A pesar de que la concentración de excombatientes y el desarme se cumplieron a cabalidad, las obras de la zona veredal nunca se realizaron.
Once meses a la intemperie, sin alojamientos, espacios para reunirse, acueducto ni energía eléctrica se hacen eternos para cualquiera. Los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc esperaban que les cumplieran, así como ellos habían cumplido su parte y se habían concentrado sobre este lomo de la cordillera Occidental que albergó la Zona Verdal de La Paloma, en el corregimiento Madrigal de Policarpa (Nariño), pero ni el gobierno nacional ni el contratista que se suponía debía dejar todo construido antes de su llegada resolvieron el problema.
‘Ramiro Cortés’, quien estuvo a cargo del agrupamiento de 260 excombatientes del antiguo grupo insurgente y su paso a la vida civil en La Paloma asegura que cuando llegaron allí, el 12 de enero de 2017, “lo que encontramos fueron potreros sin ninguna intervención en materia constructiva”. A su arribo, el Fondo Colombia en Paz sólo había edificado algunos de los alojamientos para el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, pero ni siquiera se había empezado a nivelar el terreno o a desarrollar los demás trabajos definidos en los acuerdos para hacer habitable este lugar
Aída Manquillo, una de las vecinas que tenía su finca en la zona de la vereda Betania donde se instaló la Zona Verdal e integrante de la Asociación Familias en su Tierra, recuerda que cuando llegaron los exguerrilleros no había nada y que “de parte del gobierno no recibieron ni una ayuda […] simplemente [construyeron] sus cambuches en plástico y tablitas”.
Hoy, cuando se visita el predio donde se esperaba que el sueño de paz empezara a verse en aquella región del sur del país, sólo quedan los restos de lo que fueron los improvisados campamentos que instalaron: siguen en pie los baños de madera, una cochera y los cimientos de un par de viviendas, mientras reposan por allí algunas tejas de zinc, lonas y pedazos de botas de caucho que dan cuenta de que por allí pasaron los reincorporados.
Al respecto, ‘Ramiro’ asegura que “las construcciones no se hicieron y, entonces, comenzamos a hacerlas nosotros mismos con algunas tablas, con plástico y con tela, y construimos unas viviendas improvisadas […] Para nosotros era como trasladarnos de un campamento a otro”
[Insertar galería de fotos]Obras llenas de problemas
Luego de firmado el Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016, se inició el proceso de concentración de las estructuras de las antiguas Farc para su paso a las 19 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los siete Puntos Transitorios de Normalización (PTN). Según lo definido en la mesa de negociaciones, el mecanismo tripartito acordó un modelo tipo para que el gobierno nacional se encargara de construir estos lugares y garantizara alojamientos, aulas, servicios públicos y sitios para proyectos productivos.
Asimismo se definió la ubicación de cada uno de estos espacios, buscando que fuera en lugares en que los exguerrilleros tuvieran la mayor confianza posible, no estuvieran lejos de sus sitios de origen y se brindaran las garantías de seguridad necesarias para la reincorporación.
En un tiempo extremadamente corto, de apenas 20 días después de firmado el acuerdo, el gobierno nacional expidió varios decretos para poner a andar las zonas veredales, encargó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) la selección de los contratistas y la interventoría de las obras, repartió los proyectos entre cinco proponentes a nivel nacional y, el 14 de diciembre de 2016, firmó los contratos a través del Fondo Colombia en Paz para tratar de cumplir con lo pactado, aunque resultaba obvio que a la llegada de quienes iban a iniciar su proceso de reincorporación estos lugares no iban a estar listos.
La construcción de la Zona Veredal de La Paloma, así como la de La Variante en Tumaco (Nariño) y las correspondientes a los departamentos de Caquetá y Guaviare, le correspondió a Luket SAS, una empresa asentada en la ciudad de Pasto dedicada al desarrollo de obras civiles y representada por Luis Eduardo López Rosero.
