En sus tres versiones voluntarias, el general retirado del Ejército ha negado responsabilidad y participación en hechos de violación a derechos humanos contra habitantes del Urabá antioqueño y miembros de la Unión Patriótica. Así las cosas, se empieza a hablar de revictimización y a sugerir que sea expulsado de ese sistema de justicia transicional.
Si a algo se dedicó Rito Alejo Del Río durante su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fue a resaltar su labor, a mencionar cuáles fueron las grandes dificultades que tuvo a su paso por el Ejército Nacional y a recordar la relación de cercanía y confianza que tenía con las comunidades. Pero, lo que se supone que debió hacer en la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, fue, justamente, lo que no hizo: reconocer responsabilidad.
El general “se ha mostrado como una especie de héroe para la gente de Urabá, que gracias a él se acabó la situación de violencia en la zona. Ha sido una cosa completamente sui géneris. El hombre se ha dedicado a mostrarse como el súper militar que calmó a Urabá y la dejó como la mejor zona de Colombia”, le dijo Eduardo* a VerdadAbierta.com, un conocedor de todas las declaraciones de Del Río y del impacto que tienen en las víctimas.
A su juicio, el general en retiro no sólo no ha hecho aportes de verdad a la JEP sino que no ha planteado qué acciones de reparación hacia las víctimas llevará a cabo, lo que podría causar que éstas soliciten su expulsión de la justicia especial.
Pablo*, una víctima indirecta del genocidio de la Unión Patriótica (UP), considera que Del Río “quiere tergiversar la historia, la realidad, donde los hechos ya han sido confesados, altamente documentados y comprobados. En ese orden de ideas, no estaría cumpliendo con la verdad (…) Él quiere cambiar la historia de lo vivido, quiere demostrar una realidad que no sucedió, pero no la que se vivió acá en la zona, que fue de muerte, de miedo, de terror”.
Esa situación ya había sido en parte prevista por el defensor de derechos humanos Abilio Peña. “No sentimos que haya suficientes garantías de la JEP para que la verdad sea dicha de manera completa”, dijo en 2017.
Del Río fue llamado por la JEP, en desarrollo de los Casos 04 y 06, para explicar el papel que desempeñó como comandante de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa y jurisdicción del Urabá antioqueño entre 1995 y 1997; y el porqué de su sobrenombre de ‘El Pacificador del Urabá’, con el que se le conoce públicamente.
El Caso 04 está dedicado a esclarecer y sancionar 1.054 hechos victimizantes, como muertes violentas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas, entre otros; ocurridos en diez municipios del Urabá antioqueño y chocoano.
Y el Caso 06 se enfoca en la victimización de los miembros de la UP, que fue crítica, entre otros momentos, cuando Del Río estuvo al frente de la Brigada XVII, pues dos de los años en los que se registraron más actos violentos fueron 1996, con 504 casos, y 1997, con 347 casos. Además, según registros de la JEP, Urabá es una de las regiones en donde más ocurrieron ataques contra integrantes de ese movimiento político.
El Urabá de Rito Alejo Del Río
A través de un recorrido geográfico y temporal, Del Río describió las circunstancias que se vivieron cuando él estaba al frente de la guarnición militar en Urabá. Recordó que recibía información sobre la situación de violencia tanto por parte de civiles, pese a que se sentían atemorizados, como de alcaldes y personeros municipales, con quienes dijo tener encuentros frecuentes.
– General, ¿usted vino a hacer lo que siempre hacen las tropas? Porque aquí han venido muchas unidades, nos prometen y se van. Si nos deja tropas le colaboramos, si no nos deja tropas haga de cuenta que usted no vino aquí.
– Les prometo que voy a dejar tropa permanente.
– Ahora sí vamos a hablar. Vamos a explicarle cuál es la situación aquí: nosotros estamos subyugados porque aquí en el día patrulla la Policía, por la noche patrulla las Farc.
Esa fue una conversación que mantuvo el general en retiro, posiblemente en julio de 1997, con uno de los líderes del municipio de Riosucio, Chocó. Sobre la presencia de grupos armados diferentes a las Farc en ese lugar, Del Río aseguró que se sabía que estaban entrando “bandidos de otra clase”, como “paras, narcos y demás”, pero que estos no estaban establecidos allí, sino que arribaban desde Bojayá.
Pablo narró que para cuando Del Río comandaba la Brigada XVII, diariamente se encontraban 12 personas muertas en las vías que llevaban de Turbo, donde nació y vivió, a Chigorodó y Apartadó, siendo así el asesinato el acto violento, a su percepción, más común.
