Abandonarán Ituango, donde ejercieron un férreo control durante la guerra y donde quisieron reincorporarse a la vida legal, pero las amenazas y asesinatos contra sus vidas lo impidieron. Esperan que en el sur del Urabá antioqueño logren la tranquilidad que anhelan.

Se van a Mutatá el próximo 15 de julio. La vereda La Fortuna será el nuevo espacio para recibir 93 firmantes de la paz que viajarán con sus familias, sumando 107 personas. Vivirán cerca de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) San José de León, donde antiguos compañeros suyos hacen una nueva vida, lejos de las armas, desde hace más de dos años.

Aún sin definir cuánto terreno podrán adquirir, los excombatientes de las antiguas Farc que saldrán de Ituango, norte de Antioquia, hacia el sur del Urabá, continuarán su proceso de reincorporación asentados en dos predios que arrendó la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), la entidad responsable de este tipo de procesos.

Atrás dejarán a siete firmantes y sus familiares, la mayoría nativos de este municipio, que optaron por quedarse en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía, pese al riesgo que significa vivir en una región alterada por la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos disidencias que no se acogieron al Acuerdo de Paz.

A mediados de marzo pasado, cuando el gobierno nacional decretó el Aislamiento Preventivo Obligatorio, para contrarrestar la pandemia generada por la expansión del virus COVID-19, los exguerrilleros ubicados en Ituango alertaron que estaban siendo hostigados por grupos armados ilegales. Para ese momento, 12 de sus integrantes ya habían sido asesinados.

Pese a las denuncias, la violencia continuó angustiando la vida de los reincorporados. El pasado 17 de mayo, en medio de la pandemia, recibieron una amenaza por parte de grupos armados ilegales, que les advirtieron que si en siete días no salían la Policía y el Ejército de la vereda Santa Lucía, los excombatientes debían desalojar el ETCR y los campesinos, la vereda. El miedo se generalizó, pero resistieron y se quedaron. (Leer más en: La angustia de excombatientes de las Far: entre confinamientos y amenazas)

Uno de los últimos crímenes contra los reincorporados ocurrió el pasado 6 de junio, cuando fueron asesinadas tres personas, entre ellos Camilo Sucerquia, de 15 años de edad, hijo de la excombatiente y firmante de paz Nidia Sucerquia. Los hechos se registraron en la vereda Quebrada del Medio, a unos pocos kilómetros del ETC de Santa Lucía.

Sin tierra

Vereda Santa Lucía.

Además de los riesgos para su seguridad personal y colectiva, los reincorporados carece de tierra suficiente para continuar con sus proyectos de vida. Las empinadas montañas que los rodean no están disponibles y la comercialización de los productos, resultado de los proyectos, también es una falencia que los desmotiva, pues no es recompensado el esfuerzo de cultivarlos. Lo único que ha salido de allí es Café del Paramillo, una de las iniciativas prósperas.

«Ante la falta de garantías por parte del Estado, el colectivo en proceso de reincorporación del municipio de Ituango se vio obligado a desplazarse a sembrar la semilla de la paz en otro lugar del departamento de Antioquia. De la mano del Gobierno y el Partido Farc, venimos preparando el traslado”, afirmó Félix Antonio Muñoz Lascarro, delegado de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) al Consejo Nacional de Reincorporación, en una rueda de prensa virtual realizada el pasado viernes.

Este exjefe guerrillero, quien en la guerra era llamado ‘Pastor Alape’, dijo también que ante la necesidad de acompañamiento “se ha venido sumando la Gobernación de Antioquia, a través de su Gerencia de Paz y la Alcaldía de Ituango ha mostrado toda la disposición de seguir aportando a los compañeros, que de una u otra manera, tienen iniciativas productivas en el municipio».

Adicional a ello, La Organización de Naciones Unidas (ONU) también estará presente como garante en todo el proceso de traslado y reubicación de los exguerrilleros en Mutatá.

Desde mediados de marzo pasado, Gustavo Rivera, conocido en la guerra como ‘Agustín Ramírez’ y encargado del ETCR de Santa Lucía, veía con tristeza y preocupación la situación que estaban viviendo allí. Hoy dice que siente nostalgia; sin embargo, agrega que “la gente está contenta y con ganas de salir ligero”.

Aunque aún falta más de una semana para que el traslado sea una realidad, quienes decidieron partir de Santa Lucía ya están empacando sus pertenencias y despidiéndose del lugar que los albergó durante tres años.

Comunidad, desprotegida

Santa Lucía es una vereda que queda a dos horas en carro de la cabecera municipal de Ituango. Es una de las puertas de entrada al Nudo de Paramillo, una región de amplia diversidad natural que abarca una extensa área de los departamentos de Antioquia y Córdoba, constituida en Parque Nacional en 1977 con una delimitación de 540.014 hectáreas.

Desde la década del ochenta, las antiguas Farc conformaron varias estructuras con presencia en el Nudo de Paramillo. Por su ubicación estratégica para fortalecer actividades ligadas al narcotráfico, desde la siembra de hoja de coca hasta la cristalización del clorhidrato de cocaína, se convirtió a finales de los noventa en una región en disputa por la facilidad que ofrece para llegar al océano Atlántico.

La vereda Santa Lucía fue epicentro de esas disputas. El 30 de noviembre del año 2000 un comando paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) incendió todas las casas de este caserío y la mayoría de sus habitantes salieron desplazados, otros lograron esconderse en el monte y salir después de varios días.

