La inspección judicial a los laboratorios de Antropología de la Universidad de Antioquia ordenada por los magistrados de la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, así como la orden expresa a la Fundación Socya, a la Fiscalía General de la Nación y a la Gobernación de Antioquia de suministrar información, entre los hechos más destacados que dejó la audiencia en la que participaron decenas de víctimas del conflicto armado del norte de Antioquia.
“Fue un balance positivo. Sentimos que los objetivos planteados para esta audiencia se alcanzaron a cumplir”, señaló Gustavo Adolfo Salazar, magistrado de la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al término de la cita judicial celebrada el martes y miércoles pasados en Medellín, para indagar por la suerte de los restos de las personas inhumadas en la zona de influencia del proyecto energético Hidroituango y que se presume pueden responder a personas declaradas como desaparecidas en el marco del conflicto armado. (Leer más en: La JEP pide rendición de cuentas sobre desaparecidos)
El magistrado Salazar valoró la presencia de representantes de entidades estatales y organizaciones sociales citadas para la audiencia, tales como Empresas Públicas de Medellín; el Ministerio del Interior; la Gobernación de Antioquia; la Fiscalía General de la Nación; la Universidad de Antioquia; la Fundación Socya; la Sociedad Hidroituango S.A; los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc que hoy integran el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), entre otros, quienes, durante el desarrollo de la diligencia judicial, entregaron informes y respondieron interrogantes de los magistrados de la Sala, el Ministerio Público y los abogados de las víctimas.
Esta audiencia hace parte del proceso de recolección de información necesaria para decidir si se dictan medidas cautelares de protección sobre una extensa área de influencia donde se construye la central eléctrica Hidroituango, tal como lo solicitaron en agosto pasado un conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos para esta región y para otras 15 más ubicadas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre. El propósito es que se protejan estos sitios para adelantar una eficiente búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto. (Leer más en: Familiares de víctimas piden proteger sitios donde se presume hay cuerpos de desaparecidos)
Si bien el magistrado Salazar se mostró satisfecho con la participación de las entidades ya mencionadas, tras señalar que “nos vamos con información que no teníamos, con información nueva que obviamente tendremos que analizar y cotejar para determinar si se emiten medidas cautelares o no”, entre los apoderados judiciales de las víctimas del conflicto armado del norte de Antioquia, región donde se encuentra ubicado el proyecto energético Hidroituango, quedó un sinsabor pues, sienten, que quedaron más dudas que certezas tras las respuestas entregadas por las entidades del Estado.
“La verdad quedamos preocupados con las afirmaciones hechas por Empresas Públicas de Medellín (EPM), por (Fundación) Socya, por la misma Fiscalía. Lo que creemos es que, en el afán de inundar la represa, estas instituciones hicieron ejercicios de prospección bastante irregulares, donde no se tuvieron en cuenta cementerios veredales ni los enterramientos hechos por las mismas comunidades”, afirmó Alirio Uribe, abogado representantes de víctimas del conflicto armado del norte de Antioquia.
Al término de la audiencia, Uribe ratificó la intención de solicitarle a los magistrados de la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad que dicten medidas cautelares para que se protejan sitios en la zona de injerencia de Hidroituango, donde se presume están enterradas personas dadas por desaparecidas.
“Nosotros tenemos la certeza que, en este momento, dentro del embalse, hay varios sitios de disposición de cuerpos donde hay enterramientos que no se sacaron. Y tenemos certezas que río abajo hay enterramientos que también están en riesgo por la subida súbita del río, al interior del embalse se están produciendo derrumbes que podrían llevarse las zonas donde se presumen hay fosas. Por eso creemos que las medidas cautelares solicitadas por (Movimiento) Ríos Vivos y por el Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) tienen toda la pertinencia y esperamos que se adopten”, señaló el jurista.
Un cauce de confusiones
Aunque los magistrados de la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad no tomaron decisiones de fondo sobre las medidas cautelares solicitadas por los movimientos de víctimas, sí ordenaron varias medidas tendientes a precisar el universo de personas reportadas como desaparecidas en los municipios de influencia del proyecto energético; y esclarecer si se identificaron y exhumaron todos los puntos de enterramiento de cadáveres denunciados por las comunidades.
