La más reciente Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, en la que se reseñan 24 alertas más emitidas entre enero de 2018 y junio de 2019, detalla el corredor que esa guerrilla está creando entre cinco departamentos y advierte los riesgos que afrontan sus comunidades. La situación se agrava en varios de ellos por el fortalecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la presencia del Epl.
Al parecer, la ambiciosa expansión de la guerrilla del Eln está a toda marcha. Su propósito, según la Defensoría del Pueblo, es consolidar un eje de operaciones que conecte la costa Pacífica del departamento de Chocó con la frontera oriental de la vecina república de Venezuela, atravesando los departamentos de Antioquia y Bolívar, para conectar la región del Pacífico con Norte de Santander Y Arauca.
El planteamiento está consignado en la Alerta Temprana N. 027-19, fechada el pasado 21 de junio, en la que se advierten sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario de por lo menos 53 mil personas de los municipios de Frontino y Urrao, en Antioquia, por la llegada del Frente de Guerra Occidental del Eln y la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
De acuerdo con el documento conocido por VerdadAbierta.com, esta agencia del Ministerio Público llamó la atención de los eventuales riesgos que estarían corriendo las comunidades campesinas de La Selva, La Encarnación, Río Abajo, Orobugo y Pavón en el municipio de Urrao; y los pobladores de Murrí la Blanquita, Nutibara, Fuemia, Chontaduro, Nobogá, Carauta, Pontón y Musinga, en Frontino.
Asimismo, también podrían resultar afectadas por lo menos 38 comunidades del pueblo Embera Eyábida que habitan los resguardos de Valle de Perdidas, Majoré Amburá y Andabú, en Urrao, y Nusidó, Chaquenodá Pegadó y Murrí-Pantanos, en Frontino; al igual que ocho comunidades negras de los Consejos Comunitarios Por la Identidad Cultural y Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia).
De acuerdo con el análisis del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, el Frente de Guerra Occidental “ingresa a estos territorios a través de las cuencas hidrográficas de los ríos Arquía y Murrí, ubicadas en el municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia), y el municipio del Carmen de Atrato (Chocó), aprovechando la compleja y vasta red de rutas fluviales y corredores de movilidad establecidos entre los departamentos de Antioquia y Chocó”.
Las incursiones armadas de comandos del Eln a los municipios de Urrao y Frontino se suman a la pretensión de este grupo guerrillero de hacerse al control del occidente antioqueño, situación que fue advertida por las comunidades a este portal por varios de sus líderes en Dabeiba desde noviembre del año pasado. (Leer más en: ¿Frente de Guerra Occidental del Eln se expande hacia Antioquia?)
A los temores de los lugareños se sumó el análisis de la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana No. 009-19, emitida a comienzos de este año para advertir los riesgos que corren las poblaciones de Dabeiba, Cañasgordas, Uramita y Peque debido a la expansión del Frente de Guerra Occidental del Eln.
Una de las situaciones que reseña la nueva alerta del SAT es la exigencia económica de la que fue víctima Empresas Públicas de Medellín (EPM) por parte del Eln en Urrao. La situación, al parecer, se registró en febrero de 2018, momento en el cual este grupo subversivo reclamaba “el pago de un porcentaje de los recursos destinados al desarrollo de proyectos de inversión social que se adelantan en el municipio de Urrao, tales como la electrificación rural, la comunicación móvil, agua potable y saneamiento básico. A raíz de esta situación, la Empresa EPM estuvo a punto de suspender la operación en el municipio”.
Reacomodo de fuerzas
Más allá de esas advertencias y descripción de las afectaciones, la Alerta N. 027-19 plantea que el avance a Frontino y Urrao, así como hacia el occidente antioqueño, es parte de la expansión del Eln, a través del Frente de Guerra Occidental, que inició ese proceso en 2017 desde la zona media de Chocó, atravesando la espesa selva húmeda que separa a ambos departamentos, con el fin de consolidar un dominio armado que le permitiría consolidar una ruta que podría conducirlos a la frontera oriental de la vecina república de Venezuela.
La situación es conocida por autoridades civiles, militares y de policía. Desde comienzos de 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido 25 alertas más sobre posibles violaciones a derechos e infracciones al derecho internacional humanitario en por lo menos 36 municipios de los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Chocó y Norte de Santander que están en la posible ruta del Eln hacía la frontera oriental del país.
El ambicioso plan de esta guerrilla, que el pasado 4 de julio conmemoró 55 años de vida en armas, enfrenta la oposición de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Esta fuerza armada ilegal, surgida a mediados de 2006 tras la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia bajo los acuerdos con el gobierno nacional, estaría concentrando hombres y armas en diversas zonas estratégicas de Antioquia y Chocó para evitar que los ‘elenos’ logren su propósito, lo que hace presumir un posible escenario de confrontación en el que las comunidades llevarían la peor parte.
