Este 25 de julio la Ley de Justicia y Paz cumple 4 años de vigencia. La Fundación Ideas para la Paz hace para Verdad Abierta un balance sobre la implementación de esta Ley, sus resultados y lo que le falta por hacer.
 |
| Las Unidades de Justicia y Paz han recibido 3.810 solicitudes de postulación,entre ellas las de 2.927 miembros de grupos paramilitares, 25 ex comandantes de estos grupos y 131 miembros de grupos guerrilleros.
|
Los resultados
Luego de 4 años de implementación de los principales mecanismos contemplados en la Ley de Justicia y Paz, los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los grupos paramilitares se encuentran en una etapa crucial. El 19 de marzo fue proferida la primera y única sentencia condenatoria y un buen número de procesos empiezan sus trámites de imputación y juicio.
Para la FIP, la Ley de Justicia y Paz ha permitido conocer y controvertir hechos criminales que en otras circunstancias hubiera sido imposible realizar (ver documento FIP). En otras palabras, ha sido un mecanismo adicional para disminuir los índices de impunidad que no han sido ajenos a los delitos cometidos por los grupos paramilitares y su estructura política- militar, que logró penetrar la clase política del orden nacional y local, y a miembros de la fuerza pública colombiana.
Este sistema representa por tanto una oportunidad, que a pesar de sus falencias, nunca antes se había abierto en la historia de Colombia.
La gestión de la Unidad de Justicia y Paz
Desde agosto de 2006, cuando se inició la postulación de los desmovilizados, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz (UNJP) ha recibido 3.810 solicitudes, entre ellas las de 2.927 miembros de grupos paramilitares, 25 ex comandantes de estos grupos y 131 miembros de grupos guerrilleros. Del total de paramilitares postulados, sólo un 18% (694), permanecen actualmente en un sitio de reclusión.
Así mismo, bajo el proceso establecido en la Ley 975, 230.516 víctimas han sido registradas, entre ellas 59.582 que lo han hecho en 320 municipios del país. A la fecha se han iniciado un total de 1.867 versiones libres, de las cuales 1.215 han terminado formalmente y tan solo 5 han terminado con confesión total de hechos. Dentro de las versiones libres realizadas, 27.147 víctimas han participado de las mismas.
Con respecto a los hechos enunciados y confesados, hasta el 30 de junio de este año 10.542 hechos habían sido confesados en versiones libres, entre ellos 6.549 homicidios, y relacionando 13.125 víctimas.
A partir de los hechos confesados y los enunciados se han podido exhumar 1.997 fosas, encontrando 2.439 cadáveres, y se han entregado 571 cuerpos. Así mismo, las confesiones dentro de Justicia y Paz han permitido el inicio de investigaciones (compulsa de copias) a 209 políticos, 140 miembros de las fuerzas armadas y 40 servidores públicos, entre otros.
Es innegable el avance que en materia de justicia han permitido los procesos de Justicia y Paz. La Fiscalía y con ella su UNJP han hecho una apuesta decidida para que estos procesos funcionen y den resultados. Desde agosto de 2006 cuando la UNJP inició formalmente su funcionamiento y hasta la fecha se ha llevado a cabo un proceso de transformación y ampliación de sus capacidades y recursos (humanos y técnicos), que se ha traducido en mayores niveles de conocimiento de la Ley, un mejoramiento de la cobertura de los procedimientos, y sobre todo, un mayor grado de entendimiento de lo que significó el fenómeno paramilitar en Colombia.