Junto con los cuatro municipios ya mencionados, Carepa, Mutatá, Dabeiba, El Carmen del Darién, Unguía y Acandí, hacen parte de la zona que se priorizó para el Caso 04 en Urabá.
Sin embargo, la presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Nadiezhda Natazha Henríquez, le dijo a VerdadAbieta.com que luego de escuchar diferentes versiones voluntarias se identificó también a Necoclí como un sitio altamente afectado, pero no fue incluido en el caso porque las investigaciones de la Fiscalía mostraban cifras de violencia bajas.
¿El pacificador?
Del Río dedicó gran parte de su segunda versión voluntaria a resaltar su trabajo en Urabá. Según contó, cuando su labor inició, las extorsiones y los secuestros cesaron. “La gestión no fue de puro plomo como muchos piensan. Allá se hicieron planes, por ejemplo, con los estudiantes. El índice más alto de falta de escolaridad era Urabá. Afortunadamente, y yo tengo que decirlo claramente, (el entonces gobernador de Antioquia Álvaro) Uribe en eso sí le metió el hombro”, añadió.
En esto coincide el representante legal y presidente de la Asociación de Víctimas de Antioquia (ASOVIMA), Ciro Abadía. “Yo tengo mi concepto muy claro: que defendió causa, defendió institución (…) Sí, ese señor hizo trabajos interesantes. Pudo haber cometido errores, pero ese señor fue uno de los que sacó la región de Urabá adelante”, dijo.
El oficial en retiro también señaló que la exportación de banano aumentó, en promedio, de 48 a 65 millones de cajas al año, debido al despliegue de tropas que llevó a la comunidad a sentirse confiada para salir a trabajar. “El año 95 fue el año de las peores masacres, entonces el trabajador estaba atemorizado de ir a las fincas”, argumentó.
Sin embargo, datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, contenidos en el informe “Los registros estadísticos del conflicto armado colombiano”, muestran que en 1996, 1997 y 1998 el número de masacres en el país fue mayor que en 1995. Esto pone en duda que el temor por las masacres se hubiese reducido, como lo afirmó Del Río.
Incluso, en otro informe del CNMH, denominado ‘Basta ya’, se expone que entre 1996 y 2002 se cometieron la mayor cantidad de masacres, con 1.089 casos y 6.569 víctimas, lo que se relaciona directamente con la expansión y consolidación de los paramilitares.
Justamente, la relación con esa organización armada ilegal es uno de los temas más controvertidos que rodean al general en retiro. Él la señaló como un grupo “al margen de la ley, que opera muy sagazmente de acuerdo a las oportunidades” y la consideró como un enemigo, pero en 1996 se le vinculó con ella en un informe revelado por uno de sus subordinados, el coronel Carlos Alfonso Velásquez. (Leer más en: El informe que advirtió de los nexos de Rito Alejo del Río con los ‘paras’)
Según Del Río, durante su labor en la Brigada XVII, recurrió a “la misma estrategia que se empleaba para los diferentes actores armados” contra los paramilitares, pues “todos eran delincuentes”. No obstante, cuando la magistrada Henríquez, quien dirigió el segundo interrogatorio, le pidió especificar una operación militar contra esa estructura armada ilegal, se mostró dubitativo, argumentando que varias de estas no tenían nombre y no estaban dirigidas a un grupo en particular. Lo que sí señaló fue que en Riosucio, donde dijo que sólo había presencia esporádica de paramilitares, se estableció un batallón de fuerzas especiales.
En cuanto a la protección de comunidades indígenas y afrodescendientes, Del Río mencionó una ocasión en la que se desarrolló un plan de erradicación de hoja de coca para uso ilícito y en la que estas comunidades se sentían inseguras.
– Es que a nosotros nos tienen amenazados si tumbamos una mata de coca.
– Reemplacen eso y nosotros les ponemos seguridad.
– Pero no queremos que la tropa se meta en nuestras tierras.
– No se van a meter, vamos a estar a los alrededores.
“Se establecieron medidas de asegurar con tropa en determinados sitios, hacer operaciones en los alrededores. Y le cuento una cosa, que los indios de Caimán Alto y Caimán Bajo a mi ni me decían general, me decían era Rito”, comentó Del Río, quien, mostrando su cercanía a la población, tampoco dudó en hablar sobre otro momento en que le dijo directamente a los habitantes de la región: “Trabajen porque yo en poco me voy. Trabajen para que esto se consolide, porque si hay una recaída a Urabá no lo para nadie, porque cuando se consigue cierto índice de seguridad, de progreso y demás, y luego se hunde, la gente se desencanta”.
