La comunidad internacional y diferentes sectores sociales en Colombia exigen justicia por los ciudadanos muertos, desaparecidos y agredidos en el marco del paro nacional a manos de uniformados. La derogación de los traslados por protección, la transformación de la Justicia Penal Militar y la salida de la Policía del Ministerio de Defensa hacen parte de los cambios que se piden a gritos.

Las calles de Colombia se convirtieron, desde el pasado 28 de abril, en un escenario donde hacen presencia desde ciudadanos que se movilizan pacíficamente hasta civiles armados y personas que vandalizan inmuebles públicos y privados. Pero las acciones violentas que se le atribuyen a agentes policiales han tomado, sin duda, un protagonismo que hizo eco a nivel internacional.

Pretendiendo detener el caos, el gobierno del presidente Iván Duque planteó una reforma a la Policía Nacional, que se espera sea propuesta ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio. Sin embargo, expertos consideran que ésta no responde a los verdaderos problemas que la institución tiene y que se necesitan cambios fundamentales para garantizar el respeto de los derechos de los manifestantes más allá del papel.

La vida, la libertad, la integridad personal, la propiedad privada, el desarrollo económico, la salud, la libre locomoción, la alimentación y el trabajo son algunos de los más de 14 derechos fundamentales que se han violado en diferentes contextos en desarrollo de las protestas callejeras.

Pero detrás de todas esas afectaciones hay una tragedia nacional: los muertos que dejaron siete semanas de protestas y cientos de heridos, tanto de manifestantes como de uniformados. (Leer más en: Piquetes de la Policía: como perros de caza en la protesta social)

Cifras no cuadran

Diferentes organizaciones, nacionales e internacionales, documentaron numerosos hechos violentos en lo que se presume que la responsabilidad de los uniformados. Aunque los datos son diversos, y a veces distantes, permiten esbozar parte de la situación que aún padecen varias ciudades del país, pese a que el Comité Nacional del Paro hizo un llamado a suspender las concentraciones públicas.

El Ministerio de Defensa reportó, hasta el pasado 4 de junio, 19 civiles fallecidos y 1106 lesionados, aunque no especificó quiénes eran señalados como responsables en esos casos. Asimismo, la Defensoría del Pueblo recibió, hasta el 14 de mayo, información sobre 2 violaciones sexuales, 14 agresiones sexuales y 71 hechos de violencia basada en género, lo que incluye bofetadas y abuso verbal, presuntamente cometidos por uniformados.

En reacción a los cuestionamientos contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), esta cartera de gobierno sale en su defensa y aseguró que está “diseñado para garantizar el retorno al orden público en escenarios que puedan comprometer los derechos civiles e individuales de los ciudadanos”.

Además, insiste en que todos los integrantes de la Fuerza Pública reciben capacitación sobre derechos humanos y que, de hecho, este año fueron preparados 151.458 uniformados. Pero, ¿por qué esa formación poco se evidencia en las calles? (Leer más en: Desaparición transitoria y torturas: acciones de la Policía contra manifestantes)

Con cifras y análisis de los hechos, las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Temblores, junto a el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis), cuestionaron al gobierno nacional y así se lo hicieron saber a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su reciente visita a Colombia.

A través de Grita, una plataforma que facilita la denuncia de hechos de violencia policial, Temblores registró 43 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública y otros 21 en proceso de verificación, de los cuales seis están en proceso de esclarecimiento sobre si el presunto victimario pertenecía a la Fuerza Pública; cuatro son atribuibles a civiles armados en los que existen indicios de posible participación de miembros de la Fuerza Pública; ocho están en proceso de verificación del escenario y contexto del hecho; tres están en proceso de verificación de la denuncia.

A ello se suman 1.468 víctimas de violencia física, 70 víctimas de agresiones oculares, 215 víctimas de disparos de arma de fuego, 28 víctimas de violencia sexual, ocho víctimas de violencia basada en género y 1.832 detenciones arbitrarias, entre otras cifras.

