Las promesas en campaña del ahora presidente Gustavo Petro elevaron las expectativas de comunidades rurales por hacerse a un predio productivo, pero también de otros sectores que esperan decisiones sobre baldíos de la Nación y explotación agropecuaria en áreas protegidas. En entrevista con este portal, la ministra de Agricultura abordó esos y otros temas, claves para una reforma agraria integral.
La disputa por la tierra ha sido uno de los focos históricos de conflictos sociales, políticos y armados en Colombia, y al actual gobierno nacional pareciera que le está reventando por todos lados. Familias rurales sin tierra o con muy poca han tomado vías de hecho para presionar por una titulación que reclaman desde hace décadas y también para denunciar que muchas de las propiedades ocupadas fueron apropiadas de manera irregular por terratenientes, narcotraficantes, paramilitares e inversionistas de dudosa procedencia.
Pero varias de esas ocupaciones de predios rurales privados no son nuevas, algunas, incluso, llevan varios años sin que el Estado resuelva de manera efectiva y clara su situación. De hecho, según la ministra de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, hay solicitudes que llevan más de diez años sin atender.
“La Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene más de 30 mil procesos de petición de solución de temas de tierras. Ha habido una acumulación que lleva años porque, claramente, no había la decisión política de resolver el tema de tierras”, afirma López, en conversación con este portal.
¿Y por qué se acumularon esas peticiones? De acuerdo con la funcionaria, porque “las agencias fueron manejadas muchas veces desde Palacio, sobre todo la ANT, con un mandato claro de no hacer reforma agraria”.
Las demoras en la resolución de esos casos y los intereses de sectores legales, aliados con ilegales, ha generado todo tipo de violencias contra líderes y lideresas sociales, incluido el asesinato de varios de ellos. El más reciente fue el de Luis Quiñones, ocurrido el pasado 2 de agosto, en el municipio de Tamalameque, en Cesar. (Leer más en: Disputas por tierras en Cesar rodean asesinato del líder social Luis Quiñones)
Es por ello que desde diversas organizaciones campesinas les piden a las autoridades agrarias no generalizar los señalamientos contra las comunidades rurales que solo pretenden un pedazo de tierra propio para vivir en paz.
Pero las tensiones también provienen de comunidades campesinas asentadas desde hace décadas en áreas protegidas, especialmente en parques naturales, regionales y nacionales. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) emitió una resolución el pasado 5 de agosto a través de la cual se busca regular la actividad ganadera en áreas protegidas, lo que tiene en alerta a los productores en el suroriente del país. (Leer más en: Confusión en La Macarena por exigencia de sacar ganado de parques nacionales)
Y como si fuera poco, el tema de los baldíos también genera inquietudes entre aquellos que, apelando a medios legales e ilegales, se apropiaron y acapararon cientos de hectáreas de manera irregular que son propiedad de la Nación. Sobre ellos, la Corte Constitucional anunció nuevas reglas para su apropiación mediante sentencia proferida el pasado 18 de agosto, aunque aún no se conoce la totalidad del fallo. (Ver especial periodístico Tras los baldíos de la Nación)
Este portal conversó sobre esos y otros temas con la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural con el fin de conocer la posición del actual gobierno nacional respecto a ellos y cuáles serán las directrices y metas para solucionar gran parte del desarreglo agrario en el país.
Invasiones y ocupaciones
VerdadAbierta.com (VA): ¿El Ministerio tiene ya caracterizadas las invasiones y las ocupaciones que se registran en diversas regiones del país?
Cecilia López (CL): Tenemos claro que hay una heterogeneidad en el tipo de problemas que hay con la tierra. Hay una parte de esas ocupaciones de tierras que el gobierno ha denominado invasiones, que son aquellos casos en los cuales hay intereses ilegítimos, hay intereses comerciales, hay tierreros, hay entrada de grupos al margen de la ley, eso estamos viéndolo, no tenemos los casos tan precisos, pero se está analizando ese caso.
