En menos de 15 días, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad propiciaron espacios en los que familiares de víctimas y perpetradores hablaron sin barreras. El reconocimiento de estos hechos por parte de exmiembros de la Fuerza Pública fueron importantes, pero queda un sinsabor ante la falta de verdad. Aún queda mucho camino por recorrer.
“El reconocimiento es verdad hecha palabra”, dijo Ariel Sánchez Meertens ante decenas de personas concentradas el pasado 10 de mayo en la plaza del municipio de Soacha para escuchar de boca de tres exintegrantes del Ejército Nacional las razones por las que perpetraron ejecuciones extrajudiciales contra civiles inermes que hicieron pasar por guerrilleros.
En su emotiva intervención, Sánchez, un antropólogo analista de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), agregó que “el reconocimiento es también, entonces, la verdad hecha memoria. Reconocer no es solamente aceptar, sino reivindicar, es volver a conocer desde una perspectiva nueva, es reiterar y reproducir un saber, unas relaciones, unas responsabilidades. Lo que se reconoce, primero y ante todo en estos eventos por la verdad y en estos procesos restaurativos, es al otro: su voz, su dignidad; el lugar del otro y de sí mismos en historias con consecuencias dolorosas”.
Se motivaba así un evento al que también asistieron familiares de 13 víctimas de los llamados ‘falsos positivos’, y que fue convocado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en desarrollo del Encuentro por la Verdad sobre el reconocimiento de responsabilidades sobre las ejecuciones extrajudiciales de habitantes de Bogotá y Soacha.
La selección del lugar no fue fortuita, pues de esa población cundinamarquesa, 19 jóvenes fueron llevados con engaños a la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, bajo la promesa de trabajo, pero resultaron asesinados por miembros del Ejército Nacional, quienes los reportaron como supuestas bajas subversivas en combate.
Y justamente, dos semanas antes del encuentro en Soacha, la JEP realizó en Ocaña una audiencia pública de reconocimiento de verdad y responsabilidad, en la que diez exintegrantes de la Brigada 15 del Ejército Nacional y un civil, admitieron su responsabilidad en la comisión de ‘falsos positivos’ y detallaron cómo cometieron esos asesinatos.
A ese encuentro también asistieron familiares de víctimas y representantes de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar las versiones de quienes perpetraron homicidios con el fin de satisfacer las exigencias de resultados de sus superiores y acceder a bonificaciones salariales y permisos.
Esta instancia de justicia transicional, creada para juzgar y sancionar a exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc, miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles implicados en crímenes relacionados con el conflicto armado, abrió un expediente para investigar y sancionar a los responsables de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, que es conocido como Caso 03.
Resultados preliminares de la JEP establecieron la ocurrencia de 6.402 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008. De ellas, 120 ocurrieron en Norte de Santander entre 2007 y 2008; por esa razón, tampoco fue gratuito que la audiencia pública se realizara los pasados 26 y 27 de abril en el Teatro Leonela, de Ocaña, donde coincidieron familiares de víctimas de los denominados ‘falsos positivos’ y militares responsables de perpetrarlos.
“Vamos a ver si ustedes tienen ese valor de algún día contarlo públicamente”, había increpado Soraida Muñoz, madre de Jonny Duvián Soto Muñoz, asesinado el 12 de agosto de 2008, en un encuentro privado que tuvieron previamente familiares de víctimas con dos exmiembros de la Fuerza Pública, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Gabriel Rincón Amado.
“Yo no fui un asesino toda mi vida. Y téngalo por seguro que es lo más doloroso sentarse al frente de un par de viejos —las madres y padres de los jóvenes ejecutados extrajudicialmente— que uno los mata en vida”, dijo Rincón, coronel en retiro, quien fue comandante de la Brigada 15 del Ejército, en Norte de Santander.
Diálogos complementarios
En menos de un mes, tanto la CEV como la JEP abordaron, cada uno a su manera y desde las funciones que les corresponden como parte del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz, uno de los delitos más execrables del conflicto armado colombiano perpetrados por agentes del Estado.
Antes que ser contradictorios o excluyentes, se trata de verlos de manera complementaria. Así lo analiza Juliana Bustamante Reyes, docente universitaria y experta en derechos humanos y construcción de paz: “La CEV trata de llenar lo que la JEP no puede. La JEP no puede conmemorar y acompañar a través de muestras musicales y artísticas”.
