El partido se encuentra en el ojo público por cuenta de supuestas fracciones que conducirían al incumplimiento parcial del Acuerdo Final. No obstante, la organización argumenta que mantiene la cohesión y que enfrenta los desafíos propios de hacer política legal. Las conclusiones del último pleno le apuntan a resolver algunas de las dificultades más apremiantes.
El más delicado de los señalamientos que han circulado en la prensa durante las últimas semanas contra la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), partido político que surgió tras la dejación de armas de la otrora guerrilla más antigua del continente, se refiere al posible rearme de varios de sus excomandantes, entre los que se cuentan el exjefe negociador de la mesa de conversaciones de La Habana, ‘Iván Márquez’.
Las suspicacias se incrementaron el pasado 6 de septiembre cuando Naciones Unidas, a través de un comunicado, aseguró que seis líderes de la Farc, encargados de varios Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), habían salido de esos lugares y abandonado a más de 1.500 excombatientes, lo cual constituía un incumplimiento de su obligación de contribuir a la reincorporación.
La declaración de ese organismo llevó a varios medios de comunicación a anunciar que esas personas serían capturadas, lo que elevó las alertas de la antigua guerrilla. Aunque la información fue desmentida rápidamente por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el aire quedó la impresión de que esos dirigentes se encontraban cometiendo delitos, lo cual fue negado por el propio gobierno nacional.
Aunque el asunto parece más político que jurídico, dado que los excomandantes no tienen la obligación de permanecer en los ETCR, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también se involucró en el tema. En un auto expedido el pasado 10 de septiembre, la Sala de Reconocimiento de Verdad les pidió a 31 exintegrantes del Estado Mayor Central de las Farc un documento detallado sobre las actividades realizadas en materia de reincorporación, aportes a la verdad y búsqueda de desaparecidos.
Contrario a los señalamientos que circularon en la prensa sobre eventuales rearmes, voceros de la Farc han explicado la “desaparición” de varios de sus líderes como una consecuencia del proceso judicial que cursa en Estados Unidos contra ‘Jesús Santrich’, quien debía posesionarse como representante a la Cámara por Atlántico el pasado 20 de julio.
La detención y posible extradición de ‘Santrich’ desató una oleada de temor por la posible captura de otros dirigentes del partido que tuvieron algún tipo de contacto con Marlon Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’ y testigo de las autoridades norteamericanas, o que podrían enfrentar penas altas en la justicia ordinaria en caso de quedar por fuera de la órbita de la JEP por cuenta de otros procesos.
El miedo a una posible detención sería la razón principal por la que ‘Iván Márquez’, ‘Óscar Montero’, ‘Aldinever Morantes’, ‘Edilson Romaña’, ‘Iván Alí’, ‘Enrique Marulanda’, ‘Iván Merchán’ y ‘Albeiro Córdoba’ abandonaron los ETCR.
La situación quedó planteada en una carta remitida al Segundo Pleno de la Farc por el antiguo comandante del Bloque Sur, ‘Fabián Ramírez’, asentado en Caquetá. En la misiva, Ramírez declaró que se encontraba trabajando en procesos de reincorporación y de pedagogía sobre el Acuerdo Final, pero aseguró que “las apariciones en público han disminuido, debido a que me encuentro en un limbo jurídico y judicial, esto debido a los últimos informes y titulares periodísticos y planteamientos de personalidades políticas, malintencionados, que han incrementado la desconfianza y el temor hacia una posible captura”.
Asimismo, ‘Ramírez’ escribió: “Quiero recordar que desde que comenzamos trabajo de pedagogía y de elecciones teníamos una alta confianza con todos los organismos de seguridad del Estado, pero a raíz del montaje contra el compañero ‘Jesús Santrich’ y otros camaradas, esa confianza ya no es la misma”.
Además del caso ‘Santrich’, quienes abandonaron los ETCR también habrían tomado esa decisión valorando la compleja situación en la que se encuentra el proceso de reincorporación colectiva. La casi inexistencia de proyectos productivos financiados por el gobierno nacional y las demoras en los procesos de adjudicación de tierras para poner en marcha las iniciativas gestionadas por los mismos excombatientes han ocasionado el abandono masivo de esos espacios, cuyo espíritu la Farc ha intentado revivir mediante la figura de los nuevos Puntos de Reagrupamiento. De hecho, el partido estima que en los ETCR sólo permanecen cerca de cuatro mil exguerrilleros, que trabajan colectivamente por la reincorporación en medio de dificultades económicas, de seguridad y para hacer política. (Lea más en: Farc en Arauca: entre amenazas de disidencias y compromiso con la reintegración)
Fuentes de la Farc en Bogotá y en el oriente del país señalaron, en diálogo con este portal, que el Estado quiere “romper” la cohesión del partido dejando abandonada la reincorporación, proceso que la Farc siempre concibió como colectivo, comunitario y conducido por la organización.
