Capítulo II: La investigación. Yolanda Paternina da su vida por la justicia

“Creo que era la única persona honesta en la oficina de la fiscalía en Sincelejo. La única persona en quien la gente confiaba… Pero la honestidad entre tanta corrupción es muy peligrosa”. [1]

Yolanda Paternina, fiscal asesinada por investigar la masacre de Chengue. Foto: archivo Semana.Yolanda Paternina era la directora de la oficina regional de la fiscalía en Sincelejo. No solamente era honesta; también era valiente. Cuando Mónica Gaitán, la joven fiscal a quien le habían encargado la investigación de la masacre de Chengue, llegó de Bogotá para trabajar con ella, muy pronto comprendió lo precario de la situación de Yolanda.

Mónica tenía unos 30 años. Era joven para dirigir la investigación de una masacre tan grave y complicada como la de Chengue, pero ya había pasado seis años coordinando un grupo de fiscales regionales en la lucha contra el creciente poder de los paramilitares en el departamento del Valle del Cauca, en una región dominada por uno de los grandes carteles del narcotráfico. Entonces, el ambiente en Sincelejo no era nuevo para ella. Conocía el escenario. No necesitaba que le advirtieran que tuviera cuidado con lo que decía frente a los colegas de Yolanda.

En el Valle, Mónica había conocido lo que se sentía al llegar a un pueblo pequeño y darse cuenta de la calidad de gente con la que tendría que trabajar: el juez, o el notario, o el alcalde o, a veces, inclusive el Defensor del Pueblo o los demás fiscales, era corruptos. “Era irreal la forma como la corrupción y la violencia habían infiltrado todo, aún mi propia institución…”, dijo. Y, de pronto, agregó: “Pero al mismo tiempo me di cuenta que estaba conociendo la Colombia real. La violencia y la corrupción, la indiferencia de los asesinos, la facilidad con la que mataban a la gente y destruían los pueblos… esa era la realidad colombiana”.

Yolanda Paternina fue la primera persona que llegó a Chengue en la mañana del 17 de enero. Quería inspeccionar el lugar de la matanza antes de que la Policía llegara y comenzara a pisar la evidencia. Tomó fotografías, recogió la evidencia disponible y supervisó el levantamiento de los cadáveres. También habló con mucha gente; con la Policía y con los miembros de la Primera Brigada de Infantería, cuando éstos llegaron, finalmente, y se instalaron en dos pequeños campamentos a ambos lados del pueblo. Habló largamente con el teniente Jaime Gutiérrez Muñoz —el joven comandante de la estación de Policía del municipio de San Onofre— quien había tratado de alertar a sus superiores y a los comandantes de los campamentos de la Armada en el área de Chengue, acerca de que estaban entrando los paramilitares. Y, sobre todo, habló con los sobrevivientes para averiguar exactamente qué había pasado, cómo había sucedido, por qué pensaban que lo que había pasado esa noche les había ocurrido a ellos, y por qué sospechaban de la participación de la Armada. Su trabajo de indagación sobre sus descubrimientos de esa mañana estableció la base decisiva sobre la cual se construiría la investigación.

Cinco días más tarde recibió información precisa sobre la ubicación de alias Cadena y varios de los paramilitares que habían cometido la masacre. Estaban descansando en un lugar adyacente, identificado como la finca El Cerro. Inmediatamente solicitó al capitán de corbeta Camilo Martínez, de infantería de marina, que la acompañara para apoyar con sus hombres de la Armada a la Policía, mientras que ésta practicaba la requisa de la finca y arrestaba a Cadena y sus hombres. Martínez, asignado para acompañarla, se negó. Dijo que no tenía autoridad para arrestar a Cadena y que necesitaría una orden de parte del comandante en jefe, el contralmirante Quiñonez, lo que demoraría mucho porque no sabía dónde encontrarlo. Hubo una agria discusión frente a varios testigos y el capitán de corbeta insistió en que no podía, ni iría con ella a la finca El Cerro hasta el día siguiente. Para entonces, a nadie sorprendió que Cadena y sus tropas hubieran salido de allí. Así, una oportunidad única para capturar a uno de los más crueleslíderes de las Auc fue deliberadamente saboteada por parte de un oficial de las fuerzas del estado que, se presumía, tenía el deber de estar buscándolo.

