Mientras alias ‘Ernesto Báez’ dice que fue decisión directa del entonces presidente Álvaro Uribe, documentos estatales advierten que fue solicitada por el Estado Mayor de las Auc.
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| No es claro aún qué motivó la postulación del narcotraficante a la Ley de Justicia y Paz. |
Una gran contradicción surgió entre el paramilitar Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, y el gobierno del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez (2002-2011), sobre quién realmente determinó que el narcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’, fuera incluido en el proceso de Justicia Paz.
Según dijo este exparamilitar en una nueva audiencia de versión libre ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, la admisión de alias ‘El Tuso’ se dio en agosto de 2006 por instrucciones de Uribe Vélez; sin embargo, desde esa época, el gobierno nacional ha sostenido la versión de que fueron los propios jefes de la estructura armada los que reconocieron que Sierra Ramírez era miembro de esa organización ilegal.
La explicación de alias ‘Ernesto Báez’, con lo cual pretendería eximir de toda responsabilidad de esa postulación al Estado Mayor de las Auc, se dio luego de que uno de los fiscales le solicitara que hablara de su pertenencia a las Auc, como uno de los requisitos de elegibilidad necesarios para acceder a los beneficios de la Ley 975.
El exparamilitar aprovechó ese momento para hacer una amplia crítica del proceso de desmovilización de los bloques de las Auc, al que calificó de “carente de planeación y de verificación” por parte de los organismos de control del Estado. Por ello, según él, los miembros de esa estructura armada ilegal pasaron de 17 mil a 32 mil personas. “En los listados de postulados hay un apreciable porcentaje que se infiltró en Justicia y Paz, que no pertenecieron a la organización”, precisó alias ‘Ernesto Báez’.
El fiscal le preguntó si conocía algún caso y el exparamilitar respondió que el “más insólito” fue el de Sierra Ramírez, alias ‘El Tuso’, quien acabó desmovilizándose con el Bloque Héroes de Granada el 1 de agosto de 2005 en el corregimiento Cristales, de San Roque, en el Nordeste antioqueño, bajo el mando de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y fue extraditado el 13 de mayo de 2008 junto a 13 jefes de las Auc por orden del presidente Uribe Vélez.
Sacado a la brava
Según Duque Gaviria, el ‘Tuso’ Sierra “apareció por primera vez en Santa Fe de Ralito. Nunca lo habíamos visto”, y aseguró que a la sede de los diálogos lo llevó Murillo Bejarano, quien para esa época ostentaba el cargo de Inspector General de las Auc. “Él lo presentó como el comandante financiero de sus bloques”. Allí comenzó a ser identificado como ‘Don Cesar’ y ‘El Gordo Sierra’.
A partir de ese momento comenzó a participar de las reuniones con los emisarios del gobierno nacional, pero no tuvo mayor protagonismo. “No hablaba, pero estuvo presente en varias reuniones que tuvieron los comandantes de las Auc con el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo”, detalló alias ‘Ernesto Báez’.
No obstante, algo ocurrió en las entrañas del gobierno nacional que llevó a Restrepo a exigir el retiro de Sierra Ramírez de la Mesa de Negociaciones, donde tenían asiento una veintena de jefes de las Auc .
“Un día cualquiera el Comisionado llegó muy serio, se sentó en la mesa, sin saludar, sin decir nada. En un momento, se paró y dijo: ‘no inicio esta sesión hasta que desocupe el señor comandante ‘Cesar’. Usted es Juan Carlos Sierra Ramírez, usted es un narcotraficante pedido en extradición, y no tengo noticia de que haya pertenecido a la organización de las Auc. Si no se retira no inicio la reunión’. Y Sierra salió como perro regañado”, narró Duque Gaviria.
Esa reunión se celebró el 27 de septiembre de 2004. En la noche, la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República difundió un comunicado en el que el gobierno nacional anunció que le quitaba el reconocimiento a alias ‘El Tuso’ Sierra “como miembro de las autodefensas, quien es buscado por la justicia de Estados Unidos por los cargos de concierto para fabricar y comercializar cocaína”.
En ese comunicado, la Presidencia aseguró que “Sierra no podrá participar en las conversaciones con el gobierno en Santa Fe de Ralito y su orden de captura se mantiene vigente dentro y fuera de esta zona, por lo que las autoridades tienen el mandato de capturarlo esté donde esté”.
Al respecto, Duque Gaviria expresó su sorpresa por ese anunció, pues hasta ese momento alias ‘El Tuso’ había participado por lo menos en cuatro o cinco reuniones con los representantes del gobierno nacional: “No entiendo por qué si se sabía que estaba pedido en extradición y se le echó de la mesa de Ralito, no fue capturado de inmediato, pues en la zona había anillos de la Policía Nacional. Eso me llamó la atención”.
Doce días antes de la decisión del Comisionado de Paz y de la declaración de la Presidencia de la República, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia había emitido concepto favorable sobre la solicitud de extradición de Sierra Ramírez al determinar que la petición hecha por el gobierno de Estados Unidos a través de la Nota Verbal N° 733 del 1 de abril de 2004 y transmitida a ese Alto Tribunal por el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio N° O300 del 16 de abril de 2004, cumplía los requisitos exigidos por las leyes colombianas
Una de las particularidades en este proceso es que en la Nota Verbal se indicó que este narcotraficante “era un miembro de una fuerza paramilitar en Colombia llamada Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Como miembro de las Auc y de la organización de tráfico de drogas de Carlos Castaño Gil, Sierra Ramírez organizaba y supervisaba el transporte de cargamentos múltiples toneladas de cocaína desde Colombia”.