De hecho, la precaria situación en la que se encuentran los excombatientes en los ETCR ha llevado a varios de ellos a cuestionar el acompañamiento brindado en terreno por el grueso del antiguo Secretariado, que se ha defendido argumentando que necesita permanecer en Bogotá para adelantar las gestiones pertinentes ante el Congreso de la República, la Comisión de Seguimiento a la Implementación (Csivi), el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), entidades públicas y organismos internacionales. (Leer más: En el ETCR más atrasado del país no dejan de apostarle al proceso de paz)
La preocupación por el rezago de la reincorporación fue mencionada por Henry Castellanos, conocido como ‘Edilson Romaña’, otro de los excomandantes de los que se desconoce el paradero, en una carta remitida a la Fiscalía General. En la misiva, según el ente investigador, el antiguo comandante del Bloque Oriental “reafirma su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de paz, pero reclama legítimamente implementación de proyectos productivos”.
Debate por unidad del partido
El otro cuestionamiento público que se le ha hecho a la Farc también se refiere a la unidad del partido y empezó a circular durante el segundo pleno del Consejo Nacional de los Comunes (CNC), máximo órgano de dirección de la organización, realizado en Bogotá los pasados 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre. Esta vez, el debate interno se hizo público por cuenta de la filtración de una carta dirigida al Pleno por los excomandantes ‘Joaquín Gómez’ y ‘Bertulfo Álvarez’, encargados del ETCR de Pondores, en La Guajira, donde realizan su proceso de reincorporación los excombatientes del antiguo Bloque Caribe.
Tras excusar su inasistencia al pleno por una “virosis”, ambos integrantes del CNC declararon que la dirección de la Farc perdió el rumbo y se divorció de “los principios revolucionarios”, causando así entre los “seguidores, simpatizantes e integrantes de nuestro nuevo partido muchas decepciones, profundas frustraciones y una desmotivación general traducida en desesperanza”.
Como ejemplo de ello, ‘Gómez’ y ‘Álvarez’ trajeron a colación varias decisiones tomadas por ‘Pastor Alape’, delegado por la Farc ante el CNR. Entre ellas, salta a la vista una de diciembre pasado, duramente cuestionada por la militancia: la de haber sugerido la posibilidad de “establecer un proyecto de palma para la paz y la reincorporación” en Mapiripán, Meta, de la mano de la multinacional Poligrow, que ha sido controvertida por investigadores y organizaciones defensoras de derechos humanos por presunto acaparamiento de tierras y daños ambientales, en una región duramente golpeada por el paramilitarismo. (Lea más: Lupa a la multinacional Poligrow que opera en Mapiripán, Meta)
Otro que también resultó cuestionado en la carta fue Rodrigo Londoño, presidente del partido, a quienes los firmantes le reclamaron no haber defendido con mayor vehemencia la inocencia de ‘Santrich’, por lo que lo acusaron de estar “dedicado a defender el orden burgués con un inesperado y sorprendente celo”.
No obstante las críticas a la dirigencia, de la carta resaltan por lo menos cuatro debates de fondo. El primero se refiere a la elección de los órganos directivos de la organización en la etapa de transición, desde el proceso para elegir al nuevo Estado Mayor Central en la Décima Conferencia (2016) hasta la composición del CNC, electo en el congreso fundacional del partido (2017). Durante este último, los bandos que se disputaban las elecciones, divididos entre un partido marxista-leninista y uno amplio, se acusaron de clientelismo y hasta de fraude. (Leer más en: Las Farc aún no resuelven sus discusiones políticas internas y ¿Cómo llegan las Farc a la constitución de su partido político?)