Yolanda Paternina hizo las investigaciones iniciales por su cuenta. Registró en las granjas y fincas de la zona, sitios pertenecientes a acaudalados ganaderos y terratenientes que, se sabía, apoyaban a los paramilitares, y donde se decía que éstos iban a descansar. Acumuló mucha información. Luego, dos meses después de la masacre, llegó Mónica Gaitán. Con la información que Yolanda había recogido, comenzó a tomar los testimonios.

“Vine la primera vez a tomar declaraciones de las víctimas en Chengue. Y también de la Armada, de los policías, y sobre todo de los oficiales que comandaban los campamentos de la Armada cerca de Chengue. También tomé el testimonio del teniente Gutiérrez de la Policía… A él lo enviaron fuera de la zona a un pueblito muy peligroso, después de que me dio su testimonio”.

Mónica viajó de Bogotá a Sincelejo dos veces para trabajar con Yolanda. Años después, su recuerdo de las desoladas reuniones que tuvo en Chengue con las viudas, las madres y los hijos de las víctimas todavía está vivo. “Nunca olvidaré lo que vi cuando miré en sus ojos”, dice. “Estaban muertos. Su futuro se había acabado. Nunca podré olvidar el vacío en sus ojos”. También tomó declaraciones a los de la Armada que todavía estaban en el pueblo, a la Policía y a cada uno de los comandantes de la Armada en los campamentos cerca de Chengue.

Hasta ese momento las investigaciones habían seguido procedimientos rutinarios. Trabajando juntas, Mónica y Yolanda recogieron y analizaron mucha información muy rápidamente. Sin embargo, quedaba un misterio con respecto al actor más importante en esa noche de la tragedia: la Primera Brigada de Infantería de la Armada. La Brigada estuvo en el lugar correcto en el momento correcto; tenía el mandato claro de proteger a los civiles de la localidad; tenía todo el equipo necesario –helicópteros, camiones, armas, municiones y combustible; y tenía la mejor inteligencia. Inclusive, habían sido alertados por la Policía, la noche de la masacre, sobre la presencia de tres camiones cargados de paramilitares armados, que se dirigían por carretera en dirección de las poblaciones a las cuales tenían órdenes de proteger. No obstante, no habían reaccionado. No había ninguna explicación racional para su omisión de movilizarse, ya fuera antes, durante, o inmediatamente después de la matanza. Esa pasividad no tenía ningún sentido. No lo entendían.

Cuando de pronto, sucedió algo que transformó la escena de sus investigaciones.

Pocos días después de que Mónica regresara a Bogotá, sonó el teléfono de su oficina. Quien llamaba era un colega de la oficina regional de Córdoba, que quería informarle que un joven paramilitar de ese departamento vecino de Sucre decía haber participado en la masacre, y mandaba la razón de que quería entregarse al fiscal encargado del caso Chengue, porque tenía información urgente y “delicada”[2].

Elkin Valdiris, de 19 años, residente del departamento de Córdoba, joven recluta del Bloque Norte que comandaba Salvatore Mancuso —un líder de las Auc, y a la vez máximo comandante de los bloques Norte, Catatumbo y Córdoba— había sido enviado a Sucre con un grupo de 20 paramilitares de Córdoba para apoyar las fuerzas de Cadena, quienes supuestamente se estaban preparando para una gran operación contra las Farc. Cuando Elkin se dio cuenta de que, en lugar de combatir a la guerrilla, estaba matando a viejos y arrastrando fuera de sus casas a hombres y mujeres que nada tenían que ver con las Farc, para golpearlos hasta la muerte, se sintió enfermo y traicionado. Una vez de regreso a su casa en Córdoba, Elkin buscó la oficina regional de la fiscalía, decidido a convertirse en informante.