Por su parte, Alejandra Coll, abogada feminista y experta en justicia transicional, precisa que “el objetivo del evento de la Comisión era un perdón público de unos personajes en particular que venían trabajando por meses con la Comisión”. Y agrega: “Si bien el Informe (Final) de la Comisión nos va a ayudar a entender el por qué, lo que haga la JEP en sus sentencias va a establecer el cómo, cuándo y dónde”.
Al respecto, María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), explica sobre el procedimiento de la JEP que “la audiencia de reconocimiento realmente es una puesta en escena de algo que ya sucedió, que sucedió por escrito y que, además, fue conocido por las víctimas con anterioridad”.
Durante el proceso de justicia transicional se espera el reconocimiento de responsabilidades en términos fácticos, jurídicos y restaurativos, y lo que observan las expertas es que en estos espacios públicos se materializa la idea de la justicia restaurativa.
“Tiene un sentido de que las dos partes puedan escucharse. Que los responsables escuchando a las víctimas y la expresión de su dolor puedan, en una escucha empática, dar respuesta a esa demanda de reconocer el daño causado, reconocer el dolor provocado y que ese diálogo pueda, de alguna manera, restablecer o establecer algún vínculo de humanidad entre actores, cuyo vínculo está completamente roto”, precisa Moreno.
La esperanza de los familiares de las víctimas era ver en esos eventos públicos a los altos mandos del Ejército que tuvieron responsabilidad en la comisión de los hechos. “De alguna manera no ha sido muy satisfactorio, pero escuchar y reconocer de ellos que sí existía un aparato criminal en el Ejército es bastante positivo en este trabajo que hemos hecho en 14 años”, dice Jacqueline Castillo Peña, hermana de Jaime Castillo Peña, asesinado el 12 de agosto de 2008.
También destaca que los exmiembros de la Fuerza Pública “limpiaron la memoria de nuestros familiares, con nombre propio, leyendo a cada uno de ellos, y aclarando que no eran guerrilleros, es un logro para las familias”. Y, en términos de justicia restaurativa, enfatiza la importancia del evento de la JEP “porque a nivel de país y a nivel mundial, mucha gente duda que esto (los montajes en las ejecuciones extrajudiciales) fuera cierto”.
Bustamante destaca el valor que tuvieron estos encuentros en el proceso de construcción de tejido social, pero resalta el ansia de los familiares de las víctimas: la necesidad de más verdad.
“Aún no es una verdad completa porque se sigue protegiendo a las personas que están detrás y que tienen mucho más poder que los que están hablando. Es preocupante que pareciera que no hay posibilidad de escalar esa verdad. Es frustrante y las mamás mostraron mucho eso porque ellas quieren saber quién dio la orden. Estos espacios son valiosos, pero pueden ser revictimizantes”, considera la académica.
Para el Caso 03 la JEP estableció una línea de investigación que va de abajo hacia arriba. Es decir, inició a procesar a los militares de menor rango y a los comandantes de unidades militares locales. Posteriormente, los casos irán escalando en jerarquía, llegando oficiales de mayor grado y encargados de roles de máximo nivel, que estén compareciendo ante sus magistrados. Esta metodología es contraria a la del Caso 01, en donde el proceso inició por el juzgamiento de los miembros del antiguo Secretariado de las Farc, quienes fueron los máximos responsables de ese grupo armado ilegal y están respondiendo por 21.396 casos de secuestro.
Exposición ante el país
La decisión de hacer un evento público con un tema de tanta sensibilidad como la que generan los ‘falsos positivos’ tuvo fuertes reacciones contra los responsables de perpetrarlos y que estuvieron presentes pidiendo perdón.
“Lo que sucedió —en la Plaza de Soacha— es que en un espacio tan público varios transeúntes manifestaron esa responsabilidad que tenía Paulino Coronado diciéndole asesino, diciéndole que tenía su responsabilidad, lo cuál llevó a que Paulino se retirara del espacio después de intervenir manifestando que tenía problemas de tensión”, cuenta el abogado Sebastián Bojacá, coordinador de Litigio Penal de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que, desde el 2018, representa a víctimas de ‘falsos positivos’ ante la JEP.
