Este exjefe paramilitar fue excluido de Justicia y Paz por decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla tras acoger las investigaciones de la Fiscalía, que estableció las agresiones contra varias menores de edad en su calidad de desmovilizado. Detrás de sus aberraciones existió una cadena de cómplices, entre ellos dos de sus hijos.
“En esa casa se hacía lo que Hernán Giraldo ordenaba”, narró la Fiscalía al detallar uno de los casos de agresión sexual cometidos por este exjefe paramilitar, amo y señor en la Sierra Nevada de Santa Marta, durante las décadas de los años ochenta y noventa sin mayor contención por parte de las autoridades.
Sus perversiones lo llevaron a perder los beneficios de la justicia transicional, luego de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla acogiera la petición del ente acusador de excluirlo de este sistema de justicia transicional por continuar delinquiendo desde la cárcel luego de su desmovilización en febrero de 2006, obviando de esa manera los acuerdos con el Estado colombiano.
Uno de los relatos que recogió la Fiscalía para sustentar su petición fue el de Luisa*, una mujer que hoy tiene 31 años de edad, pero que comenzó a ser abusada y violada desde cuando tenía por los menos 15 años, en la cárcel La Modelo, de Barranquilla, por Giraldo Serna, en su calidad de jefe desmovilizado del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Dada la importancia que tenía el lugar de residencia donde vivía la víctima, siempre estaba vigilada “por hombres que permanecían afuera de la casa”, dijo la Fiscalía retomando el testimonio de Luisa. Esa vivienda de la ciudad de Santa Marta estaba regentada por Noralba Vasco, una mujer de confianza del exjefe paramilitar que le proveía menores de edad a este depredador sexual en sus sitios de reclusión y uno de los primeros eslabones de una cadena de cómplices de quien era conocido con el alias de ‘El Patrón’.
Luisa no era la única que vivía allí. En esa casa había otras dos niñas, Patricia*, de 10 años, y Ana*, de 12 años y con condiciones especiales, quienes estaban bajo el cuidado de Vasco porque, al parecer, “un señor se las había dado para que ella las cuidara” en un viaje que realizó sin precisar a dónde.
De acuerdo con lo narrado por Luisa a la Fiscalía, Patricia, de 10 años de edad, era considerada como “la mujer” del exparamilitar Giraldo Serna, “y por esa razón lo visitaba en la cárcel todos los domingos en compañía de Noralba Vasco”.
En una ocasión, la regente de la casa del criminal le dijo a Luisa que ella debía acompañarla en la visita dominical a la cárcel porque Patricia no podía ir. Cuando ella se negó, recibió reproches de Vasco, y según su relato, ésta le dijo que “en esa casa se hacía lo que Giraldo Serna ordenaba”. No tuvo más opción que acudir a la visita, la primera de varias, en las cuales fue agredida por el depredador paramilitar, quien le recordaba constantemente que “ese era el precio que tenía que pagar por vivir en su casa”.
A la causa penal de los vejámenes contra Luisa, se le sumaron los hechos ocurridos con las niñas de 10 y 12 años, así como el de dos más. Las agresiones contra ellas ocurrieron cuando eran menores de edad, se presentaron en tres centros carcelarios y para aquellos años, 2006 a 2008, Giraldo Serna tenía la condición de desmovilizado y estaba postulado a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
Los primeros hechos ocurrieron en el Centro de Reclusión Especial para Justicia y Paz (conocido anteriormente como Club Prosocial), del municipio de La Ceja, en el oriente antioqueño, a donde fue conducido Giraldo Serna a mediados de agosto de 2006 junto con otros 13 exjefes paramilitares, todos ellos desmovilizado bajo los acuerdos con el Estado colombiano. Allí estuvieron custodiados por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y en dos anillos de seguridad externos, por la Policía y el Ejército.
Las agresiones continuaron en el centro penitenciario y carcelario La Paz, del municipio de Itagüí, también en Antioquia, a donde fueron trasladados Giraldo Serna y varios exjefes paramilitares más a comienzos de diciembre de 2006, por orden presidencial, tras conocerse que algunos de ellos estarían delinquiendo desde La Ceja.
Y su horrenda práctica se trasladó a la cárcel La Modelo, de Barranquilla, a mediados de 2007, a donde fue enviado el exparamilitar, hasta su extradición a Estados Unidos en mayo de 2008.