Operación Génesis
Uno de los hechos más notorios con el que se relaciona a este exoficial del Ejército es la Operación Génesis, desarrollada entre el 24 y el 27 de febrero de 1997. Esa acción militar tenía como objetivo atacar a la guerrilla de las Farc, para así capturar a integrantes del Bloque José María Córdova y del Frente 57, y rescatar a diez infantes de marina secuestrados, según documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante ese mismo órgano, personas afrodescendientes en condición de desplazamiento presentaron, en 2012, un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas donde se expone que el operativo fue “coordinado y desarrollado de manera conjunta con paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)”, pues el grupo paramilitar desarrolló la denominada Operación Cacarica de manera simultánea a la Operación Génesis. (Leer más en: Estado no protegió a comunidades durante Operación Génesis)
En el juicio a Del Río por el homicidio del campesino Marino López, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, exjefe del Bloque Elmer Cárdenas de las Accu, dijo que el entonces general se reunió en 1996 con él y con Raúl Hasbún, otro excomandante paramilitar, para hablar sobre el operativo liderado por el Ejército. “Para finales de 1995 y parte de 1996, cuando yo era comandante en la zona de Urabá, se coordinaron operativos con tropas de la Brigada XVII”, aseguró Rendón.
Por su parte, el soldado y exparamilitar Carlos Arturo Furnieles, que operó en el Bajo Atrato chocoano y el Urabá antioqueño, insinuó que el Ejército no combatió a los grupos paramilitares con la misma dureza que a las Farc y que, de haber sido así, éstas no se habrían fortalecido en esas regiones.
Pero estas no son las únicas declaraciones que vinculan a Del Río con el paramilitarismo en Urabá. En el proceso penal abierto en su contra en enero de 1999 por los delitos de concierto para delinquir, peculado sobre bienes de dotación y prevaricato por omisión, durante el periodo en el que fue comandante de la Brigada XVII, se recogen la declaración del soldado Oswaldo Yepes.
“Rito Alejo del Río (…) nos dijo que teníamos, ahí en Urabá, que ser el mejor batallón a nivel del Ejército (…) Él nos dijo que teníamos que trabajar con los paramilitares, que porque ellos eran el ochenta por ciento de colaboración para nosotros poder dar bajas. Y desde allí empezamos a operar con paramilitares”, declaró en su momento Yepes.
Para el mismo proceso se recaudó el testimonio de Velásquez, quien aseguró que Del Río no se mostró inclinado a actuar en contra de los paramilitares, ni se refirió a ellas como un problema durante las formaciones o reuniones semanales del Estado Mayor.
Incluso, la población notó esa falta de acción para evitar hechos violentos. “Acá se percibía como que eran los mismos”, confesó Pablo, refiriéndose al Ejército y a los paramilitares.
Respecto a lo declarado por Del Río ante la JEP sobre la Operación Génesis, Eduardo contó que el militar sólo dijo que “ha habido un copamiento por parte de grupos guerrilleros (…) No ha reconocido que la Operación Génesis la realizó el Ejército en connivencia y con ayuda de grupos paramilitares. Lo negó completamente”.
La violencia enmarcada en esas operaciones paralelas dejó 3.550 personas desplazadas, según indica la Defensoría del Pueblo en el documento “Las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs Colombia”.
Del Río aseguró que recibió compañía de la Policía Militar para brindar apoyo y seguridad a las personas afectadas por ese hecho. Del mismo modo, afirmó que “el gran desplazamiento lo presionó la guerrilla (…) Todos esos negritos dijeron: no, a nosotros nos desplazaron con fusil en la nuca, fueron fulanos de tal, y ahí están los nombres de todos, a quienes desplazaron y a quienes mataron. Es que yo creo que de pronto la Fiscalía no ha aportado toda esa cantidad de documentos que son contundentes para demostrar esto. Pero eso de que nos echan la culpa es lo mismo que las muertes de la UP”.
Esa fue sólo una parte de las consecuencias del conflicto en Urabá, pues, de acuerdo con la JEP, 504.933 habitantes de la región declararon ser víctimas de la guerra, es decir más del 67 por ciento. Pero únicamente 35.174 víctimas han sido acreditadas en el Caso 04.
