Detrás de los últimos incendios presentados a mediados de febrero en la Sierra de la Macarena, en Meta, y la deforestación acelerada de la selva amazónica, están los intereses económicos y de propiedad de la tierra. Los labriegos no son escuchados por el gobierno nacional y por tercera vez lo cita a una mesa de concertación.
El 5 de abril de 2018 la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonía colombiana como una “entidad sujeto de derechos” tras resolver una acción de tutela interpuesta por niños, niñas y jóvenes de la Amazonía acompañados por la organización Dejusticia, con el fin de exigir la defensa de sus derechos a un ambiente sano, a la vida, a la salud, la alimentación y el agua, amenazados por la tala indiscriminada y sus efectos en el calentamiento global.
Justo un año después, el presidente de la República, Iván Duque (2018-2022), lanzó la campaña Artemisa contra la deforestación, planteando objetivos como “recuperar nuestra selva tropical húmeda, nuestros bosques, y judicializar a los que están detrás de esa cultura deforestadora”.
Pero poco ha servido esa iniciativa gubernamental. La deforestación en la Amazonía se agudizó por el alto impacto de incendios y la continuidad de la tala ilegal de árboles. La última situación alarmante se presentó el pasado 21 de febrero cuando alrededor de 400 hectáreas de bosque se quemaron en la Sierra La Macarena y el Parque Nacional Natural Tinigua, incendios que duraron por lo menos una semana.
A la par, el gobierno nacional realizó la tercera operación Artemisa, capturando a 26 campesinos como los únicos responsables de los incendios. La situación desató una crisis humanitaria en la Sierra de La Macarena, pues son miles los campesinos que viven dentro del Tinigua desde hace décadas, quienes llegaron a la región por causas del desplazamiento forzado o por necesidad económica.
En ese territorio se han dado procesos de colonización desde hace décadas, lo que ha llevado a que el Estado cree figuras de protección y conservación de la selva; el problema es que lo hizo después de que las familias llegaran a esta zona y sin ningún tipo de concertación y desoyendo sus propuestas de conservación.
En La Macarena convergen biomas estratégicos: el amazónico, orinocense y andino, lo que le da un alto valor ecológico, diversidad de ecosistemas y especies endémicas. Por eso, en 1989, fue creada la figura de Área de manejo especial de la Macarena (AMEM), para la protección de casi 4 millones de hectáreas que conforman cuatro parques naturales nacionales: Macarena, Tinigua, Picachos y Sumapaz.
Deforestación acelerada
Desde que salió la extinta guerrilla de las Farc de Meta, en su camino a la vida legal tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con el Estado colombiano, varias organizaciones y líderes sociales venían alertando sobre problemas de deforestación, quema indiscriminada de selva y el inicio de la explotación de hidrocarburos. Aún así, a la fecha se siguen perdiendo bosques nativos en la Amazonía. (Leer más en: La selva, víctima inesperada del posconflicto en La Macarena)
El último informe de alerta temprana de deforestación, realizado por el Ideam en el tercer trimestre de 2019, reporta que en Caquetá hay un rango de deforestación de 1.263 hectáreas a 1.561 hectáreas; en Meta, entre 981 y 1.181 hectáreas deforestadas; y en Guaviare, entre 282 y 453 hectáreas.
“La deforestación en La Macarena se da por un factor que es la especulación de la tierra, por personas que poseen grandes capitales. Hay terratenientes que viven en otras ciudades y que por una cantidad de dinero pueden hacerse a una finca”, afirma Óscar Hernández, miembro del equipo técnico de la agenda ambiental de Guaviare, Caquetá y Meta de Ecoamem (agencia de viajes y operador de ecoturismo comunitario).
A su juicio, “la deforestación no sólo requiere capital, sino mano de obra que la están consiguiendo con los campesinos pobres, los cuales antes sembraban coca, sustituyeron los cultivos de coca, pero hoy en día no se les ha cumplido y no tienen trabajo, entonces están tumbando selva por un salario muy mínimo”.
Ese salario consiste en pagar entre 30 y 50 mil pesos diarios por tala y quema de bosques, algunos logran hacer el trabajo de hasta tres hectáreas por ese precio. Los mismos campesinos insisten en que ellos no son los grandes destructores de la selva; por el contrario, la protegen y para sembrar sus cultivos talan máximo 2 hectáreas por año.