Por su parte, HRW documentó 31 muertes de manifestantes o transeúntes, pero sólo en 20 de ellas, aparentemente, y según las evidencias recopiladas en las denuncias, la policía estuvo involucrada. También registró dos casos de violencia sexual y 17 de golpizas violentas, algunas de las cuales llegaron a ser mortales, como la de Elvis Vivas, un joven de 24 años que fue agredido por agentes cuando salió a marchar el 1 de mayo y falleció luego de ser ingresado a un hospital.

Graves problemas de fondo

“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, asegura José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En esto coinciden varios especialistas, quienes llaman la atención sobre las principales falencias de la institución, que, en su mayoría, no están siendo atendidas por el gobierno nacional.

Para Leyder Perdomo, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, la reforma que ya se adelanta en la institución policial es puramente “cosmética” y advierte que no hay un “análisis juicioso sobre los problemas que tiene la Policía Nacional y a partir de eso acude a figuras de forma”; así, “la reforma que propone el gobierno es una manera formal de aparentar unos cambios que el fondo no tienen mayor trascendencia”.

En ese orden de ideas, Perdomo hace referencia a la propuesta de crear un Viceministerio de Políticas de Defensa y Seguridad ciudadana dentro del Ministerio de Defensa; también al cambio en los uniformes de los agentes con el que, según el presidente Duque, se busca alinearse con estándares internacionales de cuerpos de Policía y transmitir empatía, cortesía, tranquilidad y confianza a la ciudadanía.

Otras transformaciones previstas son la creación de un nuevo estatuto disciplinario, la reestructuración de la Inspección General, el fortalecimiento de la capacitación de la Policía y la implementación de estándares profesionales en el uso de la fuerza, en derechos humanos y en procedimientos policiales.

Algunas de esas medidas “podrían tener un impacto positivo para prevenir y sancionar abusos policiales, si son diseñadas e implementadas adecuadamente”, pero no son suficientes para prevenir violaciones a derechos humanos y para garantizar justicia, según HRW.

En el mismo sentido se expresa César Santoyo, director ejecutivo del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda: “Es una reforma que al parecer intenta ofrecer calma, pero yo diría que es una calma transitoria. No es una opción de fondo frente a lo que está sucediendo con la Policía en el país y no implica la revisión doctrinaria que esto debe desarrollar”.

Los problemas doctrinarios, según Perdomo, tienen su raíz en la ideología que se estableció en la institución desde los años cincuenta, momento en el cual “se inoculó una perspectiva que parte del supuesto de que al interior del país existen amenazas”. Las Fuerzas Armadas han interiorizado entonces que afrontan una guerra, incluso en situaciones de problemática social como la actual.

Esto se liga a la educación que los uniformados reciben, pues la instrucción en materia de derechos humanos no tiene un enfoque civil, de acuerdo con el concejal de Bogotá Diego Cancino, quien asegura que los cursos impartidos “consisten en leer la Constitución, la jurisprudencia y aprenderla de memoria. Eso no genera ningún impacto en las prácticas cotidianas. Lo que sí genera impacto es la doctrina que existe en términos de estructura cultural en la institución”.

Cancino rechaza que actualmente la Policía “existe para sí misma, se crea a sí misma, se regula a sí misma”, lo que no permite que exista una retroalimentación y una conexión con la ciudadanía y lleva a que se den prácticas de corrupción. En ese sentido, explica que es necesario que la institución se muestre abierta a desarrollar una pedagogía constante y rigurosa apoyada en otras instituciones como universidades u organizaciones sociales.

Pese a esto, el concejal puntualiza que dicho proceso educativo debe ir acompañado de una transformación en la cultura y las relaciones de dominio al interior de la institución. Eso se lograría, en parte, cambiando los criterios que se tienen en cuenta para promover ascensos de funcionarios y la forma en la que se interactúa con la ciudadanía.

Otra de las peticiones más visibles es que la Policía deje de hacer parte del Ministerio de Defensa, pues el permanecer allí provoca que, con frecuencia, sea desplegada para combatir a organizaciones ilegales junto con otras Fuerzas Armadas y que no exista una definición clara sobre las funciones que le corresponden, según HRW.

