Escrito por: Joanna Zapata - El Turbión

Sin saneamiento básico y con vías en pésimo estado. Así pasan los días en ese corregimiento del municipio de Policarpa, Nariño, en donde sus habitantes esperan el desarrollo de los proyectos que propusieron para los Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial.

Los pobladores de Madrigal se preguntan qué pasó luego de su participación en las asambleas y reuniones que, con motivo de la puesta en marcha de los Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial (PDET), se realizaron en la región para definir las obras de infraestructura, vías y servicios públicos, así como los proyectos productivos que debían arrancar en 2019.

A pesar de que esta zona quedó incluida entre los 170 municipios priorizados para los programas de paz territorial contemplados en los acuerdos de La Habana, además de haber acogido en su momento la zona veredal de La Paloma para que 260 excombatientes de los frentes 29 y 8 de las antiguas Farc iniciaran su paso a la vida civil, el incumplimiento del gobierno nacional es la nota predominante.

Como parte de lo definido en el Acuerdo de Paz, la Agencia Para la Renovación del Territorio (ART) hizo presencia en el corregimiento para impulsar los procesos participativos del PDET, con el objetivo de que la comunidad identificara sus necesidades y anhelos en materia de infraestructura y proyectos productivos para los próximos 10 años, como se estableció en el punto uno de lo pactado con las Farc.

En ese primer periodo, que cubrió 2017 y 2018, el gobierno nacional adelantó obras del programa 50/51 para vías terciarias y Pequeñas Infraestructuras Comunitarias (PIC), que serían la antesala a la intervención territorial planteada para la segunda fase, a partir de lo acordado con los habitantes de la región.

A partir de este proceso de participación en asambleas veredales y municipales, la ART definió un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) en la región del Alto Patía y Norte del Cauca, uno de los 16 PDET acordados en La Habana, con más de 3.400 proyectos. Sin embargo, tras la socialización de finales del año pasado, la comunidad de Madrigal ni ha sabido más de la agencia ni comenzaron los proyectos.

Adolfo López, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento de Madrigal, confirma que la ART no volvió: “Nosotros llegamos hasta la [asamblea] regional, porque los enfoques que hacían acá eran basados en las necesidades que tenemos aquí en la región […] Pero, de un tiempo para acá, se quedó quieto. No sé qué pasó, no avanzó, nos quedamos en la propuesta”.

El argumento de la entidad es que la demora está dada por la necesidad de estructurar los proyectos recogidos en el PATR y buscar la manera de financiarlos.

Las vías que sí se han trabajado

Hasta el momento, la ART ha venido ejecutando obras en Madrigal dentro del plan 50/51, un proyecto de red de vías terciarias para la paz y el posconflicto para los municipios priorizados en el Acuerdo de Paz en el que las comunidades planean su ejecución y también aportan la mano de obra, de tal forma que se activa la economía local.

A través del Instituto Nacional de Vías (Invías), que actúa como socio estratégico, en este corregimiento se han ejecutado tres convenios solidarios entre la Alcaldía de Policarpa y las Juntas de Acción Comunal de las veredas Las Delicias y Santa Cruz, y el Consejo para el Desarrollo Integral de las Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño (Copdiconc).

Los convenios solidarios comenzaron en octubre de 2017. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen los informes de interventoría para los mismos, lo cual no permite corroborar la gestión.

Además, en Policarpa se invirtieron 791 millones de pesos en la primera fase del PDET, como parte del contrato de obra LP 003-2017, para el mantenimiento periódico de vías terciarias para la paz y el posconflicto en las carreteras que conectan a Madrigal con Santa Cruz, Santa Rosa, La Cuchilla, El Ejido, Sánchez y La Hoja.

De acuerdo con un informe de obras suministrado por la ART en respuesta a un derecho de petición presentado por El Turbión, el costo total de la ejecución del proyecto hasta el momento ha sido de 881 millones de pesos. Sin embargo, aún no es claro cómo se estructurarán los proyectos viales contenidos en el PATR, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las vías del Alto Patía se encuentran en mal estado y son difíciles de transitar. (Descargar: Informe de obras PDET 2019)

Proyectos priorizados y asambleas comunitarias

Luego de terminada la fase de participación, la ART procedió por su cuenta a realizar una evaluación de viabilidad de las propuestas de las comunidades y las consignó en el PATR, socializado a finales de 2018. A partir de entonces se concentró en la planeación estratégica para cada PDET, definiendo una propuesta económica para las iniciativas y una programación de las mismas, de acuerdo a las prioridades y la complejidad de los proyectos.