Hay, inclusive, intereses políticos, que algunos campesinos nos habían denunciado sobre todo en la costa Atlántica. Ahí la decisión del gobierno es obvia, entrar con todos los instrumentos que la ley permite para proteger los derechos de propiedad.
Pero hemos separado ese tipo de situaciones de otras que llamamos ocupaciones, que se refieren más a la situación de campesinos, indígenas y afrodescendientes que reclaman algunas de las promesas que se le han hecho a través de la historia y no se han cumplido, y otros que hablan hasta de derechos ancestrales. Ahí la situación es bastante más compleja y la forma como el gobierno ha venido actuando con esos sectores es a través del diálogo.
El caso de Cauca es el caso más protuberante en el que actuamos de inmediato. Desde el tercer día de estar en el gobierno fuimos con la vicepresidenta Francia Márquez y con el ministro del Interior, Alfonso Prada, para iniciar esos diálogos, que avanzan con dificultades, pero ahí van. La idea es lograr que con el diálogo desalojen; si no, está el derecho que nos da la Policía.
VA: ¿En el Ministerio han tenido la oportunidad de revisar si los derechos de propiedad de algunos predios ocupados en diversas regiones del país fueron legalmente adquiridos?
CL: Otros sectores del gobierno lo están haciendo. A lo que nosotros nos comprometimos es a dar una señal positiva, inmediata, de que la reforma agraria, la entrega de títulos de propiedad, se iniciaba de inmediato. La estrategia que el Ministerio de Agricultura ha adoptado, mientras otros sectores del gobierno están haciendo esa tarea, es acelerar ese proceso y ponerse al día.
Lo iniciamos con la entrega de 681.372 hectáreas que se legalizaron. Ahí hay una pequeña proporción de tierras nuevas. Con esta decisión se beneficiaron 12.600 familias a las que se le entregaron 11.295 títulos y acceso a lo que ofrece la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), que es todo el apoyo para hacer proyectos productivos.
Entonces la señal que queríamos dar muy rápido era: aquí se inició rápidamente y con resultados una política pública del gobierno, de tal manera que es fundamental que eso se interprete para que se frenen esas invasiones, o esas ocupaciones mejor, y nos den el espacio político para cumplir con lo que prometió este gobierno.
VA: ¿Esas tierras que se legalizaron son solicitudes que se presentaron hace cuánto tiempo?
CL: Hay solicitudes de hace más de diez años. Mire, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene más de 30 mil procesos de petición de solución de temas de tierras. Ha habido una acumulación que lleva años porque, claramente, no había la decisión política de resolver el tema de tierras.
VA: En ese sentido, ¿cuál es la directriz que le ha dado el Ministerio al nuevo director de la ANT?
CL: En los últimos años el Ministerio se dedicó, en vez de hacer políticas, a ser ejecutor, a entregar subsidios no siempre a los sectores más necesitados, y hubo una desconexión con los que deben ser los ejecutores, que son las agencias. Y ahí las agencias fueron manejadas muchas veces desde Palacio, sobre todo la ANT, con un mandato claro de no hacer reforma agraria, para serle sincera. Parte de los títulos que estamos entregando habían avanzado hasta cierto punto y no se entregaron. Y nosotros en muy poco tiempo logramos acelerar ese proceso.
Lo que nosotros estamos haciendo es cambiar totalmente. El Ministerio está dejando su papel de ejecutor para dedicarse a diseñar las políticas, y los ejecutores son las agencias (ANT, ADR y URT), bajo la directriz del Ministerio. Hay un mandato de acelerar los procesos.
Los directores la ANT (Gerardo Vega) y de la Agencia de Desarrollo Rural (Diego Bautista) se acaban de posesionar y mire que en tan poco tiempo muestran resultados. Eso quiere decir que han interpretado cabalmente que tienen que ejecutar muy rápidamente.
VA: ¿Qué decirle a un grupo de 20, 50, 100 familias que desde hace varios años ocupan tierras de propiedad privada y que reclaman, bajo distintos argumentos, su titulación?
