Las ejecuciones extrajudiciales en la región fueron sistemáticas y respondieron a políticas de incentivos, presión y búsqueda de éxito militar a través de la entrega de cuerpos de personas que supuestamente pertenecían a grupos insurgentes. El país está a la expectativa de si los señalados responsables en dicho recurso judicial reconocerán o no responsabilidad. ¿Se podrá avanzar en la reparación a las víctimas?
“No se trató de una situación aislada, sino por el contrario de una acción organizada, planificada, ejecutada minuciosamente (…) Una actuación deliberada, que compromete a redes criminales y que se instala en las unidades militares no puede ser simplemente fruto de pocas manzanas podridas”.
Esa es, en síntesis y en palabras dichas por Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la conclusión a la que llegó este tribunal de justicia transicional sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre enero de 2007 y agosto de 2008 en Norte de Santander.
El análisis de esos trágicos hechos hace parte del Auto 125, proferido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP el pasado 2 de julio en desarrollo del Caso 03, que prioriza los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Esa instancia judicial tuvo en cuenta documentos oficiales; informes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; versiones voluntarias de comparecientes y observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a tales declaraciones; procesos de la jurisdicción ordinaria y de la justicia penal militar; y solicitudes de acreditación.
“El Auto que entregaron lo recibimos con mucha felicidad. Desde allí empezamos nosotros a seguir demostrando con hechos reales que sí fue una práctica sistemática, que no se trató de unos casos aislados”, indicó Jacqueline Castillo, Directora general de la asociación Madres de Falsos Positivos de Colombia (MAFAPO).
Un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, un cabo y un tercero civil fueron imputados con el crimen de guerra de homicidio en persona protegida. También con crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, pues se estableció que fueron conscientes de que perpetraban ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil.
La JEP determinó que, para generar ‘bajas en combate’ se crearon organizaciones criminales en la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y el Batallón de Infantería número 15 (BISAN) del Ejército Nacional de Colombia. Las dos unidades militares fueron las de mayor capacidad que prestaron servicio en la región del Catatumbo.
En los hechos perpetrados en 2007 y atribuidos a la BRIM15, se responsabilizó a su comandante, coronel Santiago Herrera Fajardo; al jefe de la sección de operaciones, teniente Gabriel de Jesús Rincón; al jefe de la sección de inteligencia, capitán Daladier Rivera Jácome; así como a varios miembros de grupos especiales de la unidad, de los batallones y de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA). A partir de diciembre del mismo año, el coronel Rubén Dario Castro pasó a ser el comandante de la brigada.
En el BISAN estuvieron involucrados su comandante, coronel Álvaro Diego Tamayo; el jefe de la sección de inteligencia, sargento Sandro Pérez Contreras; y el jefe de la sección de operaciones, mayor Juan Carlos Chaparro.
Los comandantes de ambas unidades militares tuvieron un papel crucial en la autorización y planeación de los asesinatos, pues fueron los encargados de dar la orden de reportar ‘bajas en combate’, autorizar las operaciones militares, conseguir y legalizar el dinero para pagar a terceros civiles, obtener armas para la simulación del combate y firmar la documentación para legalizar las muertes.
Los jefes de operaciones hicieron parte de la organización del proceso de captura y asesinato de las víctimas, mientras que los responsables de inteligencia cumplieron un rol de coordinación entre miembros del estado mayor y la plana mayor, agentes de inteligencia, militares que hacian inteligencia en combate y los terceros reclutadores.
Los miembros de la BRIM15 y del BISAN tenían como objetivo la presentación de ‘bajas en combate’ como un medio para demostrar la eficiencia militar, por lo que colaboraron con terceros civiles a partir de finales de 2007 y se valieron de sus relaciones personales y del poder que tenían por las posiciones que ocupaban para entonces.
Además, hicieron uso de procedimientos institucionales y recursos públicos “para idear, planear, organizar, ejecutar y encubrir los crímenes de manera masiva y sistemática, y se distribuyeron los distintos trabajos necesarios para llevar a buen término el plan criminal”.
