Los promotores del acuerdo humanitario para ese departamento, creado en medio de las fallidas negociaciones de paz con la guerrilla del Eln, para frenar la violencia que sufren las poblaciones rurales, presentaron un nuevo balance desalentador. A pesar de sus denuncias, se sigue fraguando una tragedia humanitaria por las disputas entre grupos armados y la negligencia estatal.
“Las instituciones (del orden nacional y regional) siguen actuando en el Chocó como si no estuviera pasando nada. Es verdad que hay intervención de varias instituciones y desarrollo de proyectos, pero estos no están respondiendo a las necesidades urgentes de la gente, además de la ausencia de una mejor coordinación interinstitucional”.
Esa es una de las principales conclusiones del más reciente informe que presentaron el Comité de Seguimiento y la Secretaría Técnica del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó. Asimismo, agregan que “ninguna autoridad respondió al primer informe que les fue enviado ni tuvieron ninguna manifestación de interés en discutirlo con miras a impulsar acciones y/o políticas de prevención, conjuntamente con las comunidades y sus organizaciones”.
El documento inicial fue presentado hace cinco meses y recogió la violencia que padecieron las comunidades afrodescendientes e indígenas entre 2018 y enero del presente año. Sus realizadores son organizaciones étnicas que hacen parte del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas de Chocó, y movimientos de víctimas y de mujeres, que contaron con el apoyo de la organización sueca Diakonia.
Con motivo del cese al fuego que durante tres meses sostuvieron el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la guerrilla del Eln en medio de los Diálogos de Paz de Quito, en octubre de 2017, esas organizaciones lograron incluir el Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó como un capítulo especial. De ese modo buscaron promover medidas para garantizar el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH), la autonomía territorial y las formas de gobierno propio de las comunidades étnicas, a raíz de la fuerte violencia que venía golpeando sus territorios. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)
Por esa razón, además de cumplir los ocho requisitos que las partes pactaron en la capital ecuatoriana, también debían responder por siete exigencias adicionales para Chocó: desmonte de estructuras de grupos armados ilegales; respeto a la autonomía territorial, a las autoridades étnicas y a los lugares sagrados; ponerle fin a la instalación de minas antipersonal; frenar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; acabar con los asesinatos y desapariciones forzadas; suspender las acciones que generan desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad; cesar la siembra de cultivos de uso ilícito, así como actividades mineras ilegales. (Leer más en: Con capítulo especial para Chocó, arranca cese del fuego con el Eln)
Aunque el nuevo presidente de la República, Iván Duque Márquez, canceló las negociaciones con Eln por el atentado que realizó con un carrobomba en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander el pasado 17 de enero, que causó la muerte de 22 uniformados en formación, las organizaciones continuaron con su labor de monitoreo y denuncia, esperando que las partes cumplieran lo pactado, para poder aliviar la crisis humanitaria que padecen sus comunidades. (Leer más en: Se reanuda formalmente la guerra contra el Eln)
Déjà vu chocoano
El segundo balance sobre el Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, que monitoreó los hechos ocurridos entre los meses de marzo y mayo de este año, es muy similar al anterior: asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento de menores de edad, confinamientos, enfrentamientos entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), y abandono estatal.
“Como se manifestó en el primer informe de seguimiento, y se ratifica en éste, la situación de inseguridad, desprotección, amenazas y estigmatizaciones hacia los líderes y lideresas sociales, autoridades étnicas, defensores de DD.HH. y reclamantes de tierras, es muy preocupante”, señala el documento. (Leer más en: La peor cara de Chocó: 25 niños muertos por falta de acceso a servicios de salud y agua potable)
Además, denuncia que “el hecho que los líderes y autoridades indígenas y afros no pueden llegar a las comunidades, que están viviendo con mayor fuerza el conflicto, es aprovechado por los actores armados para incursionar sin ningún respeto, en las comunidades, reclutar jóvenes, utilizar sexualmente a las mujeres, imponer reglamentos de convivencia, etc.”. Y cuestiona el hecho de que, aunque el gobierno nacional puso en marcha el Plan de Acción Oportuna (PAO), hasta el momento en Chocó “no se conoce ninguna medida concreta para proteger a los líderes sociales y étnicos”.
Esa visión es compartida por la Defensoría del Pueblo, entidad que afirma que el departamento de Chocó ha pasado de una situación de emergencia a un estado de crisis humanitaria sostenida. “La Defensoría del Pueblo se siente impotente ante la situación del Chocó”, reseñó el informe, al referirse sobre “su gran preocupación porque las alertas tempranas no están siendo atendidas por el Estado”. En 2018 emitió cinco para ese departamento.