“En situaciones de conflicto armado, el uso de la fuerza se rige por el derecho internacional humanitario, y las reglas son muy distintas a las de contextos civiles, tales como en protestas”, asegura la organización estadounidense.

Vivanco añade que después del Acuerdo de Paz, “el país no puede seguir con un modelo de seguridad diseñado casi para combatir grupos armados”, por lo que es necesario hacer un análisis sobre el papel que tiene la Policía y su respuesta en las protestas.

En su informe más reciente, titulado Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes, HRW también expresa su preocupación por la impunidad que se presenta cuando hay abusos por parte de uniformados, debido a que estos son juzgados en tribunales militares, donde prima una “tradicional opacidad y falta de independencia”.

De hecho, en ese documento se menciona el caso de Dilan Cruz, un joven que murió en las protestas de noviembre de 2019 luego de ser impactado por un proyectil disparado por un agente del Esmad. Su proceso se desarrolla en la justicia penal militar y presenta pocos avances.

La lentitud y falta de resultados en las investigaciones cuando se trata de presuntos agentes de la Fuerza Pública es tanta que la primera sentencia contra un funcionario de esa unidad especial se dictó en enero de este año, por el asesinato de un estudiante en movilizaciones que se desarrollaron en 2005.

“La Justicia Penal Militar es una matriz de impunidad, es un mecanismo con el cual los investigados van a tener unas ventajas distintas a las que un proceso penal ordinario tendría. Las condiciones de investigación criminal del mismo posiblemente no van a tener el trámite correspondiente en lo procesal”, dice Santoyo.

Cancino mencionó que, justamente, la propuesta que hace su equipo es hacer una modificación a esa jurisdicción para que no se encargue de casos de violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por la Policía, sino que estos pasen a ser estudiados por la justicia ordinaria.

Uso de armas y traslados por protección

Uno de los temas que se ha tornado más polémico durante las marchas es el acceso y el uso de armas por parte de la Policía. Según datos de la organización Temblores, se conocen 215 casos de disparos de arma de fuego durante los 50 días de protesta. HRW detalla que en 16 agresiones de ese tipo las víctimas murieron al ser impactados en el tórax o en la cabeza, lo que sugiere que las heridas fueron “causadas con la intención de matar”.

Ambas cifras son alarmantes, en especial si se tiene en cuenta que los agentes de la Policía no están autorizados para utilizar de esa manera sus armas de dotación. En realidad, el Esmad sólo puede hacer uso de dispositivos “menos letales”, únicamente cuando se presentan hechos de violencia y tras recibir la orden de los Puestos de Mando Unificados.

Según el Ministerio de Defensa, el personal de la Defensoría del Pueblo está encargado de verificar los elementos que utilizan los agentes del Esmad. Sin embargo, su labor se pone en tela de duda, pues Temblores denunció que la Fuerza Pública ha lanzado contra los manifestantes gases lacrimógenos vencidos, haciendo eco de las alarmas prendidas en las calles y divulgadas por las redes sociales.

Inclusive, tres personas fallecieron debido al uso indebido o excesivo de gases o aturdidoras. Además, por ataques con cartuchos de gases o con proyectiles de impacto cinético, nueve individuos sufrieron lesiones oculares, las que en siete casos podrían causar pérdida total de la visión en el ojo herido, de acuerdo con HRW.

Esa organización informó y corroboró que agentes de la Policía activaron de forma directa contra los manifestantes armas Venom, un sistema de lanzamiento que dispara simultáneamente hasta 30 cartuchos de gases lacrimógenos, humo o aturdidoras.

“Se supone que el sistema lanza los proyectiles con una trayectoria ‘parabólica’ para evitar que haya un ‘impacto directo’ contra los manifestantes, según indicó la Policía a HRW en una carta. Sin embargo, la misiva también indica que Venom puede disparar desde un ángulo de apenas 10 grados, lo cual no permitiría que sea ‘parabólico’”.

En el propio manual para el servicio de policía en la atención, manejo y control de multitudes de la Policía se recomienda no activar lanzadores de municiones no letales directamente hacia el objetivo, además de no disparar a menos de tres metros de distancia a una persona o a menos de 30 metros a una multitud.