El general (r) Paulino Coronado Gámez es el oficial de más alto rango que ha aceptado su responsabilidad en la comisión de ejecuciones extrajudiciales y estuvo presente tanto en la audiencia en Ocaña como en el encuentro en Soacha.
Como antiguo comandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional, Coronado estuvo al tanto de esa deleznable práctica criminal cuando estaba ocurriendo en su jurisdicción tal como lo admitió en los últimos días en una carta dirigida a la JEP, luego de que le llovieran críticas porque en Ocaña aseveró que no conocía denuncia alguna sobre ‘falsos positivos’ hasta cuando estalló el escándalo a través de los medios de comunicación en 2008.
En la audiencia de la JEP, Coronado fue increpado por la magistrada Catalina Díaz quien le pidió referirse sobre su conocimiento de una reunión del 6 de diciembre de 2007 a la que el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) lo citó y que tuvo lugar en el mismo teatro en donde se estaba realizando la sesión pública de reconocimiento.
En dicha reunión, en la que participaron más de 700 campesinos de la región del Catatumbo y diferentes entes del Estado, entre ellos altos rangos militares, se denunció que campesinos de la región “eran asesinados y sus cuerpos presentados como resultados operacionales”, se lee en el Auto 125 del 2 de julio de 2021, el cual determinó los hechos y conductas ocurridos en el Catatumbo durante 2007 y 2008, atribuibles a miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15. (Descargar Auto 125)
“El señor BG PAULINO CORONADO GÁMEZ manifestó ante esta Sala que él participó en la audiencia pública que tuvo lugar en el teatro Leonela de Ocaña en su rol como comandante de la Trigésima Brigada, sin embargo, manifestó que en dicha reunión no hubo referencias a presuntas muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, se lee en el auto.
Buscando una respuesta diferente a la que Coronado había proporcionado en el pasado y que siguió sosteniendo en la audiencia de reconocimiento, la magistrada Díaz le leyó la carta de invitación al espacio entonces citado por CISCA a finales de 2007, en la que según la agenda de la misma misiva se buscaba establecer un espacio de diálogo entre las comunidades del Catatumbo y autoridades militares y civiles para “evidenciar las posibles situaciones irregulares en el ámbito de los derechos humanos que involucraría a miembros de la Fuerza Pública, impulsar un escenario conjunto de monitoreo e investigación para clarificar las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, establecer unos compromisos en lo que en lo inmediato garantice la no repetición de dichas situaciones”.
En el Auto de julio de 2021 se recoge el testimonio de Diana Sánchez, actual y entonces directora de la Asociación Minga, quien sostiene que Coronado fue informado de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en aquella ocasión. Sin embargo, el alto oficial no dio el brazo a torcer en la audiencia y se decretó un receso para que el excomandante de la Brigada 30 pudiera hablar con su abogada.
Moreno señala que los eventos de reconocimiento suelen estar diseñados para las imputaciones de los autos, en este caso del Auto 125 de 2021. En ese sentido, explica que “Paulino Coronado se limitó inicialmente a hacer referencia a lo que a él le habían imputado en el Auto y lo que él había reconocido, pero después le hacen una pregunta adicional y ahí es donde ocurre esta situación que casi que se volvió un debate probatorio. Que no quiere decir que esa discusión no haya que darla, por supuesto, pero no creo que sea en el escenario de una audiencia de reconocimiento, sino en el escenario previsto para eso, que es el de las versiones voluntarias”.
La pregunta que asalta al abogado Bojacá, de la CCJ, es que los hechos de 2008 no hubieran sucedido si altos oficiales para la época, como Coronado, hubieran actuado oportunamente ante las denuncias. “Si yo estoy haciendo un reconocimiento que parte de mi libertad y voluntad para aportar a la verdad y a portarle a las víctimas, yo en nada tendría que consultar con mi abogada y mucho menos cuando la magistrada me está preguntando por algo y lo está negando. Es como una verdad incompleta”, considera.
Cuestionamientos a la JEP
“La Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones que representan víctimas hemos cuestionado cómo definir los máximos responsables”, advierte Bojacá, quien explica que a la JEP se han sometido 189 exmiembros de la Fuerza Pública por hechos ocurridos en la región del Catatumbo, de los cuales la institución de justicia transicional llamó a versión voluntaria a 44 de ellos por su papel determinante en los crímenes y con base en esos testimonios estableció seis máximos responsables.