El campesino se convierte en mano de obra local y “la justifica diciendo que es la única fuente de trabajo y que Don Pepito está pagando a tanto y le piden trabajo. Es una cuestión de necesidad, no de convicción, el campesino no odia la selva y si puede la conserva”, cuenta Hernández.
Y agrega: “Esta es una zona muy ganadera, en esa área hay más de 250 mil cabezas de ganado, es una vocación de la región, pero la gente tiene ganado porque es la única actividad lícita rentable que hay en el territorio. La agricultura no es rentable porque hay territorios muy alejados, sin infraestructura y cultivar verduras y frutas no es una opción para la gente, el ganado es el único producto que sale caminando de la región, es uno de los dichos de la gente”.
Aún así, el campesino tampoco es el gran ganadero en la Amazonía. Debido a sus condiciones económicas, puede tener hasta 50 cabezas de ganado, pero los grandes inversionistas superan las mil. “Las ganadería en esa región tiene una situación muy particular y es que la ganadería dentro de los parques, al ser una ganadería informal, es una forma de evadir impuestos, incluso vale más el inventario ganadero que la misma tierra”, agrega el integrante de Ecoamem.
En cuanto a los incendios, aún no se ha aclarado de dónde provienen, y los campesinos denuncian que el último, en la Sierra de la Macarena, fue hecho en un lugar muy alejado de donde ellos viven, o el de Caño Cristales, también en febrero, se dio a unos pocos metros de una base militar. “Todo eso se dio en el marco del proceso de movilización de los campesinos, entonces uno no sabe qué pensar”, agrega Hernández.
Frente a este contexto, los cabildos indígenas están preocupados porque se siguen imponiendo normas y leyes en la Amazonía sin que ellos sean consultados. Luz Mery Panche, indígena del pueblo Nasa y delegada de Asociación de cabildos indígenas de San Vicente del Caguán para acompañar a los campesinos en esta crisis, le explicó a este portal la situación.
“Sabemos que el gobierno ha venido proponiendo el plan de 10 años para frenar la deforestación. De las 44 millones de hectáreas que tiene la Amazonía en Colombia, los 56 pueblos indígenas que habitamos el territorios somos dueños de 27 millones de hectáreas y no hemos sido convocados para la construcción de estos planes, ni siquiera para la actualización de planes de ordenamiento territorial”.
Campesinos detenidos
La Asociación de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) denunció por redes sociales que desde el 18 de febrero se dio “un inusual incremento de tropas del Ejército en las carreteras que comunican San Vicente del Caguán con la inspección de San Juan de Losada y las veredas El Rubí, Puerto Losada, entre otras”.
El 20 de febrero, a las 6 y 20 de la mañana se presentaron combates entre grupos armados y Fuerza Pública dentro del caserío de la vereda El Rubí, dejando dos militares muertos y varios más heridos. Luego de los enfrentamientos, la Fiscalía y el Ejército detuvieron a 26 campesinos argumentando invasión a áreas de especial importancia ecológica en parques Tinigua y Picachos.
Dos días después, la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero (Ascal-G) reunió a 300 campesinos en la vereda El Tapir para verificar los hechos de violencia ocurridos en El Rubí. Mientras se realizaba la reunión, helicópteros del Ejército sobrevolaron y atacaron con gases lacrimógenos y disparos al caserío.
Para el 25 de febrero, ya eran 3.500 campesinos reunidos en El Tapir y denunciaban sobrevuelos de aviones bombarderos. Al día siguiente crearon una comisión humanitaria y exigieron la instalación de una mesa, convocada para el 2 de marzo en San Juan de Losada con la presencia de representantes de entidades gubernamentales, para superar la crisis.
“Lo que hemos venido conociendo es la sentencia 4360 que dio origen inicialmente a todo el tema de la represión por parte de la Fuerza Pública y Fiscalía, que llamó en un momento Burbuja Ambiental y luego se convirtió en el Plan Artemisa que es con el cual se pretende llegar a las medidas policivas para frenar la deforestación. No conocemos otras”, afirma la indígena Luz Mery Panche.
