Al término de las dos audiencias realizadas entre miércoles y jueves pasados ante los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de esta instancia de justicia transicional, la frustración y molestia fue generalizada, tanto, que se pidió formalmente su exclusión ante la falta de compromiso con la verdad.
Excluir al general (r) del Ejército Mario Montoya Uribe, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que pierda los beneficios jurídicos que otorga este tribunal de justicia transicional y que se reactiven las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, es lo que piden familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus abogados, así como organizaciones defensoras de derechos humanos del país que han documentado ejecuciones extrajudiciales de civiles, llamadas también ‘falsos positivos’.
La petición se basa en la actitud mostrada durante las audiencias por quien es el oficial en retiro de más alto rango que comparece ante la JEP para responder por ese atroz crimen en desarrollo del Caso 03, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas por agentes del Estado.
Según le explicaron a VerdadAbierta.com representantes judiciales de víctimas que estuvieron presentes durante los dos días que duró su comparecencia, el “derecho a guardar silencio” al que apeló el general (r) Montoya Uribe, sumado a las escuetas respuestas que entregó a los magistrados de la JEP cuando fue interrogado, no sólo representan una afrenta para las familias de quienes fueron asesinados por tropas del Ejército y luego presentados como “guerrilleros dados de baja”, sino que también constituirían una causal de pérdida de beneficios otorgados por este tribunal, creado por el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la otrora guerrilla de las Farc.
Para Juan Carlos Niño, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) que representa varias víctimas, la solicitud de excluir a Montoya Uribe de la JEP tiene todo el sustento toda vez que, al acudir voluntariamente a este tribunal de justicia transicional y firmar su acta de sometimiento, el General (r) aceptó su responsabilidad de aportar verdad plena en el espinoso caso de ejecuciones extrajudiciales.
“Y hasta ahora ha incumplido totalmente con ese compromiso. En esta audiencia, por ejemplo, habló durante 40 minutos sobre cómo funciona el Ejército y cómo es su estructura, luego decidió guardar silencio. Su aporte a la verdad fue nulo y en ese caso la JEP tendrá que decidir si continúa con esta situación desgastante para el sistema o lo excluye”, precisó el jurista.
Su concepto es compartido por Sebastián Escobar, abogado del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización que representa víctimas de ejecuciones extrajudiciales de diversas regiones del país. A su juicio, “la Jurisdicción puede tomar decisiones para hacer más expedito el trámite de los procesos, ¿qué le estamos diciendo a la JEP entonces? Pues si han pasado 10 y 15 años de investigaciones en la justicia penal ordinaria, llega este proceso a la JEP y no hay una voluntad de reconocimiento, aun cuando hay material probatorio y testimonios que incriminan al general (r) Montoya, pues entonces, que no se pierda tiempo en versiones voluntarias donde él no va a reconocer responsabilidad, e incluso podría entorpecer las investigaciones y que se tomen las decisiones que sean necesarios, incluso, la exclusión”.
Por otro lado, a través de un comunicado público, una docena de organizaciones defensoras de derechos humanos que han documentado casos de ejecuciones extrajudiciales en todo el país, calificaron la audiencia como “una burla y un desgaste del mecanismo de justicia transicional, que tiene la tarea de investigar los más graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado”, señalando, a su vez, que el recurso de guardar silencio como derecho al que apeló el general (r) Montoya Uribe va en contravía con los principios de la misma JEP y con los derechos de las víctimas de acceder a la verdad, situación que pone en entredicho su participación en este tribunal.
Esa actitud contraria a sus compromisos ya había quedado en evidencia en septiembre de 2018, cuando compareció por primera vez ante la JEP para ratificar su sometimiento ante esa instancia de justicia transicional. En esa ocasión, su abogado, Andrés Garzón, sostuvo que la “JEP es nuestro juez natural y ante este juez empezaremos a demostrar la absoluta inocencia del general Montoya”. (Leer más en: “Asistencia de general (r) Mario Montoya a la JEP fue decepcionante”)
¿Qué dice la norma?