Todo esto llevó a que los roles operaran “como un circuito cuidadosamente diseñado para que la realidad de los asesinatos y otros actos criminales nunca se diera a conocer”, de acuerdo con el Auto proferido por la JEP. (Leer más en: Estos eran los oficiales del Ejército en las zonas con más ‘falsos positivos’)
Cuerpos traducidos en éxito militar
En total, fueron objeto de estudio de la JEP 24 desapariciones forzadas, un intento de homicidio y 119 asesinatos. De estos últimos, la mayoría ocurrieron en los municipios de Ocaña, El Carmen, Ábrego y Teorama. Además, el 63 por ciento fueron responsabilidad de miembros de la BRIM15 y el 37 por ciento restante de miembros del BISAN.
En la justicia ordinaria, 73 homicidios ya venían siendo investigados por medio de 39 procesos judiciales; sin embargo, sólo ocho de ellos llegaron a etapa de juicio y uno a la decisión de condena.
Los lentos avances se debieron a que los casos fueron estudiados por separado y no de forma agrupada, como sí lo hizo la JEP, según la magistrada Catalina Díaz Gómez, quien resaltó que esa estrategia fue, justamente, la que les permitió establecer las ejecuciones extrajudiciales como crímenes de lesa humanidad y como parte de un patrón macro criminal.
La magistrada aseguró, tras la divulgación del Auto, que la Sala de Reconocimiento “encontró que existió una política institucional de identificar la muerte en combate, el cuerpo del supuesto enemigo caído, el cadáver como el indicador real del éxito del esfuerzo militar” y que otros indicadores, que también eran contabilizados, como desmovilizaciones, capturas, incautaciones de caletas con armamento, municiones o explosivos, no tenían el mismo valor para la institución. (Leer más en: “Las bajas no es lo más importante, es lo único”: general Mario Montoya)
Son múltiples las declaraciones que lo corroboran. En una versión voluntaria, el 25 de noviembre de 2019, Paulino Coronado, quien fue comandante de la Brigada 30 en 2007, dijo que “las tropas se identificaban con esa directriz del Comando del Ejército, de causar las muertes, como principal valor de la valoración o de la evaluación de las unidades y más que por encima de cualquier otra situación”.
“Pues lo más importante eran las muertes en combate (…) La importancia era en el orden en que se presentaban, entonces, muertes en combate, capturas, fusiles, intendencia, droga. Pero muertes en combate siempre estaba de primero”, afirmó, por su parte, el coronel Tamayo.
Asimismo, el mayor Chaparro declaró: “Lo primero que ve usted es muerto en desarrollo de operaciones militares y así mismo lo ven los comandantes, prioridad los muertos que un capturado y un desmovilizado y así en el momento que yo estuve me lo metí en la cabeza también”.
Así, para la SRVR los hechos no estuvieron aislados ni desconectados, pues todos buscaban “la satisfacción del indicador oficial del éxito del esfuerzo militar: el cuerpo sin vida del enemigo abatido con un arma que demuestra su condición de combatiente, reportado siguiendo el curso y procedimiento oficial para ello”.
Estrategias criminales
En el auto se explica que un patrón de macrocriminalidad implica la repetición en perpetradores, finalidades, modos de comisión y características de las víctimas. Sin embargo, dentro del mismo se pueden presentar algunas variaciones.
Las ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander se dieron bajo dos modalidades: La primera de ellas tuvo lugar entre el 21 de enero de 2007 y el 28 de enero de 2008, cuando los miembros de la BRIM15 y del BISAN asesinaron especialmente a jóvenes de entre 25 y 35 años que habitaban en el área rural del Catatumbo y se desempeñaban como agricultores, comerciantes y transportadores informales.
Para esa época, ambas unidades militares transformaron la sección de inteligencia con el objetivo de identificar a las víctimas, una actuación que estuvo liderada por sus respectivos comandantes. Ellos mismos autorizaron luego las operaciones en las que se perpetraron los asesinatos.
