Disidentes del Frente 18 de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia tienen incendiada esta región desde finales del año pasado. Desplazamientos forzados, confinamientos, minado de trochas y caminos son las realidades que enfrentan hoy las comunidades campesinas de esta convulsionada región del norte del país.
“Los disidentes de las Farc llegaron echando a la gente. Que se tenían que ir de las veredas fue la orden. Y claro, atemorizados, todos abandonaron sus hogares. Pero cuando iban camino al albergue humanitario que se instaló en (corregimiento) Juan José, a la altura de la vereda Riosucio (Puerto Libertador) salieron los del ‘Clan del Golfo’ a decirles que no, que se tenían que devolver, que no iban a permitir el desplazamiento forzado. Entonces, tenemos unos campesinos confinados que no pueden devolverse para sus tierras porque los caminos están minados, pero que tampoco pueden llegar al albergue humanitario porque los matan”.
La denuncia la hizo Andrés Chica, director de la Fundación Cordobexia y defensor de derechos humanos del sur de Córdoba, donde se vive una delicada situación humanitaria, agravada desde el pasado jueves.
Ese día, hombres armados que se identificaron como integrantes de la disidencia del Frente 18 de las Farc, ingresaron a la vereda Santa Rosa, del corregimiento Juan José, municipio de Puerto Libertador, y ordenaron a sus pobladores abandonar sus viviendas. La orden se extendió a las veredas Riosucio, Soledad, Jagua y Puerto Mutatá, también de Puerto Libertador; así como a las veredas Santa Bárbara, del cañón del San Jorge, y Flechas, del cañón San Pablo del Río Sucio, que pertenecen a Puerto Libertador, pero son atendidas por el vecino municipio de Ituango, en Antioquia.
“En este momento están totalmente desocupadas La Esmeralda, Santa Rosa y Flechas. Las demás están confinadas porque el otro grupo armado no las deja bajar al albergue humanitario”, detalló Chica.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en el centro poblado del corregimiento Juan José, donde se instaló un improvisado albergue humanitario, se contabilizaron, hasta el pasado lunes, 368 personas (168 familias) y se estima que por lo menos unas 300 familias (950 personas aproximadamente) se encuentran confinadas por cuenta de la orden impartida por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’.
La situación se agravó el pasado viernes cuando un grupo armado, al parecer de las Agc, citó a dos hombres al corregimiento Viera Abajo, donde son “donde son amos y señores”, le dijo a este portal un conocedor de la región, quien por razones de seguridad solicitó la reserva de su nombre.
“No se sabe aún por qué los citaron. Uno de ellos llegó acompañado de su esposa y el otro, de un hermano. En una parte del camino fueron abordados por hombres armados y les dijeron a los dos citados que debían continuar con ellos y sin sus parientes”, relató la fuente consultada.
A los dos días fue hallado el cadáver de uno de los labriegos retenidos. Se trata de Jhon Jeimer González Vásquez, quien fue encontrado con signos de tortura en zona rural del corregimiento de Viera Abajo. Horas más tarde, apareció el cuerpo sin vida de Julio César Taborda Caro, un indígena del pueblo Zenú.
“Las autoridades no han parado de decir que (los asesinados) tenían antecedentes penales, pero resulta que esos antecedentes les fueron impuestos en 2014, cuando cerca de 120 campesinos fueron perseguidos en el marco de la resistencia por los cultivos de hoja de coca”, se quejó Chica.
Emergencia advertida
Lo que sucede en Puerto Libertador, y en varios municipios más del sur de Córdoba, bien podría denominarse “crónica de una tragedia anunciada”. Los riesgos para la población civil habían sido advertidos por la Defensoría del Pueblo meses atrás.
El 25 de noviembre de 2018, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de esta agencia del Ministerio Público, mediante Alerta Temprana 083-18, llamó la atención de autoridades civiles, militares y de Policía sobre el riesgo de violaciones a derechos humanos en que se encontraban las comunidades campesinas tanto de este pueblo como de sus vecinos Montelíbano y Tierralta.
En su Alerta, la Defensoría advirtió la posible ocurrencia de combates entre las Agc, grupo que pretende copar los territorios dejados por los frentes 5, 18 y 58 de la extinta guerrilla de las Farc, y una estructura armada conformada por antiguos combatientes de la antigua organización insurgente que se presenta ante los labriegos del sur de Córdoba como ‘Nuevo Frente 18 – Camarada Román Ruiz – Cacique Coyará’, que proviene del municipio antioqueño de Ituango.
“El inicio del nuevo ciclo de hostilidades por el control territorial entre las Agc y las estructuras armadas del autodenominado ‘Nuevo frente 18 – Román Ruíz – Cacique Coyará FARC-EP’, comprende la disputa de los corredores de movilidad entre las cuencas de los ríos Esmeralda y Tigre en Tierralta y San Jorge en Puerto Libertador. Para los excombatientes de las Farc, la recuperación de sus antiguos territorios de movilidad tiene un especial interés en el actual proceso de reconfiguración y fortalecimiento”, consignó el SAT en su informe.
Ese contexto de guerra creciente, señaló la agencia humanitaria, eleva el riesgo para líderes campesinos y comunitarios, y para los labriegos que vienen impulsando en sus comunidades el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), los defensores de derechos humanos que propenden por la implementación del Acuerdo de Paz y los gobernadores de las comunidades indígenas presentes en el territorio.
