A 50 mil desmovilizados el gobierno les brinda mejores servicios de salud y educación y está buscando hacer más eficiente el apoyo económico. Pero aún demasiados de ellos sienten que no les han cumplido lo prometido, y por eso mismo, están en alto riesgo de volver al conflicto. Reportaje especial.
Catalina Lobo-Guerrero
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| Programas para desmovilizados |
El 7 de marzo de 2007 en un foro sobre desmovilización y reinserción de combatientes a la vida civil, el Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl presentó las graves fallas del programa de reintegración. Más de la mitad de los 33 mil ex guerrilleros y ex paramilitares estaban sin servicios de salud, ni apoyo sicológico, y un número aún mayor sin acceso a educación o capacitación. Con gran entusiasmo a pesar de los problemas, Pearl, que venía de gerenciar grandes empresas privadas, dijo que con la Alta Consejería para la Reintegración (ACR) creada en 2006 se podía salvar el programa y cumplirle a los desmovilizados.
Casi dos años después de creada la Alta Consejería, sin embargo, los problemas están lejos de resolverse. El desafío ha sido grande. En dos años la ACR ha tenido que adaptar un programa en crisis, trazar una política pública que no existía (aún sin publicar), y modificar la ley. Además, nunca antes se habían tenido que reintegrar tantos ex combatientes en tan corto tiempo en Colombia: 47 mil en los seis años del gobierno Uribe. Y todos los días llegan más: entre enero y mayo de este año han dejado sus armas 1413 hombres y mujeres provenientes de grupos ilegales armados.
Del éxito de este programa dependen en gran parte que la paz en Colombia sea duradera. Si la mayoría de los casi 50 mil desmovilizados se devolvieran a la guerra y a la ilegalidad, todo el esfuerzo habría sido en vano. El panorama no es alentador: el Estado les ha cambiado constantemente las reglas de juego, le cuesta mucho confiar en ellos y les ha incumplido muchas promesas.
Del otro lado, muchos desmovilizados cargan un pesado fardo sicológico por el daño y el sufrimiento que han causado a la sociedad, saben más de armas y de muerte que de trabajo y esfuerzo, y son objeto de permanente presión por bandas delincuenciales que ven en ellos, mano de obra entrenada y barata.
¿De qué vivir?
Cuando un combatiente deja las armas se queda sin ingresos, y mientras normaliza su situación legal, recupera un hogar y consigue trabajo, necesita un subsidio del Estado que le dé con qué vivir por un tiempo. Pero cada ola desmovilizadora trajo sus lógicas y el resultado acumulado fue un sistema de subsidios tan disparejo como injusto.
“Era perverso porque le estábamos girando plata a unas personas que no estaban haciendo ningún esfuerzo por reintegrarse a la vida civil y estábamos desincentivando el trabajo,” dijo a Semana.com, el Alto Consejero Frank Pearl.
Así mientras que los ex combatientes que se desmovilizaron por el acuerdo de paz de Ralito recibían 385 mil pesos mensuales de subsidio, los ex guerrilleros estaban recibiendo subsidios de 895 mil pesos. Para crear los proyectos productivos, los paramilitares desmovilizados colectivamente recibían dos millones de pesos, mientras que a los desmovilizados de la guerrilla se les entregaban ocho millones.
La Alta Consejería reformó las normas para que todos quedaran ganando 400 mil pesos mensuales de subsidio y además que sólo los recibieran si cumplían con ciertos requisitos, como participar en talleres sicosociales dos horas a la semana, asistir a las capacitaciones o cursos técnicos y, por supuesto, no delinquir más.
Los desmovilizados consideran que el subsidio no les alcanza para vivir. “O me voy a buscar con que sostener a mi familia o voy a los talleres porque con eso dinero usted no vive aquí en Bogotá”, dice Alvaro un desmovilizado de la guerrilla, quien a pesar de todo continúa en el programa. Pero, según calcula la Alta Consejería, hay un 10 por ciento que ha desertado. “Este no es un programa de dinero fácil; tienen que cumplir muchos requisitos y estar ocupados muchas horas a lasemana para ganarse su plata. Entonces por eso algunos dicen que no le jalan a esto”, dice Pearl y añade que los 400.000 pesos mensuales son una cifra justa, si se tiene en cuenta que muchos colombianos no reciben ni siquiera sueldos fijos por cifras inferiores.