“El testimonio de Elkin fue la clave de nuestra investigación”, dijo Mónica. “Él hizo el enlace con la marina y resolvió el misterio para nosotros. Ahora entendimos que los paramilitares no actuaron solos. Logramos traerlo a salvo desde Córdoba a Bogotá donde, por su propia seguridad, lo encerramos en el búnker de la Fiscalía. No nos atrevíamos a enviarlo a una cárcel pública. Sabíamos que lo matarían en cualquiera de ellas”.

“PREGUNTADO: Dígale al despacho si las autodefensas que participaron en la masacre de Chengue, tuvo algún enfrentamiento con algún organismo de seguridad del Estado?

CONTESTÓ (Elkin Valdiris): el Ejército de la Infantería de Marina sabía que nosotros estábamos en el pueblo, no le tiró ni un solo disparo a algún miembro de organismo de seguridad del Estado, porque todo estaba coordinado hacía días ya, todo fue una farsa,… porque lo que dijeron los medios de comunicación, que se presentaban combates entre paramilitares y organismos de seguridad del Estado, fue mentira…, estaba planeado de darnos tiempo de salir antes de entrar la infantería de marina a Chengue”.[3]

Elkin le dijo a Mónica que en la mañana del 16 de enero, el día antes de la masacre, los paramilitares estaban reunidos en su base de El Palmar cuando dos sargentos de la Armada llegaron a verse con Rodrigo Mercado Pelufo (alias Cadena), y otro hombre llamado Juancho Dique[4]. Los de la Armada trajeron consigo radios de comunicación, teléfonos celulares, uniformes de infantería y municiones, que entregaron a Cadena. Elkin vio a Cadena entregar “un fajo de billetes” a uno de los sargentos al que llamaban Bossa[5]. Más aún, dijo Elkin, durante la masacre en Chengue, los paramilitares hablaban por radio con los de la Armada.

Elkin luego dibujó un plano del interior de El Palmar para indicarle a Mónica dónde podía encontrar los uniformes, dónde guardaban los radios y los celulares para que ella pudiera confirmar su versión.

Ahora Chengue no era únicamente una historia de paramilitares que mataban y desplazaban campesinos. Ahora se trataba de paramilitares y Estado, actuando juntos en complicidad para cometer atrocidades. Y ahora el objetivo de la fiscalía ya no era solamente Cadena, un matón psicópata; ahora el objetivo también era la Primera Brigada de Infantería de la Armada de Colombia, liderada por un comandante de alto perfil, con muchas denuncias encima por abusos a los derechos humanos. De un momento para otro se había disparado lo que estaba en juego. Y a la vez, el peligro también.

Yolanda comenzó a investigar. Usando la guía de Elkin requisó El Palmar y halló los uniformes, los teléfonos celulares, los radios y las municiones exactamente en el sitio donde éste habíadicho que estaban. Registró los números seriales de todos los radios y teléfonos celulares y obtuvo acceso a las cuentas de los celulares de la Brigada a través de las compañías telefónicas, Comcel, Telecom, Bellsouth, Telefónica y Celcaribe. Al confrontar las cuentas contra los números de los teléfonos celulares, pudo registrar la hora y el destino de todas las llamadas telefónicas hechas desde los celulares de los paramilitares la noche de la masacre. Ahora podía probar lo que Elkin le contó a Mónica sobre los paramilitares: que hablaban con oficiales de la Armada en las bases cerca de Chengue durante la masacre. Y también estableció que había llamadas hechas a Cartagena durante el mismo período de tiempo. Pero, aún no tenía pruebas de la propiedad de los radios en El Palmar. Y solo había una manera de averiguarlo: cada radio tenía un número distinto; los fiscales tendrían que tener acceso a todos los documentos relacionados con el inventario total de radios en las bodegas de la sede de la Primera Brigada de Infantería de la Armada, para comparar físicamente cada número del inventario contra el registro que había hecho Yolanda de los números de los radios en El Palmar. Luego, también tendrían que requisar las bodegas del batallón para confirmar si los radios traídos por el sargento Bossa a El Palmaraparecían en el inventario o si faltaban en los suministros del batallón.