Otro hecho sobre el que se ha puesto la lupa son las detenciones arbitrarias, que muchas veces son una puerta a nuevas violaciones a derechos, pues lo retenidos pueden ser posteriormente torturados, amenazados, asesinados o desaparecidos.

En el último caso, llevar a cabo una investigación es difícil porque al no saberse el paradero de la persona se obstruye el proceso de recopilación de pruebas y, por tanto, de judicialización de los responsables. De hecho, HRW reportó que al menos 419 personas desaparecieron durante las protestas y, aunque 304 fueron localizadas, varias habían sido detenidas y sus familiares no lo sabían.

El número de detenidos por presuntamente cometer delitos durante las protestas fue de 1.200. No obstante, cientos de ellos fueron liberados porque se determinó que no existían pruebas respecto a las acusaciones o porque se dio una violación a sus derechos en el proceso de retención.

De otro lado, 5.500 personas fueron detenidas bajo los traslados por protección, una figura contemplada en el artículo 155 del Código Nacional de Policía que permite a los uniformados movilizar a una persona cuando se encuentra en estado de indefensión, alteración de conciencia, bajo efectos del alcohol o las drogas, o está involucrada en riñas y “el traslado es el único medio disponible para evitar el riesgo” a su vida o a la de terceros.

“Es una fórmula que es absolutamente abusiva, que está centrada en el capricho de los policías y que les permite detener a cualquier persona”, expresó Vivanco, añadiendo que estaba planeando hacer una solicitud para derogar la figura.

Perdomo narró que, dentro de los casos que ha conocido de traslados por protección, civiles han sido privados de la libertad por agentes policiales o militares y han sido conducidos a lugares no designados para ese tipo de ocasiones, como calabozos o camiones, así como a celdas de las Seccionales de Investigación Criminal (SIJIN) o de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

La particularidad en estos casos es que a los detenidos no se les permite comunicarse con sus allegados o sus abogados, y que se niega su detención o no se da a conocer el sitio donde están retenidos.

“La Policía ha hecho uso de ese mecanismo de protección para llevar a cabo detenciones administrativas que están prohibidas ya en Colombia y que son una manera de sancionar a las personas que participan de la protesta”, dijo Perdomo, señalando que puede ser posible la eliminación de la figura si hay una voluntad desde la rama ejecutiva y legislativa en Colombia.

El concejal Cancino plantea que la propuesta de implementar cámaras corporales a los uniformados podría ayudar a garantizar que se respeten los derechos humanos en los traslados por protección, en los cuales considera debe hacer presencia el Ministerio Público y presentarse un consentimiento informado por parte del civil movilizado.

Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), plantea una solución alternativa: que sean trabajadores sociales capacitados los que asistan los casos contemplados en los traslados por protección.

“La Policía sólo se emplea cuando puede ser necesaria la fuerza. ¿Por qué tiene que estar la Policía armada y uniformada en el lugar de los hechos si alguien tiene una crisis de salud mental o ha sufrido una sobredosis de drogas?”, cuestiona Isacson. (Leer más en: Supuesta infiltración criminal en la protesta genera dudas sobre políticas de seguridad)

Más leña al fuego

Los casos de civiles armados atacando a manifestantes, aparentemente en connivencia con la Fuerza Pública, le suman combustible a la profunda indignación nacional. HRW denunció que, según videos, agentes de Policía en algunos casos no actuaron para prevenir o detener acciones violentas hacia las personas que protestaban.

Para Leonardo Gonzáles, coordinador de proyectos de Indepaz, es importante cuestionarse qué motiva a algunos civiles a actuar de esa forma: “Hay que analizar bien el discurso de estigmatización que viene desde las élites, que viene desde la política, que se está presentando en contra de los manifestantes, que es tomado por muchas de las personas y que hace que justifiquen su accionar violento en contra de quien considera está en contra de sus intereses”.

La situación se puede explicar debido a que “hay un chip paramilitar implantado en ciertos sectores de la sociedad que llevan a decir que es legítimo defender con armas la propiedad privada, aunque no exista ninguna inminencia de ataque”, agregó Camilo Gonzáles, presidente de Indepaz.