La exigencia de asistir a cursos como requisito para recibir el subsidio presenta problemas para los discapacitados que a veces no pueden físicamente ir a los talleres, o las madres de hijos pequeños que no tiene con quién dejarlos.
Además un informe de mayo pasado de la Procuraduría concluye que los recursos asignados no les alcanzan al desmovilizado y su familia para vivir. Y señala que como los proyectos no están regulados por ninguna norma legal explícita, los desmovilizados no pueden exigir que ésta se cumpla.
Para empezar de nuevo
Otra estrategia del programa de reinserción para ayudarles a los que han dejado las armas a arrancar de nuevo, es aportarles individualmente o en grupos pequeños, un capital semilla para que puedan empezar un negocio propio. El citado informe de la Procuraduría critica también el fracaso de la mayoría de los proyectos productivos que se gestaron con estos capitales semilla.
Pearl responde que su oficina logró salvar 373 de 1.261 proyectos que existían cuando asumió el cargo. Explicó que ahora ya no les regalan el capital semilla, sino que les prestan la plata, y eso sólo si pasan muchos filtros. Para componer el fracaso de los proyectos productivos, la Alta Consejería tuvo que inyectar 1.800 millones de pesos.
Los desmovilizados aseguran que la mayoría de proyectos que presentaron fueron rechazados porque no cumplían con una gran cantidad de requisitos que exigía la nueva “lógica empresarial” que impuso la ACR con la llegada de Pearl a su dirección, y que con su pasado violento su única salida es montar su propia empresa porque nadie les va a dar trabajo.
La ACR desarrolló un esquema productivo alternativo que consiste en buscar recursos de la cooperación internacional y de la empresa privada para emprender proyectos en los que los desmovilizados puedan ser empleados.
Sin embargo, la mayoría termina en trabajos informales para subsistir. El mismo Pearl admite que 7 de cada 10 empleos que encuentran los desmovilizados son en el sector informal. Según la ACR, menos de la mitad de los 47 mil desmovilizados tienen empleo y precisamente porque la mayoría trabaja en la informalidad este empleo es muy inestable. Pearl señala tajantemente: “Esta no es una oficina de empleos y esto no se mide por cuántos de ellos están trabajando y cuánto se ganan”.
El problema es que si no tienen empleos estables, su reinserción a la vida civil y su compromiso con la paz pueden flaquear con mayor facilidad, y entonces el riesgo de que vuelvan a delinquir, como de hecho está sucediendo, es alto.
Según varios desmovilizados, inicialmente se les había dicho que podían utilizar su capital semilla para invertir en vivienda, otra manera de darles una plataforma estable donde empezar sus nuevas vidas. Pero con las reformas de la ACR, ningún desmovilizado puede utilizar ahora ese dinero para adquirir su casa.
“Sería tremendamente injusto que habiendo colombianos desplazados y víctimas que no tienen donde vivir, y pobres que nunca han podido acceder a vivienda propia que les demos esa posibilidad a los desmovilizados”, explica Pearl.
Salud física y mental
A los ex combatientes con discapacidades físicas, la ACR les ofrece prótesis y cursos para enseñarles como manejarlas, y según Pearl, todas excepto dos personas están cubiertas. Felipe, un ex guerrillero, no opina lo mismo pues cree que son varios los desmovilizados con problemas físicos que no reciben atención especializada. Su amigo, por ejemplo, es ciego y no puede ni siquiera asistir a los talleres sicosociales porque no hay nadie puede llevarlo y por eso a veces no recibe los subsidios.
Un informe de 2006 sobre el proceso de reinserción de la organización holandesa Pax Christi criticaba que el programa no cubría tratamientos psiquiátricos. Pearl dice que estos servicios los cubre el programa en alianza con las Secretarías de Salud municipales y departamentales. Pero hay departamentos, como Sucre, donde no existen estas alianzas y los ex combatientes que pudieron haber presenciado o cometido horribles delitos no reciben evaluación ni tratamiento siquiátrico alguno.
