Durante la Semana Contra la Desaparición Forzada, por primera vez las víctimas de este flagelo se reunieron con representantes del gobierno y pasaron cuenta de cobro por la falta de resultados en varias regiones del país. Informe del Centro de Memoria Histórica coincide en la mayoría de estos reclamos.
Desde el 2000 en Colombia se tipificó la desaparición forzada como un delito independiente al secuestro y, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), desde entonces se han reconocido 26.000 víctimas. Sin embargo, solo 14 años después tuvo lugar la primera audiencia nacional de las organizaciones de los familiares de los desaparecidos y los organismos estatales.
A la reunión, realizada el pasado miércoles en la sede de la Vicepresidencia de la República, llegaron familiares de víctimas de varios departamentos, entre ellos Valle del Cauca, Santander, Meta, Guaviare y Antioquia. El objetivo era ser escuchadas por los funcionarios representantes de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, organismo del que forman parte entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y algunas organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de que estas personas provenían de diferentes regiones, los problemas denunciados tienen en común la negligencia de los funcionarios y la poca efectivas que tiene el mecanismo de búsqueda que se debe implementar cuando hay una posible desaparición.(Ver: La tragedia de la desaparición)
“No solo los grupos armados son responsables de este delito, también lo es el Estado, en muchos casos por acción directa, pero también por omisión al cumplimiento de la Ley. No es un derecho que nos estemos inventando ni un favor” dijo a VerdadAbierta Gloria Gómez, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes).
Conclusión similar a la que presentó el CNMH en el informe Balance de la Acción del Estado Colombiano frente a la desaparición forzada de persona, que se lanzó esta semana. “las acciones desarrolladas hasta el momento por la diversas instancias del Estado no encuentran canales de implementación apropiados para garantizar de manera efectiva y oportuna los derechos a la prevención, la búsqueda, la asistencia y la reparación integral”, asegura el estudio. (Descargar libro aquí)
En la actualidad, el caso más crítico se presenta, según los líderes de víctimas y el CNMH, en Buenaventura, cuyos registros de desaparecidos superan los de Cali. “La situación es crítica, muchos de nosotros estamos amenazados y ya nadie confía en la Fiscalía ni en ninguna entidad para denunciar las desapariciones”, dijo una víctima de este municipio.
La fallas en las regiones
La Ley 971 de 2005 creó el mecanismo de búsqueda urgente para los desaparecidos. Desde entonces, se estableció que en caso de reportarse una desaparición no es necesario esperar las 72 horas reglamentarias para que las autoridades comiencen a actuar en la búsqueda de esta persona con la esperanza de encontrarla aún con vida.
Sin embargo, esta normativa aún no es clara en las regiones y familiares de víctimas de Buenaventura, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales denunciaron varios casos en los que no se toman en serio las denuncias hasta que no han transcurrido las 72 horas.
“Incluso en regiones con altos índices de desaparición como el Valle del Cauca, las familias afectadas se acercan a nosotros porque no les aceptan las denuncias, les dicen que debe haber alguna razón por la que su familiar se fue de la casa y no activan el mecanismo de búsqueda”, contó Marta Burbano de la Mesa de Trabajo de Desaparición Forzada de Cali.
Personas de del Meta y Guaviare denunciaron tres casos ocurridos en los últimos años en que los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía no iniciaron la búsqueda de las personas argumentando que no había motivos suficientes para creer que se tratara de una desaparición.
Las víctimas de Cali contaron que para dar a conocer esta ley a los funcionarios ellas mismas fotocopiaron unos folletos explicativos y tuvieron que repartirlos en diferentes instituciones.
Marcela Márquez, jefe de la Unidad Nacional de Desplazamiento y Desaparición Forzada, reconoció la falla y aseguró que durante esta semana se enviaron 75 mil folletos a todos los rincones del país y aseguró que hasta el momento se han presentado 90 casos en el país en el que la ruta de búsqueda sí ha funcionado.
En el tema de la investigación sucede algo similar. El informe de Memoria Histórica asegura que a algunas víctimas de desaparición se les ha postergado el derecho a la justicia porque los casos son asignados como homicidio o secuestro.