En ese sentido, una de las primeras medidas ordenadas por los togados fue la inspección judicial al laboratorio de Antropología de la Universidad de Antioquia, donde reposan 324 restos óseos de un total de 349 que fueron exhumados de los cementerios ubicados en el corregimiento Orobajo, de Sabanalarga; la vereda La Fortuna, de Buriticá; y la vereda Barbacoas, de Peque.
Dichos restos fueron exhumados en el marco de un “traslado administrativo de cementerios veredales e informales” que iban a ser impactados por el megaproyecto, acción que fue ordenada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Para tal fin, la empresa Integral S.A. suscribió el Convenio 0001472 con la Universidad de Antioquia, que, a su vez, designó a la antropóloga Timisay Monsalve para que liderara el proceso, el cual se llevó a cabo entre noviembre de 2017 y junio de 2018.
En este periodo, Monsalve y su equipo de trabajo ubicaron, exhumaron, trasladaron, identificaron y entregaron parte de los restos óseos que hoy reposan en el laboratorio de Antropología de la Universidad de Antioquia. Si bien la antropóloga señaló ante los magistrados de la Sala que la Fiscalía General de la Nación no sólo autorizó su labor sino que, además, certificó que allí, en esos sitios, no había información que diera cuenta de la existencia de fosas comunes o enterradas personas dadas como desaparecidas, para el magistrado Salazar no fue claro por qué, si se trataba de cementerios donde se supone habían enterradas personas de dichas comunidades, sólo han sido entregados 25 cuerpos y aún no se identifican los restantes 324 restos.
De hecho, el abogado representante de víctimas, Alirio Uribe, denunció en el transcurso de la audiencia que, actualmente, personas de la comunidad de Orobajo se encuentran buscando los restos de familiares que tenían enterrados en el cementerio de este corregimiento sin que la Universidad de Antioquia ni EPM le dan respuesta satisfactoria.
“Nos parece sorprendente que familias que tenían a sus familiares enterrados en cementerios informales, ahora tengan desaparecidos los restos de sus familiares precisamente, porque todo se hizo de manera improvisada, a la carrera”, expresó Uribe.
Diana Arango, directora de Equitas Colombia, organización experta en temas forenses y acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado, quien también participó en la audiencia, explicó que “esa intervención debió ser desde el principio de carácter forense y no administrativa”.
“Traslados administrativos de cementerios hay todos los días, eso es legal -agregó- pero lo que está mal hecho es que, en estos cementerios, donde se presume había personas asesinadas por actores armados y otras quizás dadas por desaparecidas, no se le haya dado un tratamiento forense. Claro, la Universidad dice que la Fiscalía descartó que allí hubieran desaparecidos, pero lo que no sabemos es la Fiscalía descartó con base en qué”.
Preocupación indígena
Tras los dos días de audiencia, las preocupaciones también embargan a la comunidad del pueblo indígena Nutabe, afectada por una cruenta masacre perpetrada por paramilitares el 12 de julio de 1998 en la que perdieron la vida 11 de sus integrantes. Si bien sus autoridades ancestrales acudieron a la cita de la JEP, no tuvieron la oportunidad de intervenir porque según explicaron voceros de prensa de este ente judicial, no hacen parte de los peticionarios de las medidas cautelares.
VerdadAbierta.com dialogó con Abelardo Antonio David, Guardia Mayor del Cabildo Nutabe de Orobajo, quien tiene bajo su responsabilidad velar por los restos de los fallecidos de su comunidad que fueron exhumados por los especialistas de la Universidad de Antioquia en desarrollo del convenio con EPM.
“Me preocupa que en este momento estén pasando por encima de la autonomía indígena”, afirmó David a este portal. Y parte de su inquietud se debe a que no fueron invitados a intervenir durante la audiencia. “Me pareció muy raro que no nos hayan dado la palabra, eran muy estrictos”.
David reiteró que debieron ser escuchados durante la audiencia porque son los directamente implicados en una de las discusiones que se dieron allí. Buena parte de las inquietudes de los magistrados estuvieron referidas a lo realizado en el cementerio del caserío de Orobajo, donde reposaban los restos de los nativos muertos desde hace décadas.
De ese sitio exhumaron los restos de 180 miembros de su comunidad, que están bajo custodia en el laboratorio de Antropología de la Universidad de Antioquia y cuya labor se hizo en desarrollo del convenio con EPM, tal como fue explicado en la cita judicial.