En total, para estructuración, ejecución y fortalecimiento de los proyectos priorizados en materia de infraestructura, iniciativas productivas, salud, educación, servicios públicos y vivienda del PDET en la región de Alto Patía y Norte del Cauca, la propuesta económica asciende a 24.411 millones de pesos [insertar enlace a anexo 14: formato de propuesta económica ART] que deben correr por cuenta del Fondo Colombia en Paz, constituido por la Presidencia de la República para juntar recursos del Estado y la cooperación internacional destinados al cumplimiento del Acuerdos de Paz.

Con el fin de mejorar sus condiciones de vida y contribuir a la construcción de la paz, la comunidad de Madrigal tuvo una activa participación en las reuniones con la ART, priorizando temas que se pudieran desarrollar a través del Programa de Desarrollo de Enfoque Territorial (PDET) para generar acciones concretas con base en las necesidades de la población. Entre ellas se encuentran proyectos productivos de cacao, café, piscicultura y ganadería, acueductos y adecuación de vías.

Sin embargo, pese a la activa participación de la comunidad y al resultado en la identificación de proyectos priorizados, los funcionarios de la ART simplemente no volvieron al corregimiento.

Madrigal es un territorio enclavado entre la cordillera Occidental, extenso y de rocosos caminos que, debido al deterioro y escasez de vías, asume altos costos para sacar sus productos y poder comercializarlos. Por esta razón, la comunidad está a la expectativa de saber qué sucedió con los proyectos priorizados.

Vecinos de la zona veredal de La Paloma

Cuando los 260 hombres y mujeres de las antiguas Farc llegaron a comienzos de 2017 al cerro de La Paloma, en la vereda Betania del corregimiento Madrigal, para iniciar su proceso de reincorporación, la comunidad los recibió solidariamente. Allí se había convivido por largo tiempo con el Frente 29, cuyos integrantes eran en su mayoría oriundos del Patía nariñense, y se vio también la llegada de la gente del Frente 8, que venía del vecino departamento de Cauca.

Con los excombatientes llegaron a esta Zona Veredal Transitoria de Normalización funcionarios de gobierno regional y nacional, la Fuerza Pública y miembros de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia que acompañaron el proceso de dejación de armas y de reincorporación a la vida civil.

Adolfo López comenta que todo ello tuvo un impacto muy positivo para la gente de Madrigal: “Eso fue muy hermoso, hicimos la vigilia por la paz, vino mucha gente a visitarnos, hubo periodistas, hicimos un almuerzo comunitario, le dimos comida a 2.400 personas. ¡Invitamos a todos! Por el proceso de paz y la paz de acá de nosotros”.

“Eso fue algo emocionante”, continúa López. “El Ejército compraba mucho mercado, compraba carne, compraba verduras, compraba los plátanos. Los señores que vendían plátanos andaban con esas mulas por el pueblo llenas de plátanos, de yuca. Todo el mundo les compraba las cosas a ellos, porque hubo carabineros, hubo Ejército, todos los excombatientes. Mucha gente vino a visitarnos, no había cupo en los hoteles. Eso no se había visto nunca aquí en Madrigal”.

En La Paloma el compromiso del gobierno nacional era adecuar el lugar para que los excombatientes se organizaran y se reincorporaran a la vida civil. Sin embargo, esto nunca se cumplió y fue la misma comunidad la que decidió ayudar a quienes allí acampaban con materiales de construcción y trabajo de varias mingas para que, por lo menos, la vía que conecta al corregimiento con la zona veredal pudiera transitarse.

Después de once meses esperando sin éxito que los funcionarios en Bogotá cumplieran su palabra, los exguerrilleros abandonaron la zona y se trasladaron a una zona conocida como El Estrecho, en el municipio de Patía, Cauca, donde hoy siguen concentrados.

Sin embargo, sólo la época en que el gobierno nacional estaba instalando la Zona Veredal de La Paloma fue buena, según relata López: “En ese tiempo hubo una danza de chalecos de la cosa más elegante aquí. Se hacían tres reuniones diarias con la comunidad, todas las agencias venían y nos reunían […] organizaban censo, todos los días firmen listado de asistencia, pero se fueron los excombatientes de la zona, dejaron la zona y ahí murió todo, se fueron todas las agencias”.

Luego del traslado de los excombatientes al Patía, los pobladores de Madrigal se preguntan qué va a pasar con el PDET. Lucy Minda, integrante de la asociación de mujeres Asorfopaz, asegura que con la instalación de la zona veredal se vio cierta diligencia, pero luego de la partida de los exguerrilleros , “los proyectos priorizados quedaron quietos, se dejaron de hacer reuniones y hoy la comunidad continúa a la espera”.