Dentro de los 26 capturados, doce eran mujeres y ocho hombres, además de seis menores de edad. Tres tenían orden de captura y el resto los dejaron en libertad, pero el proceso en su contra sigue abierto.
“Les hicieron firmar un documento donde se comprometen a no regresar a sus parcelas que estaban al interior de parques. Eso nos parece bastante absurdo, es una violación del derecho, fue un operativo de un momento a otro, negándoles todos los derechos y finalmente asustando a la gente con la cárcel para que firmaran ese documento, que para nosotros no tienen ninguna validez”, asegura Panche.
Si bien se difundió que el principal culpable de los incendios forestales fueron disidencias de las Farc, las comunidades de las zonas afectadas aseguran que no es del todo cierto, porque dentro de la Amazonía hay intereses económicos sobre la tierra y sus recursos naturales. La palma africana es uno de los monocultivos que quieren introducir en la selva amazónica.
“El tema del conflicto armado en estos territorios no ha terminado, sabemos que hay presencia de varios grupos armados legales e ilegales, pero lo que sí es cierto, es que la operación Artemisa está llegando a quemar las casas de los campesinos, sacándolos, decomisándoles sus propiedades. Ha habido denuncias que ponen con nombre propio, pero nadie ha seguido investigaciones, nadie ha hecho nada”, afirma la líder indígena.
Agrega que a los gobiernos no les interesa la conservación ambiental: “Si le interesara, no permitiría la entrada de petroleras, minería o represas a la Amazonía. Hay nueve proyectos de hidroeléctricas, 40 títulos mineros, 44 bloques petroleros que estos sí va a generar un daño ambiental grandísimo, lo que hay detrás de todo esto es que el gobierno quiere sacar a los campesinos, expropiar los territorios para entregárselo a las multinacionales que ya están aquí”.
Falta implementar Acuerdo de Paz
La Amazonía quedó como una subregión priorizada en el Acuerdo de Paz, enfocándose en la atención inmediata de la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño (16 municipios de Caquetá y 1 del Huila); Macarena-Guaviare (4 municipios del Guaviare y 8 del Meta); y Putumayo (9 municipios).
En estos municipios, donde se vivió la crudeza del conflicto armado y donde los campesinos cultivaban hoja de coca para uso ilícito, la mayoría de quienes se dedicaban a esta actividad ilegal se acogió al Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Pero hoy muchas organizaciones temen a que vuelvan a sembrar por los incumplimientos del gobierno nacional.
“Las comunidades que sembraban coca están en situación de pobreza muy complicadas y eso puede llegar a resiembra y a avanzar en temas de deforestación para intentar ganarse la vida por ahí”, afirma Hernández.
Al respecto, Panche asevera que “el PNIS es un proceso bastante complicado aquí: la mayor parte de familias que firmaron esos acuerdos para la sustitución de la coca, no han recibido los pagos que el gobierno prometió, lo de asistencia técnica para proyectos productivos no ha llegado. Ha sido una situación muy lamentable y en este momento ha generado consecuencias tan graves como la desnutrición de los niños, ha generado la deserción escolar, incluso tenemos entre Guaviare, Caquetá y Putumayo, escuelas que se han cerrado porque hay niños que tuvieron que migrar con sus padres para otros lados o porque no tienen la capacidad adquisitiva para pagar los estudios en esta región”.
Por otro lado, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), también incluidos en el Acuerdo de Paz, tampoco se han concretado; además, advierte la vocera indígena, no se articularon con el PNIS: “Llegamos hasta la elaboración del PDET que solo terminó en una lista de iniciativas, no se hizo la planeación estratégica que se debía hacer. Los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) quedaron en iniciativas y se supone que tienen que ser priorizadas por las comunidades”.
Y para el caso de los pueblos étnicos, la situación es más compleja, porque “una de las excusas de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) es que todavía no se ha construido el protocolo de mecanismo especial de consulta previa, por tal razón no se ha hecho ninguna inversión en territorios étnicos, en comunidades afro y de pueblos indígenas”, agrega la delegada del pueblo Nasa.