Si bien el Ministerio de Defensa aseguró que los casos de civiles disparando durante las jornadas de protesta social están siendo investigados por la justicia y que el gobierno nacional tiene “fuertes políticas” que restringen la utilización y porte de armas de fuego, la realidad es otra.

Según el informe Colombia: un gran mercado de armas sin incentivos para reducirlo, de la Fundación de Ideas para la Paz (FIP), se estima que para 2017 casi 5 millones de armas estaban en manos de civiles, de las cuales el 86 por ciento eran ilegales.

Legalmente aún no es posible determinar si son agentes de Policía o civiles los principales responsables de ataques, pero lo cierto es que periodistas, defensores de derechos humanos y personas que prestan atención hospitalaria durante las protestas también han sido deliberadamente agredidas durante las movilizaciones, confirmó Perdomo.

Uno de los casos recientes más conocidos es el de los periodistas José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago del Canal 2 de Cali, a quienes, según la Fundación para la Libertad de Prensa, el Esmad les disparó.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas determina que, en particular, “el papel de los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los observadores electorales y otras personas que participen en la vigilancia de las reuniones o la presentación de información al respecto reviste especial importancia para el pleno disfrute del derecho de reunión pacífica”.

Estas personas deberían poder ejercer libremente sus funciones, especialmente cuando están relacionadas con la vigilancia de agentes del orden. Además, “no deben ser objeto de represalias ni de otro tipo de acoso, y su equipo no debe ser confiscado ni dañado (…) Es una buena práctica que las instituciones nacionales independientes de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales vigilen las reuniones”, se explica en el pacto.

Por otra parte, las acusaciones de que grupos armados ilegales o del crimen organizado están infiltrados en las protestas no han sentado bien. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le indicó a HRW que el 4 de junio fueron detenidos 11 presuntos miembros de grupos armados por supuestamente incurrir en acciones violentas.

Sin embargo, la organización señaló que hacer comentarios generales sobre ese tema es irresponsable, pues causan la estigmatización de los manifestantes: “Si se hacen afirmaciones tan graves hay que acompañarlas de evidencias (…) Mandan un mensaje equivocado porque la Fuerza Pública cuando el Presidente utiliza este tipo de lenguaje entiende que está combatiendo a un enemigo”.

Justamente, Vivanco mencionó que el discurso del presidente Duque constantemente minimiza el problema de violencia policial, pues no ha condenado de forma expresa e inequívoca las violaciones a derechos humanos.

“Ha dicho que condena ‘cualquier forma de violencia’, que condena abusos ‘si es que algún policía lo comete’. Ha reconocido los abusos, pero ha dicho que hay que mirarlos en contexto (…) Eso, desde luego, no ayuda y el mensaje que se le envía a la policía no es el de elevar sus niveles de profesionalismo”, expresó.

Respuesta a acciones civiles

Si bien datos del Ministerio de Defensa evidencian que el 88 por ciento de las manifestaciones registradas hasta el 4 de junio se desarrollaron de forma pacífica, HRW señala la importancia de reconocer que algunos civiles también incurrieron en delitos o se comportaron de manera violenta.

Este año se han presentado más de 3.300 marchas, 6.300 concentraciones, 2.000 bloqueos y 1.000 intervenciones del Esmad. En esas acciones, los daños a bienes públicos, como Comandos de Atención Inmediata (CAI), vehículos institucionales, estaciones y puestos de Policía y demás, han sido constantes.

También los bloqueos de calles y carreteras por largos periodos de tiempo, situación que ha provocado el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y la limitación en la circulación de ambulancias, especialmente en los departamentos de Valle del Cauca y Cundinamarca.

“En ocasiones, estas restricciones dificultaron el acceso a insumos de salud, incluido el oxígeno para pacientes con Covid-19”, de acuerdo con el informe de HRW, donde se menciona el caso de una bebé recién nacida que murió el 23 de mayo debido a obstrucciones en la vía entre Cali y Buenaventura que no permitieron el paso de la ambulancia en la que la menor iba.

