Por falta de pruebas, un juez de Popayán dejó en libertad a Valenica. No obstante, él y cuatro autoridades indígenas más serán investigados por un supuesto caso de secuestro y lesiones personales.
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| Felciano Valencia, vocero de la Minga Social y Comunataria. |
Luego de una audiencia de ocho horas, en la medianoche de este domingo el vocero de la Minga Social y Comunataria recobró la libertad, debido a que la Fiscalía no presentó las pruebas suficientes que sustentaran la detención de Feliciano Valencia.
A pesar de ello, Valencia continuará vinculado al proceso que se le sigue luego de que las autoridades indígenas juzgaran a un soldado en el 2008.
En la audiencia también se determinó incluir en este proceso a los consejeros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) Aida Marina Quilcué, José Daniel Ramos Yatacué, Daniel Piñacué Achicué y María Yolanda Tombe, porque fueron coordinadores de la Minga y del juicio. Junto a Valencia, estas cuatro personas son las más altas autoridades de las comunidades indígenas del Cauca.
El líder indígena fue capturado por agentes del DAS en la tarde del pasado sábado en el aeropuerto de Palmira Alfonso Bonilla Aragón. En el momento de la detención, Valencia iba a abordar un avión con destino a Brasil, para participar en un encuentro internacional de organizaciones sociales.
La captura se realizó por orden del Juzgado Segundo de Piendamó, Cauca. La orden judicial fue dictada el 2 de febrero de este año y los hechos que le imputan a Valencia son secuestro agravado y lesiones personales.
Estos delitos le son atribuídos desde el 2008, debido a la aplicación de justicia indígena al soldado Jairo Danilo Chaparral Santiago, con base en los usos y costumbres del pueblo Nasa.
De acuerdo con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), el 16 de octubre de 2008, el soldado
Chaparral “fue sorprendido por la guardia indígena con un morral en
el que llevaba camuflados, radios de comunicaciones y manuales de
armas y explosivos que, según el testimonio de su madre, luego
deberían ser encontrados por la Policía para implicar a la Minga de
Resistencia Social y Comunitaria con algún grupo guerrillero”.
La Acin explica que Chaparral fue sancionado con 20 azotes porque se “infiltró a una protesta pacífica ubicada en el resguardo indígena de la María Piendamó para realizar acciones de inteligencia, atentados y montajes contra las autoridades y demás integrantes de las comunidades movilizadas”.
Asimismo, esta asociación señala que las autoridades indígenas propiciaron la sanción al soldado delante de la comunidad congregada y que contó con representación de la Defensoría del Pueblo, de organismos de derechos humanos y de medios de comunicación nacionales e internacionales.
Un miembro de la Defensoría del Pueblo le dijo a VerdadAbierta.com que antes del juicio, el soldado Chaparral reconoció ser indígena y que después de la sanción, lo negó y dijo ser campesino.
Por otro lado, para los abogados de Valencia, esta detención representa una clara falta de respeto por la jurisdicción indígena. Uno de ellos dijo le dijo a VerdadAbierta.com que con esta captura se viola lo establecido por la Constitución Política y los tratados internacionales, porque se “capturan autoridades indígenas que ejercen su jurisdicción”.
Igualmente, a la Acin le produce curiosidad que la captura de Valencia se realizara justo antes de cumplir con una agenda internacional con diferentes organizaciones sociales y derechos humanos, porque la orden de captura fue dictada desde el 2 de febrero del presente año, y en más de dos meses no la hicieron efectiva.
Luego de conocer la noticia de la captura de Valencia, el ex presidente de la Corte Constitucional, Carlos Gaviria Díaz, quien ha sido uno de los mayores defensores de la justicia y autonomía de los pueblos indígenas, expresó su preocupación por los presentes que puede dictar este proceso.
“Mi información sobre la captura de Feliciano (Valencia) es muy precaria, pero por lo que intuyo significa un golpe atroz a la autonomía de la justicia indígena. En adelante investigarán y enjuiciarán a las autoridades de los pueblos indios que, en ejercicio de su competencia, impongan castigos por hechos cometidos dentro de su territorio a quienes infrinjan sus usos y costumbres, porque considerarán delictual la pena que no corresponda a los códigos hegemónicos y por hechos que la legislación “oficial” considere punibles”, dijo Gaviria.