Gobierno no escucha a campesinos
En 2016, Parques Nacionales Naturales (PNN) abandonó la Mesa Nacional de Concertación con organizaciones y campesinos, instalada en el 2014. En mayo de 2019 tampoco asistieron a la convocatoria acordada en Vista Hermosa, Meta. El 29 y 30 de enero de este año no se instaló la mesa de concertación acordada en Villavicencio el 18 de diciembre de 2019.
“La relación con PNN es malísima históricamente con los campesinos, porque precisamente la entidad cumple una labor policiaca, y eso ha traído graves consecuencias en la región. Aquí nunca han entrado a terreno, no es esa lógica ideal, donde hay una unidad de parques, que los recorre, que es un cuerpo masivo de gente cuidando el parque. Por ejemplo, el parque Sierra de La Macarena que tiene 500 mil hectáreas, tiene menos de cinco funcionarios, divididos en varias zonas”, asegura Hernández.
El 2 marzo pasado, el gobierno nacional tampoco cumplió la cita acordada para la mesa de concertación en el municipio de San Juan de Losada. Los campesinos continuaban llegando y ya sumaban 5 mil. Para esa mesa tenían la propuesta de una agenda ambiental de trece puntos para mejorar la calidad de vida y superar la crisis.
Prepararon una nueva reunión para el 9 de marzo, esta vez citando a la Comisión de la Verdad y organizaciones internacionales, que atendieron al llamado, para que fueran mediadores e insistentes con las instituciones estatales para llegar a acuerdos. Esperaron todo el día en San Juan de Losada y pasadas las 8 de la noche, llegó el Gobernador de Meta y se comprometió a gestionar una instancia de alto nivel para resolver los conflictos socioambientales en áreas de parques.
“Sin embargo, de manera unilateral, las estructuras del gobierno tomaron la decisión en un consejo de seguridad que se hizo hace algunos días, de que la reunión se tenía que hacer en La Macarena. Hicieron la invitación a juntas de acción comunal de Concordia y otros municipios del Meta, pero no invitaron a las organizaciones sociales de territorio, que son las regiones afectadas”, afirma Panche.
A La Macarena tampoco llegaron las instituciones. La Guardia Campesina salió a la vía Los Pozos y estará ahí hasta el 16 de marzo, que es el tercer llamado que hacen las comunidades para concertar con el gobierno nacional y que por fin se pueda instalar la mesa. Los campesinos concentrados en San Juan de Losada y que ya suman siete mil, según cifra de Anzorc, publicaron un comunicado cuestionado la actitud de diversas entidades estatales.
“A través de este comunicado, responsabilizamos al Gobierno de Iván Duque, al Ministerio de Defensa Nacional y al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible por las consecuencias que pueda traer para el territorio y sus habitantes este nuevo desplante contra las comunidades que han mantenido su voluntad para solucionar mediante el diálogo esta grave situación. Nosotros hemos cumplido, hemos dado muestras de buena voluntad y hemos presentado propuestas serias que el gobierno ha despreciado con arrogancia”, reza el documento.
Panche cree que es necesario que campesinos y comunidades étnicas se junten para tener más claridad de la problemática y entre todos puedan encontrar soluciones: “Ni campesinos, ni indígenas, ni afros vamos a dejar que nos quiten las tierras o que nos saquen de la Amazonía, porque no sabemos a dónde ir, porque este es el último lugar al que hemos llegado y aquí nos tendremos que pensar una propuesta de gobernabilidad en la Amazonía, conservándola, porque de aquí depende la vida de la humanidad”.
Propuesta de agenda ambiental
- Gobernanza ambiental para la paz.
- Campesinos con parques.
- Planes participativos de manejo ambiental.
- Auditoría de control.
- Tratamiento especial sobre las actividades productivas existentes.
- Fortalecimiento de mecanismos y estructuras para la gobernanza local.
- Sustitución de cultivos de uso ilícito.
- Diagnóstico y caracterización participativa.
- Zonificación ambiental participativa.
- Formalización de la infraestructura existente.
- Regularización de la tenencia y la propiedad de la tierra.
- Pago e incentivos para la preservación y restauración en áreas de especial interés.
- Alternativas productivas para el buen vivir.
* Foto de apertura: PNN Cordillera de los Picachos, por Verónica Luna.