El día en que Mónica fue a requisar las bodegas del batallón en la base de la Primera Brigada de Infantería de la Armada, sería a la vez el día de su última visita a Sincelejo. “Fue terrible. Ellos no querían que estuviéramos allí. Estaban furiosos de que hubiéramos llegado sin permiso… estaban escondiendo todo… ‘que la persona que sabía de los suministros estaba de vacaciones’… ‘que la persona que estaba allí no sabía nada de nada,’… ‘que los documentos estaban en un edificio distinto….’. Me quedé allí tres días con sus noches. Todo lo que podía hacer era informar a Bogotá dónde estaba… Les dije que ellos estaban a cargo de mi seguridad. Pero fue horrible. No podía dormir; temía que me podían desaparecer; y cuando salimos para el aeropuerto, insistí en que tenían que escoltarnos hasta el último momento. Les dije: ‘Si algo me pasa a mí, ustedes son los responsables’”.

Se llevó con ella a un investigador de la procuraduría[6] que estaba realizando una investigación disciplinaria paralela a la suya sobre la masacre. Dedicaron muchas horas tediosas a buscar entre las provisiones y comparar el inventario físico contra el papeleo. Puesto que cada radio tiene su propio número y los radios que Yolanda había registrado en El Palmarfiguraban en el papel, pero no aparecían en el inventario, pudieron confirmar, como lo indicaba el testimonio de Elkin Valdiris, que los radios de comunicación utilizados por los paramilitares durante la masacre pertenecían a la Primera Brigada de Infantería de Marina.

Cuando Mónica regresó a su oficina en Bogotá, llevó la evidencia a su superior inmediato, Pedro Díaz, director de la unidad de derechos humanos, para mostrarle la fortaleza de su caso. Necesitaba su consejo y su apoyo, pues sabía que el proceso iba ser políticamente problemático. Le explicó que tendrían que formular cargos contra el contralmirante y todo el grupo bajo su mando. Pedro Díaz le dijo que fuera a donde el fiscal general, Alfonso Gómez Méndez, y le mostrara la evidencia. Que le advirtiera lo que se avecinaba, le dijo, con el fin de conseguir su apoyo. Mónica le llevó la evidencia a Gómez Méndez, éste la estudió y también le dio su apoyo. Entonces, Pedro Díaz le dijo que ordenara compulsar copias para que la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia investigara al contralmirante en calidad de aforado.

Ahora era claro que Mónica no podría regresar a Sincelejo. Así que ella y Yolanda se tendrían que limitar a trabajar juntas por teléfono y correo electrónico. Un segundo ex paramilitar, que ahora era guardaespaldas de uno de los más ricos partidarios de los paramilitares en Sincelejo, se fue a ver a Yolanda para contarle que tenía información importante para ella, pero que tendría que salir de Sucre antes de poder hablar. Yolanda y Mónica lo ayudaron a llegar a Bogotá, donde Mónica tomó su testimonio, y luego hizo arreglos para que ingresara al programa de protección de testigos de la fiscalía. Más tarde, el testigo salió del país.

Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, conocía a todo el mundo en Sucre que tenía algo que ver con los paramilitares, desde los ganaderos y hombres de negocios hasta los políticos más poderosos. Mónica pasó dos días tomando su testimonio: “Él tenía la confianza de ellos porque había sido paramilitar. Entonces escuchaba sus conversaciones y anotaba todo en un pequeño librito que tenía, donde tomaba notas de lo que decían y de cuánto plata le daban a Cadena. Y los teléfonos, y también conocía los números de las cuentas donde depositaban la plata. Hasta tenía copia de un cheque. Él daba las placas de los carros de los políticos que iban a las reuniones.Declaró sobre el gobernador Arana[7]… y casi todo lo que él decía se podía comprobar”.