La magistrada Henríquez explicó que la amplia diferencia entre el número de víctimas identificadas y el número de víctimas acreditadas por la JEP se debe a inconsistencias en los datos, por provenir de diferentes fuentes, y a la alta magnitud del desplazamiento forzado, que llegó a afectar a pueblos y comunidades enteras. Sin embargo, afirmó que se estima que la acreditación que se ha hecho es significativa.
La togada señaló que, además del desplazamiento, fueron críticas las muertes violentas. Una de ellas fue el asesinato, el 27 de febrero de 1997, de Marino López, sobre el cual Del Río tampoco ha aceptado responsabilidad, pese a que por ese hecho fue condenado por el Juzgado 8 Especializado de Bogotá, en agosto del 2012, a 25 años de cárcel.
Un año antes, el entonces fiscal Elkin Ricardo Vega Beltrán dijo que la muerte de López fue de conocimiento del general en retiro, y la Procuraduría General de la Nación consideró que las tropas bajo su control no actuaron para impedir el actuar violento generalizado de los paramilitares en Cacarica. Con todo, en 2017 Del Río quedó en libertad debido a beneficios otorgados por la JEP. (Leer más en: Rito Alejo Del Río y el asesinato de Marino López)
Victimización de la UP
Según datos de la Fiscalía General de la Nación y del CNMH, en el Caso 06 se registran 1.620 víctimas fatales de hechos ocurridos en por lo menos 27 departamentos del país y 367 municipios. De otro lado, la Corporación Reiniciar registra un total 6.613 víctimas entre 1984 y 2002. Asimismo, reporta que 2.094 personas sobrevivieron al desplazamiento forzado, exilio, amenaza, tentativa de homicidio, detención arbitraria, tortura, judicializaciones infundadas y violencia sexual.
En la penúltima versión voluntaria de Del Río en la JEP, el magistrado Gustavo Salazar expuso un hecho ocurrido, según el CNMH, en Campo Capote, donde “60 paramilitares del MAS (Muerte A Secuestradores) torturaron, desaparecieron y asesinaron a miembros de la UP”.
Además, se narró que, un día antes de esos hechos, ocurridos en marzo de 1986, 30 paramilitares estuvieron en Puerto Parra y Puerto Nuevo, en Santander, buscando a líderes de ese movimiento, lo que dejó a ocho personas asesinadas, siete desaparecidas y cinco heridas. Esto sucedió pese a que miembros de la Brigada XIV del Ejército, a la cual pertenecía el Batallón Rafael Reyes, comandado por Del Río, estuvieron en los municipios. El general en retiro dijo que no recordaba que para ese momento se hubiesen cometido masacres, aunque Salazar insistió en que existían evidencias de lo contado.
“Hay algunos eventos que sucedieron mucho antes de que yo llegara (…) Yo tenía casi mil y pico de hombres, tenía cada batallón su jurisdicción y cada uno operaba en su jurisdicción. Que hubiera casos aislados que estuvieran comprometidos… yo no podría decir si sí o no, pero que yo sepa nunca llegaron esas denuncias a la brigada, porque siempre que a mi me llegaba algo inmediatamente lo remitía a la Fiscalía”, dijo más tarde Del Río sobre señalamientos hacia 98 miembros de la Brigada XVII como responsables de crímenes contra la UP.
Pablo contó que se actuó en contra de los miembros UP con la “excusa” de que estos tenían ideologías políticas de izquierda y porque se presumía que eran el brazo político de las Farc. “En el 96 fueron 22 asesinados sólo en el municipio de Turbo. Y sí se escuchaban de varios procedimientos y arbitrariedades de la fuerza pública en zonas rurales, de la zona de Urabá. Por ejemplo, homicidios y desapariciones… que sacaban a la gente de las casas con la excusa de que eran guerrilleros”.
Esa versión es confirmada por la CIDH, que, según la JEP, en su “Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, dice que “elementos de las fuerzas de seguridad del Estado, grupos paramilitares específicos y algunas Convivir, consideran que personas civiles que viven o han vivido en territorio actualmente o previamente controlado por grupos armados disidentes o que sospechan que son simpatizantes de estos grupos disidentes son por ello objetivos militares y como tales han sido atacados”.
Sobre las Convivir, Eduardo le dijo a VerdadAbierta.com que cuando Del Río dio su primera versión voluntaria, el 25 de marzo, negó haber otorgado conceptos favorables para la creación de algunas de ellas en la región del Urabá, y luego cambió su testimonio, cuando la JEP puso en evidencia documentos firmados por él, demostrando no sólo que dio su consentimiento sino que, además, hizo una solicitud de armamento para dichas cooperativas de vigilancia.