En esa ocasión, acusaron a sus pobladores de hacer parte de la guerrilla o colaboradores y los amenazaron con asesinarlos sino abandonaban la región. Lo paradójico es que esa amenaza se repitió casi 20 años después.

A los pocos meses de aquel fatídico de noviembre de 2000 varias familias que no soportaron la vida en situación de desplazamiento regresaron y reconstruyeron sus casas. En el 2012 llegó la electricidad a la vereda y para el 2017 ya eran 380 personas allí. Con la llegada de excombatientes a Santa Lucía a crear un Punto Transitorio de Normalización, la gente se esperanzó con que la guerra iba a terminar.

Entre todos construyeron la zona veredal donde se instalarían los exguerrilleros. La misma comunidad mejoró su vereda, se hicieron nuevas casas y se ilusionaron con la idea de que la vida les iba a cambiar. Y así sucedió durante un tiempo, pero luego empezaron nuevamente los hostigamientos, los asesinatos y las estigmatizaciones.

En el 2017, Héctor Giraldo, quien era concejal en Ituango en ese entonces y oriundo de Santa Lucía, veía que la estigmatización seguía como en años anteriores: “Ya los medios, las instituciones y los malintencionados dicen que son zonas independientes, que aquí no hay sino guerrilla. Por el hecho de ser de estos cañones nos investigan todo, hasta la comida”.

Hasta ahora no se ha presentado ningún desplazamiento de la comunidad, pero sí está el temor de que en cualquier momento suceda, entre otras razones porque, al parecer tanto la Policía como el Ejército abandonarán la zona. “No queda nada de la seguridad que ha habido para el ETCR”, sostuvo Rivera.

En el ambiente queda la sensación de que el Estado incumplió la parte del Acuerdo de Paz en la que se comprometió a fortalecerla seguridad y proteger la de quienes abandonaran la guerra y se acogieran a los procesos de reincorporación a la vida legal.

“Uno no se explica cómo en una zona tan militarizada haya tanto asesinato. Toda la seguridad de la población que queda en Santa Lucía es total responsabilidad del Estado”, recalcó Omar Restrepo, congresista del partido Farc, en la rueda de prensa del pasado viernes.

Los excombatientes que decidieron quedarse en Santa Lucía estarán dentro del ETCR mientras consiguen dónde vivir. Dentro del caserío, los reincorporados tienen un proyecto de venta de internet que mantendrán. Igual que la marca Café del Paramillo, que se quedará en Ituango. El proyecto ganadero sí lo trasladarán a Mutatá apenas estén ubicados y las restricciones impuestas por la expansión de la COVID-19 lo permitan.

Con respecto a la infraestructura construida en el ETCR, será recibida por la ARN, precisó Rivera, una vez sea abandonada en su totalidad por los exguerrilleros y sus familias.

Este portal buscó conocer la posición de los funcionarios de la ARN al respecto, pero hasta el cierre de este artículo no se obtuvo respuesta.

Desde que los excombatientes de Ituango manifestaron la necesidad de salir de allí, plantearon que esas instalaciones debían quedar para la comunidad, quienes estuvieron aportando en su construcción y vivieron la guerra en todas sus dimensiones. Al indagar a Rivera por el sentir de la población por la salida, dijo: “hay preocupación, la seguridad en todo el municipio es compleja. A la gente le da nostalgia ver salir a quienes acogieron por mucho tiempo”.

Del Norte al Urabá

Viviendas en el ETCR de Santa Lucía.

Viajar de Santa Lucía a Mutatá tomara poco más de un día. La primera jornada se hará hasta el casco urbano y la segunda los llevará hasta la vereda La Fortuna, y se ubicarán al lado donde se instalaron, en junio de 2018, los excombatientes que llegaron del ETCR de la vereda Gallo, en Tierralta, Córdoba, abandonada también por razones de seguridad.

Los 93 firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias decidieron trasladarse a esta región del sur del Urabá antioqueño porque, según Rivera, “fue en la parte donde se pudo conseguir el terreno. Hay acceso a la tierra y central para el comercio de lo que se produzca”. Además, estarían apoyados por los excombatientes que ya están instalados allí.

“Ese traslado lo veo bien, frente a los asesinatos y en defensa de la vida hay que hacer lo que toque. Lo veo complicado sino hay voluntad del gobierno o por las medidas del Covid-19 también”, le dijo a este portal Joverman Sánchez, conocido en la guerra como ‘Manteco’, y quien es el encargado del NAR San José de León en Mutatá. (Leer más en:
El Paramillo, un nudo difícil de deshacer)

Este reincorporado aseveró que “ahora no importa tanto de si le gusta o no le gusta (el traslado), o que piensen en proyectos productivos, aquí lo que prima es la vida, la seguridad de la gente, la tranquilidad”. Y aseveró que el tema de seguridad en este municipio del Urabá antioqueño es estable y no existen amenazas por el momento.

Desde el pasado 3 de julio, la cooperativa de excombatientes de Ituango inició una campaña a través de redes sociales para recoger fondos y financiar el traslado e instalación en su nuevo lugar, así como la consecución de un predio, donde esperan alcanzar la paz que soñaron tras dejar las armas y abandonar la lucha violenta contra el Estado.

Por su parte, el partido FARC espera que este proceso se consolide y, además, que se detengan los asesinatos contra sus miembros en todo el país. El último de ellos ocurrió hace dos días en zona rural de la vereda Tallambí, municipio de Cumbal, en el sureño departamento de Nariño. Con este homicidio ya van 215 excombatientes asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.