“El montaje de estas operaciones requirió del acuerdo entre miembros del Estado y Plana Mayor de las unidades con los miembros de la tropa para definir cómo se simularía el combate y conseguirían las armas y demás elementos que serían implantados a las víctimas asesinadas”, de acuerdo con la JEP.
De esa forma, las víctimas eran retenidas, asesinadas en un escenario simulado de combate y vestidas con prendas de uso común de combatientes. Posteriormente, los militares realizaban acciones para dar apariencia de legalidad a los homicidios en los procesos operacionales internos, disciplinarios y judiciales.
La segunda modalidad fue identificada entre el 6 de diciembre de 2007 y el 25 de agosto de 2008, tiempo durante el que las víctimas fueron trasladadas con engaños al Catatumbo desde otras regiones del país, como Soacha y Bogotá, Cundinamarca; Aguachica y Gamarra, Cesar; y Bucaramanga, Santander.
Anteriormente, las víctimas eran escogidas solamente por rumores de colaborar con grupos guerrilleros. Sobre ese tema, la JEP identificó que los campesinos del Catatumbo eran estigmatizados y señalados de “guerrilleros, auxiliadores o bases de las guerrillas” y que los altos mandos de la BRIM15 y BISAN se referían constantemente a una supuesta complicidad entre la población de la región con esas estructuras.
Pero esta vez, empezaron a ser seleccionadas “bajo una lógica de limpieza social en contra de los que consideraron como los indeseables, es decir, por criterios como el consumo de drogas, tener antecedentes penales, tener una discapacidad, ser desempleado o ser habitante de calle”.
En esa ocasión también tuvieron responsabilidad miembros del Plan Meteoro y terceros civiles, quienes se encargaban de reclutar a las víctimas y entregarlas al Ejército a cambio de dinero.
Los fondos para pagar a esas personas fueron usualmente extraídos, según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de los presupuestados dentro del sistema de otorgamiento de recompensas a civiles que facilitaran información a la justicia, instaurado con la Ley 418 de 1997 y la Ley 548 de 1999, pero perfeccionado con la Política de Seguridad Democrática diseñada en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
También se sumó un factor adicional: el ocultamiento de las víctimas para que sus familiares no tuvieran conocimiento de su paradero ni antes ni después del asesinato y así asegurar el éxito de la operación.
Sobre ese tema, el CNMH, hace una precisión en el informe Hasta encontrarlos: el drama de la desaparición forzada en Colombia, al explicar que en el caso de los ‘falsos positivos’ la desaparición no busca ocultar la violencia sino presentar el cadáver con una identidad que no le corresponde o como no identificado. En algunos casos se llegan incluso a ejecutar torturas sobre los cuerpos, lo que dificulta su reconocimiento.
“Estas características han complejizado la búsqueda y el hallazgo de las víctimas y en los casos en que los cuerpos han sido encontrados, implican un largo proceso para demostrar la falsedad sobre la pertenencia a grupos armados al margen de la ley”, de acuerdo con el CNMH. (Leer más en: ‘Falsos positivos’: macabra estrategia para mostrar que se estaba ganando la guerra)
Tras los asesinatos
La política de dar prioridad a las bajas se fortaleció con presiones a los militares que se transmitieron principalmente por medio de programas radiales, en los que participaban cinco veces al día miembros de la BRIM15 y dos veces al día miembros del BISAN, pero también a través de reuniones operativas tácticas, llamadas telefónicas y encuentros personales.
‘Toca dar una baja’, ‘todo vale’, ‘mire a ver qué hace’, ‘usted no es capaz’, ‘esto le quedó grande’, ‘vago’, ‘nena’. Todas aquellas frases y palabras hacían parte del lenguaje que utilizaban y escuchaban, dependiendo del cargo que se estuviese desempeñando, militares del Ejército.
