La salida de un grupo de reincorporados de las extintas Farc de Ituango hacia Mutatá, en busca de mejores condiciones productivas y de seguridad, pone a prueba la eficiencia de la Agencia para la Reincorporación y Normalización para atender esta situación en medio de la pandemia. Entrevista con su director, Andrés Stapper.
No es una tarea fácil la que comienza esta tarde con el traslado de 93 excombatientes de las extintas Farc y 14 menores de edad desde la vereda Santa Lucía, de Ituango, en el norte antiqueño, hacia la vereda La Fortuna, de Mutatá, en Urabá. Es un reto grande si se tienen en cuenta las restricciones que impuso la expansión del virus COVID-19 en el departamento y el país.
Ese grupo de reincorporados y sus familias tomaron la decisión de trasladarse de lugar debido a las difíciles condiciones de inseguridad que padecieron por tres años en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), empotrado en las montañas de Ituango, y las dificultades para fortalecer sus proyectos productivos.
A mediados de marzo pasado, cuando el gobierno nacional decretó el Aislamiento Preventivo Obligatorio, para contrarrestar la pandemia generada por la expansión del virus, los exguerrilleros asentados en Ituango alertaron que estaban siendo hostigados por grupos armados ilegales. Para ese momento, 12 de sus integrantes ya habían sido asesinados. (Leer más en Excombatientes de Farc buscarán seguridad en Mutatá)
Detrás de esa movilización del grupo de personas y sus menajes estará la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), agencia estatal que tiene bajo su responsabilidad los procesos de retorno de los excombatientes a la legalidad, el acompañamiento de los procesos productivos, individuales y colectivos; y las estrategias de formación que adelanten para lograr una efectiva inserción en la sociedad.
Desde enero pasado, cuando los firmantes de la paz tomaron la decisión de abandonar el ETCR de Santa Lucía, la ARN, junto con otras agencias estatales y las mismas Farc, comenzaron a tramitar todo el engranaje que permitiera concretar ese propósito, que se consolidó al ubicar dos predios, que en su conjunto suman 138 hectáreas, en zona rural del municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño.
En entrevista para este portal, Andrés Estapper, director de la ARN, confía en que todo este proceso acabe de la mejor manera. De acuerdo con la oficina de prensa del partido Farc, el traslado comenzará hoy a las tres de la tarde.
Ante los temores que genera un traslado de esta magnitud en medio de la pandemia, Stapper aseguró que de donde saldrán los excombatientes no se han identificado casos positivos de Covid-19 y agregó que “contrataremos unos kit de bioseguridad para que esas personas puedan viajar con los elementos necesarios para proteger su salud”.
Abandonan Santa Lucía
Verdad Abierta (VA): ¿Cuáles fueron las razones por las que los excombatientes del ETCR Santa Lucía decidieron trasladarse a Mutatá?
Andrés Stapper (AS): Decidimos presentar una serie de recomendaciones a unos espacios (ETCR) que por ciertas condiciones, tanto de seguridad como de accesibilidad, reincorporación económica, acceso a la oferta pública estatal y capacidad de los municipios de absorberlos como ciudadanos, era necesario buscar una zona que les permitiera un carácter mucho más permanente, incorporado a los territorios.
Para el caso de Ituango, en el primer trimestre del 2019, de manera conjunta ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), componente Farc, Gobierno y acompañamiento de la Misión (de Verificación de Naciones Unidas), viajamos a la zona hablamos con los colectivos y presentamos las recomendaciones.
En ese momento hubo una negativa por parte de los excombatientes. Cuando propusimos toda la oferta estatal, ellos nos manifestaron que querían mantenerse en el municipio en dos predios para que el gobierno les iniciara el proceso de compra y todo el tema de transición de esas zonas a espacios mucho más permanentes en el territorio.
