Secuestros, amenazas y control territorial: las alertas que rodean las elecciones presidenciales de 2026 

Observadores advierten que 386 municipios están en riesgo de violencia para las elecciones de 2026, en un contexto de aumento de agresiones contra liderazgos políticos y la expansión del control territorial de grupos armados.

El 25 de mayo, Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, coordinador de la campaña presidencial de Paloma Valencia en Tame, Arauca, fue secuestrado por hombres armados cuando regresaba a su vivienda, un episodio que reactivó las alertas sobre la influencia de actores armados en zonas estratégicas del país. Un día después, Johnnathan Alvear, concejal de Yumbo y coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella en Valle del Cauca, denunció amenazas de muerte luego de recibir en su residencia una corona fúnebre, balas y mensajes intimidatorios, lo que obligó a activar rutas de protección. Pocos días antes, una camioneta del esquema de seguridad del senador Alexander López, el principal coordinador de la campaña del Pacto Histórico en el suroccidente del país, sufrió un atentado con ráfagas de fusil en la vía Panamericana después de acompañar a Iván Cepeda en un evento en Popayán.

Los tres candidatos punteros en las elecciones presidenciales del 31 de mayo también han denunciado amenazas en su contra en varias ocasiones durante la campaña. Por esta situación, el gobierno nacional anunció en marzo que iba a reforzar la seguridad de las 14 fórmulas que aspiran a la Presidencia de la República.

Estos episodios ocurren a pocos días de la primera vuelta, en un país que llega a las urnas atravesado por múltiples expresiones de violencia político-electoral. En distintas regiones, el proceso electoral se desarrolla bajo condiciones de riesgo, en medio de dinámicas de violencia asociadas al conflicto armado, así como a fenómenos de desplazamiento forzado y confinamiento de comunidades.

El más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), con corte al 30 de abril de 2026, advierte un panorama crítico para la integridad de las elecciones presidenciales. Según la organización, 386 municipios del país registran algún nivel de riesgo por factores de violencia, lo que representa el 34,4 por ciento del territorio nacional. Además, se han documentado 63 hechos de violencia en 21 departamentos dirigidos contra diferentes campañas presidenciales, incluida la del candidato Iván Cepeda.

Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de International Crisis Group, señala que la coyuntura electoral actual se desarrolla tras varios años de fortalecimiento de grupos armados y criminales en zonas específicas del país, particularmente en regiones asociadas a economías ilegales como la minería ilegal y los corredores de narcotráfico. Según explica, la violencia que rodea los procesos electorales no es homogénea, sino que se concentra en áreas donde estos actores han consolidado una presencia sostenida.

El seguimiento de la MOE al proceso electoral también identifica un cambio en los patrones de violencia política. Entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de abril de 2026, la organización documentó 565 hechos de violencia contra liderazgos, una cifra que representa una disminución del 24,7 por ciento frente al ciclo electoral de 2022. Sin embargo, las agresiones contra liderazgos políticos aumentaron un 6,3 por ciento y concentraron el 59,3 por ciento de los casos registrados. Además, los asesinatos crecieron un 18,9 por ciento frente al anterior proceso electoral. La MOE señala que las afectaciones se distribuyen en distintos sectores políticos, aunque con una mayor concentración en integrantes del Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Pacto Histórico.

Dickinson advierte que la violencia asociada a los procesos electorales no se concentra en el día de la votación, sino principalmente en las semanas y meses previos. En ese periodo, explica, los grupos armados buscan generar condiciones de control social, miedo e incertidumbre en los territorios, con posibles efectos en la participación política y en el desarrollo de las campañas.

En esa línea, añade que “preguntar sobre la violencia para el mismo día electoral ya es muy tarde, porque la mayoría de la violencia electoral pasa en las semanas y los meses antes de la votación”, lo que sugiere que el impacto del conflicto se produce antes de la jornada electoral y no únicamente durante ella.

El mapa del riesgo: incremento y puntos críticos

En sólo dos meses, el mapa del riesgo electoral se expandió un 3 por ciento. La MOE identificó 21 nuevos municipios que anteriormente no estaban catalogados en riesgo y que ahora entran en la lista de alerta.

<iframe title="Municipios nuevos en riesgo electoral" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-i7J2q" src="https://datawrapper.dwcdn.net/i7J2q/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100por ciento !important; border: none;" height="964" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">(function(){function e(){window.addEventListener(`message`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=document.querySelectorAll(`iframe`);for(var n in e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})();</script>

La geografía del riesgo se concentra especialmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca, que registran el mayor número de municipios en riesgo extremo. Sin embargo, la situación es más crítica en regiones como Arauca y Guaviare, donde el 100 por ciento de sus municipios presenta algún nivel de riesgo.

