Se trata de la solicitud de restitución de 27 predios ubicados en una amplia región del Urabá antioqueño, sobre el cual un magistrado con función de control de garantías se había declarado no competente para dicho trámite.
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| Los campesinos de Tulapas llevan esperando más de seis años a que la justicia tome cartas en el asunto. |
Será el magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín, y no otra instancia judicial, quien determine si restituye o no unos 27 predios que igual número de familias alegan les fueron despojados por paramilitares en la región conocida como Las Tulapas, en el Urabá antioqueño. Así lo dispuso la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema al resolver la apelación presentada el 24 de enero de 2013 por los abogados que representan a los reclamantes.
La cronología de hechos muestra que para ese día estaba contemplado continuar el trámite de la solicitud de restitución, pero el magistrado con función de control de garantías adujo que ya no tenía competencia en dicho litigio y que, por tanto, este debería ser enviado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que allí resolvieran el caso a la luz de la Ley 1448 de 2011, también conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Según lo expuesto por el magistrado aquel día, “el panorama jurídico bajo el cual venía tramitando el incidente varió sustancialmente con la expedición de la Ley 1592 del 3 de diciembre de 2012”, articulado que introdujo reformas sustanciales a la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz y que, a su juicio, apuntan a agilizar todo el proceso de justicia transicional con los ex paramilitares postulados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Para ello, señaló el funcionario judicial, la reforma pide que se deje los asuntos relacionados con la cancelación de títulos y la devolución de bienes a los jueces de restitución de tierras, creados por la Ley 1448, pues cuentan con mayores garantías para las víctimas y mejores instrumentos jurídicos para resolver estos asuntos, por demás complejos y dispendiosos.
“Con la entrada en vigencia de la Ley 1592 de 2012, esta Magistratura perdió jurisdicción y competencia para adelantar el trámite incidental, sin que tenga sentido continuar con el mismo, pues ello podría propiciar una decisión inhibitoria o, incluso, el decreto de la nulidad de lo actuado”, sentenció el funcionario judicial ese día.
La preocupación de los abogados representantes de las víctimas fue mayor cuando el magistrado ordenó la cancelación de la inscripción del incidente en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, que él mismo había ordenado el 19 de julio de 2012. Si bien la anterior disposición no extrae los inmuebles del comercio, sí opera como medida de protección en tanto que si alguien quiere realizar transacción alguna con el predio en cuestión, queda advertido sobre la posibilidad de ser vinculado al trámite judicial.
La decisión, como era de esperarse, no cayó bien entre los campesinos que reclaman los predios ni entre sus representantes legales, pues sienten que cada tropiezo que experimentan en el sistema judicial los aleja de la posibilidad de retornar a lo que reclaman como propio. Y es que la lucha emprendida por los campesinos desplazados y despojados de sus predios ha sido larga, infructuosa, dolorosa y casi que estéril.
Un viejo reclamo
Lo que ocurrió en Las Tulapas bien podría ser considerado como el caso más grande de despojo de tierras perpetrado por los paramilitares en Antioquia. Se estima que en esa zona, que comprende los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá fueron despojadas no menos de 20 mil hectáreas por parte de una triada macabra conformada por jefes de las Autodefensas, ganaderos y comerciantes de la región, y reconocidasentidades agroindustriales.
De hecho, exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’, han reconocido ante fiscales de Justicia y Paz su responsabilidad en la compra forzada y por medios fraudulentos de cientos de hectáreas en esta región.
En 2007, un campesino que debió abandonar su finca en 1995, de nombre David Goez, inició el dispendioso trámite de reclamación ante la justicia ordinaria. Su ímpetu llevó a que muchas más familias de la región, que corrieron la misma suerte de Goez, se organizaran para reclamar sus predios. El labriego recomendó a las familias reclamantes recopilar toda la información documental necesaria para probar el despojo del que fueron víctimas.
Sus denuncias comenzaron a surtir efecto. En 2009 un fiscal de Turbo llamó a declarar a varias personas de la región señaladas como responsables de los desplazamientos forzados y posteriores compras fraudulentas. Y ese mismo año empezaron las amenazas contra él y otros líderes visibles de los reclamantes en el Urabá antioqueño. Al ver la complejidad del caso, los fiscales de la región agroindustrial decidieron dar traslado a fiscales de derechos humanos de Medellín.