Dada la situación de seguridad, en enero (de 2020) solicitaron el traslado de este espacio territorial. Como gobierno, hacemos unas comisiones conjuntas, vamos en el marco de la mesa técnica de seguridad al municipio de Ituango, nos reunimos con el consejero de seguridad de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas; el consejero Emilio Archila; Ejército; Policía Nacional y la Defensoría. Y ahí es cuando nosotros llegamos a uno acuerdos de trasladar el ETCR.
VA: ¿Cuáles son esos acuerdos?
AS: Concertamos la compra de un predio en el municipio de Mutatá muy cercano a este proceso colectivo que lidera Rubén (Joverman Sánchez) en San José de León. A una media hora. Es muy colindante. Ahí se ubicaron cuatro predios, de los cuales el compromiso de Estado es adquirir dos de ellos, que suman unas 138 hectáreas, pero como en las acciones iniciales nosotros arrendamos el predio, ya firmamos el contrato de arrendamiento con el propietario por un año.
VA: Y con los otros dos predios, ¿qué sigue?
AS: Quedamos con el componente Farc que, de manera conjunta, podríamos buscar o gestionar recursos con algún cooperante, algún privado o a través de la posibilidad de que se van a utilizar los 8 millones que tienen ellos asignados como capital semilla, para la compra del predio, para poder gestionar la compra de otras dos porciones para sumar un terreno de 198 hectáreas.
Esa gestión la avanzó muy rápido el componente Farc, a través de una fundación que se llama Confraternidad Carcelaria que también les había dispuesto en el municipio de Ituango la compra de un terreno de cien hectáreas para el proyecto de ganadería que les fue desembolsado por el gobierno nacional.
VA: ¿Cuántos reincorporados se van a Mutatá?
AS: A la fecha, son 93 los excombatientes los que se van a trasladar. Otros siete manifestaron el interés de no trasladarse. Y ahí estamos ajustando todas las líneas para ver cómo podemos seguir apalancando la reincorporación de estas personas, tanto las que se van a trasladar a Mutatá como las que se piensan quedar en el municipio de Ituango.
Camino a Ituango
VA: ¿Qué proyectos productivos se estaban llevando en Ituango y a cuántas personas beneficiaba?
AS: En Ituango teníamos dos proyectos productivos que vinculaban a unas 129 personas. El desembolso de estos proyectos era por casi 194 millones de pesos. Tenían dos componentes fundamentales y transversales. Uno súper innovador, de televisión e internet, proveído por la misma cooperativa de excombatientes. Ese proyecto va a seguir funcionando desde la cabecera municipal de Ituango con los excombatientes que se quedan.
El otro es un proyecto de ganadería. Nos hemos apoyado muy de la mano con la Umata (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria), con todos los profesionales técnicos y con el componente Farc y los liderazgos en el territorio.
Empezamos a hacer la revisión del proyecto productivo para hacer todo el tema de vacunas y de sellos para realizar el traslado. La decisión tomada por parte de la cooperativa de excombatientes es vender esos animales y con esos recursos comprar animales que estén mucho más acondicionados al terreno al cual se van a trasladar.
VA: ¿Qué ocurrirá con la infraestructura del ETCR apenas salgan los 94 reincorporados que viajarán a Mutatá?
AS: Se desmonta. El compromiso del gobierno nacional, igual que lo tenemos con los excombatientes, también lo tenemos con los propietarios de estos bienes, es entregar la tierra en las mismas condiciones o mejor de lo que fueron adquiridas. Dentro de este proceso también se contemplan los recursos de adecuación de este espacio.
VA: ¿Cómo se hará el traslado del grupo de excombatientes a Mutatá, dadas las restricciones que impone la pandemia de Covid-19 y qué apoyos hay para dicho traslado?
AS: Hemos venido haciendo un plan que se ha socializado con los liderazgos del antiguo espacio territorial de Santa Lucía y con los representantes de Farc ante el Comisión Nacional de Reincorporación sobre la logística del transporte, alimentación, contratación de los camiones para el traslado de los enseres de estas personas, traslado de los proyectos productivos.
