Dos municipios del Casanare concentran uno de los eventos de desaparición forzada más aterradores de Colombia. José Monsalve viajó hasta allá en compañía del Comité Internacional de la Cruz Roja. Por Semana
En Recetor un menor enseña las fotos de sus padres desaparecidos, Yadira Carreño y Javier Martínez. El niño acompañó a su padre al campamento paramilitar donde desapareció cuando fue a cumplir una citación en 2003. Luego su madre corrió la misma suerte. Foto archivo Semana Cuando eso yo tenía 6 años. Iba con mi papá a pie —habla un niño de 13— y llegamos a un alto desde donde se ve la escuela. Ahí estaban los señores esos y cogieron a mi papá y al otro señor que también lo habían mandado llamar. Los amarraron de las manos y nos llevaron hasta la escuela (…) Nos metieron en una pieza donde había un señor acostado, con las manos atrás y con una bota (metida) en la boca. El señor echaba sangre. A mi papá lo sacaron de ahí por la tardecita… ?”Al otro día reclamé que dónde estaba mi papá y me dijeron que él después venía. Entonces comencé a llorar y una señora me metió de cabeza a un tanque de agua. Ella era del grupo porque estaba uniformada. Le pidieron el favor a un señor que me trajera (al pueblo). Yo le pregunté al señor que qué eran los tiros que habían sonado (anoche) y me dijo que habían matado una vaca. Llegué donde mi mamá. Ella no estaba tranquila, y al otro día fue a hablar con el jefe de los señores. Yo no sabía nada de los paramilitares. Ahora sé que son actores armados de la violencia que matan a la gente sin ninguna piedad”.
En Recetor y Chámeza, dos pequeños pueblos del occidente del Casanare, estas historias están en boca de la mayoría de los habitantes. Todas las familias tienen a alguien del que no se supo más…
“Ese fue el error de ella —cuenta la abuela del niño huérfano de 13 años—, ir el lunes siguiente a hablar con el jefe de esos señores. Se afanó y fue a ver qué pasaba. Dijo que era su marido, que cuál era el problema. Ella tenía como unos 34 años. Ambos eran jóvenes, vivían en unión libre. Ella se fue a hablar por él y se perdió también”.
A primera vista, este rincón del Casanare sugiere algo muy parecido al edén. Extensos campos verdes bajo un cielo esplendoroso, aire fresco, ríos claros que corretean entre las veredas, animales pastando y campesinos que levantan el brazo y estiran la sonrisa al paso de los carros ocasionales. Pero tras esta imagen bucólica está uno de los fenómenos de desaparición forzada más aterradores y desconocidos del país.
Entre 2001 y 2004 el departamento fue un inmenso campo de batalla en el que se enfrentaron a muerte las ACC, de Germán Darío Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, contra el emergente Bloque Centauros al mando de Miguel Arroyave. Casanare es la puerta de entrada a Venezuela, ruta codiciada por los narcos para su operación internacional. También estaban en juego cultivos, laboratorios, jugosas extorsiones a compañías petroleras y miles de hectáreas de tierras riquísimas.
“Cuando Martín Llanos sintió que podía ser desplazado de su territorio, se enloqueció y empezó a ver enemigos por todas partes. Ordenó asesinar y desaparecer por nada, por simple sospecha”, explica un periodista que ha seguido de cerca el convulsionado acontecer del departamento.
De esa paranoia fueron víctimas Recetor y Chámeza, dos municipios del piedemonte casanareño separados por media hora de carretera. En tres semanas, entre enero y febrero de 2003, 27 personas fueron desaparecidas en el primero y 33 en el segundo, aunque no hay cifras exactas pues el miedo hizo huir o callar a muchos. Los desaparecidos eran llamados a cumplir una cita arriba, en los campamentos de las ACC y jamás volvían.
El médico Geiner Antonio Munive Rodríguez decidió quedarse con la gente de Recetor al comenzar ese trágico año en que todo el que pudo se desplazó, incluido el alcalde. Mientras cumplía su misión médica vio cómo varios de sus pacientes subían a los campamentos y no volvían. No pudo con tanta indignación. Gestionó una reunión con las autoridades confinadas en Yopal (comandante de brigada, alcalde, gobernador, personero), y cuando el encuentro se desgranaba en temas menores, alzó la voz y exigió hacer algo para impedir que los paramilitares se siguieran llevando a la gente.