Por otro lado, el informe hace una radiografía de las regiones del departamento, que padecen variadas afectaciones por la disputa de los antiguos dominios de las Farc y de las rentas que producen el narcotráfico y la minería ilegal.
La investigación señala que “respecto a las zonas que hacen parte de la economía ilegal del narcotráfico, Puerto Meluk viene siendo el ombligo, el punto a partir del cual comienza la organización; del Medio Baudó hacia el sur (Pizarro, litoral del San Juan) se consideran lugares aptos para la cosecha de la hoja de coca en donde el campesinado debido a su precaria situación económica decide hacer parte del negocio; en cambio del Medio Baudó hacia el Norte (Pie de Pepé y zonas del Atrato) se consideran como centros de distribución, valiéndose en la mayoría de las ocasiones de la subregión del Pacifico Norte (Bahía Solano, Nuquí) para el envío al extranjero”.
Como ejemplo destaca la situación del Medio y Bajo Atrato, en donde cinco municipios están en alerta y tres de ellos en situación crítica: Carmen de Darién, Bojayá y Riosucio. Esto debido al avance que ha realizado el Eln desde enero del año pasado, copando territorios en varios municipios del rio Atrato, “hecho que ha sido denunciado en su momento, por los atropellos que han cometido a las familias que allí habitan”.
Según el XXVI Informe Semestral de la MAPP/OEA, ese grupo guerrillero ha llenado los espacios dejados por las antiguas Farc y ha impuesto sus normas de convivencia. “Las acciones más frecuentes del grupo obedecen a restricciones a la movilidad de los pobladores, especialmente en horas de la noche, seguido por la imposición de normas de convivencia, y en algunos casos de sanciones y ejecuciones penales”, reseña el informe sobre el Acuerdo Humanitario.
Esa expansión ha generado choques con las Agc, como los ocurridos el pasado mes de febrero en algunas zonas rurales del rio Opogadó, dejando expuestas a comunidades afros e indígenas a confrontaciones abiertas. Además de los combates, la guerrilla es señalada de cometer asesinatos, instalar minas antipersonal, reclutar de niños, niñas y adolescentes, restringir la movilidad e irrespeto y desconocimiento el gobierno propio de los pueblos étnicos. (Leer más en: Guerra entre ‘gaitanistas’ y Eln, sin tregua en Chocó)
En cuanto a las Agc, bautizadas por la Fuerza Pública como ‘Clan del Golfo’, el accionar de sus hombres “ha profundizado la crisis humanitaria y social, evidenciándose en la restricción de la movilidad, de alimentos, medicina y combustible, amenazas a líderes y autoridades comunitarias, reclutamiento forzado y violencia basada en género”. El documento también se refiere a las acciones de miembros del Ejército Nacional y de la Armada en Bojayá, que no “es eficaz y actúan, por acción u omisión, en complicidad y connivencia con las AGC, agravando la situación de orden público”.
Y reitera que “una vez más, el Estado colombiano omite sus obligaciones constitucionales de generar paz en el territorio, tal como ocurrió en el 2002, ya que, por sus omisiones, fueron masacrados 79 civiles afrocolombianos, cuyos cuerpos aún reposan en instalaciones de medicina legal en Medellín y no han sido identificados totalmente”.
Violencia de género
En los últimos meses los promotores del Acuerdo Humanitario reseñaron nuevos focos de violencia y les pusieron especial énfasis: “Se ha identificado una persecución a las prácticas organizativas de las mujeres, así como amenazas y constreñimiento hacia sus liderazgos. A diferencia de las amenazas dirigidas a los líderes hombres, el lenguaje usado en las amenazas a las defensoras son de contenido sexista y se hace alusión a sus cuerpos con insinuaciones sexuales, así como se amenaza también a sus núcleos familiares”.
Mujeres de diferentes regiones de Chocó señalaron que se encuentran aterrorizadas porque ya que no pueden movilizarse libremente ni desarrollar sus actividades cotidianas, ni enviar a sus hijos a los centros educativos por temor al accionar de los grupos armados. Sus tradiciones están siendo afectadas porque no pueden ir a los sitios sagrados de sus comunidades por miedo a las minas antipersonal o a quedar atrapadas en el fuego cruzado entre las Agc y el Eln.