Voceros de Asfaddes en Barrancabermeja denunciaron que en una hace un año entregaron a la Fiscalía la documentación de 130 casos de desaparición en esta zona del país, pero que hasta el momento solo se habían iniciado 13 investigaciones, las otras permanecen en los estantes judiciales sin que nadie las asuma.
Según el informe del CNMH, la Unidad de Desaparición y Desplazamiento Forzado cuenta con pocos funcionarios frente al número de casos a cargo, además de una asignación presupuestal limitada.
La escasez de funcionarios, sobre todo en las regiones más apartadas, ha hecho que los familiares y las organizaciones de víctimas hagan sus propias investigaciones, consiguiendo en muchos casos información que entregan al ente investigador, pero que en la mayoría de los casos no es utilizado por Fiscalía. “Yo he hablado con personas que vieron cuando mataron a mi esposo y me han dado las coordenadas de dónde está el cuerpo, yo se las di a la Fiscalía y no ha pasado nada”, dijo una de las asistentes.
Por eso una de las propuestas que pusieron las familias de las víctimas sobre la mesa es que la información que han conseguido sobre sus allegados desaparecidos no sea desechada por los investigadores. También pidieron que las listas que tienen las organizaciones sobre las desapariciones sean tomadas como punto de partida.
A estas denuncias se suma la diferencia entre las cifras que registran las organizaciones de víctimas con las reportadas por la Fiscalía y las continuas amenazas contra los líderes de las organizaciones, sobre todo en Buenaventura.
¿Qué pasa en Justicia y Paz?
El temor de las familias y las organizaciones sociales es que aquellos procesos judiciales que se adelantan ante los tribunales de Justicia y Paz se vean afectados ante la inminente salida de las cárceles de los ex paramilitares tras cumplir la pena alternativa de ocho años, como dice la norma. Una vez en libertad, se vislumbra, disminuirían las posibilidades de encontrar los cuerpos de sus víctimas.
“Una vez que salgan de la cárcel, ¿quién nos asegura que sigan entregando información sobre las fosas?”, dijo una de las víctimas del Bloque Centauros en los Llanos Orientales.
Y es que luego de ocho años de la aplicación de la Ley 975 contra los ex paramilitares, a diario siguen llegando víctimas a la Fiscalía o los tribunales de Justicia y Paz quejándose de la lentitud para aclarar qué pasó con sus seres queridos. A muchas de ellas ni siquiera les han tomado las muestras de ADN, paso necesario para un futuro reconocimiento de los restos. (Ver: ¿Dónde están los desaparecidos del Magdalena Medio?)
Los familiares de los desparecidos sienten que las autoridades han exigido a los desmovilizados decir la verdad y confesar sus crímenes, pero no han castigado a quienes no han entregado respuestas sobre el paradero de los cuerpos.
“Para nosotros Justicia y Paz es muy importante porque han confesado muchos crímenes, pero no los han obligado a entregar todas las coordenadas”, dijo Ana Zapata, representante de la organización Madres de la Candelaria de Medellín.
Las familias afectadas aseguraron que los fiscales de exhumaciones no son suficientes para la demanda de Justicia y Paz. Según dijeron representantes de víctimas venidas de Antioquia, varios exparamilitares que ocuparon mandos medios dicen tener información sobre fosas comunes, pero han asistido a pocas versiones libres para con fiscales especializados. Agregaron que en procesos como el que se sigue contra Jesús Ignacio Roldan, alias ‘Monoleche’, se ha hablado de cerca de dos mil casos de desaparición, pero hasta el momento solo se han encontrado 16 cuerpos.
También se refirieron al sitio conocido como la escombrera, en la comuna 13 de capital antioqueña, donde se calcula que los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara arrojaron más de 300 cuerpos entre 2002 y 2005. Las familias de las víctimas dijeron que la búsqueda de los cuerpos se hace imposible porque que en el lugar no se han dejado de arrojar escombros, a pesar de que los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellin lo exigieron el año pasado. (Ver: La escombrera, la sombra de las víctimas en Medellín)
Los familiares de los desparecidos aseguraron no se van a rendir en sus búsquedas y van a seguir insistiendo para que el Estado cumpla con su deber, por eso propusieron a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas que se abran estos espacios de participación en cada una de las regiones para que sean escuchados y diseñar estrategias que permitan encontrar a sus seres queridos.