El pronunciamiento del doctor Munive fue su sentencia. ‘Martín Llanos’, jefe de las ACC lo citó. Muchos le recomendaron no ir; otros le suplicaron averiguar por sus familiares. El doctor decidió asistir. El 27 de febrero tomó la vía que va de Recetor a Chámeza en compañía de Nayro Chaparro, conductor de la ambulancia del pueblo. Ambos están desaparecidos desde entonces.
Los padres del doctor Munive, oriundos del Cesar, a pesar de los riesgos, en los siguientes meses entraron hasta los confines más tenebrosos del Casanare. Encontraron retenes de paramilitares ante los que se presentaron. “Mi esposa, bastante nerviosa, les pidió que le dieran razón de su hijo, que si lo habían matado dijeran dónde estaba el cadáver para recogerlo y traérnoslo, pero uno de ellos le respondió agresivamente: ‘Ya le dijimos que no lo tenemos, además si matamos a alguien no tenemos que darle explicaciones'”, le dijo Genes Munive, padre del médico, al periódico Vanguardia Liberal en 2006.
De lo que ocurría en los campamentos que los paramilitares levantaron en las montañas entre Recetor y Chámeza, a pocos minutos de estas cabeceras, muy pocas personas pueden dar cuenta. Luz Nelly Alfonso es una de ellas. Estuvo cuatro días secuestrada en el campamento de Alexánder Urbina, alias ‘Careloco’ (subalterno de Llanos). Fue hasta allá para acompañar a su esposo, Jesús Antonio Valero.
“Él era constructor y lo citaron. Pensó que como no debía nada no tendría problema. Fuimos y allá nos amarraron y nos vendaron”, recuerda Luz Nelly, quien calcula que la encerraron junto a unas quince personas más, mientras que su esposo fue llevado a otro lugar. Fue interrogada bajo amenazas de muerte, tomaron todos sus datos y la agredieron mientras oía gritos en el salón contiguo. Allí vio por última vez a su esposo: “Cuando lo sacaron para interrogarlo, casi no podía hablar y tenía las manos quemadas, estaba amarrado. Vi que lo habían maltratado”. Ella cree que la dejaron ir porque alguien verificó que sí tenía en su casa tres hijos menores que estaban completamente solos. “De él no supe más”, dice.
Hace un año, ‘Careloco’ -hoy detenido-, en un “gesto humanitario”, según sus propias palabras, volvió a la zona con una comisión de la Fiscalía para señalar la ubicación de fosas. Algunos habitantes se enteraron y corrieron a preguntarle por el paradero de sus dolientes. “Me dijo que no sabía de mi esposo, que trataría de averiguar”, dice desconsolada Luz Nelly.
En esa ocasión ‘Careloco’ confesó que años atrás no había sido sincero con la familia del doctor Geiner Munive. Contó que el médico del pueblo había sido asesinado y enterrado en una fosa, y explicó que el cadáver jamás aparecerá porque seis meses después recibió una orden: “Es el único cuerpo que no va a aparecer, porque la orden fue arrojarlo al río Caja”, dijo.
La tragedia del Casanare
El país aún no descifra la tragedia de este departamento. Según los registros de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, hay cerca de ochocientos desaparecidos. De acuerdo con el prestigioso grupo de análisis de datos de derechos humanos Benetech, que con un complejo modelo matemático cruzó 11 bases de registro distintas, hay 1.524 desaparecidos documentados y se estima que 1.029 casos más que no fueron reportados, lo que da un total de 2.553 desaparecidos durante el periodo de 1986 y 2007, solo en el departamento del Casanare.
Aunque la Fiscalía ha logrado recuperar 11 cuerpos, que ya han sido identificados y entregados a sus dolientes, la mayoría de las familias siguen esperando la verdad, que por dolorosa que sea es lo único que puede apaciguar sus almas. Aun así, nada augura que esta vaya a llegar pronto, ya que Martín Llanos -hoy prófugo- nunca se desmovilizó y la mayoría de los integrantes de su temido grupo también desaparecieron. Las autoridades han capturado a cerca de cincuenta exintegrantes de las ACC, pero solo siete han logrado ser incluidos en el proceso de Justicia y Paz. Los demás han manifestado su interés en colaborar solo si son admitidos. Ante esto, la gente de Recetor y Chámeza solo espera una respuesta del Estado. Una respuesta que no llega.
Por Revista Semana