Lo paradójico es que este agravamiento del orden público se registra meses después de firmado el Acuerdo de Paz entre la antigua guerrilla de las Farc y el Estado colombiano a través del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018). Ese hecho trajo consigo una disputa por aquellas zonas que dejaron libres los distintos frentes ‘farianos’ que se acogieron a la desmovilización, desarme y reintegración a la vida legal.
Además de las Agc, en este escenario bélico posacuerdo también confluyen otras organizaciones criminales, como las disidencias de las Farc y narcotraficantes, lo que generó, según la Defensoría, “un complejo proceso de reconfiguración del control armado de las zonas de cultivo, producción y comercialización de estupefacientes, en el que actualmente se han involucrado: capitales ilegales internacionales, nuevos grupos armados ilegales, así como nuevas rutas para el tráfico y salida de la droga hacia el Pacífico”.
Para esta agencia del Ministerio Público, factores como la limitada presencia del Estado en amplias áreas de Antioquia y Chocó, controladas en el pasado por los frentes 5, 18, 34, 36 y 57 de las extintas Farc, “ha alimentado un aumento de las disputas por el control territorial y social” entre el Eln y las Agc, lo que presume la ocurrencia de graves factores de riesgo para las poblaciones.
“Muestra del latente riesgo que afronta la población civil ante posibles enfrentamientos armados con interposición de la población civil, es la acelerada expansión de las Agc desde finales del mes de mayo de la presente anualidad. A partir de entonces, el SAT ha conocido que un número elevado de combatientes de ese grupo armado ilegal ha emprendido una avanzada desde la cuenca del río Jiguamiandó (Chocó), en dirección hacia Frontino y el municipio de Dabeiba”, se lee en la Alerta N. 027-19. (Leer más en: Chocó, martirizado por expansión de ‘elenos’ y ‘gaitanistas’)
El escenario de riesgo que afrontan Frontino y Urrao guarda una relación de continuidad bélica con lo que viene sucediendo en algunas zonas del Urabá chocoano y antioqueño, así como en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia. Esa confrontación también ha tenido impacto en Medellín y municipios del área metropolitana debido a las múltiples alianzas que tejen tanto el Eln como las Agc con organizaciones del crimen organizado internacionales incluidas, para fortalecerse en hombres y armas, y consolidar las economías ilegales alrededor de la producción de coca y explotación minera, que giran en torno a esta dinámica de violencia y que requieren de recursos constantes para su sostenimiento.
¿Camino hacia Venezuela?
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“Se presume que uno de los principales objetivos de la estrategia expansiva” del Frente de Guerra Occidental del Eln, alerta la Defensoría, “es avanzar en la habilitación de un corredor de movilidad y la obtención de control sobre las rutas ubicadas entre la costa pacífica de Chocó hasta el extremo de la frontera oriental con Venezuela, atravesando Antioquia, la región del sur de Bolívar, Norte de Santander (el Catatumbo) y Arauca”.
Habilitar ese corredor implica para el Eln una articulación de sus estructuras armadas a lo largo de la ruta trazada, lo que supondría una consolidación militar y política regional que incluiría al Frente de Guerra Darío Gómez Castro, que opera en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, pasos obligados para llegar al sur de Bolívar y seguir su trasiego a la frontera venezolana.
En ambas regiones también hay una fuerte presencia de las Agc, así como de disidencias de los frentes 18 y 36 de las antiguas Farc y estructuras criminales fuertes, como ‘Los Caparrapos’, entre los cuales, según la Defensoría, “se prevé el posible establecimiento de acuerdos tácticos” entre unos y otros, y un incremento de la actividad armada. (Leer más en: ‘Caparrapos’: fuerza que desestabiliza el Bajo Cauca antioqueño y el sur cordobés)
De telón de fondo existe una gran riqueza de recursos naturales, actividades de extracción minera y la profusión de sembradíos de hoja de coca para uso ilícito, así como de entables para su procesamiento, que hacen parte de la disputa entre el Eln y las Agc, y de los demás grupos armados ilegales que tienen presencia en la región.
A esa ruta se suma el sur de Bolívar. De acuerdo con la Alerta Temprana N. 21-18, emitida el 12 de febrero de 2018 para los municipios de Yondó (Antioquia) y Cantagallo (Bolívar), en esta región del Magdalena Medio se intensificó la presencia del Frente Édgar Amilkar Grimaldos Barón del Eln, una vez las antiguas Farc abandonaron sus áreas de operaciones y se encaminaron a la legalidad.
“Al parecer”, advierte la Defensoría, “el Eln pretende posicionarse en zonas antes controladas las Farc y por esta vía asegurar el corredor de movilidad que conecta el Nordeste Antioqueño con el Sur de Bolívar, con lo que garantizaría una mejor comunicación y coordinación operativa con el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro que opera en el departamento de Antioquia y del cual recibe instrucciones, apoyo táctico, armas y vituallas”.