Según el contrato, dicha empresa debía recibir 11.278 millones de pesos para llevar a cabo la “adecuación del terreno para la construcción de los alojamientos temporales, construcción de zonas comunes […] instalación de servicios esenciales: agua, saneamiento básico y energía” en las siete ZVTN que tenía a su cargo antes del 31 de diciembre de 2016.
Inicialmente, de los recursos convenidos para pagarle a Luket en este contrato, 434 millones de pesos estaban destinados a La Paloma. Sin embargo, apenas 16 días después, el 30 de diciembre de 2016, el Fondo Colombia en Paz concedió una unadición al contrato por 737 millones, dado que la empresa había solicitado elevar el rubro por persona a recibir en la zona veredal de 10 millones 077 mil 912 pesos a 10 millones 131 mil 774 pesos por no haberle puesto el cobro de IVA a su cotización, es decir 53.862 pesos más por cada uno, y a que el número de excombatientes que iban a iniciar su proceso de reincorporación había aumentado de 42 a 137. Asimismo, se le dio una prórroga para entregar las obras el 31 de enero de 2017, algo que claramente no se cumpliría cuando ninguna de ellas había iniciado.
Sin que pasara un mes de esto y poco después de la llegada de los reincorporados de las antiguas Farc a La Paloma, el 27 de enero de 2017, el gobierno nacional le firmó una nueva adición a Luket, esta vez por el costo total del contrato en los tres departamentos que pasó a ser de 20.872 millones de pesos e incluía nuevas responsabilidades, como la construcción de baterías sanitarias y el suministro de kits de aseo, y ampliaba el plazo al 17 de marzo de ese año, cosa que tampoco se cumplió.
El 9 de marzo, días antes de vencerse ese plazo, se dio una nueva modificación del contrato que reducía los recursos a pagar a Luket en 2.171 millones de pesos, pues se reducían algunas de sus obligaciones. Ese mismo día, la Ungrd, entidad que tuvo a su cargo la interventoría de las obras, y Luket le solicitaron al Fondo Colombia en Paz una nueva prórroga, que fue concedida de inmediato, ampliando el plazo para la entrega de la zona veredal de Policarpa hasta el 1 de abril.
Este plazo tampoco se cumplió. Para el caso de La Paloma, el presupuesto terminó siendo de 1.388 millones de pesos y de todo lo convenido solo se edificó un depósito en madera que hoy se mantiene como testigo de la única intervención de la empresa en la zona veredal. Mientras tanto, la Ungrd no hace públicos los informes de interventoría a la labor de Luket SAS para saber qué pasó con la plata pagada en adelantos a dicha firma.
“El compromiso era que nosotros buscábamos el sitio y ellos lo adecuaban […] No sé, no quisieron hacerlo, no pudieron”, asegura ‘Ramiro’ al recordar el desconcierto que sembró entre las personas a su cargo encontrar que no se había avanzado en nada: “Viendo lo acordado, leyendo el acta del Yarí de cómo iban a ser las construcciones, entonces, empieza la gente a preguntarse: bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué aquí no hay nada?”.
Asunto de humanidad
Cuando llegó la gente de las antiguas Farc, la comunidad vecina de Madrigal los recibió con entusiasmo. Después de años de soportar la guerra que se libró durante más de tres décadas en su territorio, entre los habitantes de este corregimiento había víctimas de las más terribles violencias de todos los lados, las fumigaciones con agrotóxicos, el paramilitarismo con sus masacres y la militarización como única presencia del Estado en su territorio.
Adolfo López, un trabajador de la construcción que actualmente ocupa la presidencia de la Junta de Acción Comunal de Madrigal, recuerda que, en los peores años de la guerra, los de la primera fase del Plan Colombia (2000-2006), la gente vivía con “una zozobra grandísima”; y sin dudarlo, y con cierta solemnidad, enfatiza: “Nosotros hemos vivido la guerra, nosotros hemos puesto la sangre nuestra aquí, nosotros sabemos qué es la guerra y queríamos esa paz, queríamos ver esos guerrilleros que llegaron y se dieron la mano con el Ejército. Para nosotros fue un sueño ver esas cosas”.