El 5 de junio de 2001, el fiscal general Alfonso Gómez Méndez tomó una decisión histórica: por no haber actuado, y en consecuencia, por haber facilitado la masacre por parte de fuerzas paramilitares de 27 personas en el pueblo de Chengue, decidió iniciar un proceso penal contra el contralmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas, comandante de la Primera Brigada de Infantería de la Armada, y otros nueve oficiales de la unidad contraguerrilla de esa unidad.

Mónica Gaitán envió los documentos de su caso contra el contralmirante al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la única entidad con potestad legal para enjuiciar a un general. Los demás procesos permanecerían en su poder.

Pero en Sincelejo y en Bogotá, mientras tanto, acontecimientos imprevistos estaban a punto de echar a perder todo lo que Yolanda Paternina y Mónica Gaitán habían logrado. A la vez, todos sus informantes anónimos, que también habían tomado grandes riesgos al compartir sus conocimientos sobre la realidad criminal de Sucre, ellos también estaban a punto de ver sus sueños de justicia destrozados. Ahora que la investigación había salido a la luz pública, ni Yolanda ni Mónica tenían cómo protegerse, ni a sí mismas, ni a sus colaboradores.

Así, en Sincelejo la violencia empezaba a cercar a los investigadores. Pedro Díaz había enviado a dos jóvenes investigadores del CTI[8] para apoyar a Yolanda y confirmar la información del testigo Pitirri. El 27 de mayo, ambos jóvenes fueron secuestrados y desaparecidos solo semana y media después de su arribo a Sincelejo.

Yolanda continuó trabajando sola. Estaba investigando a los políticos con base en el testimonio de Pitirri y seguía de cerca las actividades de Cadena. A medida que la gente que confiaba en ella le traía más información, ella se sentía arrastrada inexorablemente hacia la oscuridad de la corrupción de Sucre, hasta que le costó la vida. Ella sabía que estaba en dificultades. Sabía que alguien en su oficina le estaba pasando información a Cadena. Un día, gran parte de la evidencia que había acumulado desapareció de su escritorio. Y las amenazas se tornaban más feas. Comenzaba a sentir miedo. Yolanda tenía dos hijos todavía en el colegio, y no podía darse el lujo de renunciar. En julio escribió a Bogotá explicando su situación, pidiendo más y mejor protección y, sobre todo, un traslado de Sincelejo a otra ciudad. Era la primera de varias cartas que escribiría durante el mes de agosto, cada vez con mayor desesperación y urgencia.

El día que murió estaba con ella a su lado su hijo mayor, de 18 años.

“Yo fui el último que habló con mi mamá el día en que la asesinaron[9]. Ya presentía su muerte. Recuerdo que me dijo que los escoltas no aparecían y que el carro en que se transportaba tampoco. Que el coronel de la Policía no contestaba el celular, ni tampoco el director o directora del CTI…, no recuerdo muy bien. Yo le dije que no saliera de la oficina, que se encerrara y no saliera…. Y en un tono muy triste me dijo que nunca confiara en nadie, que fuera fuerte, que la única persona en quien podía confiar era en ella, y si ella faltaba, en nadie. Me dijo que me quería mucho. Yo sentía que estaba como despidiéndose…”.

“El abogado de Cadena se llamaba Oswaldo García Ochoa (a él ya lo asesinaron en Bogotá). Ese señor estuvo en la oficina de mi madre unos días antes de que la asesinaran, es decir como entre el 25 y el 28 de agosto de 2001. Ella me contó que el abogado de Cadena fue a su despacho a convencerla de que se torciera y trabajara para ellos, pero ella se negó. El abogado le dijo: ‘Doctora, me saluda a San Pedro’. Esto cuando se retiraba del despacho”.

La noche del 29 de agosto de 2001, cuando Yolanda llegó a su casa con su hijo, al meter la llave en la cerradura de la puerta, dos hombres se le acercaron por detrás y le dispararon. Ese día su guardaespaldas se había excusado de acompañarla por enfermedad. Su conductor no fue a la oficina para llevarla a casa. Cuando buscó ayuda para obtener un vehículo seguro que la llevara, ni el jefe de la Policía, coronel Norman Arango, ni el director de los investigadores del CTI en la oficina de la fiscalía le devolvieron las llamadas.