Agrega la joven dirigente comunal que “cuando recién llegaron los del PDET comenzaron, primero, a hablar sobre los proyectos y pactos que iban a haber, y todo lo que se iba a trabajar, pero después de que se fue la zona veredal y se fueron a Cauca ya no se supo más. Fue algo que quedó y es muy poco lo que se ha visto y trabajos [obras] no se han mirado en esta zona, y las pocas que de pronto ellos recién empezaron a hacerlas, quedaron a medias”.

Expectativas frente de las iniciativas

Foto: El Turbión.

El PDET de Alto Patía y Norte del Cauca es el más grande del país, incluye 24 municipios de tres departamentos (Nariño, Cauca y Valle del Cauca). Apoyadas en la ART, las comunidades se concentraron en la definición de 3.400 iniciativas para que luego se convirtieran en proyectos de múltiples usos. Los más recurrentes son garantizar el acceso óptimo al agua potable a través de acueductos veredales, distritos de riego y drenajes de agua lluvia, fortalecer los cultivos de cacao, café y frutales, y generar proyectos ganaderos para la producción de carnes, lácteos y sus derivados, sobre todo por las recientes experiencias positivas.

Sabaner Lagos, uno de los campesinos que ha apostado por la sustitución de cultivos en Madrigal, se refiere a los alcances de su proyecto ganadero: “A mí me parece que faltaría como un apoyo al agro, que se apoyara una plaza de mercado, se apoyara a la gente. Nos falta mucho el recurso para decir que hay semillas, para decir de los líberos donde se va a producir los abonos, los secaderos, las maquinarias para transformación de productos. Eso nos haría mucha falta acá porque yo estoy seguro de que si hubiera unas prácticas donde se va a hacer transformación de los productos la gente entra mucho a trabajar con eso”. (Descargar: Informe de obras PDET en Policarpa)

Tanto la ejecución de los proyectos productivos identificados en el PDET como la gestión de las vías de acceso se convierten en significativas herramientas que contribuirán con un comercio justo y sostenible para comunidades como Madrigal. Sin embargo, las tareas pendientes para la segunda fase del PDET no arrancan.

Al respecto, Claudia Inés Cabrera, actual alcaldesa de Policarpa expresa sus inquietudes: “Veo con preocupación que nuestras administraciones terminan y no se han iniciado esos PDET a 10 años. No se ha avanzado en la estructuración de esos proyectos. El año pasado se aprobaron las iniciativas regionales, las iniciativas de los municipios, pero no se le ve como ganas a este gobierno de seguir adelante con esos acuerdos”.

Lo único cierto es que los proyectos actualmente están paralizados porque la ART, a pesar de contar con el personal y el conocimiento necesario, detuvo la estructuración de los mismos y el gobierno nacional tomó la decisión de contratar a la firma externa Unión Temporal Renovación, conformada por la Universidad Sergio Arboleda y el Centro Educativo Nacional Cenasel para encargarse de dicha tarea.

Con relación a esto, Alejandra Jojoa, gestora de la ART en la región, asegura que “de la fase anterior, en el PDET se detectaron 3.400 iniciativas [ideas de proyecto], pero para gestionar recursos debe agregarse información a cada una de esas iniciativas. En estos momentos estamos en la estructuración de proyectos. Tenemos una firma estructuradora, la cual inició labores el 25 de mayo. La idea es formular por lo menos dos proyectos productivos y dos proyectos de infraestructura para cada municipio [para este año], de tal manera que nos dé un banco de proyectos y podamos avanzar en temas de gestión”.

La firma estructuradora empezará próximamente a hacer recolección de información en campo, actividad que ya la ART habría gestionado en las reuniones de la etapa participativa, lo cual aumenta el tiempo para el inicio de los proyectos y los gastos estimados para los PDET. Según el Plan Marco de Implementación (PMI), las obras de infraestructura comunitaria en municipios PDET deberían iniciar su ejecución entre 2018 y 2020, y la responsabilidad de su cumplimiento está a cargo de la ART. (Ver: Indicadores del Plan Marco de Implementación)

El retraso en la implementación ha hecho especialmente difícil la puesta en marcha de las medidas que obligan al Estado a reparar a estos territorios. Hoy día, las comunidades no ven mayores avances en los PDET creados con el Decreto 893 de 2017 y con los que se planteaba una inversión en los territorios más afectados por la guerra.

Las necesidades y la desconfianza crecen en una comunidad que, como Madrigal, requiere que la presencia del Estado vaya mucho más allá de la histórica militarización del territorio. Al respecto, Lucy Minda cuestiona la manera cómo desde Bogotá perciben la situación: “Yo creo que no se ha visto la inversión porque, como es que las zonas son retiradas, ellos miran qué pueden hacer por allá no más. El presupuesto que se quede por allá arriba y ya saben que por acá no vienen. Solamente vienen, reciben firmas o hacen cualquier reunión, y eso se queda ahí”.