CL: El mensaje es: ¿por qué no esperan? Muy rápidamente les van a llegar o tierras o legalización de los predios. Si tienen demandas en la ANT ellos son objeto de esta legalización que estamos haciendo. ¿Qué sacan con invadir predios si esa posesión no es legal y no pueden acceder a todo lo que el gobierno ofrece?
VA: Y mientras esperan esas decisiones del gobierno, que en el pasado no han sido las más eficientes, ¿qué les sugiere hacer entonces?
CL: Estamos tomando decisiones a una velocidad increíble. Pues mire, estamos entregando 681.372 hectáreas, eso el país no lo había visto. Y se van a entregar en dos meses. Seguimos trabajando para anunciar legalizaciones.
Hay diez resguardos indígenas que se van a beneficiar, lo mismo que tres consejos comunitarios, con estos primeros títulos. Es decir, aquí hay una señal de que estamos actuando a una velocidad que el país no estaba acostumbrado a ver en el Estado.
(Este portal quiso conocer los nombres de los resguardos y los consejos comunitarios, razón por la cual se le preguntó a Gerardo Vega, director de la ANT, y no respondió el mensaje)
Baldíos y zonas protegidas
VA: Pensando en ese diseño de políticas públicas desde el Ministerio, ¿cuál es la visión que tiene su despacho sobre las tierras baldías de la Nación y cómo piensan resolver su ocupación, acumulación y explotación irregular por parte de grandes terratenientes?
CL: Estamos a la espera de la sentencia de la Corte Constitucional. Es el marco con el que tenemos que actuar. De esa sentencia tenemos hasta ahora solo un boletín de prensa, pero nuestros abogados están atentos al tema. Eso le traerá al Ministerio y a la ANT un trabajo inmenso, que va a causar mucho ruido. Lo que alcanzamos a ver en ese boletín es que habrá unos esquemas complicados de devolución de baldíos que tenemos que entregar a los beneficiarios de reforma agraria.
Pero no podemos actuar con un boletín de prensa. Necesitamos la sentencia y aún no ha salido. Mientras tanto, estamos preparados con el equipo de abogados para tomar una decisión clara de cuál será la política del gobierno que obedezca y siga los lineamientos de la Corte sobre el tema de baldíos, que es uno de los temas críticos que se ha postergado durante décadas en el país.
VA: El ICA ha venido expidiendo una serie de resoluciones para contener la deforestación en parques naturales nacionales y regionales por culpa de la ganadería, siguiendo otra sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, ¿qué se viene planteando desde el Ministerio en este tema?
CL: El tema de la deforestación lo estamos agendando para discutirlo con la ministra del Medio Ambiente. Hemos estado hablando con los ganaderos, quienes están empezando a hacer propuestas que son interesantes. A raíz de la discusión que hubo en el Congreso de la República, en donde había una iniciativa de congresistas para suspender la exportación de ganado, se creó una comisión que está empezando a organizarse para mirar el tema. Eso ha bajado un poco la tensión y abrió la oportunidad de hacer un diálogo.
La ganadería en bosques y en páramos tenemos que abordarlo con el Ministerio del Medio Ambiente, que es el que, finalmente, nos dice dónde puede haber explotación agrícola sostenible y dónde no. Es un tema que está sobre la mesa y esperamos tomar decisiones conjuntas.
VA: A usted Ministra, ¿le gusta la idea de tener parques naturales con campesinos, como lo plantea un proyecto de ley presentado en la actual legislatura?
CL: El Presidente ha sido muy claro en ese tema desde su posesión y que ratificó en la Asamblea de Naciones Unidas: tenemos que proteger la Amazonía. La Amazonía es el centro del debate de desarrollo sostenible en Colombia que le dará un liderazgo en América Latina. En ese contexto es que tenemos que analizar cuál es el tipo de explotación que se puede dar.
VA: ¿Realmente el catastro multipropósito es la solución a buena parte del problema de tierras en el país?
El catastro multipropósito que, en el caso de Colombia, es de una complejidad inmensa, pero arroja información muy valiosa, se ha vuelto muy lento y costoso. Ahí estamos trabajando con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que son financiadores importantes.