Así, la presión pasaba por los diferentes mandos. Rincón contó que el entonces comandante de la institución, el general Mario Montoya, en ocasiones fue el que directamente le exigió mostrar resultados. De la misma forma él lo hacía con sus subalternos.
“Tenía que exigirle a los comandantes que estaban allá abajo: ‘Oiga, usted lleva tantos días y qué ha hecho por dar un resultado’. También comenzaba a instigarlo, pero cuando yo comencé a instigarlo era porque me daba la orden del comandante de la brigada”, dijo Rincón, quien, junto con Herrera, se autodenominó ‘instigador’ de las bajas en combate.
A los militares no sólo se les exigía permanentemente las muertes en combate, sino que eran intimidados con castigos y amenazas de excluirlos de la institución, enviarlos a territorios difíciles, poner malas anotaciones en sus hojas de vida y quitarles las vacaciones y permisos que les correspondían.
De ello da cuenta una declaración del teniente Edgar Iván Flórez ante la Procuraduría General de la Nación, que data del 2009 y se recoge en el informe Colombia. La Guerra se mide en litros de sangre’ de la FIDH: “Nos dijo mi coronel Ramírez, cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes, en este momento la guerra se mide en litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes, tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida”.
Asimismo, dijo recordar que, en 2008, el coronel Juan Carlos Barrera amenazó con despedir “por su negligencia o incapacidad operacional” a los comandantes de los batallones que no presentaran bajas en combate en un periodo de 90 días.
“Nos contaban los días que llevábamos sin combatir. En el centro de operaciones táctico existía un tablero en el cual se llevaban las estadísticas de las compañías donde se sumaban los muertos y se contabilizaban los días que llevábamos sin combates y sin muertos”, afirmó el teniente que, aunque no comparece ante la JEP ni está implicado en el Auto, pone en evidencia las acciones de presión que existían, en general, al interior del Ejército.
Sin embargo, eso fue sólo una parte, pues, según la JEP, también hubo una política de incentivos con recompensas positivas en la que se promovió, entre otras cosas, la competencia entre unidades militares para premiar a las que reportaban “mejores” resultados.
De la misma forma, se otorgaban felicitaciones, condecoraciones, permisos, comisiones al exterior y planes vacacionales, lo que, dicen los comparecientes, jugó un papel fundamental en su decisión de cometer asesinatos.
Herrera, quien fue el primero en recibir un plan vacacional, obtuvo nueve felicitaciones entre enero y septiembre de 2007, y Tamayo obtuvo tres entre enero de 2007 y noviembre de 2008.
Si la felicitación era privada se otorgaba un permiso de hasta cinco días, si era pública de hasta diez días y si era pública por parte de un comando superior de hasta 15 días. Esos tiempos eran de tres, cinco y diez días respectivamente antes de 2003, cuando, durante el gobierno de Uribe, se emitió la Ley 836, en la que fueron modificados.
Sin embargo, “no se pueden redactar felicitaciones por muertes en combate e incautación de pistolas. Se debe hacer por la neutralización de los planes terroristas de las Farc, etcétera, pero nunca mencionar muertes”, según dijo Coronado en un programa radial de la época.
Él mencionó también que “las comisiones al exterior eran otros estímulos que estaban establecidos y que fundamentalmente la valoración que se tenía era qué resultados operacionales ha tenido y en ese mismo orden, pues era la opción, entonces envíe candidatos, y los candidatos era supeditados a los resultados operacionales en las que primaban las muertes en combate como lo decía, por, estaba por política del Comando del Ejército”.
Pero eso estaba sujeto a los niveles jerárquicos, pues los oficiales de más alto rango realmente apuntaban a mantener su prestigio y obtener ascensos. “Cada ‘muerte en combate’ que reportaban era un punto adicional en su carrera hacia convertirse en generales del Ejército, meta que todos señalaron como la última de su profesión”, señaló el Auto al respecto.