“Los cuerpos son nuestros y desde nuestra autoridad somos nosotros los que decidimos dónde deben estar los restos”, afirmó David y agregó que, como encargado del cementerio, “le exigí a los antropólogos de la Universidad de Antioquia que lavaran las prendas que tenían los fallecidos al momento de la exhumación y que lavaran también las osamentas. Y ahora que visité el laboratorio estoy muy contento porque están en buen estado”.
Pero David tiene otro temor: que esos restos sean trasladados a otro lugar por orden de la JEP y pierdan su control, la que considera que sería una decisión que pasa por encima de su autoridad étnica. “Somos nosotros los que debemos decidir a dónde van esos restos. Yo pienso que si la JEP ordena mover los restos de la Universidad de Antioquia, le restarían autoridad a la comunidad. ¿Nos vamos a quedar sin autonomía?”.
Este líder indígena Nutabe recordó que el proceso de exhumación de los restos de los miembros de su comunidad se hizo con su autorización y sólo cuando sus autoridades dieron la orden, los especialistas de la Universidad de Antioquia pudieron ingresar al sitio. “Ellos no se metieron a las malas como andan diciendo, no, ellos entraron porque nosotros autorizamos”.
Y detalló que miembros de su comunidad participaron en dos procesos de exhumación que se adelantaron en Orobajo: de un lado, a los antropólogos de la Universidad de Antioquia que intervinieron el camposanto indígena; y de otro, en el barrido que hicieron investigadores de la Fiscalía en el cementerio de Botija, donde reposaban los restos de personas que bajaban sin vida por el río Cauca.
David también llamó la atención de quienes, al parecer, estarían hablando a su nombre, sin autorización alguna: “Cualquier entidad estatal debe consultar con el cabildo. Y Ríos Vivos no es de nuestra comunidad. Nosotros no hemos dado autorización a nadie para que nos represente. Nos parece muy raro que Ríos Vivos nos meta en sus líos. Nosotros ya tenemos un proceso y exigimos que nos lo respeten”.
Con base en la consulta previa que han adelantado con EPM, en aplicación de licencia ambiental, los Nutabe solicitaron la compra de una finca, de 500 hectáreas, en jurisdicción del municipio de Ituango, que ya tienen identificada. Se llama Los Galgos y aspiran a que se reúnan en ella los 175 nativos que están desperdigados en Ituango y Sabanalarga.
“Para nosotros el cementerio es sagrado y ya tenemos identificado un sitio para llevar allí los restos. Allí queremos que reposen nuestros muertos”, reiteró David.
Información por entregar
Otras de las medidas ordenadas por los magistrados de la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad fue la entrega de información por parte de la Fundación Socya, a fin de determinar su papel en el hallazgo de sitios de enterramiento en los municipios de influencia del proyecto energético.
Ese requerimiento se debió a que, para los togados, no fueron claras las respuestas entregadas por esta organización sin ánimo de lucro que, si bien dejó claro que su labor sólo se circunscribe a la gestión social del proyecto, consignó en diversos informes y en actas enviadas a la Sala que realizó acciones de prospección en donde sus profesionales en terreno identificaron por lo menos siete puntos donde las comunidades enterraban cuerpos sin vida que bajaban por las aguas del río Cauca, actividades que, para los magistrados de la Sala, son competencia exclusiva de las autoridades judiciales.
“Nuestro trabajo era más en clave de preservar la memoria cultural de las comunidades”, declaró en estrados Jorge Iván Arango, director operativo de la Fundación Socya. “En ese sentido, en las reuniones con las comunidades ellas nos informaban sobre playas y puntos donde enterraban personas que bajaban muertas por el río Cauca. Toda esa información se le entregó a EPM y la empresa se la comunicaba a la Fiscalía”.
“Si el contrato suscrito entre EPM y la Fundación Socya no contemplaba la búsqueda de fosas comunes, ¿por qué Socya consigna en sus informes labores de prospección de fosas comunes cuando ese no era su objeto?”, se preguntó el magistrado Salazar.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación también deberá entregar a la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad información detallada que dé cuenta del número preciso de personas reportadas como desaparecidas en el norte de Antioquia; las labores de exhumación realizadas allí, el número de cuerpos encontrados, identificados y entregados a sus familiares.