La pregunta de fondo que surge tras los cuestionamientos de las víctimas, sus abogados y las organizaciones defensoras de derechos humanos es si, en efecto, Montoya Uribe está incumpliendo el llamado régimen de condicionalidad de la JEP, nombre dado a las condiciones impuestas por esta jurisdicción a todos los comparecientes a fin de poder acceder a los beneficios penales contemplados en ella.
Tal como lo ratificó la Corte Constitucional en su sentencia C-80, mediante la cual aprobó la Ley Estatutaria de la JEP, es decir, las reglas de procedimiento del tribunal de justicia transicional, para acceder a sus beneficios, los comparecientes deben comprometerse con la Garantía de No Repetición, esto es, no volver a alzarse en armas, para el caso de los excombatientes, y no cometer delitos graves contra los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario (DIH), para el caso de los militares.
Incumplir esta condición es causal de expulsión de la Jurisdicción. De hecho, ya existen antecedentes al respecto; ejemplo de ello son las exclusiones de Luciano Marín (‘Iván Márquez’), Henry Castellanos (‘Romaña’); José Manuel Sierra Sabogal (‘Zarco Aldinever’); Hernán Darío Velázquez (‘El Paisa’); Seusis Pausivas Hernández (‘Jesús Santrich’), quienes, en octubre de 2019, perdieron los beneficios otorgados por la JEP, precisamente, por su decisión de rearmarse.
A la Garantía de No Repetición se suma el compromiso de Reparar Integralmente a las Víctimas y la obligación, tanto para excombatientes como para los integrantes de la Fuerza Pública, de Aportar Verdad Plena; es decir: “relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades”.
Así, según la Ley Estatutaria de la JEP, el aporte a la verdad debe realizarse en tres instancias: ante la propia JEP; ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEVCNR) y ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Marco del Conflicto Armado.
Se trata entonces de compromisos genéricos y en abstracto en donde la concreción y la exigibilidad de su cumplimiento, como lo consignó en 2019 el Instituto Colombo-Alemán para la Paz en un análisis titulado El régimen de condicionalidad y el acceso a la JEP, dependerá de cada caso particular y del momento procesal en que se encuentre. “Hay una relación proporcional entre los beneficios y los compromisos, es decir, entre mayor sea el beneficio más exigente será el compromiso. Por otra, los compromisos no solo deben cumplirse para acceder a un tratamiento penal especial o diferenciado, sino para permanecer en este”.
La Ley Estatutaria también determina que “la JEP deberá exigir un mayor grado de contribución a quienes hayan tenido mayor responsabilidad en la comisión de los delitos más graves y representativos, también tendrá en cuenta la jerarquía de mando en su comisión, la entidad del beneficio recibido y la intencionalidad en la falta de contribución a la verdad y su dicha contribución fue parcial o total”.
Si bien el caso de Montoya Uribe le plantea un debate a la JEP, pues serán los mismos magistrados quienes, al estudiar este caso puntual, deberán valorar si, en efecto, el general (r) está violando el régimen de condicionalidad, para los juristas y las organizaciones de víctimas consultados por VerdadAbierta.com, no queda ninguna duda de ello dada su condición de excomandante de Brigada, de División y del mismo Ejército Nacional que ostenta el oficial en retiro, lo que, sumado a su sometimiento voluntario a esta Jurisdicción, le impone la obligación de relatar, de manera exhaustiva y detallada, hechos y situaciones que ayuden a construir verdad sobre lo que sucedió con los llamados ‘falsos positivos’.
“Es que él (Montoya Uribe) se presentó voluntariamente. La JEP no lo citó. Él decidió someterse y al firmar su acta de sometimiento aceptó su compromiso de aportar verdad. Y no lo ha hecho. Explicar cómo funciona el Ejército no es, en todo caso, un aporte a la verdad, no la que esperan las víctimas”, precisa Niño, abogado de la CCJ, y agrega que “son varios los temas gruesos que esperábamos que Montoya aclarara: ¿cuáles fueron las instrucciones que se dieron a las tropas durante su comandancia? ¿Cuál fue su responsabilidad en estos hechos?”.
Verdad que no aparece
A la fecha, de acuerdo con datos entregados por la JEP, se han realizado 215 versiones (169 orales y 46 escritas) en el marco del Caso 03. Además del general (r) Mario Montoya Uribe, también han comparecido ante los magistrados de este tribunal los generales Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; Miguel David Bastidas, exsegundo comandante de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez; y Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16 del Ejército.