Esta radiografía coincide con la crisis humanitaria reportada por la Defensoría del Pueblo. Cauca, uno de los epicentros de la alerta electoral, se consolidó en el primer trimestre como el departamento más afectado por el confinamiento. De acuerdo con la entidad, este fenómeno afectó a más de 9.300 personas cuya movilidad fue interrumpida, principalmente en Guapi, Santander de Quilichao, Sucre y Timbiquí a causa del conflicto armado interno.

Además, la Defensoría registró que sólo en abril se ocurrieron cinco eventos de desplazamiento forzado y tres de confinamiento, con 3.214 nuevas víctimas. Entre enero y abril se documentaron 46 eventos de desplazamiento que afectaron a 8.249 personas y 31 eventos de confinamiento que impactaron a 45.869 ciudadanos, para un total superior a 54.000 personas afectadas en lo corrido del año, principalmente comunidades indígenas y afrodescendientes.

Durante el último mes, los desplazamientos se concentraron en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca, mientras que los confinamientos se focalizaron en Chocó y Putumayo, evidenciando la persistencia de disputas territoriales en distintas regiones del país.

Un dato adicional de la MOE señala que 28 de las 32 ciudades capitales (87,5 por ciento) presentan algún nivel de riesgo. En estas urbes se concentra el 43,2 por ciento del censo electoral y el 33,7 por ciento de las agresiones contra liderazgos políticos. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se ubican en categoría de riesgo extremo.

El accionar de los grupos armados

Detrás de este panorama se encuentra la persistencia y expansión de estructuras armadas ilegales en distintas regiones del país. Entre enero de 2025 y abril de 2026, la MOE contabilizó 3.134 hechos violentos perpetrados por grupos armados ilegales, que incluyen acciones armadas y amedrentamientos.

La organización atribuye esta expansión a los vacíos de control estatal persistentes en varias zonas tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, así como a la disputa entre grupos armados por el control territorial y de economías ilegales.

En ese escenario, 139 municipios están en riesgo extremo, 122 en riesgo alto y 125 en riesgo medio. Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentran la mayoría de los puntos críticos, mientras Arauca y Guaviare registran riesgo total en sus municipios.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) encabeza la lista de responsables con 527 acciones armadas y 103 amedrentamientos, seguido por el Estado Mayor Central (EMC) con 512 acciones y 90 hostigamientos, y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), que también se conoce como el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con 335 hechos violentos.

Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el suroccidente del país presenta un escenario de control territorial fragmentado, con presencia simultánea de distintas estructuras armadas en regiones como el Cauca, el Valle del Cauca y Nariño. El centro de análisis advierte que estos grupos operan con menor jerarquía central y mayor autonomía de mandos locales, lo que ha profundizado la división del control armado en los territorios.

En línea con este diagnóstico, Dickinson advierte que una parte significativa de la violencia política ocurre a nivel local y tiende a ser menos visible en el debate público, aunque tiene efectos directos sobre la participación y las condiciones reales del ejercicio político en los territorios.

El impacto en las urnas: menos participación

La violencia no sólo representa un riesgo para la seguridad de candidatos y liderazgos políticos, sino también para la participación electoral. La evidencia estadística de elecciones legislativas en marzo muestra una correlación entre niveles de riesgo y participación: en municipios con riesgo extremo, la participación cayó al 49,7 por ciento en Senado, frente al 54,1 por ciento en zonas sin riesgo.

La MOE también advierte que la desinformación y narrativas de fraude podrían generar tensiones posteriores a las elecciones. Por ello, hace un llamado a reforzar la seguridad del material electoral, garantizar condiciones adecuadas de escrutinio y fortalecer la pedagogía ciudadana.

La organización concluye que es necesario ampliar la presencia institucional en los territorios para garantizar que el ejercicio del voto pueda desarrollarse sin presiones de actores armados o políticos.

En conjunto, los datos de la MOE y los análisis de centros de pensamiento muestran que la violencia en la antesala de las elecciones de 2026 no aparece como hechos aislados, sino como una dinámica sostenida en distintos territorios del país. En varias regiones, la combinación de presencia de grupos armados, control territorial y amenazas a liderazgos políticos configura un entorno de presión que incide en el desarrollo del proceso electoral más allá de la jornada de votación.