fueron postulados. Estas fueron las condiciones que les ofrecieron a los exguerrilleros en la cárceles.
En 2012, el Congreso reformó la Ley de Justicia y Paz y previendo que muchos postulados iban a cumplir ocho años en la cárcel sin tener una condena, creó la figura de la sustitución de medida de aseguramiento, con la cual quedaban libres, pero seguían vinculados al proceso. Sin embargo, no cambió el momento de inicio de la pena.
Fue en enero de 2014, a través de la Sentencia C-015, que la Corte Constitucional precisó que no debía existir una diferencia en la forma cómo se cuenta la pena: “En todos los eventos el término en cuestión empieza a descontarse desde su postulación por el Gobierno Nacional a la Ley de Justicia y Paz, en la medida en que éste último acto constituye condición esencial para ingresar a la justicia transicional, pues sin él, así se haya producido la desmovilización, no hay posibilidad de acceder a dicha jurisdicción”.
Sin embargo, en marzo de 2014, en la sentencia condenatoria contra Orlando Villa Zapata, alias ‘La Mona’, jefe del bloque Vencedores de Arauca de las Auc, surgió una contradicción entre las altas cortes. En esta decisión la Corte Suprema de Justicia estableció que “la pena alternativa empieza a contar desde el momento en que el postulado está privado de la libertad en establecimiento carcelario bajo la dirección del Inpec”. Pero esa es la excepción. De ahí en adelante todos los fallos de la Corte Suprema se han respaldado en lo dicho por la Corte Constitucional.
El tema ha sido objeto de debate entre los magistrados. Así quedó evidenciado en la sentencia que le negó la libertad a Dagoberto Duque, un exguerrillero del Eln que se desmovilizó voluntariamente. En esa decisión, el magistrado José Leonidas Bustos presentó un salvamento de voto, argumentando que “constituye un obstáculo a la política pública orientada a la reincorporación de miembros de grupos armados organizados ilegales, particularmente de quienes estando en libertad deciden dejar las armas, pues pese a su voluntad de desmovilizarse y estar dispuestos a satisfacer todas las exigencias legales, se verían compelidos a permanecer privados de la libertad por un tiempo indefinido, que al margen de cuánto sea, no contará para acumular el máximo de 8 años de encarcelamiento -periodo al cual aspiran no exceder legítimamente, con base en la ley-“.
Bustos agregó que esa “inseguridad jurídica causada por la Corte, estimula al individuo a no acogerse al llamado a desmovilizarse, emitido por el Gobierno Nacional a través de todos los medios masivos de comunicación”.
El limbo de los no postulados
El decreto que permitió que guerrilleros se postularan a Justicia y Paz solo tuvo un año de vigencia, por eso los desmovilizados que han sido capturados o que se desmovilizaron después de 2008 no tienen opción de vincularse al proceso de Justicia y Paz para obtener beneficios jurídicos.
En la mayoría de los casosestas personas inician un proceso de reinserción, pero en algún momento son llamados a responder ante la justicia. “Lo que pasa casi siempre es que fueron mencionados por algunos de sus excompañeros en Justicia y Paz y tienen que responder ante la justicia ordinaria”, aseguró un abogado que lleva algunos de estos casos.
Estos exguerrilleros han pedido ser escuchados en Justicia y Paz y acceder a una pena alternativa, pero según dicen los mismos desmovilizados, funcionarios judiciales les han dicho que no tienen más opciones a esperar que tal vez el Marco Jurídico para la Paz los tenga en cuenta, por lo pronto tendrán que seguir purgando sus condenas.