Aída Manquillo destaca también la tranquilidad que llegó con el inicio del proceso de paz con las antiguas Farc, tras la firma del Acuerdo: “Durante la paz se miró que hubo un descanso, cuando ellos entregaron [las armas], porque antes se vivía en una zozobra, se vivía con ese miedo. Hemos tenido como un descanso, pues hasta lo presente. Ojalá Dios no permita que se cumplan otra vez esos sustos”.
Por esa esperanza de vivir en paz, los pobladores de Madrigal hicieron todo lo que estuvo a su alcance para apoyar un proceso que, según Adolfo López, “no concluyó, que no llegó a un buen término en esta región, pero nosotros descansamos hartísimo y sea bienvenida la paz en esta región todas las veces que quiera llegar”.
Cuando la empresa contratista no apareció para hacer las obras, a fuerza de azadón, pica y pala, la gente salió a arreglar la deteriorada vía a La Paloma para que los guerrilleros pudieran concentrarse. También lo hicieron en otras oportunidades, organizando mingas para ayudar con esta labor hasta que el Ejército llevó maquinaria e ingenieros al lugar para estabilizar y mejorar la transitabilidad de este camino enclavado en la dura geografía montañosa de esta región de Nariño.
De otro lado, los integrantes de las antiguas Farc no eran extraños en la zona. El Frente 29 de esa organización alzada en armas por 53 años tuvo una larga presencia en el alto Patía, muchos de sus miembros eran oriundos de la región y allí, en Policarpa, existía una cercanía de muchos años con las comunidades. Junto a ellos, llegó de más al norte, del Patía caucano, la gente del Frente 8 quienes, viniendo de lejos, debieron ganarse la confianza de los madrileños.
‘Ramiro’, quien asumió en mayo de 2015 la comandancia del Frente 29 luego de que ‘Aldemar Galán’ muriera junto con 25 de sus compañeros en un bombardeo del Ejército en Guapi (Cauca), asegura que a veces la gente olvida que “nosotros también, antes de ser combatientes, antes de ser guerrilleros, fuimos parte de la comunidad y las Farc siempre trabajaron con la comunidad arreglando caminos, haciendo escuelas” y por ello no fue difícil integrarse con sus vecinos y tratar de resolver juntos los problemas que iban surgiendo.
A finales de febrero de 2017, la tala de árboles para la construcción de los campamentos de los reincorporados estuvo a punto de hacer colapsar el pequeño acueducto veredal, puesto que el cerro de La Paloma es un nacedero de agua del que dependen los habitantes de la zona, y les tocó poner manos a la obra para crear una improvisada red para ellos y resolver un problema que generó una gran tensión con la gente de Madrigal. Afortunadamente, señala ‘Ramiro’, “conversando y conversando, así fuimos resolviendo [las dificultades] y así nos pasamos todos esos meses”.
Hacia Cauca
A pesar de esto, no se veían las obras, no había agua potable ni una atención oportuna en salud, las demás medidas destinadas a la reincorporación no arrancaban como se había pactado y la situación de seguridad empezaba a deteriorarse rápidamente.
Aunque el Ejército y la Policía habían respondido con lo que les correspondía en materia de protección de la Zona Veredal, según lo definido en el Acuerdo de Paz, la expansión desde el sur del departamento de Cauca por la cordillera Occidental de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) empezó a generar desconfianza entre las personas que, en La Paloma, estaban jugándosela por reincorporarse a la vida civil y pasar a la actividad política sin armas desde su recién fundado partido: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Ante esos riesgos, el 23 de noviembre de 2017, los excombatientes decidieron trasladarse más de 50 kilómetros hacia el nororiente para asentarse en el corregimiento de El Estrecho, del municipio caucano de Patía, un lugar más seguro y cercano a la vía Panamericana.