En por lo menos 18 de estas versiones, según explicaron varias organizaciones que acompañan víctimas de ejecuciones extrajudiciales mediante comunicado público, por lo menos unos 11 militares han señalado directamente a Montoya Uribe como un instigador de esta atroz práctica al transmitirle a sus subalternos órdenes mediante expresiones como “las bajas no es lo más importante, es lo único”, “necesitamos resultados” o “la guerra en Colombia se mide por litros de sangre”. (Leer más en: “Las bajas no es lo más importante, es lo único”: general Mario Montoya)
De ahí que las organizaciones planteen que “no tiene ningún sentido que el general (r) Montoya Uribe se acoja a un mecanismo de justicia transicional sin ningún ánimo de contribuir a la verdad, que es máximo pilar del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) para esclarecer y juzgar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos en el contexto del conflicto armado”.
No obstante, excluir a Montoya Uribe de la JEP, solicitud que será estudiada por los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de los Hechos y Conductas de este tribunal, no significa que haya garantías para las víctimas en la justicia penal ordinaria.
“Que el proceso retorne a la Fiscalía General de la Nación tampoco es garantía de que haya justicia pronta”, señala Luis Alfonso Castillo, abogado de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), que acompaña víctimas de este flagelo en Antioquia. De acuerdo con el abogado, con referencia a Montoya Uribe, el sistema judicial se encuentra en una encrucijada frente a cuál es la ruta más expedita para hallar verdad y justicia en los casos que lo comprometen.
En los últimos 15 años, la CJL ha conocido y documentado por lo menos 200 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el periodo en que el general (r) fungió como comandante de la Brigada 4 del Ejército, con sede en Medellín (1 de enero-15 de diciembre de 2003).
Esta organización también conoció unas 600 denuncias sobre ‘falsos positivos’ cuando Montoya Uribe se desempeñó como Comandante de la Primera División del Ejército (15 de diciembre de 2003- 28 de abril de 2005), cifra que ascendió a poco más de dos mil denuncias mientras fungió como Comandante del Ejército Nacional (marzo 2006-noviembre de 2008).
A ello se suman los hechos sucedidos tras la Operación Orión, ejecutada en la Comuna 13 de Medellín entre el 16 y el 25 de octubre de 2002 por comandos militares bajo el mando de Montoya, articulados con unidades de la Policía, Ejército, DAS, CTI, Fiscalía y Fuerza Aérea.
De acuerdo con el seguimiento hecho por la CJL a intervención estatal, que pretendía acabar focos guerrilleros urbanos, arrojó un saldo de 80 personas heridas por la Fuerza Pública, 17 homicidios cometidos por agentes del Estado, más de 70 homicidios cometidos por paramilitares, 12 personas torturadas, 90 desaparecidos sólo durante el desarrollo del operativo militar y 370 detenciones arbitrarias. (Leer más en: “Desaparecían personas en la Comuna 13 y decían que eran un mito”)
“Actualmente cursa una investigación en la Fiscalía Tercera Delegada ante Corte Suprema de Justicia por 12 casos por presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas cuando fungía como comandante del Ejército (marzo 2006-noviembre de 2008) y por lo ocurrido durante la Operación Orión”, recuerda el abogado. “En 2016 se iba realizar audiencia para imputarle cargos por estos hechos, pero como decidió presentarse a la JEP, el proceso se paró en la justicia ordinaria por una directiva de la Fiscalía según la cual, lo que investigue la JEP, pues se suspende en la justicia ordinaria”.
Por lo pronto, “la pelota” quedó en el campo de la JEP, que deberá estudiar la solicitud formal hecha por las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus abogados de excluir a Mario Montoya Uribe de la justicia transicional, un hecho que, sin duda, podría ser un gran golpe de opinión, pero que no garantizaría un pronto acceso a la verdad y a la justicia, que tanto esperan quienes padecieron el terrible crimen de ser ejecutado por militares que buscaban recompensas económicas y permisos para salir de sus batallones y tomarse unas vacaciones.