Dice Mónica Gaitán: “Yo recuerdo la última conversación que tuve con ella antes de que la mataran. Ella me llamó a mi oficina a pedir mi ayuda: ‘¡Ayúdame! Los sicarios están rodeando la casa. Cuando salgo me están siguiendo’. Y yo sabía que podría haber sido yo. Que Pedro Díaz, mi jefe en Bogotá, me dijo la última vez cuando me vine, me dijo que la próxima vez me mataban… Y yo sabía que no podía ayudar a Yolanda. Le dije ‘mándame un escrito, ¡RÁPIDO!, para que yo pueda hablar necesito un escrito… Y me dijo: ‘He enviado muchos escritos’. …Y yo no hice nada. Y a los dos días me llamaron a decirme que la habían matado”.

“…Uno piensa que el tiempo se encarga de llevarse todo este dolor, pero no. Porque eso es la vida, y es la muerte, ¿no?”

Copias de las cartas de Yolanda a la fiscalía, que nunca recibieron respuesta, se encontraron en una carpeta en su apartamento después de su muerte.

El camino del exilio
Había una razón por la cual Yolanda Paternina fue abandonada cuando acudió a la oficina de la fiscalía general para pedir ayuda. El 1º de agosto terminó el mandato de Alfonso Gómez Méndez y un nuevo fiscal general de la nación, Luis Camilo Osorio, lo reemplazó. Osorio llevó a cabo una purga de investigadores y fiscales que trabajaban en casos de atrocidades de paramilitares y crímenes de lesa humanidad, aun cuando esto resultó en un trastorno público en una institución respetada internacionalmente. A las 48 horas de la llegada de Osorio, los dos fiscales de mayor antigüedad que investigaban crímenes contra los derechos humanos –Pedro Díaz, director de la unidad de derechos humanos, y el fiscal general adjunto, Pablo Elías González– habían sido forzados a salir. (Ver Reporte de Human Rights Watch sobre esta actuación del fiscal: Un giro erróneo. En respuesta a este reporte Osorio dijo que apenas cuatro funcionarios fueron separados de sus cargos porque “al menos la mitad faltó, en materia grave, a sus deberes que juraron cumplir y fueron desleales con la justicia”. Ver Tomates al fiscal).

Cuando el fiscal Luis Camilo Osorio se posesionó, Mónica dijo que le pidió cita para ponerlo al tanto de lo que estaba pasando con la masacre de Chengue y las pruebas que existían contra el contralmirante Quiñonez y varios coroneles de la Primera Brigada de la Armada. Ella dijo que el Fiscal General le informó que no podía hacer nada contra el personal de la Armada porque eso sería un asunto político, a lo que respondió Mónica que no haría nada que no fuera defender la justicia y las víctimas de este caso. Ella dijo que al fiscal no le gustó para nada su posicióny se enojó; y que le dijo que esperara a que llegara a la Unidad Nacional de Derechos humanos el nuevo coordinador, Alejandro Ramelli, de quien se decía que era una persona que sabía mucho de derechos humanos.

Pero, a los pocos días de esa conversación, a Mónica le quitaron la dirección de la investigación. El caso le fue entregado al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Este fiscal era el mismo que llevaba el caso contra el contralmirante, y por lo tanto ahora quedaba a cargo de las dos investigaciones: la del contralmirante y la de los demás coroneles y oficiales de la Armada, que Mónica llevaba en la unidad de derechos humanos. El fiscal demoró casi cuatro meses sin ordenar ninguna prueba y la investigación quedo casi paralizada. Sin embargo, para diciembre, cuando se necesitaba actuar por vencimiento de términos, la investigación volvió a Mónica. A la vez, se obtuvieron las decisiones de llamar a juicio a quienes estaban vinculados hasta ese momento.