Se trata del brigadier general Paulino Coronado Gámez quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15; el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15; el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, entonces oficial de operaciones de la Brigada Móvil 15; y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del Batallón de Infantería No. 15. (Leer más en Estos eran los oficiales del Ejército en las zonas con más ‘falsos positivos’)
La JEP también le imputó cargos a cuatro exintegrantes de la Fuerza Pública, quienes hicieron parte de la Central de Inteligencia de Ocaña, y a un civil “por haber contribuido de manera amplia y efectiva en la ejecución de conductas de particular gravedad”. Son ellos el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del Batallón de Infantería No. 15; el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la Brigada Móvil 15; y el civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de los militares.
“Queda uno con esa inquietud de qué tienen que revelar estos otros 178 que no llaman. Uno se pregunta si el auto de determinación de hechos y conductas, el Auto 125, hubiese cambiado o hubiese variado si se hubiesen escuchado otros responsables, inclusive pidiendo reconocimientos por escritos”, se queja el abogado Bojacá, considerando que aún se está a tiempo para no desestimar estas voces en el proceso y conseguir mayores resultados de justicia.
Adicional a esas 178 personas, también habría otras que tendrían que aportar a la verdad, pero aunque familiares de víctimas y sus representantes han insistido en que sean llamadas a comparecer, la JEP no las ha vinculado al expediente. Se trataría de abogadas que, en el pasado, defendieron a militares y supuestamente participaron en estrategias de encubrimiento jurídico que, según el Auto 125, “giró en torno al uso de testigos falsos y a la unificación de versiones entre los miembros de la tropa”, especialmente de miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería N. 15.
Los abogados de la CCJ han concluido después de algunos análisis que la determinación de las conductas de algunos militares son erróneas, entre ellas la de Coronado Gámez y el coronel (r) Álvaro Diego Tamayo Hoyos. En las versiones voluntarias y las audiencias públicas de reconocimiento los oficiales aceptaron dar la orden de ejecutar civiles y no solo ser responsables por omisión, al no tener los suficientes controles para evitar que esta práctica se materializara.
“Que los militares de alto rango, tenientes coroneles, comandantes de batallón, comandantes de brigada, de división, reconozcan en comisión por omisión no es fortuito, es como la manera más simple de reconocer sus errores y de reconocer que ellos estuvieron al frente de esta política”, explica Bojacá.
Lo que ha observado este abogado es que el argumento de estos militares es sostenerse en que las órdenes impartidas por Mario Montoya, entonces comandante del Ejército, de conseguir resultados con altos números de bajas en combate, bajaban directamente a los militares por los programas radiales, suplantando la autoridad del comandante de división, brigada y batallón. (Leer más en: “Las bajas no es lo más importante, es lo único”: general Mario Montoya)
“Esto quiere decir que el único responsable de la política y por dar las órdenes es Montoya y los comandantes simplemente omitieron controles, cosa que no es creíble, porque vamos a llegar a un punto en el que el único responsable de toda esta política a nivel nacional es Mario Montoya Uribe”, señala el abogado de la CCJ.
Al respecto, Sebastián Escobar, abogado representante de víctimas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), resalta que persiste una dificultad para que los perpetradores asuman su responsabilidad. Por eso se pregunta cuál sería el aporte de Mario Montoya en una audiencia como la de Ocaña.
“Este compareciente ha demostrado que no tiene deseo de reconocer responsabilidades. Esa no es su actitud frente a la Sala y el procedimiento, más bien ha sido la de controvertir los señalamientos cada vez más numerosos que hay entre su rol en el comando del Ejército y en otras unidades de menor jerarquía. Eso explica por qué no está en una audiencia como estas, que es para el reconocimiento de verdad y responsabilidad”, plantea Escobar.
Aceptar la culpa y pedir perdón
Otra de las preguntas que salta con frecuencia es cómo esta información que surge de las audiencias y los espacios públicos, y el venidero Informe Final que la CEV va a entregar el próximo 26 de junio, ayudarán a la reconciliación del país cuando la polarización abunda.
La abogada Coll se arriesga a responder: “Si son informaciones basadas en la evidencia, pruebas que cualquiera que las lea sin importar su posición ideológica puede comprender y puede acceder, entonces va a tener un efecto de disminuir la polarización porque ya no van a haber dos discursos enfrentados. Va a haber una verdad sólida basada en la evidencia y esa será una gran contribución para el país”.