Desde luego, su trabajo aún presenta problemas y no está exento de críticas. Fuera de las críticas maximalistas que reflejan un desacuerdo total con el contenido de la Ley 975, aún subsisten críticas válidas en cuanto la implementación de la misma. El diseño institucional de la Ley 975 parece insuficiente para enfrentar un historial delictivo tan voluminoso (hechos enunciados y confesados), lo cual hace preveer que será difícil que la Fiscalía logre hacer sus investigaciones en tan corto tiempo, y bajo parámetros que garanticen la participación de las víctimas y aseguren que la ‘verdad’ del versionado no será el único elemento probatorio al momento de la fase de juicio.
 |
| La extradición de 14 ex comandantes paramilitares que estaban rindiendo versión libre ante la Fiscalía impactó directamente el proceso y disminuyó las posibilidades de encontrar verdad, justicia y reparación para miles de víctimas de los grupos que comandaron. |
Retos de la Ley 975
La aplicación de la Ley de Justicia y Paz representa un proceso inédito en materia de procedimiento penal. Sin embargo, a 4 años de vigencia, resulta urgente resolver o afrontar varios retos que persisten en su funcionamiento.
Comparando las cifras de víctimas registradas y las que asisten a las versiones libres, se encuentra que estas últimas solo representan un 12% del total, lo cual implica que en su mayoría las víctimas de los paramilitares están conociendo de manera parcial las dimensiones de esta verdad confesada. Se aducen razones de tipo logístico, de insuficiencia de recursos, de seguridad e inclusivede mala gestión por parte de la Fiscalía. Asumiendo uno u otro argumento, lo cierto es que esta tendencia se ha mantenido a lo largo de los tres años de funcionamiento y es un reto aún sin resolver.
En materia de realización de versiones libres a primera vista los resultados merecen pleno reconocimiento. Sin embargo, dos asuntos merecen la atención a la hora de hacer un balance en esta materia. Primero, las versiones terminadas con confesión total de hechos (5) es un indicador bajo. Segundo, y tal como fue expuesto en el último informe de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una buena parte de las versiones libres que se reportan como iniciadas no se continuaron debido a que la Fiscalía no tuvo elementos para acusar al postulado de ningún delito grave.
La extradición de 14 ex comandantes paramilitares que estaban rindiendo versión libre ante la Fiscalía impactó directamente el proceso y disminuyó las posibilidades de encontrar verdad, justicia y reparación para miles de víctimas de los grupos que comandaron. Si bien se trató de una decisión de tipo administrativo del Ejecutivo, basada en el cumplimiento de los requisitos constitucionales, no existió una postura independiente por parte de la Fiscalía que permitiera, al menos, identificar o enunciar los impactos de estas extradiciones para el proceso de Justicia y Paz que adelanta.
A partir de la promulgación del Decreto 1290 de 2008 por el cual se establece un programa de reparación individual por vía administrativa a las víctimas del conflicto armado, a la fecha no se conoce un informe o análisis del impacto de dicho mecanismo dentro de los procesos de Justicia y Paz. Con un programa que ya está haciendo efectiva la reparación económica a las víctimas, la pregunta que debe hacerse es si ¿esa indemnización económica desestimulará la participación de la víctimas dentro de los procesos de Justicia y Paz?
Ante la elección de un nuevo Fiscal, la nueva administración de la Fiscalía deberá mostrar su creencia formal y real en los mecanismos de Justicia y Paz, incluyendo el sostenimiento de los componentes de política criminal y del equipo humano que han dado resultados, y el diseño de reformas graduales que permitan mejorar la gestión de la UNJP, y la credibilidad de las víctimas en estos procesos.
A 4 años de vigencia de la Ley 975, es oportuno preguntarse si este marco jurídico es suficiente para dar respuestas que vayan más allá de esclarecer casos individuales y sirvan para comprender, por ejemplo, la relación o el involucramiento de poderes económicos, políticos y sociales en todo nivel con el paramilitarismo. ¿Es necesario pensar mecanismos alternativos a la vía judicial para encontrar estas respuestas? Si bien hace 4 años y sin ni siquiera probar la vía judicial era insensato hacerse tal pregunta, hoy en día el debate hay que abrirlo.
Tags: Ley de Justicia y Paz, ‘El Loro’.