Pero estos cinco casos por los cuales fue expulsado de Justicia y Paz no son los únicos que involucran a Giraldo Serna. Desde febrero de 2009, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía venía investigando por lo menos 19 casos de violación contra menores de edad. (Leer más en: Acusan a Hernán Giraldo de violar a 19 niñas)
Tras una detallada exposición de hechos, basada en incontrovertibles testimonios de las víctimas corroborados con registros carcelarios, la Fiscalía demostró que el exjefe paramilitar incumplió con los compromisos suscritos para acceder a los beneficios de Justicia y Paz, entre ellos el de no reincidir en el delito, por lo que solicitó su exclusión de este sistema transicional para que sus crímenes sean procesados por la justicia ordinaria, exponiéndose a penas carcelarias superiores a los 40 años.
Rescataron denuncias
Los casos en contra de Giraldo Serna se reactivaron luego de hacerse públicos, en febrero de 2018, los testimonios de Luisa a través del diario El Espectador y de Noticias Caracol. En ambos medios, detalló lo ocurrido desde aquella primera vez que se vio obligada a visitar al exjefe paramilitar en la cárcel La Modelo, de Barranquilla.
El impacto mediático del caso llevó a la Fiscalía a indagar qué había ocurrido y encontró que la joven había instaurado la denuncia ante el ente acusador el 10 de enero de 2016, lo que sugiere que, si su testimonio no hubiese sido expuesto en ambos medios de comunicación, el caso se hubiera refundido en los anaqueles judiciales.
Por la voz de Luisa se conocieron los aberrantes casos de Patricia y Ana, quienes eran trasladadas por Vasco a los centros penitenciarios donde estuviera recluido Giraldo Serna. Según las pruebas recabadas por el ente acusador, ambas ingresaron a La Ceja e Itagüí, donde fueron agredidas sexualmente repetidas veces.
Un tercer caso se conoció luego de que la víctima, llamada Nubia*, acudiera a mediados de 2021 ante la Fiscalía a dar una entrevista. En esa ocasión, detalló que las agresiones sexuales comenzaron cuando ella cumplió 13 años de edad y Giraldo Serna aún no se había desmovilizado. Las violaciones continuaron cuando depuso las armas y gozaba de libertad, y continuaron en los centros penales de La Ceja y Barranquilla.
En su relato al ente acusador, aseveró que el ingreso al centro de reclusión en La Ceja lo hizo en compañía de Daniel Giraldo Contreras, hijo del exparamilitar, y de Luis Édgard Medina Flores, conocido con el alias de ‘Chaparro’, al parecer de mucha confianza de los Giraldo.
Meses más tarde, Nubia narró que entró dos veces a La Modelo, de Barranquilla. En ambas ocasiones, lo hizo a las 8 de la noche, una hora no permitida para las visitas. En la primera de ellas, tuvo que salir por la parte de atrás del penal ante la inminencia de una requisa sorpresa del Inpec.
Y en la segunda visita, “el personal de guardia del Inpec ya tenía orden de Hernán Giraldo Serna que me dejaran entrar, ese día tuve relaciones con el señor Hernán Giraldo Serna en una habitación donde a él lo tenían recluido y salí como a las 10 de la noche por la puerta principal”.
Otro de los testimonios incorporado por la Fiscalía al expediente contra el exjefe paramilitar fue el de Ana, de 12 años de edad, y que fue conocido por la versión entregada por Luisa.
Lo particular de este caso es que la Fiscalía pudo comprobar la existencia de una entrevista de esta menor que fue realizada el 21 de noviembre de 2018 por una investigadora del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Seccional de la Fiscalía de Bucaramanga, a donde acudió a pedir protección para su vida, pues estaba siendo amenazada por los hijos del exjefe paramilitar.
Esta víctima también refirió en su testimonio que las agresiones comenzaron cuando ella tenía 11 años y Giraldo Serna no se había desmovilizado, y que continuaron una vez fue conducido a La Ceja, de ahí a Itagüí y luego a Barranquilla.
La joven relató que “mientras aquél permaneció privado de la libertad en la Ceja e Itagüí (Antioquia), así como en Barranquilla, ingresó obligada a los establecimientos donde estaba recluido”. Las agresiones sólo cesaron cuando Giraldo Serna fue extraditado a Estados Unidos, en mayo de 2008. Al referirse a lo que ocurrió durante las visitas a La Ceja, dijo: “Yo tenía en mente que tenía que dejarme, no gritar, nada, ahí estaban todos los jefes de las autodefensas”.