Para Alberto Yepes, coordinador de la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estado Unidos, todo lo anterior se traduce en un “una política que se concentró en un gobierno que ofreció un cúmulo de incentivos y de presiones para producir unos resultados operacionales que menospreciaron el derecho a la vida de las personas que estaban en medio del conflicto”. (Leer más en: “Generales involucrados en ‘falsos positivos’ han sido intocables”: Vivanco)
Proceso aún no termina
Víctimas y expertos coinciden en que el Auto 125 de la JEP es apenas un paso hacia la verdad y esperan que permita que los militares pertenecientes a altos mandos del Ejército sean llamados a rendir cuentas también.
El próximo 6 de agosto se cumple el tiempo máximo que tienen los imputados para reconocer o rechazar su responsabilidad. En el primer caso, la JEP convocaría a una Audiencia Pública de Reconocimiento, donde las víctimas podrían participar activamente. Posteriormente adoptaría una resolución de conclusiones y la enviaría al Tribunal para la Paz para que se procedan a imponer sanciones propias, las cuales pueden incluir restricciones a la libertad y deben tener un contenido reparador.
En el segundo caso, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) quedaría a cargo del asunto y los comparecientes podrían ser condenados con hasta 20 años de cárcel.
Castillo, de MAFAPO, afirmó que “si tenemos que llegar a un acto de perdón tendrá que hacerse pero frente a frente, no detrás de un micrófono, no a través de un documento, sino nosotros queremos que realmente nos den la cara y que sigamos avanzando para poder saber finalmente quien dio la orden de cometer estos crímenes”.
Por su parte, Olga Naizir, abogada del colectivo Orlando Fals Borda, aseveró que “para las víctimas, y así nos lo han manifestado, es muy importante reivindicar el nombre de su ser querido, que toda su comunidad y la sociedad en general sepa que su familiar no era ningún delincuente y que fue ejecutado en estado de indefensión (…) Lo que quieren es verdad y que se dignifique el nombre de sus seres queridos”
Para esta abogada, sin embargo, el panorama no es alentador. Duda que haya reconocimiento de responsabilidad argumentando que ha presenciado versiones voluntarias donde los comparecientes se dedican elogiar su actuar.
Así, dijo que para las víctimas es reparador también que quienes no acepten responsabilidad “paguen” por sus acciones, pese a que las penas contempladas en la JEP “no son nada para todos los crímenes graves que se cometieron”.
Y es que los daños no fueron pocos. Según la JEP, quienes fueron asesinados sufrieron psicológicamente en el momento previo a su muerte al descubrir que habían sido engañados.
De la misma manera, sus allegados se vieron afectados a nivel moral y emocional, ya que se enfrentaron a la ruptura de las relaciones familiares, a la incertidumbre, angustia, estigmatización e incluso a amenazas y hostigamientos. También materialmente, pues algunos experimentaron disminución de su patrimonio familiar, perdieron sus viviendas o entraron en situaciones de mendicidad.
Castillo, cuyo hermano fue asesinado y reportado como muerto en combate, narró lo que ha vivido: “Hoy en día ya no tengo ni tiempo para mi familia. Mis hijos tuvieron que salir del país por todos estos temas de inseguridad y mensajes que recibimos, amenazas. Estoy aquí sola”.
No obstante, resaltó: “Tengo que estar al frente de esto porque tampoco podemos botar esta situación tan horrorosa que se vivió aquí en el país. Esto no se puede quedar en el olvido. Nosotros tenemos que seguir dando esta lucha, cueste lo que nos cueste, de encontrar esa verdad y de buscar esas garantías de que esto no se vuelva a repetir”.
La JEP estableció que en el país, entre 2002 y 2008, por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate. Pero, puntualmente, 1.048 víctimas han sido acreditadas en el Caso 03 y 77 en el subcaso de Norte de Santander.
Actualmente Antioquia, Huila, Meta y Casanare esperan un documento judicial similar al emitido para ese territorio. Sobre el último departamento, la JEP ya realizó una audiencia de observaciones de las víctimas sobre 104 versiones de comparecientes, entre los que se encuentran miembros y exmiembros de la Décimo Sexta Brigada del Ejército, agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y terceros civiles.
