El general
Jaime Humberto Uscátegui, condenado por los delitos de secuestro,
homicidio y falsedad en documento por la masacre de Mapiripán, dice que
hay cerca de 50 pruebas con las que se defenderá ante la Corte.
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| En la masacre de Mapiripán fueron asesinadas 49 personas y el ejército no hizo nada para evitarla. Foto Semana |
El general Jaime Humberto Uscátegui, quien fue condenado a 40 años de
cárcel por haber permitido la actuación de los paramilitares durante la
masacre de Mapiripán, Meta, dijo en la emisora La FM que no ha sido
notificado de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá.
Uscátegui
calificó de injusta la sentencia en su contra, que lo responsabiliza en
los hechos ocurridos el 12 de julio del 97, cuando fueron asesinadas 49
personas y que se conoció este miércoles. Según dijo, el voluminoso
expediente de su caso, que consta de más de 100 mil folios, contiene
cincuenta pruebas que utilizará para defenderse ante la Corte Suprema
de Justicia, en última instancia.
En el proceso, según reconoció, está comprobado que sí hubo una
connivencia de las AUC y la Fuerza Pública durante la masacre de
Mapiripán.
Está demostrado que la masacre fue planeada desde
el Urabá antioqueño de donde se desplazaron paramilitares que
aterrizaron la base de la Policía y después llegaron a Mapiripán por
río. Por la responsabilidad del Estado, éste fue condenado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Según Uscátegui, lo que no
está comprobado es que había una connivencia entre él y las AUC. “Lo
que dice la condena de la Corte Interamericana de derechos Humanos es
que sí hubo una relación entre las AUC y personal de la Fuerzas
Armadas. Pero la Corte no dice que Uscátegui estaba al mando de esas
tropas”, dijo.
Uscátegui ya había sido absuelto de los delitos
de homicidio agravado, secuestro y omisión de denuncia por un juez de
Bogotá. El mismo juez lo condenó a 41 meses de cárcel por el delito de
falsedad en documento, delito que ya purgó. Sin embargo, La Fiscalía
decidió apelar la decisión y el nuevo fallo del Tribunal de Bogotá
revocó la decisión del juez y lo condenó por los delitos de homicidio
agravado, secuestro agravado y falsedad en documento.
Según
Uscátegui, la raíz de la masacre estuvo en Urabá, Antioquia, pero dijo
que esas tropas no estaban adscritas a la 7a Brigada, donde él era el
general. Allá estaba era la 17ª Brigada (que estuvo a mando del General
Rito Alejo del Río).
En San José del Guaviare, donde
aterrizaron los aviones que trasportaban los paramilitares, quedaba el
Departamento de Policía Guaviare, la Brigada Móvil II –que estaba al
mando del coronel Lino Hernando Sánchez quien murió mientras cumplía
una condena de 40 años-, y el Batallón Joaquín París – al mando del
coronel Hernán Orozco Castro quien fue condenado también a 40 años de
cárcel y está prófugo de la justicia-. Todos involucrados en la
masacre.
El fiscal que tenía a su cargo el caso, dijo, al
conocer el primer fallo del juez de Bogotá, que Uscátegui y el coronel
Hernán Orozco “tenían una responsabilidad de garantes, tenían el deber
de proteger a la población”.
Según reiteró Uscátegui ninguna
de esas tropas estaban bajo la dirección de la 7ª Brigada y por eso
argumentó que él no era garante. Indicó que “ninguna autoridad le
informó a la séptima Brigada”. Dijo que lo que había recibido era un
informe del coronel Orozco, que estuvo orientado a ocultar lo que
fraguaban las AUC y el Batallón Joaquín París y la Brigada Móvil II, y
así desviar la atención para que la Brigada 7ª no pudiera reaccionar a
la masacre.
Ese mismo informe fue falsificado por el propio
Uscátegui, razón por la que fue condenado en el primer fallo de la
justicia. Según el reciente fallo del Tribunal el informe original
alertaba la presencia paramilitar pero no advertía la necesidad de
reaccionar ante la posibilidad de una masacre.
En la
entrevista ,Uscátegui dijo que las autoridades que estaban avisadas de
la masacre no le notificaron. Mencionó que el juez de Mapiripán (quien
está exiliado) “de su puño y letra, le informó al Tribunal Superior de
Villavicencio, antes de la masacre, al CICR en Villavicencio, al
Procurador delegado para los DDHH, antes de la masacre y ninguna de
esas entidades le informó a la 7a Brigada”.
Los documentos que
constan ese aviso, serán llevados por Uscátegui como parte de las
pruebas que presentará ante la Corte Suprema de Justicia, durante el
proceso de casación.
“Tal vez el único error mío fue estar
convencido que todo lo que se estaba haciendo en el Guaviare estaba
haciéndose bien. Pero a mí no se me puede sindicar que yo sabía los
pasos de ellos por fuera de la Ley. Para uno cometer un delito de
omisión, uno tiene que sergarante y esa jurisdicción no era mía”,
dijo.
Los cuarenta años de condena a Uscátegui ha sido la
condena más dura que haya recibido un general por los delitos
cometidos. Este caso, seguramente será emblemático en Colombia y según
lo que determine la Corte Suprema de Justicia sentará un precedente en
los otros casos a militares de alto rango involucrados en crímenes de
lesa humanidad.