La segunda crítica tiene que ver con esa disputa. En la carta, ‘Gómez’ y ‘Álvarez’ se quejaron por el hecho de que la Farc haya optado por no presentarse públicamente como un partido marxista, sino como uno defensor de un programa de cambio y reconciliación para la transición. Al respecto, escribieron: “A partir de las artimañas, la evasión y la manipulación en el congreso fundacional, terminó imponiéndose la ‘táctica’ de esconder los conceptos, los cuales bien hubieran podido ser desglosados al pueblo a través de un serio y dedicado trabajo de agitación y propaganda, pero fueron encubiertos. Y fue así que la paz como escenario de lucha y avance táctico hacia la transformación revolucionaria fue suplantada por la fraseología de la paz, la reconciliación, el amor y la fraternidad”.
El tercer cuestionamiento se refiere a lo que ambos consideran como una dedicación exclusiva del partido a la actividad parlamentaria, en detrimento de la tarea de “la elevación misma de la lucha de clases en Colombia”. El cuarto está relacionado con el respaldo de la sociedad a la implementación del Acuerdo Final, sobre el que escribieron: “En lugar de apropiación masiva de los acuerdos, únicamente logramos simpatías y cierta solidaridad condescendiente”.
Por todo ello, ‘Gómez’ y ‘Álvarez’ le pidieron al CNC convocar a un congreso extraordinario para que “la militancia (exguerrilleros) pongan las cosas al derecho”, con lo cual buscarían un cambio de dirección impulsado mayormente por quienes empuñaron las armas y no tanto por quienes hicieron parte de las estructuras urbanas, muchos de los cuales defienden la idea del partido amplio.
La difusión de esa carta continuó acentuando la idea de que el partido está al borde de la fragmentación. En la Farc, sin embargo, alegan que se trata de un simple debate interno. Al respecto, el senador Carlos Antonio Lozada declaró a la prensa durante el Pleno: “Hay diferencias, matices, que son normales dentro de los partidos. Lo claro es que eso se discute dentro de los mecanismos que tenemos, como es un pleno del Consejo Nacional de los Comunes, y de allí emanan unas conclusiones que finalmente agrupan la voluntad del partido”.
En la misma línea, un militante de la Farc que trabaja de la mano con la bancada parlamentaria le dijo a este portal que “el debate en la organización siempre ha existido, lo que pasa es que ahora es público. Durante la guerra, el Secretariado nunca tomó decisiones unánimemente. Al contrario, los debates siempre fueron duros, basados en el análisis de coyuntura y de la correlación de fuerzas, no buscando convencer al otro, sino poniendo sobre la mesa los puntos de vista para tomar decisiones”.
De hecho, son múltiples los debates que libraron como grupo insurgente durante los cuatro años de negociaciones en La Habana y los que continúan librando en la etapa de posacuerdo. Ejemplo de ello fue el punto tres del Acuerdo, sobre fin del conflicto: algunos comandantes defendieron la idea de negociar una entrega de armas gradual condicionada al cumplimiento de lo acordado por parte del gobierno nacional, mientras otros alegaron que la necesidad de garantizar la irreversibilidad del proceso y la coyuntura del plebiscito los obligaba a pactar una dejación casi inmediata, como finalmente ocurrió.
En la nueva etapa, además de la orientación de la organización, en la Farc también ha discutido otros temas. En diciembre de 2017, cuando el Congreso de la República hundió el proyecto de acto legislativo que creaba 16 curules para las víctimas del conflicto armado, varios militantes de Bogotá propusieron que el partido les cediera sus diez asientos en Senado y Cámara a las víctimas como un gesto de reparación y reconciliación.
La propuesta fue controvertida por la dirección, que consideró que perder la representación en el legislativo dejaba al partido debilitado para hacer política y lo reducía en lo nacional a comparecer ante las instituciones de la justicia transicional, lo cual “implicaba aceptar el papel que quería otorgarle el establecimiento a la Farc”, según explicó una fuente del partido. Las diferencias irreconciliables en muchos otros temas llevaron a varios de lo exintegrantes de las estructuras clandestinas de la capital a abandonar la organización.
Conclusiones del Pleno
Aun en medio del ruido por las supuestas fracturas, el CNC concluyó el Pleno el pasado 2 de septiembre. En la reunión se tomaron varias medidas que le apuntan a mantener la cohesión, mejorar los canales de comunicación interna, redistribuir las tareas que estaban en cabeza de los hoy congresistas y ampliar el radio de acción política más allá de los ETCR y del legislativo, fortaleciendo las relaciones con el movimiento social.