No obstante, la ACR cuenta con cuarenta centros de servicio, donde atienden 300 psicólogos, que a veces brindan talleres colectivos de asistencia sicosocial y a veces realizan consultas individuales o con las familias. Pero el ex guerrillero Álvaro dice que desde que se desmovilizó hace dos años no ha tenido sesiones individuales.
Otra queja entre los desmovilizados es que los que abandonan las armas pero ingresan a la cárcel a cumplir condenas por delitos conexos no pueden beneficiarse de los talleres sicosociales, ni de los cursos de capacitación y por eso, adicionalmente, no reciben el subsidio condicionado. Pearl reconoce que esta medida es injusta.
Explica que los gastos de manutención de estos desmovilizados los paga el Inpec, y que por eso la ACR no los puede cubrir. Pero explica que están buscando reformar la norma para que los familiares de los que están presos sí puedan recibir los beneficios del programa.
“Queremos que cuando salgan de la cárcel comiencen un programa de reintegración, si ellos ven que sus familias ya han hecho parte de ese proceso pues van a querer participar. Pero si no ven que se está ayudando a las familias, van a pensar que los dejamos abandonados y tendrían razón”, asegura.
Educar para cambiar
Uno de los beneficios en los que ha hecho más énfasis la ACR es el de capacitación y educación. El programa maneja convenios con varias instituciones, entre ellas el Icetex, para los que buscan educación superior. Sin embargo, pocos pueden acceder a él, primero, porque sólo 2.800 de los 33 mil en el programa, son bachilleres y segundo, porque se necesita un codeudor y muy pocos lo tienen. Según una fuente, de 2.600 que presentaron una solicitud de crédito ante Icetex sólo se las aprobaron a 13.
Para la mayoría con niveles de educación muy bajos, el programa ofrece cursos del Sena en panadería, peluquería, mecánica, y otros oficios. Muchos de los ex combatientes no pueden devolverse al campo de dónde eran, por seguridad, y por eso la capacitación busca ayudarlos a encontrar trabajo en las ciudades.
El problema es que los cursos que ofrece el Sena son demasiado cortos, y muchos ex combatientes saltan de un curso a otro, sin aprender realmente ningún oficio. “Usted al final sabía de todo y de nada al mismo tiempo con esas capacitaciones del Sena”, dice Felipe, quien terminó desertando del programa. Otro desmovilizado critica que los cursos sean sólo para grupos de desmovilizados, separándolos así del resto de la población estudiantil. “Es una política de ghetto y de exclusión, porque lo normal es que la persona pueda prepararse para la reinserción compartiendo con otras personas”, dice.
La buena noticia es que desde que asistir a las capacitaciones se volvió condición para recibir el subsidio, la deserción ha bajado drásticamente: de 60 por ciento de cada grupo que entraba a sólo 8,9 por ciento. “Todavía no podemos cantar victoria: hay que hacerles entender de que la educación es importante”, dice el Alto Consejero.
Dejar de ser victimarios
Con agudeza un desmovilizado que vive en Bogotá asegura que la política del gobierno frente a la desmovilización tiene una contradicción de fondo. Por un lado le pide al ex combatiente que le dé información útil para perseguir a los que siguen armados, y por otro le pide que abandone la guerra. “Hay una contradicción, se supone que uno de los requisitos es colaborar con información, pero si a alguno de nosotros nos ven en una base militar u oficina del Ministerio de Defensa, nos sacan del programa,” dice.
Un informe de la Procuraduría señala que en 2007, 180 desmovilizados fueron asesinados por negarse a participar dentro de nuevos grupos al margen de la ley o por haber colaborado con el Ejército. “En este panorama, el combatiente se desmoviliza del grupo armado al margen de la ley, pero su promesa de abandonar las armas y la violencia se rompe al ser estimulado a tomar partido esta vez dentro del conflicto armado”, dice al respecto el informe.
El Ministerio de Defensa envió el 25 de junio del 2007 una directiva recordando que era prohibido vincular a los desmovilizados a operativos, pero según dice el último informe trimestral de seguimiento al proceso con la Auc de laMisión de la OEA “las unidades del Ejército y la Policía desconocen el alcance de esta normativa”.