Todo porque, tal como lo documentó el SAT de la Defensoría, las dinámicas de estos nuevos grupos armados ilegales apuntan más a generar terror en las comunidades consideradas afectas, cercanas o colaboradoras del “enemigo” mediante actos de violencia desproporcionada. Lo anterior para propiciar su expulsión del territorio, destruir supuestas lealtades, evitar posibles denuncias ante las autoridades y así, poder imponer un nuevo orden violento.
De acuerdo con el SAT, “la nueva confrontación violenta entre estos grupos armados ilegales ha propiciado el incremento y reaparición de acciones, mecanismos y dispositivos de guerra como el reclutamiento forzado, la ubicación de contingentes con armas largas, uso de uniformes camuflados o vestimenta oscura (en ocasiones con el rostro cubierto), en sitios donde confluyen corredores de movilidad; la instalación de minas antipersonal en caminos, trochas y zonas donde se capta señal de celular; atentados en contra de la población civil; presiones contra miembros de la misión médica para que presten servicios médicos a heridos en combate por fuera de los espacios institucionales; amenazas y atentados contra líderes sociales y comunitarios, entre otros”.
A esa advertencia de la Defensoría se suma la Alerta Temprana de Inminencia 023-18, de febrero de 2018, emitida para llamar la atención de los riesgos para la población civil en el municipio de San José de Uré, que hace parte de toda esta dinámica de violencia que azota el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.
Y en septiembre del año pasado, en un detallado reportaje realizado por este portal se denunció la situación de extrema violencia que estaban padeciendo las comunidades campesinas de esa convulsionada línea fronteriza entre los dos departamentos por cuenta de los intereses de organizaciones criminales sobre las rentas ilícitas del narcotráfico y la minería. (Leer más en: Frontera entre Antioquia y Córdoba, una línea borrada por la guerra)
¿Presencia insuficiente?
Para enfrentar esa compleja situación de orden público que aqueja al sur de Córdoba, así como la vecina región del Bajo Cauca antioqueño, el Ministerio de Defensa desplegó desde comienzos de 4 de enero de este año la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército, que dispone de poco más de cuatro mil efectivos bajo el mando del Brigadier General Alberto Rodríguez.
Desde su entrada en operaciones, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles ha logrado afectar la minería ilegal destruyendo varias retroexcavadoras; también ha incautado fusiles y de armas cortas; y, además, capturado a presuntos integrantes de grupos armados ilegales.
No obstante, su labor ha sido cuestionada por organizaciones campesinas con presencia en el territorio, como la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor). En comunicado público divulgado recientemente, lamentó que, pese a las advertencias públicas sobre el recrudecimiento de la violencia, la reestructuración de los poderes armados y el surgimiento de nuevos grupos criminales en el sur de Córdoba, ni las autoridades civiles ni las autoridades militares hayan podido evitar hechos como el que se registran en Puerto Libertador.
“Pese a la presencia de la ‘Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles’, creada para el Bajo Cauca y Sur de Córdoba como la ‘respuesta optima y en capacidad de restablecer el orden y libertades’ con más de cuatro mil uniformados, que por tierra, aire y agua ‘estabilizan y normalizan esta parte del país’, que entró en operaciones desde el 10 de enero del presente año, hechos como este se presenten, pese a la acción urgente emitida el 21 de marzo. Aún hay ausencia de Estado, aún hay insuficiencia militar e inexistencia de respuestas contundentes para conjurar estos hechos oprobiosos”, denunció Ascsucor.
La aseveración es corroborada por un líder de la región, conocedor de las dinámicas sociales y de violencia del sur de Córdoba, quien pidió reserva de su identidad: “La verdad es que para esos lados donde está jodida hoy la cosa, hay bien poquita Fuerza Pública. Tu subes y claro, ves Ejército y Policía en el centro poblado de Juan José, pero de ahí para arriba, nada”.
Lo preocupante es que ese vacío de Estado y la aparente ineficacia de la Fuerza Pública, ha creado una “autoridad de facto” en la región del sur de Córdoba que es ejercida por las Agc: “En el corregimiento Viera Abajo se reúnen con todo el mundo. Allá tienen que ir a pagar las ‘vacunas’ (extorsiones), a arreglar asuntos de linderos con los vecinos. Ellos formaron un Estado paralelo donde cobran multas por todo y someten a la gente a trabajos forzados”.
De otro lado, organismos internacionales como OCHA están advirtiendo que el corregimiento de Juan José, a donde se albergan las familias desplazadas por acción de los grupos armados ilegales, “tiene limitaciones de acceso a agua, debido a que la población se abastece con agua de pozos artesanales, los cuales se encuentran secos por el impacto de la sequía propia de la temporada y como efecto del Fenómeno del Niño”.
Esta agencia de Naciones Unidas reportó hace dos días que “las autoridades locales y la iglesia están suministrando agua potable en bolsa a las familias afectadas; no obstante, de no ser resuelto el suministro de agua, se pueden presentar problemas por el saneamiento básico y agravar los problemas de salud. La administración municipal ha solicitado apoyo al Ejército con un carrotanque que abastezca de agua, pero este se encuentra fuera de la zona”.
