Un grupo de campesinos realizará un plantón en la Plaza de Bolívar para exigirle al gobierno garantías de retorno a un corregimiento de Bolívar. Hace 13 años fueron desplazados.
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| El 28 de septiembre de 1999 paramilitares del Frente Héroes de los Montes de María desplazaron a los habitantes del corregimiento de Las Palmas, ubicado en el municipio de San Jacinto en Bolívar. Foto suministrada grupo palmeros – David Ramírez |
Quien pregunte por ‘los palmeros’ en un barrio de Suba, en Bogotá, no se encontrará con una familia sino con decenas de ellas. Les dicen así porque nacieron en Las Palmas, un corregimiento ubicado a 15 kilómetros del municipio de San Jacinto, en el centro de Bolívar, de donde salieron desplazados hace una década cuando los paramilitares del Bloque Norte los sacaron con violencia.
El viernes 28 de septiembre de 2012 se cumplen 13 años de que el pueblo huyera dejándolo todo. En 1997, el Frente Héroes de los Montes de María del Bloque Norte secuestró a los niños que estaban en la escuela, obligó a la gente a que se reuniera en la plaza principal y luego asesinó delante de todos a cuatro adultos. “Construimos unos cajones de madera y los enterramos. Todos huimos”, recuerda un campesino de la región. (Lea: Las palmas, el pueblo que no se olvida)
En representación de las 700 familias que se desplazaron ese día, 200 personas realizarán un plantón en la Plaza de Bolívar este viernes para conmemorar la masacre y exigirle al gobierno que les ofrezca garantías de retorno. En 2005, intentaron hacerlo y las dos primeras personas que llegaron, José Clemente Sierra y Edilia Herrera, fueron asesinadas. “Muchos queremos volver. Al pueblo se lo está comiendo el monte. Las casas están en ruinas. Pero llegar hasta allá es casi imposible. El camino es una trocha y no hay servicios públicos”, dijo el líder de las familias que viven en Suba y que pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad.
Después de organizarse, ubicar a las familias dispersas en Cundinamarca, Bolívar, Atlántico, La Guajira y Córdoba, y capacitar a los jóvenes sobre cómo diligenciar el registro de víctimas de la Fiscalía, los palmeros presentaron en octubre de 2010 a la Unidad de Justicia y Paz 1.500 formatos para que sus casos fueran investigados. En versiones libres, es decir, las confesiones de los paramilitares, los asesinatos y desplazamientos fueron confesados por Sergio Manuel Ávila alias ‘120’, ‘El Gordo’ o ‘Caracortada’, que fue jefe ese grupo paramilitar junto a Edward Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’ y Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’.
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| Los palmeros tratan de conservar lo que era la iglesia del pueblo. No hay bancas y la humedad de las paredes es cada vez más notoria. Foto suministrada grupo palmeros – David Ramírez |
Con la aprobación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, que promete restituir tierras a las personas despojadas durante el conflicto armado, varios palmeros ya presentaron la solicitud. Aunque la comunidad no sabe cuántos de ellos se han registrado como reclamantes, Bolívar es el segundo departamento con la mayor cantidad de solicitudes de restitución de tierras en el país.
Según datos de la Unidad de Restitución, un organismo creado por la Ley de Víctimas adscrito al Ministerio de Agricultura, las víctimas han presentado 1.966 solicitudes de restitución por 79 mil hectáreas en este departamento. En cantidad de tierra reclamada, es la quinta en el país después de Meta, Antioquia, Casanare y Cesar.
El ‘tejido’ que perdura
Cada 16 de julio y 13 de diciembre los palmeros que viven en Suba recaudan plata y organizan un viaje hasta el corregimiento. “Es el pasaje más caro de Colombia por tierra”, dice uno de los palmeros. De San Jacinto a Las Palmas hay una trocha que es casi inaccesible en tiempo de lluvia. Un viaje en moto como mínimo cuesta 15 mil pesos por trayecto. En esas dos fechas, los habitantes hacen ‘maromas’ para celebrar las fiestas de la Virgen del Carmen y de Santa Lucía.
Es un acto simbólico para recordar las dos celebraciones más importantes del pueblo. En diciembre de 2011, por lo menos 50 familias llegaron a oscuras al pueblo, trataron de adecuar un par de casas para descansar, celebraron la misa, hicieron procesión y bailaron fandango sosteniendo manojos de velas. Los palmeros cuentan que a todos les duele ver a un pueblo con casas abandonadas, sin fluido eléctrico y con las reservas de agua copada por la maleza. “Los pocos resistentes siembran tabaco y no pueden comercializar el producto”, dijo uno de ellos.
El viernes 28 de septiembre los palmeros se reunirán en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde realizarán varias actividades para exigir atención del gobierno. Lanzarán globos blancos, cantarán las letras que le compusieron a su pueblo y expondrán una serie de fotografías. “Hay mucha gente que está dispuesta a volver pero en condiciones dignas. Queremos que el Estado miré hacia allá. No queremos más que nuestro pueblo sea el del olvido”, indicó uno de los líderes.
Reclamantes de tierras
Con la aprobación de la Ley de Víctimas en junio de 2011, los palmeros comenzaron un proceso de solicitud de restitución de sus fincas. La Unidad de Tierras, la entidad creada por esta Ley, se ha encargado de asesorarlos, de explicarles el proceso de restitución y de cómo presentar la solicitud. “Hasta el momento 60 familias se han registrado en la Unidad para reclamar sus predios”, dijo Rodrigo Arteaga, director de la territorial Bogotá de la Unidad de Restitución.
Arteaga explicó que en Las Palmas, a diferencia de lo que ocurrió en otras regiones, no hubo despojo sino abandono de las tierras por la violencia. En este corregimiento los paramilitares no se quedaron con las parcelas, ni pusieron a terceros ni desarrollaron proyectos agroindustriales, ni se aliaron con funcionaros para titularse los terrenos. El pueblo quedó abandonado y por con el paso de los años, su acceso se volvió más difícil y los pocos resistentes no cuentan con servicios públicos, escuela, iglesia y menos oportunidades para comercializar los alimentos que cultivan.
“Sin embargo, reconocemos que en la región hayinformalidad en la propiedad. Es decir, las tierras en su mayoría no tienen títulos y nuestra tarea es lograr que las familias tengan estos documentos. La titulación es importante porque reduce el riesgo de despojo”, dijo Arteaga, quien indicó que la Unidad también estudia casos de compras masivas de tierras realizadas por un empresario. Aunque hasta ahora son pocas las familias que se han referido al tema, “la Unidad está investigando cómo y bajo qué contexto ocurrieron esas compras. Las víctimas cuentan que durante la violencia este empresario les compró la tierra a bajo precio”, comentó Arteaga.
Según la Unidad de Tierras, el proceso de restitución en Las Palmas es prioridad del gobierno como parte del trabajo que se adelanta con otros grupos de víctimas en los Montes de María. Los palmeros también han recibido apoyo del Centro de Atención a Víctimas de las Violencias y Graves Violaciones a los Derechos -Cavidh-, un organismo de la Alcaldía de Bogotá.