Para varios desmovilizados esto sigue sucediendo porque a ellos se les sigue tratando como victimarios, y no como ciudadanos que se desmovilizaron, colaboraron con la justicia y están pidiendo una nueva oportunidad. Los desmovilizados dicen que cuando han tratado de hablar en nombre de otros compañeros no son escuchados. Felipe asegura que cuando han intentado proponer proyectos a través de la veintena de asociaciones que han constituido jurídicamente, han sido descartados de raíz.
“No hemos promovido las asociaciones en la forma en que se hacía antes, porque cuando vienen de un grupo tienden a promover sus cadenas de mando, sus estructuras y su conducta, y lo que nosotros queremos es desarticular los grupos armados al margen de la ley en todas sus manifestaciones”, explica Pearl.
Para hacerse escuchar otros han recurrido al método que conocen, la fuerza. Se tomaron la catedral en Bogotá y un centro de asistencia en Cali, donde además retuvieron a algunos funcionarios. Reclamaban pagos atrasados en los subsidio. La ACR, dice que ya pagan a tiempo. Sin embargo, el último informe trimestral de la OEA dice que “en algunas zonas del país, la Defensoría del Pueblo con su programa de acompañamiento a la población desmovilizada ha podido supervisar que la ACR no cumple a tiempo con la entrega de estos pagos”.
Por su conducta violenta los desmovilizados fueron expulsados del programa, pero según Pearl, se tomó nota atenta de los reclamos. También asegura que viaja por el país y se reúne con desmovilizados para saber si funcionan los servicios de la Consejería y que aún tienen que mejorar, pero también hay interesados en desprestigiar el programa.
Un desmovilizado dice que han querido proponer esquemas de trabajo de reparación con las víctimas, pero no les han puesto atención. Pearl admite frente a la colaboración de los desmovilizados con la verdad, la justicia y la reparación no se ha avanzado mucho, pero que sin embargo, han ayudado a que muchos de los 3.000 desmovilizados postulados a Justicia y Paz que no se habían presentado a dar sus versiones libres, empiecen a hacerlo. Explica además que en los nuevos esquemas de proyectos productivos los desmovilizados trabajarán hombro a hombro con las víctimas como empleados, y que adicionalmente se va a instaurar un servicio social obligatorio por seis meses para los desmovilizados.
Reintegración sin exclusión
A pesar de los esfuerzos que la Alta Consejería ha realizado desde que fue creada hace dos años y que se traducen en la mejoría de algunos índices en los servicios básicos, no se ha logrado resolver el problema de fondo: que los desmovilizados realmente se reinserten en la sociedad como ciudadanos de bien.
No se puede culpar únicamente a la ACR, pues heredó un programa con graves inconsistencias jurídicas y un esquema de servicios armado a la carrera para acoger a los desmovilizados de las Auc. Pero el Estado tiene que definir unas reglas de juego claras para poder exigir a los desmovilizados que las cumplan. También necesita escucharlos más para que los servicios y beneficios que se les brindan, que son bien costosos para el Estado, realmente sean pertinentes para su realidad y les ayuden a salir pronto de la transición de la guerra a la paz.
Hasta ahora el sistema de ensayo y error que ha adelantado el Estado colombiano frente a los desmovilizados está dejando resultados dramáticos. Muchos han sido asesinados, otros tantos han regresado a la delincuencia y a la violencia, y demasiados viven aún al borde del abismo, pues aún no tienen ni ingresos ni empleo estables, ni casa, ni han recibido todavía la capacitación adecuada en lo laboral y en lo sicológico para ganarse la vida como cualquier colombiano.
“Estamos seguros que estamos haciendo las cosas de muy buena fe pero también tenemos que revisar lo que hacemos y corregir lo que no funciona, porque en este proceso no está todo inventado”, reconoce Pearl con humildad.
Al final no hay que perder de vista que el objetivo es que los desmovilizados puedan romper con el papel de victimarios que han estado acostumbrados a desempeñar y con el que sienten que los juzga la sociedad. Hay que reconstruir el esquema para que los desmovilizados pueden salir del aislamiento que sienten y tender lazos con la sociedad, reencontrarse con su familias, y también reparar a las víctimas con trabajo y verdad, para compensar en algo los crímenes que cometieron. Solo así habrá verdadera reintegración.
Publicado en Semana.com 07/24/08