“Ese señor duró ahí como un mes –agregó– y fue cuando lo mandaron para la cárcel de Itagüí, luego nosotras nos mudamos para Itagüí también, en arriendo”. El dinero era proveído por Giraldo Contreras, el hijo del exparamilitar, quien se lo entregaba directamente a la señora Vasco, quien continuamente decía que tanto Ana como Patricia eran sus hijas y Giraldo Serna su esposo.
Otro de los casos presentados por la Fiscalía fue el de Leticia*, quien entregó su testimonio al ente acusador en agosto de 2021. En esa ocasión, relató que fue agredida en La Ceja a la edad de 12 años, y sus entradas eran coordinadas por Daniel y Gladys Giraldo, hijo e hija del exjefe paramilitar, y el esposo de ésta, Henry Acevedo Patiño, conocido con el alias de ‘Mojello’.
Leticia, según le contó a la Fiscalía, quedó embarazada de Giraldo Serna, y tras sufrir varios dolores, fue trasladada a un centro asistencial de Medellín, donde fue revisada. Allí, ante la sugerencia del médico que atendió el caso de llamar a la Policía y a Bienestar Familiar, al parecer fue intimidado por alias ‘Mollejo’ por lo que se limitó a recetar varias medicinas y a dejarlos ir.
Esta víctima contó que ‘Mollejo’ le sugirió que se fueran a una finca de un amigo, “no sé si eso quedaba en Villavicencio o Villa de Leyva”, para que se recuperara de sus dolencias. “Yo no le presté atención a nada, paramos en un lugar a desayunar, después a almorzar, en ese lugar recogimos a un señor que le decían el veterinario, nunca lo había visto, lo recogimos ahí… y seguimos”.
En una de las caballerizas de la finca, Leticia fue sometida a un proceso de aborto realizado al parecer por un veterinario que usó varios elementos metálicos y jeringas para extraer el feto, con la ayuda de alias ‘Mollejo’, otro supuesto paramilitar conocido como ‘Ovejo’ y una mujer de nombre Irente. Entre los tres sujetaron a la víctima.
Ante la pregunta de la Fiscalía si sabía qué estaba pasando, su testimonio es desgarrador: ”Pues sí, me imaginé, porqué como el médico había dicho que yo estaba embarazada me imaginé que me estaban sacando lo que tenía, entonces él me decía, ya después de esto no le va a doler, quédese quieta para no reventarla tanto, y me seguía metiendo eso ahí… y me removía eso allá como dándole vueltas”.
Al volver a hablar con Giraldo Serna, éste le pidió perdón, “que él me amaba mucho, que me quería mucho pero que él había hecho eso porque eso le podía traer problemas a él porque yo estaba muy pequeña”.
Cadena de cómplices
Dos de los hijos de Giraldo Serna, así como dos yernos, y un sobrino, a los que se suman los guardianes del Inpec de las cárceles de La Ceja, Itagüí y Barranquilla, varias mujeres y hombres de confianza y, al parecer, uno de sus abogados, conformaron un entramado no sólo para que Giraldo Serna tuviera acceso a menores de edad durante su permanencia en la cárcel, sino para protegerlo una vez regresó al país y comenzó a enfrentar ante la justicia las denuncias por sus agresiones sexuales.
Varias de las víctimas que decidieron hablar ante las autoridades fueron acosadas por los familiares más cercanos del exjefe paramilitar. En todos los casos, les exigían que cambiaran sus testimonios para evitar que Giraldo Serna fuera excluido de Justicia y Paz, sobre todo porque desde enero de 2021 ya estaba en territorio colombiano luego de pagar una larga condena en Estados Unidos. (Leer más en: Así se defendió el exjefe paramilitar Hernán Giraldo en Estados Unidos)
Una de las víctimas le contó a la Fiscalía que “le dejaron una razón con su suegro, consistente en que cambiara la versión de los hechos y únicamente se refiriera a los acontecidos antes de la desmovilización de aquél y no a las visitas que realizó a las cárceles donde estuvo privado de la libertad donde fue sometida a esos encuentros sexuales, por lo que instauró una denuncia penal por amenazas, la cual se estableció que está archivada y como no se retractó se vio obligada a desplazarse a otro lugar”.
En otro de los casos, los hijos de Giraldo Serna localizaron a dos de las víctimas que habían sido acogidas por la Fiscalía en el programa de protección de testigos para pedirles que retiraran las denuncias o, cuando menos, cambiaran sus versiones, sin que lograran su propósito, pues las mujeres estaban empecinadas en buscar justicia.