Ese tema volvió a salir a colación en las declaraciones del 14 de mayo, cuando Salazar presentó pruebas determinantes que demostraban que Del Río solicitó dos subametralladoras, cuatro pistolas, cuatro revólveres y diez escopetas de repetición.
“Comedidamente me permito enviar al señor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia, los documentos correspondientes a la asociación convivir Covitur con el fin de que se le dé trámite correspondiente, se active legalmente de acuerdo a lo establecido con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”, dice el requerimiento. (Leer más en: Negación de nexos de Fuerza Pública con paramilitares: “farsa que no vale ni una moneda de cinco centavos”)
“Usted señalaba que no se trataba de organizaciones armadas, claramente no sólo estaban armadas sino que usted solicitaba el apoyo de las armas”, le objetó Salazar a Del Río.
La JEP seguirá requiriendo a Del Río para que de su testimonio las veces que lo considere necesario y, dependiendo del reconocimiento de verdad, continuará con el trámite dialógico o lo remitirá a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para iniciar un trámite adversarial. En todo caso, el material probatorio recogido por la Sala de Reconocimiento puede ser utilizado por la UIA con el fin de verificar las conductas del general.
¿No entregó listas?
Otro de los temas polémicos sobre los cuales Del Río no admitió responsabilidad alguna fue en la elaboración de las llamadas “listas negras”, que incluían a miembros, simpatizantes y colaboradores de la UP, para que los paramilitares los ejecutaran.
Sobre este tema la magistrada Henríquez fue directa en su pregunta: “¿Tiene usted conocimiento o participó en la elaboración de listas negras respecto a personas que participaban como miembros de la Unión Patriótica?”.
Del Río respondió que “nunca”. Y agregó: “Lo único es que cuando se sabía la actuación de una persona, viniese de donde viniese, se informaba a la Fiscalía para que ellos tomaran en sus manos lo que les correspondía hacer”.
El exoficial reconoció que entre el Ejército y la Fiscalía había una fuerte articulación para actuar contra quienes presumiblemente eran guerrilleros y todo ello partía de la expedición de las órdenes de captura.
“Cuando se producían (las órdenes de captura) era porque nos pedían a nosotros la colaboración, porque la Policía prácticamente con lo que tenía era incapaz de cumplir con ese cometido”, explicó Del Río. “Yo decía: pero por qué a mí si esa no es la misión institucional mía, pero entendí que había que colaborar”.
Esa versión contrasta con las declaraciones que rindió ante fiscales de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz el exjefe paramilitar Hebert Veloza Garcia, conocido con el alias de ‘HH’, quien comandó los bloques Bananero, que operó en el Urabá antioqueño, y el Calima, con presencia en el Valle del Cauca.
Una de esas versiones, entregada el 26 de noviembre de 2007, alias ‘HH cuestionó el papel del Estado, en particular los organismos de seguridad del Estado, en la guerra padecida en el Urabá antioqueño.
“Sus fuerzas legales constituidas también tienen que asumir la responsabilidad porque fueron tolerantes y en algunos casos participaron suministrando listas o simultánea información para que nosotros lleváramos a cabo las acciones. Entonces tienen igual o más culpa. ¿Más culpa por qué? Porque ellos pertenecían a una fuerza legalmente constituida en un Estado”, afirmó el exparamilitar.
En esa audiencia de versión libre, alias ‘HH’ implicó a un sargento del B2 de la Brigada XVII, al que solamente llamó Beto, quien era un miembro de la sección de inteligencia de esa guarnición militar: “nos suministraba información o listas de personas para que las ejecutáramos”.
Para la época en que Del Río fue comandante de esa unidad militar, estaba al frente del B2 el entonces coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo, conocido en el mundo del paramilitarismo como ‘Don Diego’, con quien los paramilitares supuestamente coordinaron las operaciones Génesis y Cararica. (Leer más en: La huella del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo en Urabá)
A Plazas Acevedo también se le sindica de participar en el crimen del humorista y periodista bogotano Jaime Garzón y de los investigadores del Cinep Mario Calderón y su esposa Elsa Alvarado.
Por lo pronto, Del Río disfruta de su libertad, pero sus versiones sobre la guerra en Urabá dejan mucho que desear entre las víctimas. Su verdad y el reconocimiento de los hechos al parecer aún están muy distantes de la realidad.
*Nombres cambiados por razones de seguridad.