El Ente Investigador también deberá explicar, además, bajo qué fundamentos le comunicó a EPM y a la Universidad de Antioquia, a finales de 2017, que ya había concluido con las labores de exhumación de restos óseos enterrados a lo largo de las riberas del río Cauca y que en la zona que fue inundada no había información sobre presencia de fosas comunes, desconociendo las denuncias formuladas por las organizaciones de víctimas, incluso mucho antes de que arrancaran las obras del megaproyecto.
Al respecto, Alonso Alvear, Fiscal 221 del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), señaló que en los 12 municipios de influencia del proyecto energético se realizaron 195 diligencias de exhumación y 23 actividades de prospección donde fueron recuperados, identificados y entregados a sus familiares un total de 115 cuerpos mientras que unos 23 se encuentran en proceso de identificación y otros 58 se mantienen en condición de no identificado.
El fiscal Alvear también informó que su despacho tuvo conocimiento que en los cementerios veredales había personas enterradas por las mismas comunidades que eran halladas sin vida en las orillas del río Cauca. “En ese sentido, se intervinieron los cementerios de Barbacoas y Orobajo. Se exhumaron cuerpos con ayuda de la comunidad. Por eso se le informó a EPM y a la Universidad de Antioquia que una vez culminada la labor de la Fiscalía, podían proceder con el traslado de los cementerios”.
Lo que no quedó claro para los magistrados de la Sala es si el Ente Investigador tenía pleno conocimiento sobre los restos que había en dichos cementerios, más aún cuando se le preguntó por qué de los 349 cuerpos exhumados, tan sólo han sido entregado 25. “Señoría, no tenemos información de que alguno de esos cuerpos tenga características de hechos violentos. En caso de que los haya me los debo llevar para mi laboratorio. No puedo decir que sean desaparecidos porque no conozco la totalidad de los cuerpos exhumados”, respondió el fiscal Alvear.
El eterno lío de las cifras
Asimismo, los magistrados de la Sala ordenaron a la Gobernación de Antioquia la entrega de información que dé cuenta del número de personas dadas como desaparecidas en el norte del departamento, así como las acciones desarrolladas para encontrarlas. “Si bien es cierto, como lo señalaron en esta audiencia, la Gobernación no es fuente primaria, solicitamos la información que tengan, independiente de la fuente”, requirió el magistrado Salazar.
Si algo dejó claro la audiencia es que no existe un registro preciso y confiable que señale cuántas personas fueron reportadas como desaparecidas en razón del feroz conflicto armado que se libró en el norte de Antioquia. A falta de cifras oficiales por parte de la Fiscalía, que alegó encontrarse en proceso depuración y consolidación de base de datos, las entidades intervinientes recurrieron a la base de datos del Observatorio de Violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al DIH del Centro Nacional de Memoria Histórica. Allí se consigna que en los 12 municipios de influencia del megaproyecto se contabilizan 177 masacres que dejaron unas 884 víctimas de desaparición forzada.
“La mayoría de estas agresiones son atribuibles a grupos paramilitares y agentes del Estado y en menor medida a los grupos insurgentes que allí operaron. Hay que tener en cuenta que se trata de un subregistro pues nunca ha habido una investigación que permita saber cuántas y quiénes son las víctimas” señaló Marta Soto, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
“En Colombia hay una gran descoordinación y falta de comunicación institucional”, aseveró al respecto Diana Arango, directora de Equitas Colombia, quien señaló además que “las diferentes dependencias de la Fiscalía no se comparten información y así es muy difícil consolidar una base de datos. Tenemos un problema serio de cómo se registra información. Todas las instituciones que tienen bases de datos sobre personas desaparecidas, pues no se comunican entre ellas. Por eso, el registro vive desactualizado”.
Los mismos cuestionamientos sobre la falta de claridad en las cifras de personas desaparecidas en razón del conflicto armado fueron hechos a mediados de julio de este año durante los dos días de audiencia que realizó la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en esta misma ciudad para avanzar en el análisis de las medidas cautelares solicitadas para los sitios La Escombrera y La Arenera de la Comuna 13, donde se presume que hay cientos de restos de víctimas del conflicto armado urbano que padeció este sector de la capital antiqueña. (Leer más en: No hay cifras claras sobre desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín)
Por lo pronto se espera que con la información que han solicitado los magistrados de la JEP, que deberá llegar a sus despachos en las próximas semanas, continúe la valoración de los casos para determinar si sobre los sitios señalados por las organizaciones defensoras de derechos humanos y las comunidades es pertinente o no adoptar medidas de protección que favorezcan la búsqueda de las víctimas.