Uno de los militares que ha mostrado su compromiso con el aporte de verdad es Sandro Mauricio Pérez Contreras. En la audiencia de la JEP en Ocaña dijo: “Hoy acepto ante ustedes y ante el país y ante el mundo que utilicé mi uniforme, que utilicé un grado que tenía dentro del Ejército, una función, con el pretexto de dar resultados operacionales, haciéndolos creer que eran legales, pero que en realidad eran asesinatos que se cometían con seres humanos inocentes, que no tenían ninguna vinculación con ningún grupo al margen de la Ley, nunca pertenecieron”.
Esto último era una de las principales peticiones de las víctimas: que los militares le reconocieran al país que sus hijos no eran guerrilleros, sino muchachos inocentes. Jacqueline Castillo, vocera de la organización Madres de los Falsos Positivos de Colombia (Mafapo), asegura que eso es más valioso que obtener una condena ejemplar: “Para nosotros era importante escuchar esa verdad y encontrar quién dio la orden de cometer estos crímenes”.
Sobre la segunda exigencia que buscaba que se reconociera que detrás de las ejecuciones extrajudiciales había una red criminal y se trataba de una práctica sistemática, Pérez contribuyó a compartirle al país esa realidad: “Escuché en mi formación militar un patrón criminal con una palabra (…): ‘legalizar’. En un principio no entendí y me quedaba la duda ¿qué significa ‘legalizar’? (…). Un día me senté a hablar con unos soldados que ya tenían trayectoria y me dijeron que ‘legalizar’ era agarrar a alguien y asesinarlo”.
Este exmilitar sostuvo que intentó retirarse de la institución, pero un comandante del batallón le ofreció trabajar en el área de inteligencia. A pesar de no tener ningún tipo de experiencia inició labores como suboficial de inteligencia primero en la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA) y luego en la unidad de inteligencia del Batallón de Infantería No. 15.
Las presiones por falta de resultados operacionales venían desde los superiores, entre ellos, Diego Tamayo Hoyos, entonces comandante del Batallón General Francisco de Paula Santander. Eso llevó a Sandro a fraguar un plan perverso: tomó contactos con civiles de Soacha para engañar a jóvenes de ese municipio con falsas ofertas laborales, asesinarlos y arrebatarles la identidad para hacerlos pasar como supuestas bajas en combate para reportar positivos.
“Con mi responsabilidad planeé cómo llegarían cada uno de estos jóvenes a la ciudad de Ocaña y planeé cómo se debían entregar a los militares que iban a accionar sus armas, planeé cómo se deberían comprar los pasajes para que ellos llegaran acá, planeé y entregué armas para que jóvenes inocentes, con sueños, que eran amados por sus madres, por sus hermanos, por sus esposas, por sus hijos fueran entregados, y asesinados, y reportados como un combate real, como un muerto en combate, como un resultado operacional. ¡Falso! Fueron combates ilegítimos, fueron asesinatos a sangre fría”, reconoció Pérez.
“[Este militar] colabora, entre comillas, con la verdad en principio porque huyó de la justicia ordinaria por más de ocho años. Por eso empieza a entregar algunas verdades que nunca se habían sabido en justicia ordinaria, que hacia allá apuntaban las pruebas, que en eso estaban algunos juicios, pero esa verdad era muy importante recopilarla”, expresa Bojacá.
Sensación de poca verdad
Entre el alivio de conocer a los máximos responsables persistirá la sensación de falta de verdad en las víctimas directas de ejecuciones extrajudiciales. “No ha habido verdad plena. Unos han aportado y reconocieron que los reclutaron, que los engañaron y los asesinaron, pero no pasan de allí y no dicen quién fue el superior que le dio esas órdenes. Se han quedado allí estancados”, dice la representante legal de Mafapo.
“Todo reconocimiento de responsabilidades desde la perspectiva de quien ha sufrido el daño y el daño en sus múltiples dimensiones siempre será insuficiente porque nada repara realmente el hecho de, por ejemplo, perder un ser querido, nada”, señala la directora del ICTJ.