Asimismo, el documento denuncia que “se ha incrementado la violencia sexual contra niñas, adolescentes y jóvenes de las comunidades afro e indígenas de las subregiones, según la información suministrada por pobladores que se abstienen de denunciar por temor a ser asesinados. Y prosigue: “Otra situación que pone en riesgo la vida de las mujeres es el hecho de que paramilitares o integrantes del ELN las convierten en sus mujeres, que en muchas ocasiones las intimidan para que accedan a sus pretensiones (fue consignado en el primer informe y es una situación que persiste, así que de nuevo lo reiteramos en este segundo informe)”.
Para dimensionar la violencia contra las chocoanas, el informe reseña datos de la organización no gubernamental Somos Defensores, que registró que entre enero de 2009 y el 31 de marzo de 2019 fueron asesinadas cien mujeres defensoras de derechos humanos: “Desde 2009 a 2018 se incrementaron los asesinatos de defensoras en un 43,3%, cifra superior que el incremento porcentual registrado en el caso de los asesinatos de hombres defensores para el mismo periodo (37,3%)”.
Y desglosa las cifras de la siguiente manera: “De enero de 2013 a marzo de 2019, de las 76 defensoras asesinadas reportadas por el Programa No Gubernamental Somos Defensores, el 47,4% (36 mujeres) eran lideresas comunales o comunitarias, mientras que el 43,4% (33 defensoras) defendían derechos de poblaciones específicas, entre los que se encuentran los derechos de las mujeres (3,9%), de la población LGBT (13,2%,), de los pueblos indígenas (9,2%) y afro descendientes (1,3%), del campesinado (6,6%), de las víctimas (7,9%) y de la juventud (1,3%, una defensora). También se encuentran comunicadoras defensoras de derechos humanos (2,6%), defensoras ambientales (2,6%) y defensoras educadoras y lideresas sindicales (3,9%)”.
Por otro lado, varias mujeres les expresaron a los promotores del Acuerdo Humanitario que temen que sus hijos sean reclutados por las Agc o el Eln, ya que ambos grupos les están ofreciendo dinero para vincularse a sus filas. “Estas nuevas configuraciones y dinámicas territoriales tienen afectaciones particulares en las mujeres que en un contexto de pos-acuerdo siguen padeciendo las violencias en sus cuerpos y sus vidas, cuando esto implica, asesinatos de sus compañeros, esposos, reclutamiento de sus hijos e hijas, amenaza de todo tipo”, plantea el informe.
Además, señala que las mujeres que se dedican a la minería han referido que están siendo desplazadas y les impiden trabajar: “Les dicen que son ilegales, de igual forma expresaron que la actividad de las grandes empresas mineras le ha conllevado al despojo de las tierras, contaminación de los ríos, del aire y de todo el entorno donde ellas realizan sus labores cotidianas, situación que pone en riesgo la seguridad alimentaria de ellas y de sus familias, además expresan que el accionar de los grupos armados en la zona rompen o destruyen el tejido social”.
El drama indígena
Confinamientos y desplazamientos forzados. Ese es el padecimiento de los nativos por los enfrentamientos entre grupos armados en inmediaciones de sus territorios ancestrales. El informe documenta cinco de ellos.
El primero fue registrado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y está relacionado con los confinamientos que padecen las comunidades de Villa Hermosa, Egorokerá y Playita, a raíz de los constantes enfrentamientos entre el Eln y las Agc. Ese organismo internacional identificó que por lo menos 883 personas no pueden salir de sus territorios en las inmediaciones del río Opagadó del municipio de Bojayá. En situación similar se encuentran 34 familias afrodescendientes del corregimiento de Mesopotamia.
El 26 de abril de este año, en zona rural de Juradó, frontera con Panamá, 1.644 indígenas del pueblo Embera Wounaan, pertenecientes a 11 comunidades, se vieron forzados a desplazarse de sus hogares por combates entre las Agc y el Eln. Otra comunidad golpeada es la de Cedral, que “está completamente sitiada con la presencia de las AGC desde el día 23 de abril”.
Sobre esa población, el informe denuncia que se ha convertido en un escudo humano: “Con el enfrentamiento entre estos dos grupos, la comunidad de Cedral esta aterrorizada y completamente inerme, junto con población de la comunidad indígena de Bongo, que se desplazó a Cedral desde el 16 de abril del presente año debido a la presencia del grupo de la guerrilla ELN en su territorio”. La situación de Cedral es particularmente dramática, pues el grupo de origen paramilitar le prohibió a sus habitantes irse de la región y la zona fue minada por ambos grupos.