Debido a las fuertes amenazas contra su vida, Goez decidió radicarse en Medellín y en esta ciudad continuó su lucha para que fuera entonces la justicia transicional la que resolviera la restitución de los predios de Las Tulapas. Si bien el trámite fue admitido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en 2010, los reclamantes sufrirían varias decepciones a lo largo del mismo.
El golpe más fuerte, sin duda, fue el asesinato de David Goez el 25 de marzo de 2011 en la capital antioqueña. Como si fuera poco, un debate jurídico planteado por el entonces magistrado con función de control de garantías (q.e.p.d), Álvaro Cerón Coral, sobre su no competencia para tratar este tipo de casos, retrasó por lo menos un año el trámite de restitución. Al final, la Corte Suprema de Justicia falló que los magistrados con función de control de garantías sí tenían la competencia para devolver tierras despojadas por paramilitares.
Con este nuevo impulso dado por la Alta Corte, los reclamante de Las Tulapas continuaron con su lucha y su perseverancia vería frutos el 14 de septiembre de 2011 cuando el magistrado Olimpo Castaño restituyó 15 predios a igual número de familias víctimas de despojo en esta región. Y como era de esperarse, la victoria jurídica despertó la esperanza de los escépticos, les devolvió la fe a los incrédulos y animó a los que aún conservaban temores.
Vuelve y juega
El 15 de diciembre de 2011, la Fiscalía 25 de Justicia y Paz, dedicada a la persecución de bienes para la restitución, radicó ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín la solicitud de cancelación de títulos fraudulentos y restitución de 27 bienes ubicados en las veredas La Naranja, Porvenir-Tulapa, Pueblo Bello, San Andrés Tulapa, Isaías, Brazo Izquierdo, entre otras.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía 25, “para el año de 1995 en la región de Tulapa del municipio de Turbo (Antioquia), las guerrillas de las Farc y el Epl tenían fuerte presencia, razón por la cual los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil decidieron extender a esa zona el accionar del grupo paramilitar que dirigían, por tratarse, además, de un territorio geoestratégico. Con ese propósito encomendaron a Carlos Mario García Fernández, alias “doble cero”, el operativo militar inicial dentro del cual se perpetraron múltiples asesinatos, desapariciones forzadas, así como el desplazamiento masivo de los habitantes de la región.
Y continuó: “Para consolidar su dominio, en los años subsiguientes (1996 y 1997) las AUC delegaron a Salvatore Mancuso Gómez para que se hiciera a la titularidad de los predios allí ubicados, quien efectivamente, en algunos casos de forma directa y en otros a través de intermediarios, adquirió los referidos inmuebles. Tanto el desplazamiento forzado de los habitantes de Tulapas como la negociación fraudulenta de los predios fueron reconocidos por el citado postulado en diligencia de versión libre rendida el 25 de noviembre de 2011”.
Con pruebas de semejante naturaleza, las familias reclamantes contemplaron un proceso expedito y favorable. Pero no fue así. En 2011 el trámite sufrió varios aplazamientos y solo hasta el mes de julio de ese año se pudo iniciar. Y cuando se esperaba que este año se tomarían decisiones fundamentales, un nuevo debate jurídico sobre la competencia de los magistrados con función de control de garantías para fallar estos casos vuelve a retrasar los cronogramas judiciales y las esperanzas de retorno a sus tierras de 27 familias.
Y, como en el pasado, es la Corte Suprema de Justicia quien nuevamente impulsa este trámite de restitución por las vías de la justica transicional. En su decisión, la Alta Corte argumenta que si bien es cierto que la Ley 1592 de 2012 (que reformó la Ley de Justicia y Paz) delimitó los trámites asociados a bienes y tierras a aquellos que exclusivamente hayan entregado los postulados, situación que hasta antes de diciembre del año anterior no era así, también es cierto que dicho articulado establece un régimen de transición para aquellos casos que ya cursaban en Justicia y Paz sobre los cuales se había proferido medida cautelar, “siendo imperativo en ese caso culminar el trámite incidental al interior de Justicia y Paz”.
En pocas palabras, la Corte ordena a la Magistratura de Justicia y Paz de Medellín continuar con la solicitud de restitución del caso de Las Tulapas. Y sin importar los argumentos jurídicos, los campesinos reclamantes solo esperan que, esta vez, la justicia no cojee sino que camine a buen ritmo.