En ese evento, al que asistieron 43 víctimas presencialmente y 18 se conectaron de forma virtual, se pidió a los comparecientes confesar la verdad de los hechos en los que sus familiares murieron, ya que eso, aseguran, los haría sentir aliviados. Dicen que cuando se niega u omite lo sucedido son revictimizados, sienten dolor e impotencia.
Alcira Achagüa, cuyos hermanos fueron asesinados en 2006 y 2007, resaltó, en ese mismo sentido, que es importante que en las versiones voluntarias se hable con sinceridad de lo sucedido, sin omitir detalles, ya que mientras la verdad no exista y mientras no se limpie el nombre de los seres queridos de las víctimas no va a haber tranquilidad ni justicia.
Señaló que no sólo hay inconsistencias en las versiones presentadas, sino que hay comparecientes acogidos a la JEP que no han hecho declaraciones. Además, preguntó por qué se llevaron a sus dos hermanos, por qué se dijo que eran extorsionistas y por qué no se les respetó el derecho a la vida siendo inocentes y estando en estado de indefensión.
Muchos de esos reclamos podrían incluso identificar a víctimas de otros lugares del país. Naizir se dice preocupada porque algunos militares, incluido el coronel Guillermo Quiñones Quiroz, quien se desempeñó como comandante de la Cuarta División durante parte de la década del 2000, no han sido llamados a declarar para el subcaso del Meta.
Señala que en ese departamento la principal dificultad para la publicación de un auto, lo que espera suceda como máximo el primer semestre de 2022, es que no se han desarrollado suficientes versiones voluntarias que permitan contrastar la información se tiene.
Otro escenario
En cuanto a la costa Caribe, región también priorizada por la JEP, se emitió el Auto 128, fechado el pasado 7 de julio, sobre ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre enero de 2002 y julio de 2005 atribuibles a integrantes del Batallón de Artillería número 2, conocido como ‘La Popa’, con sede en Valledupar, departamento de Cesar.
El documento determinó que miembros de esa unidad militar asesinaron y presentaron como combatientes abatidos a 127 personas. Los hechos ocurrieron en los municipios de Valledupar, San Diego, Pueblo Bello, El Copey, Codazzi, Manaure, La Paz y Bosconia, en el norte de Cesar, y en San Juan del Cesar y Urumita, en el sur de La Guajira.
Allí también se identificaron dos patrones: El primero se ubicó entre 2002 y 2003, cuando comandaba esa guarnición militar el teniente coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez. Se caracterizó porque las víctimas eran señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales y grupos de delincuencia común, y porque algunos militares se aliaron con paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), bajo el mando de Rodrigo Tovar Puro, alias ‘Jorge 40’. (Leer más en: Pactos macabros que terminaron condenando al coronel Mejía)
Tiempo después, entre 2004 y 2005, bajo la comandancia del teniente coronel Juan Carlos Figueroa Suárez, se manifestó el segundo patrón, que consistía detener a los civiles a través de operaciones de control militar o engañarlos, también con ayuda de paramilitares, con falsas promesas de trabajo
“Miembros de varios pelotones del Batallón La Popa, incluso acudiendo al engaño y al traslado de personas de otras ciudades, buscaron sus víctimas entre personas que creían no serían extrañados, entre otros, aquellos que pudieran asociar con criminalidad, personas en situación de calle o consumidores problemáticos de drogas y trabajadores informales”, explica el auto.
De ese modo, la situación fue similar en Norte de Santander y en la costa Caribe: asesinatos cometidos por tropas del Ejército bajo diversas modalidades para reportarlos como bajas en combate y lograr cifras que mostraran resultados operacionales. La pregunta que flota en el ambiente es: ¿si esas situaciones ocurrieron de la misma manera en todo el país y si los comparecientes harán o no su aporte para esclarecer la verdad sobre el conflicto armado colombiano? El foco sigue sobre la JEP.