“La justicia restaurativa no es igual a la centralidad de las víctimas, la justicia restaurativa es restablecer los vínculos y restaurar el daño entre víctimas responsables y comunidad. Todas las partes implicadas en ese diálogo tienen que al final sentir que ese diálogo las dignificó de alguna manera”, concluye Moreno.
Uno de los retos más grandes lo tienen las víctimas que muestran la grandeza para recibir el reconocimiento de responsables que se esperaba estuvieran mostrando su humanidad y fragilidad. Sebastián Bojacá complementa esa situación desde su trabajo en los tribunales de justicia transicional del lado de las víctimas: “Una reflexión que teníamos es que la víctima no va entender de la macrocriminalidad y de las macroinvestigaciones cuando su caso todavía no ha sido resuelto, por lo menos en los términos que ellas lo piden”.
Y aclara: “Tenemos al reclutador que nos ha contado cómo reclutó, cómo engañó, cuánta plata le pagaban por cada muchacho, pero hasta ahí se sabe. Luego nos saltamos a la etapa del encubrimiento e inclusive algunos puntos de la planeación: como se falsificaron informes de operaciones de inteligencia, las misiones tácticas”.
A su criterio, en ese proceso, “queda como ese camino (faltante) entre que fue entregado el Ejército y que lo asesinan en la gran mayoría de casos. Las madres quieren saber cómo la asesinaron, cuándo, dónde, cuáles fueron sus últimas palabras, qué dijo cuando lo estaban golpeando y torturando, en algunos casos, qué dijo de su familia y entonces queda esa gran incertidumbre en las madres. Ellas no van a tener la posibilidad de aceptar una macroinvestigación o una macrosentencia”.
Moreno precisa que en los procesos de justicia transicional no se obtiene una satisfacción total, pero sostiene que ese no puede ser el indicador que mida el éxito de este tipo de procesos. Lo que debe tener en cuenta es cómo avanza el reconocimiento de responsabilidad y la manera cómo se hace.
Para el país las declaraciones de los militares fue novedosa, pero la gran mayoría de las cosas que reconocieron ya se conocían incluso desde los procesos penales que se habían llevado en la justicia ordinaria. Lo valioso, coinciden los expertos, fue presentarla al país.
Según Escobar, del Cajar, “se debe reconocer el impacto público que tuvo la audiencia; que es importante que la sociedad conozca de este tipo de crímenes, y no sólo por las denuncias de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, sino por la viva voz de los perpetradores. Eso es positivo porque permite contrarrestar los discursos negacionistas que existen en algunos sectores”.
“Hay una sensación de verdad frente a la sociedad colombiana que no necesariamente tiene una exactitud porque justamente las madres venían escuchando esto desde los últimos 14 años, el país no. El país escuchaba las demandas de las madres, por eso también hay como unas falsas sensaciones de verdad en las madres”, complementa el abogado de la CCJ.
Lo que esperan las víctimas es conocer el rol que jugó cada uno de los responsables involucrados en el asesinato de sus seres queridos y aunque aún siguen esperando detalles, la participación de Sandro Pérez aportó a la expiación de algunas víctimas como Flor Hilda Hernández, madre de Elkin Gustavo Verano, asesinado el 13 de enero de 2008.
Tanto en el espacio de reconocimiento de la CEV como en la audiencia pública de la JEP, Pérez reconoció que tomó las decisiones para asesinar a Elkin Gustavo y le sostuvo a Flor Hilda que podría decirle quiénes eran los otros responsables que debían estar reconociendo su participación en ese proceso.
Varias de las fuentes consultadas auguran que, por la naturaleza de la investigación de abajo hacia arriba, progresivamente se llegará a que se precise la responsabilidad de los altos mandos de los ‘falsos positivos’, incluyendo a la Presidencia de la República.
La audiencia pública sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas en la región del Catatumbo genera expectativas para víctimas de otras zonas del país que padecieron este flagelo.
Carolina Hoyos, abogada del Colectivo Orlando Fals Borda, que representa a víctimas del departamento de Meta, región para la que no se ha proferido Auto de Determinación de Hechos y Conductas, espera que las fallas para involucrar a altos responsables no se repitan en los Llanos Orientales.
“Necesitamos saber quiénes fueron los comandantes y las unidades militares responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es importante escalar en esa cadena de mando, que no se vio en la audiencia en Ocaña”, concluye Hoyos.