La decisión de exclusión registra los nombres de Daniel Giraldo Contreras, alias ‘El Grillo’, quien hizo parte de la estructura paramilitar dirigida por su padre. Desde enero de 2010 está detenido por su reincidencia en la conformación de grupos armados ilegales.
También fue reseñada por las víctimas Gladys Giraldo Contreras, conocida con el alias de ‘La Paraca’, quien permanece detenida desde 2019, acusada de pertenecer a la banda ‘Los Pachenca’ y administrar las extorsiones en un amplio sector turístico de Santa Marta y la Troncal del Caribe, que conduce a La Guajira.
De ese entramado hizo parte Henry Acevedo Patiño, alias ‘Mollejo’, esposo de alias ‘La Paraca’, quien continuó delinquiendo en el Magdalena. Fue asesinado el 29 de agosto de 2012 en una de sus fincas y en medio de la guerra que libraron el clan Giraldo con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
En el caso de Noralba Vasco, fue detenida en mayo de 2021 por su vinculación a la red de Giraldo Serna. Un informe de policía judicial de marzo de ese año estableció que esta mujer ingresó al penal de La Paz, en Itagüí, en 18 oportunidades y al de La Ceja, en 20 ocasiones. Se presume que en esas visitas acompañaba a menores de edad para visitar con fines sexuales al depravado exparamilitar. Ella está siendo procesada por los delitos de trata de personas agravada y explotación sexual agravada.
Sobre uno de los supuestos abogados de Giraldo Serna, identificado por una de las víctimas solo como “Alex”, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla compulsó copias a la Fiscalía con el fin de que “adelante las investigaciones pertinentes con el propósito de lograr la identidad del abogado […] y su posible incursión en el tipo penal de falsedad y fraude procesal”.
Conocedores de este proceso se preguntan si ese abogado “Alex” por el cual indagará la Fiscalía es el mismo Alex Fernández Harding, quien ha sido el abogado de confianza de Giraldo Serna, lo representó en Justicia y Paz en este caso, y se vio obligado a declinar su candidatura a la Asamblea del Magdalena para las elecciones de octubre de este año por cuenta de un video de apoyo enviado desde la cárcel de Itagüí por el exjefe paramilitar.
En su decisión, la Sala de Justicia y Paz también compulsó copias con el fin de que “la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, adelanten las investigaciones y actuaciones pertinentes orientadas a determinar la posible responsabilidad penal y disciplinaria en la que pudieron haber incurrido los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- (directivos y guardias para aquel entonces) por presuntamente facilitar la comisión de delitos de género al interior de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, y las demás conductas antijuridicas que de estos hechos se puedan desprender”.
Por último, también se compulsaron copias para que el ente acusador “adelante las investigaciones pertinentes con el propósito de determinar la posible responsabilidad penal en la que pudieron haber incurrido los funcionarios instructores por la mora en las investigaciones respectivas, relacionadas con la denuncia por la posible comisión de delitos de género por parte del postulado con posterioridad a su desmovilización”.
Como se evidenció en este proceso, por lo menos dos de las víctimas radicaron denuncias contra el exparamilitar en enero del año 2016. En ese sentido, este tribunal de justicia transicional expresó su preocupación por la parsimonia del ente acusador en atender estos casos “sin que de manera inmediata se hubiesen adelantado las labores de verificación correspondientes y puesto en conocimiento a esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz a fin de evaluar la situación y tomar las medidas que en derecho resultaren procedentes”.
“[…] resulta necesario precisar que las víctimas no pueden padecer las consecuencias de la mora de la Fiscalía competente de investigar estos hechos, máxime cuando se trata de víctimas que requieren de una protección especial dada su condición de vulnerabilidad, tal y como se ha señalado en reiterada jurisprudencia de orden nacional e internacional”, reclamó la Sala de Justicia y Paz.
Y conminó a la Fiscalía “a que con carácter URGENTE (sic) tome las medidas de protección para con las víctimas aquí referenciadas y adelante las gestiones que le asisten dentro del ámbito de su competencia a fin de evitar la impunidad de estos hechos, lo que de por sí también representaría un acto de revictimización”.
(*) Los nombres fueron cambiados por seguridad y respeto a las víctimas y, ante todo, porque los crímenes en su contra ocurrieron cuando eran menores de edad.