En este momento, en esta parte del municipio de Ituango, no se ha identificado personas que estén infectados con esta enfermedad. Por parte de la Agencia, contrataremos unos kit de bioseguridad para que esas personas puedan viajar con los elementos necesarios para proteger su salud.
VA: ¿Está resuelto el tema de la vivienda en Mutatá para los excombatientes que saldrán de Ituango?
AS: Se van a trasladar 93 excombatientes, de ellos 46 mujeres y 47 hombres, además de 14 niños. Para las mujeres y los niños se van a disponer unos espacios para su ubicación en el punto colectivo en San José de León, que es liderado por Rubén (Joverman Sánchez), y los hombres se van para el predio. En este predio contamos con tres viviendas que van a ser adecuadas por parte de la Agencia y se van a comenzar a hacer unas obras de infraestructura para ir comenzando con todo el proceso de construcción de las viviendas provisionales.
En perspectiva nacional
VA: ¿Qué balance tiene del proceso de reincorporación de excombatientes de las extintas Farc en todo el país?
AS: En este momento, llevamos más de 57 proyectos productivos de carácter colectivo, que vincula a 2.700 personas en proceso de reincorporación, e inversiones cercanas a los 30 mil 500 millones de pesos. Además, llevamos 1.387 proyectos individuales, que benefician a unas 1.630 personas y son inversiones por 12 mil 950 millones de pesos.
Este proceso, en Colombia, es uno de los que tiene mayores garantías en materia de atención a excombatientes en el mundo. Y nosotros hemos tratado de priorizar el fortalecimiento de habilidades y competencias a la población, más que procesos de carácter asistencialista como se pueden dar en otras latitudes.
VA: En ese sentido, ¿cuáles son las cifras sobre capacitación de los excombatientes?
AS: La capacitación es lo que hace que el proceso sea sostenible en el tiempo, no sólo en materia económica sino en todo el proceso de la legalidad. Para mí, los procesos educativos y formativos tienen un gran valor y un gran impacto.
En educación, entre los años 2019 y 2020, hemos vinculado 5.745 personas a la oferta institucional disponible. Con el Sena tenemos una oferta con unos 17 mil cupos en diferentes procesos educativos, cursos cortos, donde se han vinculado 9.421 personas. En salud, el 89 por ciento de la población está afiliada al régimen de salud subsidiado. Tenemos acompañamiento sicosocial a más de 11 mil personas.
VA: Una de las principales quejas de los excombatientes es que no hay tierras para realizar los proyectos. ¿Cómo va el proceso de adquisición de tierra para ellos? Hasta ahora, ¿cuánto terreno han adquirido?
AS: Este gobierno dispuso de 16 mil millones de pesos, a través del Decreto Ley 902, para la compra de tierras en desarrollo de diferentes procesos en materia de reincorporación. Con base con eso, estamos comprando todos los predios sobre los cuales se basa la estrategia de transformación de los distintos espacios territoriales, aproximadamente 27 predios. Ya uno de ellos fue comprado, el antiguo espacio de Colinas, en Guaviare, de 71 hectáreas.
Hay seis predios en avalúo técnico por parte del Agencia Nacional de Tierras, que suman unas 359 hectáreas, que están en Charras, también en Guaviare; Llanogrande en Antioquia; y La Variante, en Nariño. A cada uno se le va a titular su casa en cada uno de esos espacios territoriales.
En Antioquia tuvimos un gran ejemplo del apoyo con el sector privado donde Proantioquia viene estructurando todo un compromiso con los empresarios de la región, quienes compraron un predio de 270 hectáreas en el municipio de Dabeiba, que va a impactar a 1.300 excombatientes en el desarrollo de cinco unidades productivas.
VA: Algunos excombatientes afirmaron que dentro de la ruta de reincorporación no quedó incluido Ecomún. ¿Qué puede decir al respecto?