No obstante, para evitar la extradición, el abogado defensor de Sierra Ramírez aseguró ante la Corte Suprema de Justicia que la afirmación respecto de que su cliente hacia parte de las Auc carecía de respaldo probatorio.
Mientras la Casa de Nariño ordenaba la captura del narcotraficante, en Santa Fe de Ralito, alias ‘Don Berna’ comenzó a moverse para proteger a su “comandante de finanzas”. Una vez terminó la reunión de la cual echaron a alias ‘El Tuso’, el entonces Inspector de las Auc reclamó solidaridad a los comandantes paramilitares para que el gobierno cambiara de posición.
“Él (‘Don Berna’) nos pidió a todos nosotros el favor y nos solidarizamos con él. Durante varias sesiones con el Comisionado, insistimos en el asunto y hasta firmamos un documento donde solicitábamos la inclusión, pero nunca aclaramos que era por solidaridad, que nos habían pedido un favor”, aclaró alias ‘Ernesto Báez’.
En respuesta, el Comisionado Restrepo, según dijo el exparamilitar, fue enfático al negar esa pretensión y reiterar que Sierra Ramírez era un “narco químicamente puro” y que no lo admitiría en el proceso.
Cambio de decisión
Dos años después de esas discusiones y por razones que para Duque Gaviria aún no son claras “y deberían investigarse”, el gobierno nacional decidió admitir a Sierra Ramírez como miembro de las Auc.
“No entendí ese cambio de posición pues en el 2004 nos habían aclarado que la negociación con las Auc no era con narcotraficantes. El comisionado Restrepo tenía claro ese objetivo”, precisó alias ‘Ernesto Báez’.
El anunció de esa inclusión fue narrado de manera detallada por este exparamilitar a los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Según Duque Gaviria, esa admisión se conoció en la tarde del 16 de agosto de 2006, cuando el presidente Uribe ordenó la reclusión de los jefes paramilitares en un centro vacacional del municipio de La Ceja, en el Oriente antioqueño, que funcionaría como penal.
“Cuando el Presidente nos pidió que nos recluyéramos en un centro carcelario, varios de nosotros estábamos en Villa Esperanza”, comentó el exparamilitar. El lugar era una finca en el municipio antioqueño de Copacabana, norte del Valle de Aburrá, donde las Auc tenían una sede para reunirse con los voceros del gobierno nacional y representantes de diversos sectores sociales y políticos.
Según Duque Gaviria, de allí fueron trasladados a la sede de la Policía Metropolitana de Medellín, donde les acondicionaron un salón para que se reunieran con el Comisionado Restrepo. Horas más tarde, el funcionario llegó al sitio y se reunió con los exjefes paramilitares que a esa hora estaba allí.
“Allí nos dijo que por instrucciones del presidente Álvaro Uribe Vélez al día siguiente un helicóptero recogería en Puerto Berrío al señor Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, recordó ‘Ernesto Báez’. “También anunció que el gobierno nacional acababa de admitir a Sierra Ramírez en el proceso y lo acreditaba como miembro de las Auc. Y nos dijo que le hiciéramos saber al ‘Tuso’ que se presentara en Puerto Berrío para que lo recogieran. Y efectivamente, al día siguiente el narcotraficante llegó a la sede de La Ceja, en compañía de Pérez Alzate”.
La decisión presidencial, comunicada de manera verbal esa tarde, fue refrendada mediante la Resolución Ejecutiva N° 200 del 18 de agosto de 2006, firmada por Uribe Vélez, mediante la cual revocó la orden de extradición de alias ‘El Tuso’ y subordinó la decisión al cumplimiento por parte del narcotraficante de una serie de requisitos, entre ellos el cumplimiento de la Ley 975.
No obstante, en el numeral sexto de los considerandos de la resolución se estableció que fueron los miembros representantes de las Auc quienes reconocían a “Juan Carlos Sierra Ramírez, como miembro de dicha organización” a través de un documento firmado el 17 de agosto de 2006, es decir, un día después del anuncio según alias ‘Ernesto Báez’ y un día antes de la revocatoria de la orden de extradición.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, la postulación de alias ‘El Tuso’ a los beneficios de la Ley 975 fue radicada el mismo 17 de agosto ante ese despacho por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
En una declaración escrita del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, al portal Lasillavacia.com en octubre de 2010, aseveró que “La inclusión del ‘El Tuso’ fue una petición insistente por parte de los jefes de las autodefensas, reforzada por los comentarios que lo señalaban como el hombre que había ingresado armas para estos grupos, lo que hacía peligroso que quedara por fuera de la desmovilización”.
Las contradicciones han quedado planteadas entre una y otra versión y ya serán los fiscales de Justicia y Paz los que aclaren el asunto para determinar si alias ‘Ernesto Báez’ está diciendo la verdad o no, aspecto esencial en su camino a ser elegible para alcanzar la pena alternativa de ocho años que ofrece la Ley 975. Si se descubre que miente, perdería ese derecho.