Por esos días, Mónica iba a salir de vacaciones. La intención era que, al regresar, prosiguiera con la vinculación de los coroneles de la Armada. Sin embargo, al volver de sus vacaciones nuevamente le quitaron la investigación.

Ante ese nuevo cambio de fiscal en el caso Chengue, los medios de comunicación hicieron un escándalo por posibles malos manejos en las investigaciones, señalando que el cambio de fiscal buscaba frenar las decisiones contra el personal de la Armada. Ante el escándalo, Mónica fue llamada a la oficina del jefe de la unidad, Alejandro Ramelli, para que hablara con un periodista por teléfono y desmintiera lo que los medios estaban diciendo. Cuando Mónica se negó a dar esas declaraciones, el doctor Ramelli se enfureció, y le dijo que su deber era hablar en favor de la institución.

Horas más tarde llegó a la oficina de Mónica un empleado de la oficina de prensa, con una carta dirigida a los medios de comunicación donde se decía que ella había tenido que entregar la investigación porque estaba enferma. Resulta que, días antes, en conversación con José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch, él le había ofrecido ayuda en caso de que se viera en peligro en razón de las decisiones que debía tomar contra los coroneles de la Armada, y le dio su número de celular. Ahora, como lo que decía la carta no era cierto, Mónica rechazó firmarla, y llamó a Vivanco para que la ayudara en esta situación. Él le pidió que le enviara esa carta por fax, e inmediatamente la reenvió directamente al presidente Andrés Pastrana para que diera una explicación sobre lo que estaba pasando en la fiscalía.

Después de esto, Ramelli convocó a Mónica a su oficina. En tono amenazante, contó ella, él le dijo que la iba a hacer investigar. Pero, a los pocos días, Ramelli salió de la fiscalía.

También a los pocos días Luis Camilo Osorio convocó una reunión de todos los colegas de Mónica de la unidad de derechos humanos. Según conto Mónica, convirtió esa reunión en una oportunidad para atacarla y humillarla públicamente, acusándola de falta de patriotismo y de lealtad al criticar al gobierno, y desacreditar la reputación de sus colegas frente a la comunidad internacional de derechos humanos.

Convertida en paria, a Mónica no le quedaba ningún futuro en la Fiscalía. “Cuando tuve la absoluta convicción de que no tenía respaldo dentro de la institución, me retiré. Yo sentía que mis peores enemigos estaban dentro de la institución. Uno sabe quiénes son sus enemigos por fuera. Lo tiene claro. Pero yo tenía más miedo de la gente alrededor de mí”. A Mónica Gaitán, que tantas ilusiones tenía de trabajar para la justicia, para las víctimas de la guerra en Colombia, para su país, no le quedaba otra alternativa que renunciar. Una vez se retiró, se le agravaron las amenazas de muerte. Puesto que estas coincidieron con el retiro simultáneo por parte de Osorio de su protección oficial y su carro blindado, en marzode 2002, Mónica se vio obligada a salir de Colombia con su esposo y sus dos hijos. Con la ayuda de Human Rights Watch y de la embajada de los Estados Unidos, ella y su familia lograron escapar de Colombia hacia EE.UU., país que les dio asilo como refugiados.

“Me fui en asilo a un país desconocido. Sentí que había perdido mi identidad. Perdí mi familia. Perdí mi profesión. Doce años por fuera, y me siento todavía perdida. Siento que en ese momento perdí la confianza en la gente y en la justicia… Mi pasión por la justicia, ese hambre y sed de justicia…”

A mediados de 2013, después de casi 12 años en el exilio, la familia Olaya Gaitán regresó a Colombia, donde Mónica trabaja nuevamente para las víctimas de la guerra. Ella y su esposo acompañan a los desplazados, los sobrevivientes de masacres, ayudándoles a resolver inmensas dificultades en su lucha para regresar a sus tierras, arrebatadas por las matanzas y el terror. “Tal vez”, dice, “esta vez puede ser diferente… por eso he regresado”.

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