AS: En la Resolución 4309 en la cual se define el proceso de reincorporación de largo plazo, dentro del componente de sostenibilidad económica, está claramente definida en los artículos 11 y 12. Dentro de los criterios de cumplimiento hay uno específico que se refiere a los procesos colectivos. Lo voy a leer textualmente: “Pertenece o perteneció a una forma asociativa que ha recibido acompañamiento para el fortalecimiento de sus capacidades”.
La pregunta para ellos es si querían que quedara expresamente Ecomún como la única forma asociativa de los excombatientes, que es una cuestión diferente, porque puede ser el querer o sentir de algunos. Nosotros lo que privilegiamos en la resolución es que pueden ser las formas asociativas que ellos dispongan, llámese Ecomún, Construpaz o cualquier tipo de empresa que trabaje en el modelo económico de la población.
VA: ¿Se trabaja en proyectos directamente con Ecomún?
AS: En este momento estamos terminando una formulación de un proyecto para Ecomún en el marco de las iniciativas económicas en la región; es un proyecto por 9,4 millones de euros para el fortalecimiento de esta cooperativa y de 4 o 5 nodos económicos en diferentes regiones. Con esto se pretende impactar a 3.600 personas y lo venimos construyendo de la mano con la Unión Europea y con el componente Farc.
VA: ¿Cuántos excombatientes en vía de reincorporación son de comunidades afro e indígenas?
AS: A 30 de junio del año 2020, teniendo en cuenta las 12.773 personas que están en el proceso de reincorporación y la caracterización que nosotros hicimos a través del Recurso Nacional de reincorporación, el registro nos dio que 2.091 personas se auto reconocen como pertenecientes a comunidades étnicas. 1.379 son pertenecientes a pueblos indígenas, 630 a negros mulatos, afrodescendientes y 82 pertenecientes a raizales y gitanos.
VA: ¿Todos ellos volvieron a sus territorios o están en los espacios dispuestos para los demás firmantes del Acuerdo de Paz?
AS: En cuanto a su ubicación encontramos que 526 personas de estas se encuentran ubicadas en antiguos espacios territoriales y 565 de ellas se encuentran ubicados fuera de estos.
Hay un espacio en particular que es el de Caldono, Cauca, que se encuentra al interior de un territorio Nasa. El 95 por ciento de esta población es perteneciente al pueblo Nasa y con ellos ya hicimos todo un proceso de concertación para la permanencia del espacio territorial, frente a la construcción de los manuales de relacionamiento intercultural, frente a las personas que no pertenecen al pueblo Nasa, pero sí desean permanecer allí.
La creación del Acuerdo dispuso un proceso de armonización étnica de la ruta y del proceso de reincorporación. Eso lo incorporamos en el marco de las metas trazadas por el Presidente de la República en el Plan Nacional de Desarrollo, concertado con los pueblos étnicos, para comenzar la construcción de este programa de armonización, con las consultas previas.
Para eso se dispuso un presupuesto de 1.500 millones de pesos, para contratar los asesores, para la construcción del modelo, ahora tenemos un gran reto en el marco de esta pandemia para poder iniciar los procesos de consulta, pero sí venimos trabajando con los grupos étnicos en la Agencia en ver cómo podemos construir decretos, para no llegar a instancias tan largas y poder avanzar en la construcción de modelos de atención y armonización.
VA: ¿Cuántos excombatientes han abandonado el proceso de reincorporación y qué ha pasado con ellos?
AS: A la fecha, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, al 30 de junio ha certificado unas 13.511 personas. Después de hacer todo un proceso de depuración de las bases de datos, la población beneficiaria de la política de reincorporación es de 12.773 personas.
De esas 12.773 tenemos unas 2.790 que viven en los antiguos espacios territoriales; otras 9.345 personas se ubican en 588 municipios de todo el país; y con unas 638 personas estamos es un proceso de búsqueda activa porque no se ha tenido ningún registro de asistencia de ellas.