Pero ya que se nombró directora en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (se trata de Ana María Aljure Reales), esta entidad, junto con la Universidad Nacional y el Ministerio de Agricultura tienen que reunirse a ver qué hacemos, cómo lo aceleramos y por dónde empezamos. Creo que hay algunas zonas donde ya se ha estado trabajando.
El punto crucial del catastro multipropósito es acercar el valor de la tierra rural a su valor comercial, y una vez eso suceda, así los municipios sigan con las tarifas que han tenido siempre, se aumentarían los impuestos, sobre todo en las zonas que han tenido valorización, que no son zonas de pequeños agricultores. Las zonas de valorización son aquellas donde han pasado las autopistas 4G y 5G, donde ha habido conectividad.
Allí donde hay grandes extensiones que son subutilizadas, el impuesto va a obligar a los dueños a tomar decisiones económicas. Si les alcanza lo que producen para pagar el impuesto y les da un excedente, se quedan así; pero si no, tendrán un estímulo para que hagan una producción mucho más rentable; o que sometan su predio a las decisiones del mercado, donde el Estado va a competir con el sector privado para la compra de esas tierras y poderlas distribuir.
VA: ¿En este gobierno hasta dónde se piensa avanzar en ese sentido?
CL: Esas son decisiones del mercado. Lo que nosotros sí tenemos son unas metas que no sé si las podemos alcanzar en cuatro años que son las del Punto 1 de La Habana (Acuerdo de Paz), que es el marco en el que nos estamos moviendo. Entiendo que son 7 millones de hectáreas tituladas y legalizadas, y 3 millones de hectáreas distribuidas. Vamos a ver cuánto podemos hacer de eso.
VA: ¿Qué presupuesto tiene su Ministerio para lograr cumplir con ese acuerdo, pactado con la extinta guerrilla de las Farc, y beneficiar a campesinos, indígenas y afordescencientes sin tierra o con poca tierra?
CL: En el presupuesto del año entrante tenemos 4 billones de pesos, eso no lo había el Ministerio de Agricultura y sus entidades hace 15 años. Ahora, ¿cuánto es para tierras? No podría decirle en este momento, pero es una parte significativa.
Este es un Ministerio que ha estado durante décadas con una participación del presupuesto nacional del 1 por ciento, no ha sido prioridad y ha ido a una lentitud impresionante. El problema ahora no es plata, el problema es cómo ejecutamos de manera eficiente.
Potencia agroalimentaria
VA: Mucha tierra está en manos de narcotraficantes, exparamilitares, y de testaferros de unos y otros. Al respecto, ¿cómo piensa proceder el Ministerio y sus agencias para clarificar esas propiedades?
CL: Parte de esas tierras se están analizando con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para saber cuáles están listas para ser distribuidas. Ahí puede que haya tierra que se le arrendó a gente que no toca. Lo que se está analizando es cómo se retira eso y se la
arriendan a las personas que sí son sujetos de reforma agraria que no están asociados a ese tipo de acciones ilegítimas. La prioridad serán las organizaciones campesinas para que produzcan alimentos y conviertan a Colombia en potencia mundial agroalimentaria.
VA: En ese propósito de convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria, ¿cómo piensa articular el Ministerio a grandes sectores agroindustriales con pequeños productores campesinos, indígenas y negros?
CL: Tenemos que trabajar con lo que yo llamo la agricultura moderna. Y para eso hemos establecido puentes. Este gobierno no va a desconocer que sectores como la palma, la caña y muchos otros, han contribuido al desarrollo, generan empleo, generan exportaciones, pero lo que sí es claro y lo que se ha venido diciendo de las cadenas productivas del maíz, la soya, la leche y amuchas otras, es que la pequeña producción no puede mirarse con benevolencia.
El mandato de este gobierno es que esos pequeños productores entren a las cadenas productivas como parte de la producción. ¿Qué se necesita? Asociarlos, hacer crédito para cooperativas, de manera que tengan el tamaño necesario para poder producir de manera más eficiente. Nada de fundaciones que les entreguen libros a los niños, aquí lo que necesitamos es que esos sectores sean productivos, que generen ingresos para una vida digna.