Como si fuera poco, el gobierno local, en cabeza de la administración municipal de Juradó, no está actuando y cumpliendo sus obligaciones para estos casos: “No le está prestando y brindando la atención a esta situación de orden público que se presenta en las comunidades indígenas, ya que además que vemos palpable su falta de acción y los hechos hablan por sí solos. Tenemos información de que la administración municipal de Juradó manifestó que ‘todo está tranquilo’ y ‘no pasa nada’”.
Sin embargo, el informe controvierte la versión oficial y alerta que “esta situación de confinamiento, invasión territorial, amenazas, desplazamiento interno y comunidades indígenas sitiadas del municipio de Juradó, también se está presentando en los territorios indígenas de los municipios de Carmen del Darién y de Riosucio en el departamento del Chocó, donde el pasado 12 de abril fue asesinado el líder y rector indígena Aquileo Mecheche Baragon, y persiste la amenaza en contra de otros líderes, pese a la solicitud de protección una y otra vez a las entidades pertinentes”.
Otras preocupaciones
El pasado 18 de mayo el diario New York Times denunció la existencia de algunas directrices que la Comandancia General del Ejército Nacional había impartido para aumentar sus resultados, sin importar si pactaban alianzas con grupos armados ilegales y también reduciendo los estándares de verificación para realizar operativos. Ese hecho, sumado al nombramiento de nueve militares señalados en varios informes de estar involucrados con ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, despertaron temor en algunas poblaciones.
A eso se suman reportes realizados en los informes de seguimiento al Acuerdo Humanitario Ya, que señalan la presunta connivencia entre la Fuerza Pública y grupos de origen paramilitar en el Medio y el Bajo Atrato, “con la supuesta consigna de cerrar el paso a la presencia o expansión del ELN”. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública?)
Y la estigmatización que sufren las autoridades comunitarias también es otro ingrediente de ese coctel que puede derivar en ejecuciones extrajudiciales: “De igual forma, líderes sociales y étnicos (especialmente algunos líderes indígenas) han sido señalados, estigmatizados por los grupos armados ilegales de participar en uno u otro grupo. Este ambiente se constituye en ‘justificación’ para que la Fuerza Pública (en cumplimiento de las orientaciones mencionadas) judicialicen o incluso ‘den de baja’, bajo la modalidad de ‘falsos positivos’, a líderes étnicos, supuestamente considerados como colaboradores de grupos armados ilegales”.
Por otro lado, la visión de desarrollo del gobierno nacional choca con la cosmovisión y el uso territorial de las comunidades chocoanas: “Nos resulta altamente preocupante la aprobación en el PND (Plan Nacional de Desarrollo) de la construcción del Puerto de Tribugá, bajo el criterio de ‘que la infraestructura portuaria es de interés especial para este Gobierno’. Esta decisión desconoce que el mega puerto industrial se ubica en el corazón de una zona protegida y de conservación ambiental que incluye el Parque Nacional Natural Utría, que es el corredor migratorio de las ballenas jorobadas, y un territorio selvático de 1.865 hectáreas de manglares. Además de estos impactos ambientales, viola el derecho a la alimentación de la población indígena y afro en tanto que esta es una zona especial de manejo pesquero y de pesca artesanal para estas comunidades”.
Y hacen un llamado de atención sobre los efectos que puede producir por los hechos de violencia que ya afrontan las comunidades: “De esta forma, la ya crítica situación alimentaria de la población como consecuencia del confinamiento al que la tienen sometida los actores armados, ahora el gobierno nacional y el Estado contribuyen en su agudización con la construcción de dicho megaproyecto. Finalmente, con tal decisión se desconoce totalmente las voces de las comunidades, de organizaciones sociales, académicos, expertos ambientalistas y autoridades locales”.
Las palabras de los pueblos originarios siguen sin ser escuchadas, ya sea para pedir que les saquen la violencia de sus territorios, ya sea para denunciar los atropellos que padecen, ya sea para exigir que respeten sus derechos o ya sea para que los dejen vivir en armonía con la naturaleza. Por eso, el segundo informe sobre el Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó concluye con siete “solicitudes con carácter de urgencia”, destinadas a las principales entidades estatales, los grupos armados que operan en el departamento, los candidatos a las próximas elecciones regionales y la comunidad internacional, encaminadas a una sola cosa: garantías para pervivir y gozar el derecho a la paz.