Al respecto, ‘Ramiro’ recuerda que “si no hubiera sido por eso que comenzó a ocurrir, estuviéramos allá porque, igual, teníamos una comunidad muy afín con la paz, una gente que nos estaba colaborando mucho, muy solidaria. El punto más álgido fue que ya nos sentíamos amenazados por la presencia de personas armadas alrededor de nuestra zona y, bueno, tocó tomar la decisión”.
La presencia paramilitar no era nueva en Madrigal. Desde 1997, las Autodefensas Unidas de Colombia desarrollaron una operación militar de amplia escala con el Bloque Central Bolívar que había iniciado en Putumayo, contó con el apoyo de sectores de la Fuerza Pública y buscaba crear un corredor para el tráfico de cocaína hasta el puerto de Tumaco [Enlazar a nota Seguridad PNIS Tumaco], mientras ampliaba el control de los grupos de extrema derecha en el suroccidente colombiano.
Cuando Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, asumió el mando de dichas tropas, en 1999, encargó a Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, la tarea de constituir el Bloque Libertadores del Sur que llegó a Policarpa en 2000 a disputarse el control de la zona con las antiguas Farc.
Fue una época de dura violencia en Policarpa. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), entre la llegada de los hombres de ‘Pablo Sevillano’ y su desmovilización en 2005, por lo menos 6.847 personas sufrieron algún tipo de hecho victimizante en este municipio, unas 12 veces más de las que padecieron la violencia de las extintas Farc desde 1985.
Por decisión del entonces presidente de la República Álvaro Uribe (2002-2010), alias ‘Pablo Sevillano’ fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2008, para responder por delitos asociados al tráfico de drogas hacia ese país.
En sus declaraciones ante fiscales y jueces en el proceso de Justicia y Paz, bajo las normas de la Ley 975 de 2005, este exjefe paramilitar reconoció que su grupo actuaba en plena coordinación con empresarios y miembros de la Fuerza Pública para desaparecer y asesinar civiles que los uniformados señalaban como colaboradores de la insurgencia, delincuentes o consumidores de sustancias psicoactivas.
En 2004, los hombres al mando de ‘Pablo Sevillano’ se trataron de adueñar de Madrigal en repetidas ocasiones y llegaron, incluso, a ubicar una base de entrenamiento en La Paloma, justo donde 13 años después llegaron a iniciar su desarme los exguerrilleros de las antiguas Farc. ‘Ramiro’ recuerda que por esa época vivió en esta zona varios de los combates más fuertes de su historia en el monte y que “ahí nos tocó enfrentar el paramilitarismo desaforado de [la época de] Uribe en 2004”.
Con la desmovilización del Bloque Libertadores del Sur a finales de julio de 2005, los nuevos grupos paramilitares que surgieron de estas intentaron tomarse Policarpa y todo el alto Patía. Primero fueron ‘Los Rastrojos’ y luego aparecieron por allí las llamadas ‘Águilas Negras’ y las Agc, que ganaron una guerra intestina entre estos grupos que afectó gravemente a la población y dejó por lo menos 20,039 personas afectadas por diversos delitos en el municipio entre 2006 y 2014, según el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para las Víctimas.
Con la creación de la Zona Veredal y el posterior desarme de las antiguas Farc, las Agc empezaron a expandirse hacia el sur, teniendo a Policarpa como uno de los puntos clave en su estrategia de avance bajo el mando de un hombre conocido con el alias de ‘El Zarco’ tienen una fuerte presencia en varios corregimientos de Policarpa, incluido Madrigal, a donde también han llegado disidencias de las antiguas Farc, entre ellas un grupo conocido como Frente Stiven González, la guerrilla del Eln.
Claudia Cabrera, alcaldesa de Policarpa, asegura que “hoy podemos decir que hay muchos grupos al margen de la Ley que hacen presencia […] Tenemos una situación muy difícil de orden público: han asesinado a muchos campesinos y eso nos preocupa mucho. Esperemos que, ojalá, el gobierno nacional entre de inmediato, antes de que sea demasiado tarde”.