Dado que esa zona del sur de Bolívar es también productora de coca, y en su necesidad de fortalecerse, esta estructura del Eln, de acuerdo con información recogida por el SAT de la Defensoría, “habría permitido la entrada de un grupo de delincuencia organizada proveniente de Barrancabermeja, cuyo objetivo es la compra de la pasta de coca que se produce en la zona norte de Yondó, en límites con Cantagallo […]. De acuerdo con la información conocida, el acuerdo permite al Eln acceder a armas y vituallas a cambio de pasta de coca”.
A los riesgos de estas dos poblaciones se suman los que están advertidos para los municipios bolivarenses de Achí, San Jacinto del Cauca y Montecristo. De acuerdo con la Alerta Temprana N. 10-19, emitida a comienzos de este año, “la situación de riesgo para la población civil […] está determinada por la presencia y accionar” de las Agc y del Frente Guillermo Ariza del Eln, una extensión del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro.
La situación viene agravándose desde finales de 2016, cuando los frentes 24 y 37 de las antiguas Farc abandonaron la región en cumplimiento del Acuerdo de Paz y partieron hacia la Zona Veredal Transitoria de Normalización (llamadas ahora Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), en la vereda Carrizal del municipio de Remedios, Antioquia. (Leer más en: La paz del sur de Bolívar, en la “cuerda floja”)
“Los municipios objeto de la presente Alerta Temprana hacen parte de la Mojana Bolivarense, subregión que se articula con el norte, occidente y centro del país a través de los ríos Magdalena y Cauca, lo que le confiere un valor estratégico para los grupos armados ilegales”, resalta la Defensoría del Pueblo.
A esa conexión se suman los corredores de movilidad a través de la Serranía de San Lucas, que conducen al sur de Cesar y de ahí a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, y al departamento de Arauca, en la línea divisoria con Venezuela, donde el Frente de Guerra Nororiental, con sus distintas unidades subversivas, mantiene un férreo control social y militar de la región fronteriza, e intenta copar las zonas dejadas por el Frente 33 de las Farc tras acogerse al Acuerdo de Paz.
A la oposición armada de las Agc que se observa en varias de las regiones que hacen parte del eje de movilidad que intenta consolidar el Eln, se le suma el Frente Libardo Toro Mora, una estructura criminal del Epl, que no ha sido reconocida como insurgencia por las autoridades, que enfrenta a sangre y fuego a los ‘elenos’ en buena parte del Catatumbo, lo que ha generado en el último año una grave crisis humanitaria. (Leer más en: Dramático diagnóstico deja sesión de la Mesa por la Protección a la Vida sobre Catatumbo)
Esa compleja situación bélica que padecen los catatumberos quedó retratada en una respuesta enviada por la Defensoría del Pueblo a la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Defensa y Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, fechada el 28 de noviembre de 2018 y firmada por Jorge Calero, Vicedefensor del Pueblo.
En la misiva, la agencia del Ministerio Pública expuso que a raíz de las diferencias surgidas por el control territorial se “ha desatado una serie de hechos violentos que han implicado vulneraciones a la vida, libertad, integridad y seguridad de la población civil, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, al vincular a las comunidades en la confrontación bélica”.
Al igual que las 25 alertas emitidas desde 2018, en esta carta a los congresistas se destaca el riesgo que afrontan líderes, lideresas y autoridades étnicas “en la medida en que los actores armados desconozcan las normas del Derecho Internacional Humanitario y decidan trasladar su confrontación armada hacia la población civil, así como por efecto de las retaliaciones contra las personas que adelantan procesos de exigibilidad de los derechos a la vida, libertad e integridad”.
Esta situación también reviste riesgo para los comicios regionales del próximo mes de octubre, cuando en el país se abrirán las urnas para elegir nuevos alcaldes y gobernadores. El crecimiento del Eln y la confrontación armada con otros grupos armados son un escenario peligroso para los candidatos que adelanten sus campañas en los municipios de los cinco departamentos reseñados por el SAT.
Lo que se advierte a través de los análisis de la Defensoría del Pueblo es la posible trayectoria de expansión del Frente de Guerra Occidental que buscan conectarse con el Frente de Guerra Nororiental. Ambas estructuras subversivas han sido en los últimos años las más radicales en sentarse a la mesa de conversaciones con el Estado colombiano para ponerle fin a la confrontación que acaba de ajustar 55 años. Pese a los reiterados llamados de diversas organizaciones de la sociedad civil, este grupo insurgente y el actual gobierno nacional se resisten a sentarse a la mesa para reanudar los diálogos. Las alertas están encendidas.