Como medidas inmediatas, el CNC ratificó la unidad del partido e invitó a ‘Joaquín Gómez’ y ‘Bertulfo Álvarez’ a sustentar su carta ante el Consejo Político Nacional; se declaró preocupado por la seguridad de los exdirigentes de los que se desconoce el paradero, así como por “las afectaciones que esta incomunicación pueda producirle al partido”; y decidió que quienes “se encuentren inmersos en actividades de fraccionalismo, contactando y sonsacando a militantes de las Farc para integrar estructuras clandestinas o de otra índole, pase(n) a la Comisión de Ética”. Asimismo, decidió que parte de la dirección, especialmente Londoño, iniciaría de inmediato una gira por los ETCR para analizar la situación actual con los excombatientes y buscar soluciones a los problemas de la reincorporación.
A mediano plazo, el CNC acordó dinamizar el trabajo de la Comisión de Organización, para lo cual creó una subcomisión ejecutiva de cuatro integrantes, que tendrá las tareas de coordinar la organización del partido y “de los frentes de masas”; asesorar la realización de asambleas locales y plenos departamentales; y apoyar el trabajo de coordinación entre el partido, sectores sociales y la bancada de la Farc.
A nivel general, el CNC determinó que la Comisión ayudará a resolver los problemas en la región y potenciará el trabajo en los frentes étnico, género, juventud, arte y cultura, medio ambiente, y movimiento social. Frente a este último, acordó participar activamente en movilizaciones, así como fortalecer las relaciones con organizaciones agrarias, sindicales, medioambientales, Marcha Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.
En la misma vía, decidió crear una Comisión Electoral para “trazar las líneas generales” de posibles coaliciones y candidaturas para las elecciones regionales de 2019, integrada por diez dirigentes, entre los que se encuentran Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Solís Almeyda, Efrén Arboleda y Marco León Calarcá.
Buscando potenciar la defensa del Acuerdo Final, la Farc acordó la creación de una Comisión de Implementación, que deberá hacerle seguimiento al desarrollo del Acuerdo Final, contribuir a fortalecer la “participación de las comunidades y organizaciones sociales” en la implementación y ayudar a buscar recursos para la materialización del Acuerdo.
Aunque los detalles de la manera cómo funcionará esa nueva estructura solo estarán listos en noviembre próximo, el CNC identificó como tareas centrales la búsqueda de tierras para proyectos productivos; la organización de los nuevos Puntos de Reagrupamiento; la articulación con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); y el análisis de la situación de los excombatientes que están realizando la reincorporación colectiva con sus propios recursos.
El Pleno también tomó decisiones sobre el tema de seguridad, teniendo en cuenta que, según cifras del partido, a la fecha han sido asesinados 75 exguerrilleros. Al respecto, tomó la determinación de mejorar los canales de comunicación interna para la recepción de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y de articular el trabajo de los responsables nacionales del tema con los encargados de las regiones y de los ETCR.
Y es que la protección de antiguos excombatientes se está convirtiendo en otro factor de discusión interna en la Farc, debido, según ha constatado este portal a través de diversas fuentes, al manejo irregular que se le estaría dando a la Subdirección Especializada en Seguridad y Protección, creada mediante el acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, y que cuenta entre su estructura con experimentados exguerrilleros en temas de inteligencia y contrainteligencia, entre ellos Pedro Aldana.
“Lo que hemos observado es que hay una alta politización de esa Subdirección”, le dijo a este portal una fuente conocedora del tema, quien a su juicio y de acuerdo con su experiencia se estarían aplicando criterios irregulares para brindar protección a exguerrilleros en proceso de reincorporación. Al parecer se basan en relaciones de amistad o enemistad del pasado, “dejando de lado los niveles de riesgo”, lo que incide en el otorgamiento o no de medidas de protección. (Leer más en: Nuevo director de la UNP afrontó riesgos hasta en la propia Fiscalía)
Finalmente, el CNC acordó crear el Departamento Nacional de Educación y Formación Política, no sin antes mencionar que Joaquín Gómez, encargado del área de educación del partido, no había avanzado en la organización de dicho departamento. No obstante, en su carta al pleno, Gómez se quejó por la supuesta elusión que la dirección había hecho de las propuestas que él presentó en ese frente. Al final, se decidió que el pleno deberá volver a discutir quién ocupará la cabeza del Departamento, que a partir de 2019 tendrá a cargo la realización de escuelas de formación nacional y regionales.
Con esas medidas, la Farc busca resolver las múltiples dificultades que ha enfrentado en su primer año de existencia como partido político, de cuya estabilidad y proyección depende buena parte del éxito del proceso de paz.