De acuerdo con cifras de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019, han sido asesinadas en este municipio 61 personas, de ellas 30 en 2017; 25 en 2018; y 6 en el primer semestre de este año.
Forzados al cambio
La partida de los excombatientes de la antiguas Farc la sintió duramente la comunidad de Madrigal, pues tras ellos se fueron todos los demás involucrados en la vida de la Zona Veredal, como funcionarios del gobierno nacional, buena parte de la Fuerza Pública y representantes de agencias internacionales.
Todo esto afectó la dinámica comercial del municipio y otras actividades con las que los habitantes de Madrigal lograron vivificar la frágil economía de un corregimiento que hoy le viene apostando decididamente a la sustitución de cultivos ilícitos y espera que le cumplan con los programas de paz territorial.
El Presidente de la Junta de Acción Comunal de Madrigal asegura que “se fueron los excombatientes de la zona y ahí murió todo, se fueron todas las agencias”, a lo cual Aída, una de las pobladoras del lugar, agrega que “esa zona quedó silenciosa. Ya eso se acabó. Acá en el pueblo era bueno el comercio porque ellos comerciaban con todo el mundo”.
El miedo y la incertidumbre forzaron a que de los 260 excombatientes de La Paloma se trasladaran a El Estrecho. Al fin y al cabo, ya nada los obligaba a quedarse agrupados después del desarme y, en muchos casos, era preferible regresar con sus familiares o buscar trabajo en las fincas de la región mientras se aclaraba qué iba a pasar con el proceso de reincorporación.
‘Ramiro’ recuerda que seleccionaron ese punto por su facilidad de acceso lo cual les ayudaría a estar más seguros, y porque les arrendaron con facilidad los terrenos. Allí llevaron los materiales con que construyeron las que llama sus “viviendas improvisadas” en La Paloma, para volverlas a instalar en su nuevo hogar: “A estas alturas del partido, o sea, estamos hablando de casi tres años, seguimos en las mismas viviendas. De allá nos trajimos esas tablas acá para El Estrecho y en esas mismas estamos viviendo”.
Más de un año y medio después, los 89 excombatientes que hoy se encuentran en El Estrecho siguen adelante con su sueño de vivir en paz, así el gobierno nacional no les esté cumpliendo: allí vienen desarrollando procesos de formación política, capacitación técnica y proyectos productivos con distintos cultivos, galpones de gallinas y crianza de peces que han hecho realidad por sus propios medios y gracias a pequeños apoyos de la cooperación internacional.
Mientras tanto, unas 110 personas que habitaron La Paloma han creado una Nueva Área de Reincorporación, otra de las figuras contempladas en el acuerdo, en el municipio costero de Guapi, Cauca, para hacer lo propio y seguir adelante con su reincorporación a la vida civil.
Allí ‘Ramiro’ es hoy un campesino más que acompaña a sus vecinos que trabajan por la sustitución de cultivos ilícitos y trata que estas iniciativas impulsen el proceso de paz. Incluso, cuando se le pregunta por qué le siguen llamando por el pseudónimo que tenía cuando estaba en el monte, sonríe y recuerda que “la gente no se acostumbra a mi nombre porque es un poco complicado”: sus padres le llamaron Groelfi Rodríguez, pero es más común que le digan como antes era conocido.
Hoy, luego de todos los incumplimientos, asegura que están decididos a cumplir con su palabra: “Nosotros estamos haciendo todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance, para cumplir con lo que nos comprometimos. Igual, si el gobierno va a cumplir, pues que cumpla; si no va a cumplir, vamos a desarrollar nuestra propia reincorporación. En eso estamos. La gente está desarrollando emprendimientos con alguna cooperación internacional, muy poca pero significativa, y esperamos que no le fallen a la palabra quienes se comprometieron”.