En cualquier caso, señaló Vivanco, se debe usar el menor uso de la fuerza posible hacia quienes realicen esas actividades: “Los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial”.

“La policía antimotines con la fuerza y el entrenamiento que tiene debería poder garantizar el derecho a la protesta, y cuando hay irrupciones violentas para maltratar la protesta, regular de manera focalizada”, dice por su parte Cancino.

Aún así, un documento publicado el mes pasado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contempla que aunque “todo uso del espacio público requiere cierta medida de coordinación para proteger intereses distintos (…) las reuniones son un uso tan legítimo del espacio público como las actividades comerciales o el tránsito de vehículos y peatones”.

Por tal razón, “debe tolerarse cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana a causa de las concentraciones, como la perturbación del tráfico y las molestias o incluso los perjuicios para las actividades comerciales” y “las autoridades deben mostrar una moderación significativa al recurrir a la dispersión”.

Es decir, las protestas deben ser intervenidas cuando surja la necesidad “excepcional” de proteger los derechos de quienes no están participando. En ese caso, “es necesario agotar todos los recursos disponibles a través del

diálogo antes de iniciar cualquier intervención y siempre desarrollar dichas actuaciones bajo estricto cumplimiento de los límites y estándares para el uso de la fuerza establecidos en el derecho internacional”, explica el escrito.

La labor dialógica en las actuales manifestaciones la está monitoreando la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, HRW denunció que los funcionarios dedicados a esa tarea no son suficientes. Respecto a otro ámbito, a esa institución se le recomendó incrementar el número de empleados que monitorean los abusos policiales e informar sobre ellos de forma pública y periódica.

Esa fue sólo una de las sugerencias, a modo de solución, que hicieron organizaciones sociales sobre los abusos policiales. A la Procuraduría se le pidió garantizar la rendición de cuentas, a la Fiscalía priorizar los procesos y al Congreso de la República encargarse de iniciar un proceso de reforma donde participen grupos de la sociedad civil y agencias internacionales.

HRW instó también al gobierno de Duque, entre otras cosas, a condenar las vulneraciones a derechos humanos cometidas directa e indirectamente por parte de uniformados y disculparse por las ya ocurridas. Sobre acciones futuras, pidió que se evite utilizar lenguaje estigmatizante contra los manifestantes y que la Policía se encargue de proteger las protestas pacíficas, así como a regular su uso de la fuerza.

En ese sentido, consideró necesario “suspender el uso de proyectiles de impacto cinético y del Venom hasta que se realice un examen independiente sobre el riesgo de estas armas, los protocolos para su uso y la capacitación que han recibido los agentes policiales para utilizarlos”.

Temblores, Indepaz y Paiis se dirigieron en el mismo sentido a la CIDH para que sea esta quien, luego de su visita al país, le exija al Estado cumplir peticiones que se asimilan las hechas por HRW y otras como “investigar y condenar la presunta existencia de un sistema de incentivos y/o cuotas por detenciones, judicializaciones y traslados por protección a manifestantes, a cambio de ascensos dentro de la fuerza pública”, desmontar definitivamente el Esmad y presentar un informe sobre los hallazgos en materia de derechos humanos en Colombia.

Finalmente, para Isacson, la Policía debe involucrarse más con la comunidad y en sentidos que vayan más allá de una intención de hacer cumplir las leyes, con el fin de crear confianza y relaciones con los ciudadanos. Y, a su juicio, lo ideal sería aplicar esto también en zonas rurales, donde actualmente se requiere aumentar la cobertura policial “urgentemente” para que no sean los soldados quienes se encarguen de las labores que corresponden a agentes policiales.

Las expectativas sobre el cumplimiento de todas aquellas solicitudes y proposiciones son cuestionables teniendo en cuenta la baja popularidad con la que el presidente Duque cuenta, la poca confianza en los organismos del gobierno nacional y el hecho de que la CIDH hiciera una visita de trabajo al país.

Lo anterior, sumado al posible desarrollo de una reforma policial fallida ante los ojos de los ciudadanos, podría causar una intensificación de la indignación y una situación aún más delicada en las calles.

Foto de portada: Daniela Ortegón (@da_fotografia27@)